«M. Proudhon ha escrito en sus Confesiones de un revolucionario estas notables palabras: "Es cosa que admira el ver de qué manera en todas nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología". Nada hay aquí que pueda causar sorpresa, sino la sorpresa de M. Proudhon. La teología, por lo mismo que es la ciencia de Dios, es el océano que contiene y abarca todas las ciencias, así como Dios es el océano que contiene y abarca todas las cosas» (Donoso Cortés).

sábado, 27 de abril de 2013

En la fiesta de San Luis Mª Grignion de Monfort

Paul Belouin (1888) "La muerte de San Luis María": Basilica de San Lorenzo sur Sèvre (Vendée)
Oh Dios, sabiduría eterna, que hiciste al presbítero San Luis María insigne testigo y maestro de la total consagración a Cristo, tu Hijo, por mano de su Madre, la bienaventurada Virgen María; concédenos que, siguiendo su mismo camino espiritual, podamos extender tu reino en el mundo. Por nuestro Señor Jesucristo... (oración colecta)
Celebramos el 28 de abril la fiesta de San Luis María Grignion de Montfort, santo francés que vivió en los siglos XVII y XVIII y que al ser ordenado sacerdote escogió como lema de su vida sacerdotal «ser esclavo de María»: «Totus Tuus» (soy todo tuyo).

San Luis María fue poco comprendido por los demás. Su tiempo en el seminario estuvo lleno de grandes pruebas. Sus superiores no sabían si considerarlo un santo o como un fanático. Enseguida empezaron a surgir cruces mas grandes en su vida, sus superiores le negaron varias veces ejercer sus funciones de sacerdote, no podía confesar ni predicar. Fue rechazado por sus amigos mas íntimos, hasta su propio obispo empieza a dudar seriamente de el. San Luis María comprende que la razón de los ataques es la doctrina mariana que enseñaba. Recurre al Santo Padre y le visita en Roma; quería saber si de verdad estaba equivocado como todos decían o si cumplía la voluntad de Dios, que era su único deseo. En Roma, San Luis María recibe del Papa la bendición y el titulo de Misionero Apostólico.
Siento vivos anhelos de hacer amar al Señor y a su Santísima Madre, de ir en forma pobre y sencilla a enseñar el catecismo a los pobres de los campos y excitar a los pecadores a la devoción a la Santísima Virgen.
Ante todo, San Luis María es un misionero. Recorre los caminos de Francia con un un bastón, coronado por un crucifijo o una estatuilla de la Virgen; a la espalda una mochila en la que lleva su Biblia, su breviario, su cuaderno de notas. Lleva a la cintura un rosario muy grande que atrae las miradas de todos. Pero no por eso cesaron las incomprensiones y la persecución y San Luis tiene que buscar diócesis cuyos obispos eran notoriamente contrarios al jansenismo, la herejía tan del gusto de aquella Francia del siglo de la ilustración y del racionalismo. Como ocurre en nuestros días, entre los seguidores de las ideologías “modernas” se reclutaban los más radicales enemigos del cristianismo.
De ahí su predicación en la región de la Vandea, que después, en 1793, se levantaría contra la sangrienta y atea Revolución Francesa. Fue allí donde trabajó durante los últimos cinco años de su vida, implantando en aquellas poblaciones una sólida formación católica. Ésta fue, décadas más tarde, un decisivo hecho para la gloriosa Guerra de la Vandea, contra los impíos revolucionarios de 1789.

¿Qué nos enseña Grignon de Montfort? No nos dice nada nuevo. ¿Queremos ir a Jesucristo? ¡Vayamos por María!

Hay que ir a Jesucristo, y por Jesucristo a Dios en el Espíritu Santo. Pero escogemos un camino fácil, encantador, podríamos decir, como es María. Porque María nos llevará necesariamente a Jesucristo. María se convierte en el atajo más rápido para llegar a Dios.
  • Hacer todo CON María, en su compañía, sin perderla nunca de vista, pues, haciéndolo todo con Ella, venimos a hacerlo todo como María, con su misma finura, y salimos imitadores suyos perfectos.
  • Hacer todo EN María, es decir, meterse en María, en sus sentimientos, en su corazón, de modo que sea María el motor de toda nuestra actividad.
  • Hacer todo POR María, o sea, dirigirse a Jesucristo y a Dios por medio de la Virgen María, por ser una intercesora y una Medianera poderosa de la Gracia.
  • Hacer todo PARA María, porque nos rendimos a Ella como unos esclavos, que no tienen más ilusión que servir gozosos a su Reina y Señora.
Para nosotros cuando se trata del amor y devoción a la Virgen, parece que sobran todas las recomendaciones. El amor a la Virgen María lo llevamos entrañado en el alma. Y ahora, al escuchar a San Luis María nosotros nos llenamos de ilusión por formar parte en esa legión de hijos amantes de María, para que Ella nos lleve a Jesús.

Y para que nos lleve —aunque esto ya nos resulta más fuerte— precisamente por el camino real de la Cruz. Con la Virgen, y llevando con gallardía cada uno nuestra cruz, el seguir a Jesucristo se hace más fácil como lo predicaba siempre Luis María Grignion de Montfort.

Su mensaje final dirigido hoy a nosotros, lo resume en estas palabras, que son el compendio de toda su vida de santo y de apóstol: ¡Amad ardientemente a Jesucristo, amadle por María!

El doble lenguaje de los “pro-vida”


Ante la indiferencia de los miles de católicos que reparten su voto entre el PSOE, el PP y los nacionalistas, D.Antonio Rouco Varela ha vuelto a repetir una de las formularias reclamaciones pro-vida a las que nos tienen acostumbrados periódicamente diversos representantes del Episcopado español. Por los mismos días, el Arzobispo de Oviedo se mostraba "enormemente sorprendido" al constatar cómo "después de casi un año y medio de gobierno conservador aún no se han puesto en marcha los trámites necesarios para modificar la Ley del Aborto" impulsada y aprobada por el anterior ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con el voto en contra de los 'populares'. "Lo mismo ocurre con la eutanasia, el 'matrimonio' homosexual y políticas educativas".

Poco después, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, recordaba a los Prelados españoles (por si éstos no se habían dado cuenta) que no son ellos los que elaboran las leyes, sino el Parlamento y que la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno quizá "no guste mucho" a los obispos pero es un compromiso electoral del PP. Según Alonso, la reforma "se aviene a la doctrina del Constitucional y a nuestros compromisos". El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, avanzó también que la reforma de la ley del aborto "llegará muy pronto" y supondrá un cambio en el sistema de plazos por otro de indicaciones legalmente previstas.

A pesar de su apoyo al aborto legalizado, Gallardón es objeto de durísimos ataques por parte de la izquierda que lo presenta como fiel seguidor de las consignas eclesiásticas en esta materia. Ahora bien, no solamente la postura de Gallardón está alejada de la Doctrina de la Iglesia al respecto sino que, al igual que ocurría en los gobiernos de Aznar, la actuación de ministros vinculados a poderosas organizaciones religiosas no ha ido acompañada de una específica referencia moral en ninguna de las cuestiones abordadas desde Moncloa. También sorprende el tono arrogante de afirmaciones como las de Alonso, consciente de su fuerza porque el voto y la opinión católicas en España seguirán cautivos del PP mientras se mantenga la línea dominante en la Conferencia Episcopal.

1985, un triste precedente de 2010
Sin olvidar que tanto bajo gobiernos del PSOE como del PP, venía existiendo una situación cercana al aborto libre sólo limitada por los plazos para su práctica, el año 2010 vino a representar la aprobación de una ley en la que los analistas coinciden en señalar que, además de prescindir de cualquier apariencia de restricción para los abortistas, se pretende que éstos ejercen un derecho.
En 2010 los obispos españoles repitieron lo que se hizo en 1985 con ocasión de la primera ley despenalizadora del aborto. Se limitaron, en el mejor de los casos, a recordar la doctrina de manera teórica pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos.

Tampoco hubo ninguna alusión a la posición en que quedaban las autoridades y las instituciones de un Estado, todas ellas manchadas y cuestionadas con esta ley, como ya lo estaban con la hasta entonces vigente. Incluso se llegó más allá del lamentable precedente de 1985 cuando, en su condición de Portavoz de la Conferencia Episcopal, D.Juan Antonio Martínez Camino avaló la moralidad de la actuación del Jefe del Estado, responsable de la sanción de los textos legales de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución.

Tampoco nos consta que los llamados “católicos socialistas” fueran objeto de ninguna descalificación pública. Es más, en el mes de abril del mismo año tenía lugar en la madrileña parroquia de Santo Tomás de Villanueva (jurisdicción de Rouco Varela) un acto en cuya convocatoria se subrayaba que «es imprescindible la convocatoria de los cristianos y cristianas de base que en España trabajan y luchan cada día por transformar esta sociedad (desde lo que unos llamamos Reino de Dios y otras y otros, sociedad socialista y autogestionaria o socialismo del siglo XXI)». A nadie se le escapa que el aborto libre forma parte de esa sociedad socialista hoy en avanzada construcción en España y que estos blasfemos, amparados en las estructuras eclesiásticas, se atrevían a identificar con el Reino de Dios.

Todo lo ocurrido nos permite demostrar que, en contra de lo que sostienen algunos con mejores deseos que análisis de la realidad, en los últimos años no se ha registrado un cambio a mejor del episcopado español y nos encontramos ante la enésima re-edición de la auto-demolición en su más ibérica versión pos-taranconiana.

Tan complejas o más resultaron reacciones como las promovidas por los gobiernos autónomos de Murcia y Navarra. Sus dirigentes afirmaron, que suspenderían la aplicación de la ley hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. No se produjeron movimientos similares en otras comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Valencia.

El presidente regional de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que «de momento no hay razones» para acatar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque aún no se ha resuelto «todo» y no hay sentencia en firme. Por otro lado, el consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, afirmó que la práctica de abortos en Navarra «va a seguir siendo el mismo», es decir, se garantizarán las interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la Comunidad foral, tal y como explicó la consejera de Salud, María Kutz.

Iniciativas como éstas son de agradecer en la medida que a su amparo, durante un breve espacio de tiempo, pueden significar el que se salve alguna vida humana inocente pero ahondando en sus motivaciones el juicio que merecen ha de ser mucho más riguroso, sobre todo si van dirigidas a contentar a ciertos sectores del electorado conservador.

Aborto “bueno” y aborto “malo”
En el fondo, intervenciones del género de la que estamos comentando revelan una mentalidad perversa que contribuye a difundir una idea hoy dominante entre los electores que respaldan estas posiciones. Es decir, que hay una ley del aborto “buena” (la que puso en marcha el Gobierno de Felipe González en 1985 y no modificó el de Aznar) y otra “mala”: la que ahora acaba de entrar en vigor, a la espera de que el Tribunal Constitucional la convalide.

En tal caso, dicha disposición será asumida y llevada a efecto necesariamente por los dirigentes populares que no pueden evitar su responsabilidad por aceptar unos principios tratando de evadirse de algunas de sus consecuencias. El coste humano de la antigua ley del aborto en estos años ha sido de más de un millón trescientas mil vidas y la eliminación de buena parte de ellas ha sido gestionada por comunidades autónomas como las citadas. Como dijo Pablo Molina: «tampoco es que Ramón Luis Valcárcel haya puesto en cuestión el sagrado dogma del "derecho al aborto" promulgado por Zapatero, porque la región de Murcia está entre las primeras en la clasificación porcentual de abortos y aquí se va a seguir abortando sin impedimentos en función de lo establecido por la anterior ley».

Pero en el contexto de las palabras de Rouco hay algo aún más  escandaloso que es el elogio a la Constitución, es decir al marco jurídico que ha permitido llegar a la situación de deploramos. Según el sentir del Prelado gallego: “En particular, hemos de estar atentos a que no padezcan detrimento los bienes de la reconciliación, la unidad y la primacía del derecho, que se han podido tutelar en estos años de un modo suficiente, al amparo de las instituciones y mecanismos previstos en la Constitución de 1978, y con notable beneficio para el bien común”.

La afirmación, que no nos sorprende por reiterada suena a verdadero sarcasmo porque quienes no movieron un dedo en defensa del sólido edificio de las Leyes Fundamentales, atacado por los enemigos de España y de la civilización cristiana, se movilizan ahora en apoyo de un texto legislativo que no solamente se encuentra en crisis irreversible sino que, utilizado desde el poder, ha servido para hacer retroceder a España en todos los aspectos: político, económico, social, moral y nacional.
Por referirnos solo a aquellos aspectos que dicen mayor relación con lo tratado en este artículo basta recordar que la Constitución de 1978 (una ley sin Dios) convierte al Estado en el principal agente de una ofensiva para el cambio de las mentalidades y además permite una tupida red de intereses y corrupción que genera un amplio entorno orientado en la misma dirección.

Al contrario de lo que piensa Rouco, y amparados en el irrebatible argumento de los frutos ocasionados por la Constitución, estimamos que los católicos tenemos la obligación de promover su reemplazo por otras leyes fundamentales, utilizando todos los medios legítimos para ello. Y esta debería ser la enseñanza moral que, inspirada en el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, hicieran llegar los Obispos al pueblo español.

Marco legal y responsabilidad moral
Por último, recordando lo ocurrido con ocasión de la reciente promulgación de la ley del aborto y el respaldo otorgado por la conferencia episcopal a la actuación del Jefe del Estado, conviene recordar lo contradictorio que resulta dar por bueno un sistema que lleva jurídicamente a efectos inadmisibles moralmente.

No se pueden eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se limitara a dar fe de la “voluntad popular” ni es posible en conciencia instalarse tranquilamente en un marco jurídico, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir. Tampoco se puede dar por bueno ningún orden constitucional por el que la suprema Magistratura se vea obligada a sancionar leyes absolutamente inmorales. De todo esto, necesariamente, se derivan consecuencias que no se exponen a la hora de valorar moralmente el sistema político implantado en España en 1978 y, sobre todo, a la hora de orientar la actuación de los católicos en este marco.

Esa tolerancia de hecho ante ésta y tantas otras realidades legislativas que van transformando la esencia de nuestra sociedad es, probablemente, la responsabilidad más grave de los jerarcas y de los católicos españoles que, salvo honrosas y minoritarias excepciones, han renunciado a cualquier consecuencia cultural y social de su fe. Solamente así se explica que, millones de ellos, se identifiquen con posiciones como las enunciadas desde el Partido Popular, fiel a la más estricta defensa de los supuestos planteados por los socialistas en la Ley del aborto de 1985.

Porque resulta contradictorio dar por bueno un sistema que lleva jurídicamente a efectos inadmisibles y no es posible en conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir.

Cuando no se hace así, cuando se actúa al estilo de Rouco y de otros representantes oficiales de la Iglesia, se acaba a medio camino del desprecio y de la persecución de ese mundo con el que intentan congraciarse.

Ciclo de conferencias Francisco de Vitoria

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lunes, 15 de abril de 2013

Neorrepublicanos y nostalgia soviética

¿Madrid 2013?
¿Madrid 1936?

Se podría creer que el escenario político internacional ha cambiado sustancialmente desde los años ochenta del pasado siglo con la caída del Muro de Berlín y la apertura del Este.

En medio de dificultades semejantes a las nuestras, numerosos países cuentan con estructuras formalmente homologables con las del occidente europeo (pensemos en la ampliación comunitaria impensable hace apenas unos años). El sistema económico del comunismo ha sido sustituido por modelos orientados a la economía de mercado, no por ello sin desequilibros e injusticias. Parecía que el sistema totalitario implantado en la Unión Soviética durante la mayor parte del pasado siglo no era más que un negro recuerdo, una auténtica pesadilla. Pero ante la falta total de discurso alternativo, la izquierda echa mano de la nostalgia y saca a la calle las banderas rojas y el trapo tricolor.

Viendo lo ocurrido el domingo 14 de abril en Madrid y en numerosas ciudades españolas nos viene a la memoria la traducción de un artículo que fue reproducido en numerosas webs y blogs el año pasado. Bajo el significativo título de “En la URSS todos teníamos suficiente sol y pan” se hacía una fantástica evocación de la Rusia de los soviets para acabar concluyendo: “Tarde o temprano, la Unión Soviética volverá de nuevo. La historia a veces regresa nuevamente. En Francia, después de la victoria de la revolución burguesa fue la restauración de los Borbones. Pero fue sólo temporal. El actual régimen depredador en Rusia no durará mucho tiempo, caerá de todas las maneras. Un sistema justo debe regresar”. Se habla pues de regresar a un sistema del pasado que es calificado de "justo" y está claro que no se refieren a la Rusia de los zares.

Algunos de los difusores en España de tan infumable doctrina están, como no, vinculados al neorrepublicanismo y a la llamada recuperación de la memoria histórica. Al parecer, no tienen cosa mejor que hacer que insultar a la humanidad o pretender que ésta olvide lo que ha sido su propia historia. Nunca se ha hablado tanto de memoria y nunca se ha vivido instalado más cerca de la amnesia. Como si no hubiera ocurrido nada (aquí solo cuentan los muertos de un lado), olvidando el elevadísimo deterioro moral de las personas que han vivido y viven aún sometidos a los dictados del socialismo real, del comunismo y de los pseudo-populismos en ellos inspirados. Pisoteando, en una palabra, a los millones de víctimas de los asesinatos masivos, del sistema de campos de concentración y exterminio, de las hambrunas deliberadamente mantenidas, de las deportaciones, del terrorismo…

Los manifestantes del domingo saben que también España entre 1936 y 1939 sirvió de escenario a miles de crímenes llevados a cabo con técnica y participación soviética: checas, sacas, torturas… Hasta el presidente del gobierno, el socialista Juan Negrín, llegó a autorizar al Comisariado político establecido en el Ejército para suprimir físicamente “a aquellos que no estuviesen de nuestra parte y fueran enemigos declarados del régimen” en una orden que lleva fecha de 18 de marzo de 1938, siendo Prieto ministro de Defensa y que originó un número muy elevado de ejecuciones. Según el también socialista Julián Zugazagoitia, Negrín había dicho que “El terror también es un medio legítimo cuando se trata de salvar al país”.

Por algo el puño cerrado fue convertido por la República española en el saludo oficial del Ejército Popular, renunciando al tradicionalmente empleado en medios castrenses. “Hoy se publicará el Diario Oficial de Guerra una disposición cambiando el saludo militar, que será en lo sucesivo de esta forma: con armas, levantando el brazo en ángulo con el puño cerrado, o sea el saludo antifascista; y sin armas, levantando el brazo con el puño cerrado a la altura de la visera” (Fragua Social, Valencia, 7-octubre-1936). De esta guisa, políticos social-comunistas, soldados y oficiales componían una grotesca estampa cada vez que venían a poner su mano izquierda en una posición que algunos definían con agudo humor hispano apenas compatible con los dictados de Moscú a cuyo servicio estaba dicho Ejército.


Rojo, Modesto, Negrín y Líster

Hoy los neorrepublicanos españoles añoran a la Unión Soviética: al final el círculo se cierra. Una vez más, el pendón tricolor flamea a la sombra de la bandera roja.

Como recuerda el historiador Pierre Chanu hablando del comunismo: “Desde el principio del mundo ningún régimen, ninguna dinastía, ningún monarca había conseguido nada parecido. Ni siquiera el nazismo”. La comparación, por más que resulte muy socorrida, apenas resulta válida: porque el comunismo ha actuado durante más tiempo que él y antes que él. Y no es que la cuestión de las cifras sea primordial en este asunto es que, a pesar de ello, pretende conservar toda su legitimidad política e intelectual; sigue en el poder en varios países y recluta adeptos en el mundo entero dentro de sus más variadas formas.

El comunismo bolchevique se derrumbó, sobre todo porque el régimen edificado no respondía a la infantil evocación del redactor del periódico Sovietskaia Rossia, un periódico que puede extender sus mentiras por todo el mundo al amparo de las libertades que tanto le repugnan. Que los neorrepublicanos españoles lo añoren, me produce una sensación a medio camino entre el asco y la indignación. Más de lo primero que de lo segundo.

Porque verdaderamente indignado me siento al recordar a los millones de españoles que sin compartir el proyecto radical de cambio de régimen y de sociedad inspirado, sostenido y llevado adelante de manera sistemática en España por el Partido Socialista desde 1982, viven paralizados por la ideología liberal y admiten con naturalidad vivir en el ambiente jurídico y moral que la izquierda va imponiendo. Y peor aún “vampirizados” (la expresión no es mía) por otras organizaciones políticas y religiosas se prestan a colaborar en la deriva del proceso revolucionario contentándose mansurronamente con el papel de representar al sector moderado y teórico defensor retórico de unas libertades que hace mucho dejaron de existir.

Conferencia: "Fátima, el mensaje de la Virgen y la familia"


sábado, 13 de abril de 2013

Aniversario de la II República: nada que celebrar



Como consecuencia de su turbulenta historia durante el siglo XIX, España entra en el siglo XX en una situación muy deficiente. Su estructura económica no está a la altura de las necesidades. Su estructura social es particularmente propicia al choque revolucionario: grupos proletarios grandes y con pocas posibilidades de mejora, campesinos sin tierra, clase dirigente egoísta e ineficiente, intelectuales resentidos… todo ello es en buena medida consecuencia de las deficiencias políticas.

En poco más de un siglo hubo muchas situaciones políticas, cada una con su Constitución que era un programa; pero ninguno de estos regímenes se consolidó ni puso en marcha instituciones aceptadas, respetadas y cumplidas. Ríos Rosas, Presidente de la Cámara del Congreso de los Diputados durante varias Legislaturas durante el siglo XIX, lo confesó en el Parlamento: “Es preciso decir la verdad al país; es preciso decirle que todos, vosotros y nosotros, hemos sido dictadores; que todo ha sido mentira y farsa”.

Fracasado el intento del general Primo de Rivera de poner orden administrativo y económico sin nuevas ideas políticas, la oligarquía desplazada se pone de acuerdo para deshacer lo existente sin mucho que ofrecer a cambio. En medio de la crisis económica de los años 1930 y 1931, no se puede ni volver al turno pacífico de los partidos, ni encontrar figuras para un Gobierno Nacional, ni volver a ensayar un Dictador. La Monarquía, casi sin defensores, fue desechada primero y eliminada después por una coalición de viejos políticos, intelectuales, masas socializantes, separatistas y sectarios.

Caída de la Monarquia e implantación de la República
La República se estableció como resultado de la actuación de una minoría audaz que se adueñó del Estado con el pretexto de unas elecciones municipales que no ganó y que, por sí mismas, no permitían ese fin.

Decisiva resultó la presión del Comité revolucionario que venía actuando desde meses atrás y que el 13 de abril dirigía un manifiesto al país acompañado de manifestaciones y alborotos en la calle.
En la entrevista del Conde de Romanones con el presidente de dicho Comité, Alcalá Zamora, éste se negó a aceptar ningún acuerdo y solo se avino a conceder un plazo para que el rey saliera de Madrid, transcurrido el cual no respondía de lo que ocurriera. Alfonso XIII se dio por enterado de la amenaza, renunció a defender el Estado de que era cabeza y abandonó España. La monarquía liberal implantada en España por la fuerzas de las armas un siglo atrás caía ahora víctima de sus propias contradicciones.

Más tarde, José Antonio Primo de Rivera describe, en sus discursos y escritos, que muchos creyeron ver en la fecha inaugural de la República una ocasión jubilosa para la devolución de un espíritu nacional colectivo y la implantación de una base material humana de convivencia entre los españoles. A mi juicio, estuvo más avisado Ramiro Ledesma al detectar que toda la propaganda del movimiento antimonárquico se hizo sobre la oferta de un régimen burgués-parlamentario, sin apelación ninguna a un sentido nacional ambicioso y patriótico, y sin perspectiva alguna tampoco de trasmutación económica, de modificaciones esenciales que respondieran al deseo de una economía española más eficaz y más justa. En realidad, la parte mayoritaria y más sana del pueblo español se alejó paulatinamente del nuevo Régimen al comprobar cómo la Constitución y la práctica política de los años siguientes daban paso a una política sectaria, arbitraria y ajena a sus más profundas convicciones.

La Constitución de 1931
Decir que la Segunda República fue un fracaso es casi una tautología pero, desde luego, dicho fracaso no se debió a ninguna negra conspiración de presuntas fuerzas reaccionarias opuestas al progreso que el nuevo régimen habría propiciado sino al planteamiento que éste siguió desde el principio.
En efecto, la República de 1931 no se concibió simplemente como una forma de Gobierno en la que el Presidente era designado por sufragio universal porque quienes la implantaron la dotaron de un contenido político que nació lastrado por la hipoteca que suponía el pacto previo con el Partido Socialista y los separatistas.

Como eran conocedores del verdadero estado de la opinión pública, sorprendida por el audaz éxito de los golpistas, ninguno de los que trajeron la República estaba dispuesto a admitir unas elecciones democráticas. Desde luego, no se puede dar la consideración de democrático al plebiscito que sirvió para formar las Cortes Constituyentes pues el proceso estuvo controlado en todos sus pasos por el auto-proclamado Gobierno Provisional. No existía oposición porque la coalición republicano-socialista era la única de las fuerzas en presencia que tenía una organización interna ya previamente establecida mientras que las derechas venían siendo aterrorizadas con episodios como los incendios y saqueos de conventos, iglesias, bibliotecas… llevados a cabo en numerosos lugares de España poco antes de las elecciones y carecieron de tiempo y de unas circunstancias que permitieran articular los nuevos partidos. Además, las izquierdas —según el más viejo estilo caciquil— contaron con todo el apoyo del Ministerio de la Gobernación.

Años más tarde el propio el propio Alcalá Zamora reconocerá que aquellas Cortes “adolecían de un grave defecto, el mayor sin duda para una Asamblea representativa: que no lo eran, como cabal ni aproximada coincidencia de la estable, verdadera y permanente opinión española”. En consecuencia: “La Constitución se dictó, efectivamente, o se planeó, sin mirar a esa realidad nacional [...] Se procuró legislar obedeciendo a teorías, sentimientos e intereses de partido, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España”. Y con toda la trascendencia que da a sus palabras su condición de Presidente del Gobierno Provisional formula esta acusación sobre el nuevo estatuto jurídico: “se hizo una Constitución que invitaba a la guerra civil”.

El balance del primer bienio, llamado republicano-socialista por el color político del Gobierno presidido por Azaña no puede ser más deplorable: numerosos incendios de iglesias además de los ya citados; la permanente situación de anormalidad constitucional por el mantenimiento en vigor de leyes como la citada o la llamada de Vagos y Maleantes que preveía la creación de campos de trabajo; eliminación de la educación de iniciativa religiosa con grave perjuicio directo para cientos de miles de estudiantes; concesión del derecho de autonomía a Cataluña que empezó a ser utilizado inmediatamente para socavar la legalidad y, más tarde, sublevarse contra ella; frustración de las expectativas de una reforma agraria, deterioro de las condiciones de vida reflejada en el aumento de las muertes por hambre, que volvieron a cifras de principios de siglo; brutalidad policial de la que los sucesos de Casas Viejas son únicamente un ejemplo; aumento espectacular de la delincuencia y deterioro del orden público con huelgas, incendios, saqueos, atentados, explosiones, intentonas revolucionarias… en dos años la República provocó un número mucho mayor de muertes de obreros que las que habían tenido lugar durante todo el período histórico anterior.

La sublevación de 1934
Pero fue el Partido Socialista quien finalmente destruyó aquella República de la que estaba llamado a gestionar su agonía sometido a los dictados de Moscú.

El predominio del Partido fundado por Pablo Iglesias se debió a la falta de una base social en la que sustentar el régimen naciente. A la vista del resultado electoral, Azaña descartó a los republicanos radicales de Lerroux y dio entrada en su Gobierno a un partido marxista cada vez mas escorado hacia la ruptura revolucionaria con las instituciones democráticas. Ya en 1931, el socialista Largo Caballero, Ministro de Trabajo, advirtió con toda claridad del papel que aguardaba a los republicanos al amenazar con la guerra civil si las Cortes Constituyentes eran disueltas cuando terminaron de cumplir su misión:
“ese intento sólo sería la señal para que el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores lo considerase como una nueva provocación y se lanzasen incluso a un nuevo movimiento revolucionario. No puedo aceptar tal posibilidad que sería un reto al partido y nos obligaría a ir a una guerra civil” (Informaciones, Madrid, 23-noviembre-1931).
Y en 1933 se decía:
“Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil. ¿Qué es si no la lucha que se desarrolla todos los días entre patronos y obreros? Estamos en plena guerra civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar” (El Socialista, Madrid, 9-noviembre-1933).
Las amenazas se convirtieron en realidad en Octubre de 1934 y a partir de la ocupación del poder por el Frente Popular en febrero de 1936.

La reacción del país determinó el acceso al Parlamento, en noviembre de 1933, de una mayoría de derechas y centro. Pero la respuesta a esta decisión democrática la dio el Partido Socialista, de definido carácter marxista y subversivo, preparando y llevando a cabo una sublevación armada.
La revolución se desencadena en octubre del mismo año 1934 con el pretexto de que un partido político la CEDA, triunfante en las recientes elecciones, obtuviera en el Gobierno una parti­cipación no desproporcionada ni abusiva, sino modesta e incluso inferior a su importancia numérica en el Parlamento.

La llamada Revolución de Octubre fue, en realidad, un fracasado golpe de estado protagonizado por una amplia coalición de izquierdas y separatistas. Sólo en Asturias, las bajas causadas por la revolución fueron 4.336, de las cuales 1.375 muertos y 2.945 heridos; fueron incendia­dos o deteriorados 63 edificios particulares, 58 Iglesias, 26 fá­bricas, 58 puentes y 730 edificios públicos.
Salvador de Mada­riaga ha reconocido que “con la revolución de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936”. Y es que estos sucesos son la prueba de que, para Azaña y los socialistas, no se admitía que la República fuese una forma de Estado en la que cupiesen tendencias políticas diferentes sino que en la práctica se la consideraba un régimen que negaba el derecho a la existencia a quienes no comulgasen con sus postulados.
Sofocada la revuelta con las armas quedó de manifiesto la incapacidad de los más altos poderes para responder al atentado sufrido y, mientras la propaganda izquierdista convertía a los delincuentes en mártires y al Gobierno en verdugo, los mismos organizadores de la Revolución se preparaban para un segundo y definitivo asalto al poder que tendría lugar después de las elecciones del 16 de febrero de 1936.

En un artículo vetado por la censura, José Antonio habló de “victoria sin alas” para referirse a la del 19 de noviembre de 1933, cuando las elecciones dieron paso a una sucesión de gobiernos en los que la CEDA apoyaría en el parlamento al Partido Radical. Más tarde, con una timorata presencia en el banco azul, Gil Robles eligió un camino que significaba el suicidio y la definitiva bancarrota de su partido: estrechar vínculos con los desprestigiados radicales de Lerroux arrastrando en su fracaso las banderas que no había sabido defender. El “bienio estúpido” —como lo calificó el propio José Antonio en varias ocasiones— se liquidaba como fruto de una maniobra calculada por Alcalá Zamora sin que la CEDA hubiera cumplido su programa electoral y sin haber aprovechado la ocasión que se abría después de haber neutralizado la ofensiva socialista y separatista de Octubre de 1934:
“Ni reforma agraria, ni transformación económica, ni remedio al paro obrero, ni aliento nacional en la política. Chapuzas para remediar algún estrago del bienio anterior y pereza. Pereza mortal para dejar que los problemas se corrompan a fuerza de días, hasta que llegue otro problema y los quite de delante” (“España estancada”, Arriba, 21-marzo-1935).
De las elecciones de 1936 al Frente Popular
La inmensa mayoría de políticos izquierdistas que integraron el Frente Popular con vistas a dichas elecciones preconizaba la acción directa y enarbolaban la misma bandera de la revolución de Asturias; por ello, nada tiene de extraño el hecho de que, con ocasión de la convocatoria, se concertaran para utilizar los cauces democrá­ticos del sufragio universal y al propio tiempo actuar con métodos radicales que habían de provocar un ambiente de violencia que retrajera de las urnas a numerosas personas.

En definitiva, lo que se trataba era de asaltar el Poder utilizando todos los medios para lograr con el fraude, la violencia y el amaño, la mayoría que, como era previsible, el cuerpo electoral había de negarles.

El proceso que llevó al Frente Popular desde un ajustado resultado electoral a redondear una mayoría en las Cámaras tuvo su culminación con la ilegal destitución del Presidente de la República y su sustitución por Manuel Azaña. Durante los meses que transcurren entre febrero y julio de 1936 se asiste al desmantelamiento del Estado de Derecho con manifestaciones como la amnistía otorgada por decreto-ley, la obligación de readmitir a los despedidos por su participación en actos de violencia político-social, el restablecimiento al frente de la Generalidad de Cataluña de los que habían protagonizado el golpe de 1934, las expropiaciones anticonstitucionales, el retorno a las arbitrariedades de los jurados mixtos, las coacciones al poder judicial... Al tiempo, actuaban con toda impunidad los activistas del Frente Popular protagonizando hechos que, una y otra vez, fueron denunciados en el Parlamento sin recibir otra respuesta que amenazas como las proferidas contra Calvo Sotelo, sacado de su domicilio asesinado poco después por un piquete compuesto por miembros de las fuerzas de orden público y elementos civiles vinculados al Partido Socialista.
Ángel Ossorio y Gallardo, un colaborador ilustre del Frente Popular definía en el estado de cosas vigente en los siguientes términos:
“A estas horas ―hablemos claro, aunque nos duela―, ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni el Frente Popular significan en España nada. No mandan ellos. Mandan los inspiradores de las huelgas inconcebibles; los asesinos a sueldo y los que pagan el sueldo a los asesinos; los mozallones que saquean los automóviles en las carreteras; los que tienen la pistola como razonamiento… ¿hay alguien contento, o siquiera conforme, con tal estado de cosas? Nadie. Ninguno sabe lo que va a pasar aquí, ni presume quién sacará el fruto de la anárquica siembra” (La Vanguardia, Barcelona, 19-junio-1936).
Y los socialistas pedían desde Claridad:
“Si el estado de alarma no puede someter a las derechas, venga, cuanto antes, la dictadura del Frente Popular. Es la consecuencia lógica e histórica del discurso de Gil Robles. Dictadura por dictadura, la de las izquierdas ¿No quiere el Gobierno? Pues sustitúyale un Gobierno dictatorial de izquierdas [...] ¿No quiere la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo [...] Todo menos el retorno de las derechas. Octubre fue su última carta y no la volveremos a jugar más”.
La dictadura del Frente Popular y la Guerra Civil. Faltaban apenas unos meses para que los españoles pudieran comprobar que las amenazas del Partido Socialista Obrero Español no eran en vano.
En conclusión, lejos de entender lo ocurrido desde el 16 de febrero de 1936 como la consecuencia de una victoria electoral de las izquierdas, hay que hablar de un proceso de ocupación del poder por parte del Frente Popular. A partir del Alzamiento Nacional de julio de 1936, la “completa implosión política de un sistema” significó la liquidación de los restos de legalidad que sobrevivían a la ofensiva revolucionaria iniciada en febrero.

En realidad, lo ocurrido en la retaguardia frentepopulista a partir del comienzo de la guerra se había incoado en los meses anteriores, la diferencia radica en que, desde el 18 de julio, se entra en un momento distinto del proceso al sacudirse las organizaciones revolucionarias la relativa tutela que el Gobierno republicano venía ejerciendo.

La táctica utilizada hasta entonces pretendía desembocar en la nueva situación a partir de un deterioro progresivo de las condiciones socio-políticas que se estaba logrando mediante la actividad violenta; ahora los revolucionarios pueden actuar sin traba alguna, es decir sin las escasas limitaciones que les imponía su colaboración con un Gobierno que dependía de ellos para sostenerse en el poder.

viernes, 5 de abril de 2013

Regalismo y antirregalismo en las Cortes de Cádiz

Resumen de la comunicación presentada en las Jornadas anuales de la Confederación Nacional de Cabildos Catedrales y Colegiales de España con el tema "La Iglesia y la Constitución de 1812". Cádiz, 3 de abril de 2013


En cuanto manifestación española del jurisdiccionalismo europeo, el regalismo de los siglos XVIII y XIX comparte con otras formulaciones semejantes (como el galicanismo o el febronianismo) la celosa autonomía respecto a la Santa Sede y la sumisión a la monarquía, considerada como válidamente cualificada para representar a la Iglesia en su disciplina interna. Al tiempo, el regalismo convive con los representantes del llamado ultramontanismo, término aplicado despectivamente para designar los adictos a las directrices de la Iglesia romana en cuestiones teológicas, jurisdiccionales y, a veces, incluso políticas.

Durante esta época puede hablarse en España de la existencia de dos grandes formulaciones. Una de ellas, sería el regalismo, vinculado al Despotismo ilustrado y el jurisdiccionalismo europeo, que hunde sus raíces en la crisis filosófica nominalista y en la reforma protestante y se prolonga en el Estado liberal. Otra, más difícil de definir, heredera del pensamiento político medieval y del Siglo de Oro, se prolonga a lo largo del período estudiado en el llamado pensamiento tradicional o contrarrevolucionario.

Durante la Guerra de la Independencia y en los períodos liberales subsiguientes se van a llevar a sus últimas consecuencias las doctrinas regalistas. La tendencia a someter de hecho a la Iglesia a la autoridad política tiene base teórica en que apoyarse cuando se niega a la Iglesia su carácter de sociedad sobrenatural y suprema y se afirma la absoluta independencia del poder civil frente a la autoridad religiosa.

Tampoco puede olvidarse el entorno especialmente amargo y desgarrado que se inicia en 1808 y que se va a prolongar durante varios decenios de la centuria decimonónica. El vacío de poder provocado por la invasión napoleónica y la guerra de la Independencia dio paso a un peculiar proceso constituyente. En líneas generales, se puede hablar de tres actitudes políticas o tendencias fluidas que se encontraban en la sociedad española y, a su vez, van a manifestarse en el seno de las Cortes de Cádiz: conservadores, renovadores e innovadores. Las decisiones adoptadas tienen en su mayor parte un talante liberal-innovador y responden a un programa homogéneo. Parece claro que los innovadores, sin constituir mayoría, supieron llevar en todo momento la iniciativa, presentaron planes completos y predominaron sobre los que no pensaban como ellos.

Los innovadores y los renovadores tratan de dar respuesta a la crisis que reconocen en la situación del tránsito de siglo pero por vías diferentes. Los innovadores comparten buena parte del esquema anterior (como ocurre con el regalismo) pero acentúan la ruptura con la Tradición española, las posiciones anti-eclesiásticas y se inclinan hacia las formas representativas ensayadas en la Revolución Francesa. Son los que pronto se empezarán a llamar liberales y actuarán como tales a partir de las Cortes de Cádiz, no pudiendo —como es evidente a todas luces— haber surgido de la nada e imponer sus criterios de manera determinante en el proceso constituyente. El texto legislativo emanado de las Cortes gaditanas será, durante mucho tiempo, su principal referente ideológico y teórico.

Por último, los renovadores son fácilmente reconocibles entre los continuadores de la tendencia antirregalista que hasta ahora hemos definido: leales a la monarquía (no en vano se les apodará como realistas antes de convertirse en su mayoría en carlistas) no esconden sus críticas al despotismo ministerial de Floridablanca, Aranda o Godoy. Fieles a las instituciones tradicionales y a las libertades locales, representan el sector mayoritario de la población aunque en las demandas de renovación los matices sean infinitos según la mayor o menor conciencia y vigor de sus representantes. Pronto encontraremos una formulación teórica de sus postulados en el llamado Manifiesto de los Persas (1814) y veremos al realismo movilizado militarmente en 1820 contra el Trienio Liberal, para pasar a la oposición en la Década absolutista fernandina y terminar en el carlismo propiamente dicho en 1833.

Los representantes de esta corriente son generalmente poco conocidos y, en ocasiones, verdaderamente marginados. La historiografía dominante ha preferido exagerar la influencia de un minoritario sector de eclesiásticos ilustrados, de pensamiento regalista y jansenistizante, al tiempo que acumula todo tipo de dicterios contra los catalogados como reaccionarios. De esta manera, se llega caer en el contrasentido de que quienes se presentan como defensores de la libertad ensalzan a los partidarios del absolutismo borbónico y quienes postulan la modernidad ensalzan a los que querían volver a la antigua disciplina canónica o al rigorismo moral.

En realidad, lo que se olvida al proceder así es que durante aquella segunda mitad del siglo XVIII, el regalismo, ejercido por los políticos ilustrados, y apoyado en doctrinas eclesiologías de extrema radicalidad en su hostilidad a la autoridad pontificia, no era ya una exageración de la misión religiosa de los reyes, sino un instrumento de opresión de la vida religiosa desde actitudes políticas orientadas a destruir la sociedad heredada de la Cristiandad.

Es importante resaltar que entre quienes se distinguieron por las censuras al regalismo y al jansenismo en las postrimerías del XVIII figuran los que en el siglo siguiente serán notorios antiliberales. En cambio seguirán siendo regalistas y ahora liberales (doceañistas) Villanueva, Muñoz Torrero, Posada Rubín de Celis, el cardenal Borbón… Todos ellos tendrán la oposición a Roma como signo de identidad con los nuevos liberales que van a surgir en Cádiz, los futuros veinteañistas o exaltados, aún más hostiles a la religión que sus predecesores.


En la apreciación de la obra realizada por las Cortes en el aspecto religioso-político se observa una polémica ya desde el principio. En aquellos mismos años, algunos hicieron constar la absoluta compatibilidad que a su juicio existía entre sus decisiones y los principios de la religión mientras que los impugnadores de las Cortes le negaron su legalidad, su originalidad frente al modelo revolucionario francés y su espíritu religioso. La historiografía posterior repetirá estos planteamientos. Es necesaria, por lo tanto, una visión de conjunto que abarque el ambiente que se vivió en torno a la asamblea gaditana, el propio texto constitucional y las reformas emanadas de las Cortes.

La afirmación más importante de la Constitución en este terreno se contiene en el artículo 12. Además de ser una concesión y una conquista del sector tradicional de la asamblea, los regalistas consagraban en este artículo el principio de la Iglesia sometida al Estado aunque fuera bajo el señuelo de la protección. En el terreno religioso los liberales se muestran continuadores de la corriente jansenista-regalista y favorecen un contexto en el que la libertad de imprenta sirvió para que los periodistas y escritores crearan un entorno favorable al desprestigio de los clérigos y la religión, aludiendo a ellos con lenguaje irrespetuoso y chistoso. Además, las Cortes comienzan a aplicar a partir de 1812 una serie de reformas que determinarán el enfrentamiento: expulsión del Obispo de Orense, supresión unilateral de la Inquisición, reforma de conventos, leyes desamortizadoras, extrañamiento del Nuncio....

Esta injerencia del Estado tenía una raíz muy propia del Antiguo Régimen, el regalismo que los liberales no solo no se esforzaron en superar sino que lo heredaron y aumentaron. Incluso habrá un proyecto de ley (en torno al episodio del llamado cisma de Alonso durante la regencia de Espartero) que pretendía la creación de una especie de iglesia nacional de inspiración protestante. El liberalismo histórico no busca la separación de la Iglesia y el Estado, sino el sometimiento de la primera al segundo.

Aquí radica la clave de explicación. El Estado contemporáneo busca la realización de su concepción absoluta —en el sentido hegeliano del término— mediante la supresión de toda potestad paralela. Pero los liberales sabían que no podían consolidar su dominio sobre una sociedad que en buena medida les rechazaba si no suprimía o encauzaba en una dirección favorable el influjo moral que la Iglesia ejercía sobre esa misma sociedad y en la que promovía una serie de principios y comportamientos incompatibles con el liberalismo. De conseguirlo, habría sido neutralizada la única potestad radicalmente independiente del Estado.

Leyendo algunos de los escritos, discursos y sermones en los que se expresa el pensamiento regalista o el de sus oponentes, podemos llegar a la conclusión de que este nuestro objeto de estudio no se pierde en la nebulosa de los siglos. En la polémica regalismo-antirregalismo entran en juego dos importantes conceptos canónicos. El de potestad de régimen o de gobierno y el de la potestad que corresponde al oficio del Romano Pontífice y sus características. Además asistiremos a la discusión en el pasado de cuestiones que siguen siendo de actualidad. Así ocurre con la subordinación de la economía a la moral que reclamaba Fray Diego José de Cádiz o con el debate sobre la naturaleza de los bienes eclesiásticos que protegían los defensores de las inmunidades y vulneraban los desamortizadores. Laten también como trasfondo las dificultades de los poderes políticos para aceptar la existencia de una instancia de legitimidad externa a ellos mismos al tiempo que las tentaciones y dificultades que, en todo tiempo, encuentran los miembros de la Iglesia cuando quieren ser fieles a su misión.