El Presidente del Gobierno ha confirmado hoy la noticia que venía
circulando desde hace unos días: la retirada del proyecto de Ley Orgánica de Protección del Concebido y
los Derechos de la Embarazada.
Poco tenemos que añadir a lo que hemos dicho en
otras ocasiones: el voto y la opinión católica en España se han mostrado
sistemáticamente cautivos del partido ahora en el Gobierno. Más de uno ha
susurrado hoy aquello de «les seguiremos
votando porque son el mal menor» y, por eso, puede decirse con toda
propiedad que el PP se ríe de sus votantes pero no que les engañe.
El justificado abandono de la política por parte del Ministro de Justicia, D.Alberto Ruiz Gallardón es un gesto digno y generalmente elogiado, que le hará pasar a la historia como víctima política del Sr. Rajoy aunque los términos en que estaba concebida la reforma de la llamada Ley-Aído, vigente desde 2010 (de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo) no convierte al frustrado proyecto de Ruiz Gallardón en una defensa de los derechos del no-nacido.
En todo caso, quien queda peor parado es el presidente Rajoy, los
restantes miembros de su Gobierno y los parlamentarios y ciudadanos que le
respaldan. Al optar por las imposiciones de los grupos de presión abortistas y
de los sectores de su partido opuestos a la defensa de la vida, Rajoy no
solamente está incumpliendo uno más de los compromisos asumidos en su programa
electoral (¿Cuántos van?) sino que revela su cara auténticamente totalitaria y
antidemocrática al ignorar a la mayoría absoluta de los españoles que le respaldaron
el 20 de noviembre de 2011. Rajoy hace así suya una de las tesis más queridas
por la izquierda al gobernar “desde la calle” y no “desde las urnas” como parecía
exigir su pedigrí liberal.
El proyecto de Ruiz Gallardón no significaba la defensa de la vida del no-nacido.
Aunque la Ley del PP se iba a denominar (paradójica o burlescamente) de protección de la vida del concebido y de
derechos de la embarazada, en realidad se definía como una ley de supuestos
que justificaba el aborto en determinados casos. Recordemos que La ley del 85,
planteada en términos semejantes, acabó desembocando en una implantación en la
práctica del “aborto libre”. De hecho, se estima que la reforma propuesta por
el PP mantendría
el número de abortos en los más de 112.000 infanticidios quirúrgicos anuales
y análisis jurídicos, como el del dirigente de Alternativa Española, Rafael
López-Diéguez, demuestran que el texto del PP mantiene, justifica y
refuerza la consideración del aborto como un derecho por lo que carece de
sentido la afirmación de que el anteproyecto de Ruiz Gallardón es menos malo
que la Ley Aído, porque en aquel no se considera al aborto como un derecho. Ya
subrayamos nosotros, en el mismo sentido, la incoherencia que supone sostener, como
hizo el ex Ministro de Justicia que «no
se puede decir que un no nacido, por tener alguna discapacidad, tiene menos
derecho a la protección de su vida que la de un concebido sin discapacidad»
para establecer, en cambio, que un no-nacido sí tiene “menos derecho” a la
protección de su vida en caso de suponer un presunto riesgo para salud de su
madre o haber sido concebido como consecuencia de una violación.
Parece muy probable que, a la hora de retirar su proyecto, Rajoy haya
valorado el impacto electoral de la medida en contrapeso con el que hubiera tenido
la aprobación de la nueva Ley. En tal caso, se habrá impuesto la realidad de
que, con absoluta indiferencia, millones de católicos acuden a las urnas una y
otra vez para respaldar a los partidos que vienen protagonizando una radical
ofensiva contra la vida. Tampoco conviene olvidar el resto de leyes gravemente
atentatorias contra el derecho a la vida y a la dignidad de la familia, como
las que regulan la reproducción artificial o el matrimonio, en su mayoría
implantadas por el PSOE pero que, en ningún momento, han sido cuestionadas por
el PP.
A pesar de su apoyo al aborto legalizado, Gallardón ha sido objeto de
durísimos ataques por parte de la izquierda que lo presenta como fiel seguidor
de las consignas eclesiásticas en esta materia. Ahora bien, no solamente la
postura de Gallardón está alejada de la doctrina de la Iglesia al respecto sino
que, al igual que ocurría en los gobiernos de Aznar, la actuación de ministros
vinculados a poderosas organizaciones religiosas no ha significado una
específica referencia moral en ninguna de las cuestiones abordadas desde
Moncloa. Por otro lado, y por lo que a la definición ideológica del PP se
refiere, nos preguntamos ahora dónde quedan las
declaraciones de Ruiz Gallardón al vincular las propuestas contenidas en la
Ley ahora frustrada con el programa electoral y los principios ideológicos
sostenidos por el partido en el Gobierno: «desde una postura humanista y con
unos avances, a mi juicio, trascendentales en la concepción del Derecho como
garantía de protección de derechos de los más débiles» (ibid.).
Por estas consideraciones, y por el propio tenor de la ley, diversos
analistas han subrayado cómo el respaldo otorgado desde instancias oficiales de
la Iglesia al proyecto ahora retirado resultaba particularmente escandaloso.
Como en ocasiones anteriores, los pronunciamientos del episcopado, tanto
aisladamente como desde la Conferencia Episcopal, se han limitado a recordar,
tímidamente, los principios teóricos sobre la defensa de la vida sin extraer
las consecuencias que de su vulneración se deducen a la hora de hacer un juicio
moral del sistema político vigente y evitando, en la práctica, la polémica y la
movilización clara e inequívoca de los católicos. Especialmente grave nos ha
parecido, a lo largo de estos años, el aval de catolicismo otorgado por el Secretario
Portavoz de la Conferencia Episcopal con antelación a su firma de la
vigente Ley del aborto o las
declaraciones de su sucesor, con ocasión de la proyectada reforma, en
el sentido de que «se quite a la Iglesia el “sambenito” de que está
influyendo con su moral propia en las leyes».
Al concebir un bien común que estaría siendo tutelado eficazmente por una
Constitución que no garantiza, por poner solo un ejemplo, el derecho a la vida
de los no nacidos, no solamente se lleva a cabo una deformación inadmisible
sino que se silencia interesadamente la verdadera cara de un marco político que
aparenta la neutralidad para luego servir de instrumento a la promoción de
políticas muy concretas. Pensemos, por ejemplo, en la difusión de mentalidades
divorcistas, abortistas, laicistas… promovidas de manera sistemática desde el
propio Estado.
Con razón se ha hablado de «la ruina espiritual de un
pueblo por efecto de una política», en expresión de Francisco Canals,
referida a una política que constituye la aplicación práctica de un sistema
erróneo de conceptos sobre la vida y sobre la sociedad. Cerrar los ojos a la
conexión entre los procesos políticos y la descristianización que se ha
producido en los últimos siglos y se ha acelerado en los últimos decenios sería
negar la realidad (Cfr. Francisco Canals, "Reflexión y súplica ante
nuestros pastores y maestros", Cristiandad 670-672 (1987) 37ss y
"El ateísmo como soporte ideológico de la democracia", Verbo
217-218 (1982), 893ss).
Por eso, a la jerarquía eclesiástica no le quedaba otra
alternativa que denunciar, junto con el proyecto Gallardón, un sistema que
lleva jurídicamente a efectos moralmente inadmisibles y en el que no resulta
posible en conciencia instalarse tranquilamente, sin hacer lo necesario por
enderezarlo y por modificar una Constitución que permite dar muerte injusta a
los no-nacidos.
Y todo ello, porque según la doctrina católica, la soberanía
en la comunidad política debe estar sometida jurídicamente al orden moral (a la
soberanía de Dios). Se trata de algo más que una exhortación para que
ciudadanos y gobernantes en sus decisiones y actos electivos estén atentos a la
norma moral. Se requiere que sea moral el sistema mismo, es decir, que esté
constituido de tal forma que no sea legítimo dentro de él atentar contra la
citada ley moral.
Por todo ello, no nos cansamos de reiterar que afirmaciones
del género “la Ley-Gallardón era menos mala es el mal menor…” resultan, en realidad, perversas
porque contribuyen a consolidar la aceptación social del aborto legalizado y a
difundir una idea hoy dominante entre los electores del PP y respaldada por
medios de comunicación afines. Es decir, que hay una ley del aborto “buena” (la
que puso en marcha el Gobierno de Felipe González en 1985 y no modificó el de
Aznar) y otra “mala”: la implantada por Rodríguez Zapatero. Y en el colmo de la
distorsión, el abortismo de los populares, se ve transmutado así en defensa de
la vida privando así, una vez más, de apoyo a las opciones políticas que
sostienen la defensa incondicional de los no-nacidos.
Por último, y aunque ya poca o ninguna esperanza tenemos de encontrar
respuesta, terminamos estas notas reiterando una vez más la petición que
venimos haciendo desde hace años.
Que, ante la gravedad de la situación que amenaza con consolidar
definitivamente una legislación gravemente atentatoria contra el más elemental
de los derechos, la Conferencia Episcopal Española o, al menos, alguno de los obispos
que la componen tenga a bien hacer pública una orientación a los católicos en
lo que a estas cuestiones se refiere:
1º. Los católicos que con leyes o actos de gobierno, promueven,
facilitan y protegen jurídicamente la práctica del aborto merecen la
calificación moral de pecadores públicos ¿Cómo se ha concretado el trato que se
les dispensa en la administración de los Sacramentos mientras no reparen según
su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos? ¿Se les está aplicando el
canon 915, que excluye de la Comunión eucarística a los que «obstinadamente
persistan en un manifiesto pecado grave»?
2º. ¿En qué situación moral quedan los católicos que dan su voto a los
partidos que están aplicando la Ley vigente? ¿Y los católicos que apoyan con
sus votos o forman parte del Gobierno que, pudiendo hacerlo, no piensa promover
la inmediata ilegalización del aborto? ¿Y el Jefe del Estado que promulgue la
Ley?
3º. ¿No es cierto que resulta contradictorio dar por bueno un sistema político
que lleva jurídicamente a efectos moralmente inadmisibles y que no es posible
en conciencia aceptarlo y participar en él, sin hacer lo necesario por corregirlo
y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir?
4º. Si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar
muerte injusta a algunos, resulta evidente que la misma ley fundamental deja
sin protección a los más débiles e inocentes, hecho que hay que añadir a la
nefasta gestión de los gobernantes ¿Qué consecuencias concretas se derivan a la
hora de valorar moralmente el sistema político implantado en España en 1978?
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| Ángel David Martín Rubio |
