Junto a notables aciertos, como lo es reconocer, que en la Guerra de la
Independencia «la resistencia de los
catalanes se fundamentó en los valores tradicionales: patria, monarquía y
religión, considerados como propios frente al invasor francés, extranjero e
irreligioso», encontramos en algunos de los artículos graves desenfoques y
silenciamientos que contribuyen a deformar la percepción histórica del pasado
más reciente común a todos los españoles.
Así, la participación en la Revolución de Octubre de 1934 de la Esquerra Republicana y del presidente de
la Generalidad, Luis Companys, no habría sido, según Balcells,«un golpe separatista como se dijo» sino «un gesto de revuelta al lado de las extremas
izquierdas españolas, que en Asturias se convirtió en un amago de guerra civil»·.
Y en el artículo de Gil Pecharromán, no aparece ni una sola referencia al
terror desencadenado en la Cataluña autonómica de Companys a partir de julio de
1936. Eso sí, se habla de su fusilamiento en la posguerra.
Sobre todo ello conviene hacer algunas precisiones
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| El Gobierno de la Generalidad (Companys en el centro) después de su rebelión del 6 de octubre de 1934 |
El golpe de estado de la Generalidad
Balcells se hace eco de la justificación que la izquierda daba de su golpe de estado de octubre de 1934. Aunque se ve obligado a reconocer que la entrada de la CEDA en el gobierno «era inevitable porque la derecha católica y centralista era la primera minoría parlamentaria» (cosas de la democracia) añade, sin glosa, que «los socialistas temían que hundiese la República desde el Gobierno» y nos recuerda que en enero de 1933 Hitler había llegado al poder en Alemania, cosa que solo en los desvaríos de la propaganda de la época podía guardar alguna relación con la entrada en el Gobierno de la fuerza política que había obtenido mayoría en las elecciones celebradas casi un año antes.
Se ocultan aquí dos cosas. Primero, que para la izquierda en general, y
para Azaña y los socialistas en particular (las extremas izquierdas españolas a las que se refiere Balcells), no se admitía que la República fuese
una forma de Estado en la que tuvieran cabida diferentes tendencias políticas
sino que se la consideraba un régimen patrimonial del que había que excluir, si
era necesario recurriendo a la violencia, a quienes no comulgasen con los
postulados de la izquierda. El apoyo de Companys a la sublevación izquierdista
de octubre demuestra que el catalanismo político compartía el mismo concepto, consecuencia
lógica del planteamiento de una República sectaria que se hizo en el llamado Pacto de San Sebastián[1].
En segundo lugar, que la CEDA obtuviera en el Gobierno una participación no desproporcionada ni abusiva, sino modesta e incluso inferior a su importancia numérica en el Parlamento, no solamente no justificaba la revuelta, sino que el hecho de asumirla como su determinante es una razón más para considerarla con toda propiedad un golpe de estado. Es decir, una iniciativa destinada a impedir, por la violencia, el normal desarrollo de las instituciones (Cortes, Gobierno, presidencia de la República) previsto en la Constitución vigente. Que la capacidad agresiva de los revolucionarios obligara a una intervención de las fuerzas de orden público y del ejército y que el enfrentamiento adquiriera las notas de auténtica guerra civil, no quita nada de su verdadero carácter a la postura asumida por lo que Balcells califica de extrema izquierda, calificativo bajo el que resulta forzado incluir a todas las fuerzas políticas a la izquierda del expresidente Azaña, que fueron las que respaldaron el golpe. Todos ellos merecieron el consabido juicio de Madariaga en el sentido de que «con la revolución de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936» (Salvador de MADARIAGA, España, Buenos Aires: 1955, pág. 527).
Reducido el golpe de estado de octubre de 1934 a un gesto de revuelta no hay motivo entonces para dedicar espacio a describir las violencias puestas en práctica por los revolucionarios. Así, ni una línea merece el asesinato del párroco de Navás (Barcelona) o los saqueos e incendios de templos.
Tampoco merece comentario la impunidad en que quedó la actuación de
Companys y sus compinches. En febrero de 1936, se nos presenta al dirigente
catalán de nuevo en su puesto por arte y birlibirloque del Frente Popular y
todo ello le parece de lo más normal a Balcells que se limita a anotar, no sin
cinismo, «Durante la primavera de 1936
hubo menos violencia en Cataluña que en Madrid y la normalidad política se iba
estableciendo». De dicha normalidad
política dan idea los episodios que relata Julián Blázquez Miquel en su
detallada crónica de la violencia durante el período republicano (España turbulenta (Alteraciones, violencia y
sangre durante la II República), Madrid: 2009).
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| Foso de Santa Elena (Castillo de Montjuic, Barcelona) |
El terror en la Cataluña de Companys
Nos centraremos a partir de ahora en el artículo de Gil Pecharroman que tiene por objeto, específicamente, lo ocurrido entre 1936 y 1939.
Este análisis adolece, a nuestro juicio, de tres graves desenfoques: distorsionar
el papel del factor revolucionario en el escenario de la Cataluña en Guerra Civil;
ignorar las motivaciones últimas del conflicto entre el gobierno republicano y
el de la Generalidad que reduce a una cuestión de competencias asumibles por
cada una de las partes y silenciar el terror sufrido por los oponentes (incluso
buena parte de los denominados antifascistas)
en la retaguardia para concluir con una simplista alusión a la ejecución de
Companys.
1. Como no puede ser menos, señala Gil Pecharromán la existencia de diferentes instancias que se disputaban la hegemonía en la Cataluña revolucionaria. Pero hablar, simplemente, de largas y traumáticas tensiones entre tres tipos de poder «que se disputaban el control del Principado», a manera de tres perros que en igualdad de condiciones se disputan un hueso, le lleva a silenciar el apoyo incondicional de Companys a uno de esos tipos de poder que Gil Pecharromán define como el de «las organizaciones obreras, y en especial la CNT anarcosindicalista, cuyo dominio del Comité de Milicias Antifascistas y del Consejo de Economía de Cataluña, encargado de las colectivizaciones».
En realidad, Companys era consciente de que si pudo mantenerse en el poder es porque las milicias sindicales y de partido, con las armas que les fueron entregadas al margen de cualquier legalidad, habían abortado la iniciativa de los militares sublevados e impedido que estos recibieran el apoyo de los civiles que estaban dispuestos a movilizarse a favor del Alzamiento. Después de la entrevista de los dirigentes anarcosindicalistas con Luis Companys, el gobierno de la Generalidad aceptó convertirse en una especie de cobertura del Comité de Milicias Antifascistas, formalmente integrado por representantes de todas las organizaciones pero en manos de los anarquistas. No en vano, Companys había dirigido a una delegación de los que habían sofocado la sublevación unas increíbles palabras que para el republicano Guillermo Cabanellas son reveladoras de «demagogia y abatimiento, al servicio de su propósito de seguir sobreviviendo en el caos»:
«Habéis vencido. Siempre habéis sido perseguidos; y yo, con toda la pena, yo que antaño fui vuestro defensor[2], me vi obligado, por las circunstancias políticas, a perseguiros también. Hoy sois los amos de la ciudad y de Cataluña; porque vosotros solos habéis vencido a los soldados fascistas ... Habéis vencido y todo está en vuestro poder. Si no me necesitáis o no me queréis como presidente de Cataluña, decídmelo ahora y seré un soldado más en la lucha antifascista. Si, por el contrario, creéis que en este puesto, que sólo muerto hubiese dejado ante el fascismo triunfante, puedo, con los hombres de mi partido, mi nombre y mi prestigio ser útil en esta lucha que, si bien termina hoy en esta ciudad, no sabemos cómo y cuándo terminará en el resto de España, podéis contar conmigo y con mi lealtad de hombre político, que está convencido de que hoy muere todo un pasado de bochorno y desea sinceramente que Cataluña marche a la cabeza de los países más avanzados en materia social» (testimonio aportado por Diego Abad de Santillán, escritor anarquista que estuvo presente en la entrevista).
2. En segundo lugar, hablar de una posición de creciente debilidad de la
Generalidad ante un Gobierno español presidido
por el socialista Negrín, solamente puede hacerse desde el dogma, previamente
establecido por Pecharromán de que «Como
las autoridades republicanas no declararon el estado de guerra hasta comienzos
de 1939, durante la contienda siguió estando vigente el ordenamiento
constitucional y, con él, el Estatuto de Autonomía catalán».
Sin dar por ello cómo válido que el gobierno de Negrín poseyera cualquier tipo de legitimidad constitucional, el hecho cierto es que las autoridades puestas al frente de la Generalidad venían vulnerando la legalidad desde 1934 y lo habían hecho reiteradamente, al igual que el propio Gobierno, desde la ocupación del poder por el Frente Popular en febrero de 1936.
De ahí que para explicar la intervención de Negrín en Cataluña no haya que recurrir a ninguna manifestación de furibundo españolismo centralista en conflicto con un autonomismo constitucional. En realidad, lo que pretendía Negrín a la hora de reforzar la iniciativa gubernamental en Cataluña era fortalecer el proceso de sovietización que estaba protagonizando en toda España. De ahí que los principales perjudicados del progresivo debilitamiento de la Generalidad ante el gobierno central republicano fueran los anarquistas, que habían formado trágica comandita con Companys en el período anterior, y el POUM, partido marxista ajeno a la disciplina soviética. Tras los sucesos de Barcelona (mayo de 1937) y la maniobra que consiguió la defenestración de Largo Caballero y su sustitución por Negrín al frente del Gobierno, los anarquistas, los comunistas disidentes y el catalanismo de izquierdas, quedaron borrados del mapa político o muy quebrantados mientras que los beneficiarios de la nueva situación serían los comunistas fieles a la ortodoxia soviética y sus aliados. Las checas del SIM, la actuación del DEDIDE y los campos de trabajo establecidos en la región no estaban al servicio de unas inexistentes autoridades constitucionales sino que tenían como único objetivo la desarticulación de los considerados enemigos y la consolidación de la hegemonía soviética.
3. Por último, no cabe hacer una síntesis de lo ocurrido en Cataluña entre 1936 y 1939 eludiendo afrontar el trágico exterminio decretado por las autoridades sobre sus oponentes. Quizá era en lo único que estaban de acuerdo revolucionarios, autonomistas y gubernamentales, aunque en ocasiones disputaran entre ellos para tener la exclusiva en la aplicación del terror. Así hay que entender reproches como los lanzados por el propio Companys ante García Oliver o los artículos publicados por José Peiró en La Vanguardia, cuando todos estaban integrados en el aparato estatal y revolucionario desde el que se cometían los crímenes.
En Cataluña se sitúan los núcleos en que la represión frentepopulista ocasionó, después de Madrid, un número más elevado de víctimas. Las cifras proporcionadas por Solé i Sabate y Villarroya (8.352) han sido generalmente aceptadas y, en líneas generales, coinciden con las que se deducen de las estadísticas oficiales revisadas con la metodología que hemos expuesto en otro lugar (8.826). En las listas obrantes en el Santuario de la Gran Promesa obtenemos 6.138 nombres y la Causa General estimó en 9.513 el total de los asesinados y en 1.605 el de los desaparecidos. Todas estas cifras se refieren al conjunto de las provincias catalanas siendo Barcelona y su capital las que alcanzan los valores más altos (Entre el 50 y el 60% del total regional).
Los dos procesos solapados a que hemos aludido, incidieron muy negativamente sobre los etiquetados como desafectos a través de la actuación de las patrullas y de los tribunales populares. Puede señalarse también como esta actividad represiva se prolongó tras las intervenciones gubernamentales con el terror policíaco del gobierno de Negrín y tuvo trágicos rebrotes en la forzosa evacuación de los presos hacia la frontera francesa en 1939. La presencia de numerosos miembros de la Lliga Regionalista de Cambó entre las víctimas del terror a partir de julio de 1936 deja sin argumentos a quienes pretenden otorgar a las fuerzas al servicio del la Generalidad la exclusiva del catalanismo. Para Solé y Villarroya es el grupo que más asesinados aporta, después de los tradicionalistas, con un 16,88% del total con militancia política conocida por ellos (cfr. Josep M. SOLE I SABATE y Joan VILLARROYA I FONT, La repressió a la retaguarda de Catalunya 1936-1939 (vol. 2), Barcelona: Publicacions Abadía Montserrat, S.A., 1990, pág. 444. Para la clasificación de las víctimas según su procedencia: César ALCALÁ, La represión política en Cataluña (1936-1939), Madrid: Grafite Ediciones, 2005).
Esta situación de terror generalizado obligó a muchas personas en riesgo de muerte a intentar salvarse cruzando la frontera francesa, pasando a zona nacional por la raya aragonesa o saliendo por mar. Además de los que lo hicieron espontáneamente hubo un momento en que las autoridades contribuyeron al proceso de exilio, convirtiéndose así en árbitros sobre vidas y haciendas que podían decidir de manera interesada y parcialísima sobre miles de personas. Caso especialmente dramático fue el trágico contraste entre la suerte corrida por el Arzobispo de Tarragona, cardenal Vidal y Barraquer, y su Obispo auxiliar, mons. Borrás Ferrer.
Una vez interrumpido este sistema, la frontera francesa y el Pirineo fueron la orientación buscada por los que intentaban huir a través de las extensas y bien montadas redes de evasión. Miles de personas pasaron lograron su objetivo pero otros muchos fracasaron y sufrieron las consiguientes represalias o murieron a consecuencia de las penalidades y la actuación de partidas de milicianos o carabineros.
Por todo ello resulta aún más encomiable que centenares de estos exiliados en edad militar, que habían sobrevivido de esta forma al exterminio decretado contra ellos en Cataluña, apenas llegados al extranjero se pasaran a la zona nacional para integrarse de manera voluntaria en el Ejército. El brillantísimo historial de fuerzas así formadas, como el Tercio de Requetés de Nuestra Señora de Monserrat, nos dispensa de más comentarios al respecto.
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Podría afirmarse que lo que hemos dicho tiene tanto de
interpretación como lo sostenido por Balcells o Gil Pecharromán desde las columnas
de El Mundo. Y tal vez sea cierto.
Pero no lo es menos, que además de contar con un importante respaldo documental
y estar apoyada en la obra de numerosos y prestigiosos historiadores, nuestra
interpretación resiste la más arriesgada confrontación a la que debe
enfrentarse un historiador: la de los hechos. Hechos que son sistemáticamente
eludidos e interesadamente ignorados por quienes se mueven en la reconstrucción
ideológica del pasado.
Pretender que la intervención de los separatistas en la revolución de octubre fue “un gesto de revuelta” o que en la Cataluña de la Guerra Civil “siguió estando vigente el ordenamiento constitucional” no es, solamente un ejemplo más de manipulación, en este caso bajo la etiqueta de un medio liberal, y la constatación de que no son los nacionalistas los únicos que deforman la historia. Es, sobre todo, una burla y una ofensa a la sangre de miles de catalanes que dieron su vida por Dios y por España al igual que lo venían haciendo desde hace siglos sus antepasados.
Esa es la verdadera, y más gloriosa, historia de Cataluña.
Para saber más:
- ALCALÁ, César, Checas de Barcelona (El terror y la represión estalinista en Cataluña durante la Guerra Civil al descubierto), Barcelona: Belacqva, 2005.
- FONTANA, José María, Los catalanes en la guerra de España, Madrid: Grafite Ediciones, 2005.
- MARTÍN RUBIO, Ángel David, Paz, piedad, perdón...y verdad (La represión en la guerra civil: una síntesis definitiva), Madridejos: Fénix, 1997, págs. 9-13 y 131-147.
- MOA, Pío, 1934: Comienza la Guerra Civil. El PSOE y la Esquerra emprenden la contienda, Barcelona: Áltera, 2004 y Los nacionalismos vasco y catalán (En la guerra civil, el franquismo y la democracia), Madrid: Ediciones Encuentro, 2013.
[1] Con ocasión de dicho Pacto
(agosto-1930), se constituyó el comité ejecutivo (luego auto convertido en
gobierno provisional de la República) que actuaba desde la ilegalidad para
provocar el cambio de régimen político ante la crisis de la monarquía
alfonsina. En virtud de la hipoteca allí asumida y de la proclamación unilateral
de la “República Catalana” por Maciá en abril de 1931, el gobierno provisional
otorgó inmediatamente una todavía limitada autonomía y en septiembre de 1932
las Cortes aprobaron un Estatuto de Autonomía en el marco diseñado por la
Constitución de diciembre de 1931.
[2] Companys
había sido abogado defensor de anarquistas juzgados por actividades
terroristas. En noviembre de 1920 fue detenido junto con otros implicados en
acciones violentas y recluido en el castillo de Mahón.
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| Ángel David Martín Rubio |
