«M. Proudhon ha escrito en sus Confesiones de un revolucionario estas notables palabras: "Es cosa que admira el ver de qué manera en todas nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología". Nada hay aquí que pueda causar sorpresa, sino la sorpresa de M. Proudhon. La teología, por lo mismo que es la ciencia de Dios, es el océano que contiene y abarca todas las ciencias, así como Dios es el océano que contiene y abarca todas las cosas» (Donoso Cortés).

viernes, 24 de agosto de 2012

ÁNGEL DAVID MARTÍN RUBIO: Indefensos ante el terrorismo

La plataforma Mujeres por la Justicia y la asociación Voces contra el Terrorismo han convocado una concentración frente al Ministerio de Interior el día 8 de septiembre a las 13:00 horas para mostrar su rechazo a la actitud del Gobierno de España ante la banda terrorista de ultraizquierda ETA. Hace apenas unos días las víctimas del terrorismo manifestaron su indignación ante una nueva cesión del Gobierno, esta vez con el caso de Uribetxebarria. El esperpento ha llegado al punto de que son algunas víctimas las que se plantean el recurso a la huelga de hambre.
Al tiempo, la casta política se prepara para recoger, en una región española convocada a las urnas, el rédito de los años de terror que no han terminado y sigue alimentando el desastre.
Primero aquella UCD de nefasta memoria, y luego los Gobiernos de ese PSOE y ese PP que se necesitan y alimentan mutuamente, han ido colmando gota a gota la indignidad y apenas han dejado otro recurso que la irritación a los ciudadanos, indefensos ante el crimen. Y tan autodesarmados moralmente que prefieren llamar “víctimas del terrorismo” a los que cualquier sociedad sana llamaría CAIDOS POR ESPAÑA.

Víctimas del terrorismo son, especialmente, los escasos supervivientes y sobre todo sus familiares. Víctimas somos todos los españoles, más aún quienes sienten en sus propias carnes el desgarrón del sufrimiento y, tantas veces, la  incapacidad de entender lo que está sucediendo. Ellos son las víctimas sin adjetivos… los que quedan malheridos al borde del camino de una historia que algunos se empeñan en hacer incomprensiblemente larga.

A todos ellos habría que hacer llegar, por encima de interpretaciones interesadas, de ambigüedades calculadas o de complicidades culpables lo que enseña la Iglesia con toda claridad acerca del terrorismo: “El terrorismo, que amenaza, hiere y mata sin discriminación, es gravemente contrario a la justicia y a la caridad” (Catecismo de la Iglesia Católica, 2297). No caigamos en la trama de ciertos silencios selectivos y recordemos cuántas veces el Papa y la inmensa mayoría de los obispos españoles han alzado su voz para condenar las crueles actividades de los que usan el terror para imponernos sus objetivos.

Pero no puede la Iglesia limitarse a condenar los efectos. A diferencia de lo que hacen otros sectores de nuestra sociedad, por la propia naturaleza de su misión y su perspectiva sobrenatural, está obligada a señalar las causas profundas. Y así lo hace cuando nos advierte que “ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres” (ibid., 407). Resulta relativamente fácil rasgarse las vestiduras ante los atentados terroristas o salir a la calle a decir “¡Basta ya!”, pero no lo es tanto tener la coherencia de estar dispuestos a poner fin al estado de cosas que propicia esas manifestaciones de terror. Es fácil indignarse con los que matan los cuerpos y permanecer impasibles y obsequiosos con quienes matan las almas.

El terrorismo es un signo de identidad del mundo contemporáneo, mecido en la cuna del terror como instrumento político. El terrorismo nace en el seno de una sociedad que ha olvidado que existen invariantes morales propias del orden político. Mi libertad termina donde empieza la de los demás oímos decir como máximo ideal moral, como si la acción política debiera limitarse a tutelar las libertades, prescindiendo de su relación con la Verdad y el Bien Moral y cuidando únicamente de evitar las colisiones de derechos.

Cuando se actúa así, divorcio, aborto, drogas, destrucción de las familias, crisis de la juventud, violencia doméstica, terrorismo… no son simplemente titulares de los periódicos sino elementos de una secuencia lógica.

La autodemolición, el desarme moral, la cesión continuada ante el chantaje terrorista han sido la atmósfera diaria desde que España desterró el nombre de Dios de su Constitución y de sus Leyes, para acabar borrándolo de los corazones y de la vida de buena parte de sus hijos. El tiempo ha verificado el razonamiento de Menéndez Pelayo acerca de la situación al desvanecerse nuestro único vínculo de unión, el religioso (“Esa es nuestra grandeza y nuestra unidad; no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, España volverá al cantonalismo de los arévacos y de los vectones o de los reyes de taifas”).

A su vez, el relativismo y el permisivismo han llevado a una dejación de funciones por parte de la autoridad, con daño para todos. No es legítimo que el Estado renuncie sistemáticamente a su deber de castigar el crimen con la dureza que se merece:
Bien está, queridos hermanos, que la conciencia de las autoridades se vea ayudada y estimulada por toda clase de consideraciones sinceras, y sobre todo por la oración, para que sea lúcida y pura y desinteresada, para que sea reflejo lo más nítido posible de la voluntad de Dios, que es amor y justicia, sobre la sociedad. Pero, cuando no hay duda de que las acciones son justamente punibles, al llegar la hora de la decisión, tantas veces dolorosa, pero intransferible, se impone absolutamente el respeto, por motivos morales y religiosos (Cfr. ABC, 3-octubre-1975, p.20).
Así hablaba un obispo español -nuestro recordado Monseñor Guerra Campos- ante las voces de fariseos y las campañas internacionales que reclamaban trato humanitario para los asesinos de ETA condenados en octubre de 1975. Y lo hacía recordando las palabras de la Sagrada Escritura: “¿Quieres vivir sin temor a la autoridad? Haz el bien y tendrás su aprobación, porque es ministro de Dios para el bien. Pero si haces el mal, teme, que no en vano lleva la espada. Es ministro de Dios, vengador para castigo del que obra mal”  (Cfr.Rom 13, 1-5; 1Pe 2, 13-16).

Quizá sea ya demasiada la pendiente recorrida y no haya marcha atrás, pero –además de la santa cólera- nos queda el recurso de pedir a Dios que volvamos a tener gobernantes dispuestos a ejercer aquel servicio de autoridad que es centro indiscutible de la paz y libertad de los pueblos.

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miércoles, 22 de agosto de 2012

ÁNGEL DAVID MARTÍN RUBIO: El Quintillo: un desconocido "tren de la muerte" en la Extremadura roja


Quien aborde el estudio histórico del terror desencadenado por los frentepopulistas en la zona por ellos controlada desde julio de 1936, puede constatar fácilmente que una gran parte de los millares de víctimas ocasionadas pasaron antes de su asesinato por centros de reclusión, bien oficiales o improvisados en calidad de prisiones habilitadas al efecto. Las más conocidas de estas últimas —aunque no las únicas— fueron las “checas”.
En el caso de la localidad extremeña de Castuera (Badajoz) los datos son elocuentes al respecto: de un total de ochenta y cinco asesinatos aquí cometidos entre el 25 de julio de 1936 y el 23 de julio de 1938, la inmensa mayoría (82%) se cometieron como resultado de las llamadas “sacas” es decir, extracciones de grupos numerosos de detenidos procedentes de los lugares habilitados como prisión que costaron la vida a setenta personas mientras que apenas un 16% fueron “paseos” o muertes aisladas y solamente en un caso se puede hablar de una cierta intervención judicial al haber comparecido previamente el luego asesinado ante el Tribunal Popular aquí instalado.
Las sacas y el terror en la retaguardia frentepopulista
Las “sacas” se llevaban a cabo con un gran despliegue de medios. Volviendo al caso de la localidad extremeña citada, puede hablarse de la participación de las autoridades locales así como de un contingente de milicias y guardias de asalto a las órdenes de sus respectivos mandos.
El mito de la espontaneidad en la violencia revolucionaria resulta así insostenible y únicamente se puede hablar de “asesinatos irregulares” por carecer de toda norma jurídica no por haberse llevado a cabo sin la anuencia de los dirigentes. Como afirma José Javier Esparza, la “saca” forma parte de una estrategia deliberada de exterminio en la que “la autoridad política o policial programa el secuestro y asesinato periódico de reclusos a cargo de fuerzas controladas por el propio poder” (El terror rojo en España, Madrid: Áltera, 2007, p. 146).
Que nunca están claramente delimitadas las fronteras entre las diversas modalidades que presenta el terror practicado en los centros de reclusión frentepopulistas, lo demuestra la conjunción de fuerzas que intervienen en sucesos como el que vamos a presentar en este artículo y en el que se dan la mano la autoridad política (responsable de las órdenes de detención, de la seguridad en las cárceles y de la apariencia legal de la represión), mando militar (inductor y ejecutor de los hechos criminales, en buena parte para vengar la impotencia de sus propias derrotas) y fuerza revolucionaria (es decir, los comités que protagonizan la movilización política en la retaguardia). Como afirma el autor citado, y se comprueba en el caso de Castuera: “por poner un ejemplo muy común, cuando una partida de milicianos invade una cárcel y asesina a dos docenas de reclusos, se hace imposible saber si ha actuado a las órdenes de una autoridad política o militar, si lo ha hecho como fuerza revolucionaria o como todo eso a la vez. Lo único que se sabe es que algún comité ha autorizado o promovido la operación” (ob.cit., p. 147).
Como antes apuntábamos, las “sacas” de presos requieren la decisión de cometer el crimen, la selección de las víctimas sin someterlas —generalmente— a ningún simulacro de juicio previo, que alguna autoridad consienta u ordene la excarcelación y, finalmente, que ésta se lleve a cabo y los presos sean asesinados sin que nadie lo impida ni pretenda castigarlo con posterioridad.
Los “trenes de la muerte”
A veces los ejecutores, organizan traslados de presos a larga distancia antes de proceder a matarlos, práctica ésta general en toda la retaguardia revolucionaria, aunque probablemente fuera Madrid y su provincia el lugar en el que fueron concentrados más detenidos procedentes de diversos lugares. Como es obvio, estas prácticas requieren un control de las comunicaciones y de los medios de transportes así como una organización previa para facultar los traslados. Todo ello resulta incompatible con cualquier explicación de la violencia a partir de una presunta espontaneidad o desbordamiento de las autoridades por parte de elementos incontrolados.
Un claro ejemplo de lo que decimos es la reiteración en diversos puntos de los llamados “trenes de la muerte”: “los detenidos son sacados de la cárcel y expedidos en un tren; en un determinado momento del trayecto, el tren se detiene y los presos son asesinados” (ob.cit., p.164). El caso más conocido es el de los presos traslados desde Jaén y fusilados en Madrid los días 11 y 12 de agosto pero el propio autor a quien venimos citando aduce otros episodios ocurridos en las provincia de Ciudad Real así como el protagonizado por la expedición de presos procedentes de Castuera y asesinados en las proximidades de la estación de ferrocarril denominada “El Quintillo”.
En sustancia, los hechos se desarrollaron así: al producirse la llegada de una columna de milicianos procedentes de Huelva, que ya habían participado en numerosos hechos vandálicos y asesinatos, exigieron del Comité del Frente Popular la entrega de los presos de derechas.
Presionados por el avance nacional, dichas fuerzas habían salido de la zona de Jerez de los Caballeros el 19 de agosto y, atravesando terreno enemigo, llegaron a Castuera donde hicieron entrega al diputado socialista Sosa de 25 cajas y dos camiones y abundante material de guerra (cfr. La Vanguardia, Barcelona, 20 de septiembre de 1936, p.9). José Sosa había llegado a Castuera al frente de otra columna de milicianos —cuyo mando compartía con el también diputado socialista Zabalza— huyendo del avance nacional desde Sevilla hacia Madrid. En los meses sucesivos tendrá una relevante actuación al frente de los organismos aquí constituidos por los revolucionarios (Cfr. José Ignacio Rodríguez Hermosell, “José Sosa Hormigo o el tenue latido del exilio extremeño en México”, Revista de Estudios Extremeños 63-3 (2007), p. 1205).
Las exigencias encontraron respuesta positiva y la noche del 21 de agosto de 1936 tuvo lugar en el Ayuntamiento una reunión del Comité en la que se elaboró una lista de veinticuatro personas que se encontraban detenidos previamente. Un testigo presencial recuerda cómo esa misma noche, desde los balcones del Ayuntamiento —que estaba encima de la cárcel— uno de los miembros del comité le gritaba al carcelero que registrara bien las cestas de la cena llevadas por los familiares.
Ignoramos el motivo de la cifra pero sí podremos comprobar que en la selección se tuvieron en cuenta criterios arbitrarios desde el punto de vista de cualquier responsabilidad penal aunque todos ellos eran claramente discrepantes con la situación creada por el Frente Popular. Basta señalar el hecho de que siete de los componentes de la saca aparecen en una lista que se utilizó en el ayuntamiento y que contenía la “Relación de donantes en la suscripción abierta en este ayuntamiento para premiar a la fuerza pública que tomó parte en al represión del movimiento subversivo de 6 de octubre”, en alusión a la Revolución socialista-separatista de 1934 controlada en aquella ocasión por el Gobierno Republicano. Siete más de los mencionados en la lista fueron fusilados en otras ocasiones.
Por otra parte, aunque en Castuera había triunfado el Alzamiento desde el 20 de julio y algunos de los presos había participado en la defensa de la localidad frente al ataque protagonizado el 24 y 25 de julio por fuerzas de Asalto y paisanos armados a las órdenes del capitán Rodríguez Medina, las órdenes de detención puestas en práctica en la retaguardia frentepopulista pueden considerarse al margen de cualquier referencia jurídica —como ha demostrado convincentemente Antonio Manuel Barragán Lancharro— porque se llevaron a cabo por mandato de los respectivos alcaldes, que estaban legitimados para ello por la Ley de Orden Público, pero la intervención de elementos ajenos a la estructura del Estado, la manera en que tuvieron lugar estas detenciones en la mayoría de los lugares y al trato que recibieron los presos en estos primeros días bastan para comprobar cómo estamos ante una manifestación más del colapso revolucionario provocado por unas milicias que habían recibido armas y patentes de autoridad por parte de las autoridades y representantes del Estado (Cfr. Antonio Manuel Barragán Lancharro, “Fuente de Cantos, julio de 1936: Análisis crítico de los sucesos ocurridos al inicio de la Guerra Civil”, Actas de la VII Jornada de Historia de Fuente de Cantos, Badajoz: Lucerna – Asociación Cultural de Fuente de Cantos, 2007, p. 55-93). Además, los defensores de Castuera no hicieron frente a fuerzas armadas o de seguridad en el cumplimiento de sus funciones de orden público sino a una masa armada —de la que formaban parte algunos guardias de asalto— por iniciativa del Gobierno frentepopulista en contradicción con las disposiciones legales de la propia República.
A la mañana siguiente, los veinticuatro presos previamente escogidos, fueron llevados a la Estación de Ferrocarril y montados en un tren que salía con dirección a Madrid; pasada la estación o apeadero ubicado en un descampado y denominado “El Quintillo”, en el kilómetro 340 de la vía férrea, les obligaron a bajar y recibieron varios disparos en las piernas. Al caer al suelo, los rociaron con gasolina, prendiéndole seguidamente fuego y quemándolos cuando aún estaban con vida. Finalmente terminaron de incinerarlos con leña de la dispuesta para servicio de una caseta del ferrocarril. Ocurría todo esto aproximadamente a las nueve de la mañana del 22 de agosto.
Lo dramático de la escena fue corroborado con posterioridad por varios testigos así como por algunos de los que organizaron una comida con unos pollos previamente requisados en uno de los cortijos de los alrededores y que relataron lo ocurrido.
Los milicianos trasladados en el tren, continuaron su camino y protagonizaron unas tareas represivas caracterizadas por su crueldad e intensidad en el Madrid sometido al Frente Popular. Tal es el caso de los numerosos asesinatos cometidos en la checa instalada en la calle Santa Engracia nº 18 y en la 77 Brigada Mixta, unidad de carácter anarquista formada sobre la base del batallón “Spartacus” y diversas milicias andaluzas y extremeñas (La dominación roja en España, Madrid: Ministerio de Justicia, s.a., p. 299-300).
Dibujo de Sáenz de Tejada
La identidad de las víctimas
Aquel 22 de agosto fueron asesinados los siguientes vecinos de Castuera:
Pedro Borrachero Romero (29) secretario judicial
León Caballero García (36) herrero
José María Caballero García (43) industrial
Diego Carrasco Fernández-Blanco (31) abogado
Francisco Carrasco Fernández-Blanco (45) propietario
Hipólito de la Cruz Benítez-Donoso (30) abogado
Víctor de la Cueva Godoy (39) abogado
José Delgado López (39) industrial
Mariano Donoso Pozo (46) industrial
Rosendo García Casasayas (32) industrial
José Manuel Gómez Moreno (26) veterinario
Advianor González Cabanillas (18) herrero
Andrés Helguera Muñoz (52) párroco
Francisco Holguín Fernández (21) empleado
Juan León Domínguez (56) gerente minas
Manuel Marín Morillo (36) propietario
Julián Mendoza Tena (29) panadero
Julián Morillo Cabanillas (21) empleado gasolinera
Pablo Morillo Tena (37) secretario judicial
Camilo Salamanca Jiménez (48) administrador tabacos
José Sánchez Mora (45) guarda
Alberto Somoza de la Cámara (20) estudiante
Luis de Tena-Mora Acedo (35) oficial juzgado
Manuel de Tena-Mora Acedo (44) procurador
Se trataba por lo tanto de un grupo de personas vinculado a unas modestas clases medias, en su mayoría pequeños industriales, empleados o funcionarios pero entre los que figuran algunos de los elementos más representativos de la vida local que ahora los revolucionarios trataban de extirpar. Tal es el caso del Cura Párroco, de los hermanos del jefe provincial de Falange Española de las JONS —Diego y Francisco Carrasco—, dándose la circunstancia de que este último había sido alcalde entre 1934 y febrero de 1936, del presidente de la Adoración Nocturna —Víctor de la Cueva—, del presidente de la Juventud de Acción Católica —Hipólito de la Cruz— y de un grupo de personas vinculado a la administración de justicia.
Queremos referirnos, por último, al caso de Camilo Salamanca, probablemente una de las personalidades más emblemáticas de la transformación y mejoras experimentadas por Castuera en la década de los veinte, cuando estuvo el frente de la alcaldía. El propio Camilo Salamanca desempeñó por segunda vez el cargo de alcalde de Castuera a partir de 1931 pudiendo ser considerado con toda propiedad el primer alcalde de la Segunda República en esta población. Solamente después del enfrentamiento con los socialistas locales, una vez producida la deriva revolucionaria del PSOE, se explican hechos como el asesinato de Camilo Salamanca que había compartido actos públicos con dirigentes socialistas tan destacados como lo fueron Antonio Navas y Basilio Sánchez [cfr. la información publicada en La Voz Extremeña (Badajoz) (7 de mayo de 1931)].
En esas fechas de 1931 Camilo Salamanca era alcalde de Castuera con el socialista Basilio Sánchez como teniente de alcalde; en agosto de 1936 el primero fue quemado vivo cuando ocupaba la alcaldía Basilio Sánchez; terminada la guerra, éste fue sometido a consejo de guerra y ejecutado en Almendralejo en septiembre de 1940. Circunstancias de este tipo resultan muy reveladoras de las vicisitudes sufridas por la política local y de la deriva experimentada por una República que, si pudo representar un signo de esperanza en algún momento, pronto acabó al servicio del proyecto totalitario fraguado en torno al Frente Popular.
Podemos concluir comprobando cómo en uno de los más dramáticos episodios de violencia desencadenados en la Extremadura roja se dan cita los cuatro elementos que, a juicio de José Javier Esparza, caracterizan al terror rojo en España durante la Guerra Civil (ob.cit., p. 22): el número elevado de víctimas de las matanzas, la implicación de las autoridades del Estado republicano y de los partidos políticos del Frente Popular, el ensañamiento sobre las víctimas —en este caso quemados vivos— y el despojo y saqueo de los asesinados y de sus familiares que, además, se vieron desposeídos de bienes y propiedades.
Conocer la historia se revela, una vez más, como un verdadero golpe de muerte para la imagen idílica de una República que la propaganda se empeña en seguir presentando como el paraíso de la libertad, la modernidad y la legalidad.

martes, 21 de agosto de 2012

JORNADAS DE HISTORIA: 1937: El año en que se decidió la Guerra Civil


Viernes 21 y Sábado 22 de septiembre de 2012
Lugar:
Sede del Instituto de Estudios Históricos-CEU
Palacio del Infantado
Carrera de San Francisco, 2
MADRID
Organiza:
COLECTIVO GUADARRAMA
www.colectivoguadarrama.org
FORO HISTORIA EN LIBERTAD
historiaenlibertad@hotmail.es
Colabora:
Instituto CEU de Estudios Históricos
Viernes, 21 de septiembre
18.00h – INAUGURACIÓN
18.15h – La batalla del Jarama. El primer choque de dos ejércitos
Ricardo Castellano Ruiz de la Torre
19.15h – Guadalajara. El final del sueño de entrar en Madrid
Pablo Schnell Quiertant
Sábado, 22 de septiembre
10.45h – La ofensiva sobre Segovia. Batalla de La Granja
Jaime Portero Fontanilla
12.00h – La batalla de Brunete. El papel de la Legión Cóndor
Manuel Villar Zarco
13.15h – La gran ofensiva sobre Zaragoza y el asedio de Belchite
Ángel David Martín Rubio
17.00h – El cierre del frente norte
Joaquín Serrano Rubiera
18.00h – La batalla de Teruel
Alberto Ayuso García
19.00 h – Conclusiones y clausura de las Jornadas
ENTRADA LIBRE HASTA COMPLETAR AFORO

miércoles, 15 de agosto de 2012

La izquierda y la siembra de odio


La conmemoración de los aniversarios de diversos sucesos ocurridos en el verano de 1936, está siendo aprovechada -una vez más- desde la casta mediática de extrema izquierda para reiterar la siembra de odios y ahondar las diferencias entre los españoles. Redactores de artículos panfletarios y comentaristas amparados en el anonimato, utilizan los episodios de la Guerra Civil para mentir, insultar y hacer públicas todo tipo de amenazas.

La estrategia, empleada reiteradamente en años anteriores, se revela ahora como irrenunciable de cara a las movilizaciones antidemocráticas previstas a partir de septiembre, cuando los indignados y los sindicalistas rojos regresen de sus merecidas vacaciones.

Para ello cuentan con un instrumento privilegiado que es la conocida como “Ley de Memoria Histórica” (Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura). Una más de las iniciativas legales sectarias promovidas desde el zapaterismo; nacida, en este caso, de un afán de revancha que falsifica el proceso histórico en sintonía con las necesidades políticas de sus promotores.

El anterior Gobierno y sus socios parlamentarios crearon la ficción de que el sistema político ahora vigente enlaza con la presunta legalidad de la Segunda República, soslayando el verdadero origen de la presente situación que hunde sus raíces en la implosión o dinamitación interna del Régimen anterior. Y en algún aspecto el zapaterismo logró reproducir determinados caracteres sectarios y totalitarios del caos republicano que amenazaron con renovar alguno de los más desgraciados episodios de nuestra historia contemporánea. 

Lamentablemente, el partido actualmente en el Gobierno, ha renunciado a emprender un movimiento de regeneración y reforma, contentándose con parchear el sistema a base de recortes o de impuestos y asumiendo los valores impuestos desde la izquierda.

Fiel a sus complejos históricos, el centro-derecha se revela incapaz de interpretar el sentir mayoritario que expresaron las urnas el pasado 20 de noviembre, y promete ofrecernos una reedición de la peor política cultural promovida por Aznar, ignorando que no habrá regeneración posible, ni España logrará salir de la profunda crisis en que se encuentra (que va mucho más allá de lo económico) si no se afronta de manera coherente el debate de las ideas. La situación aún es más grave en lugares como Extremadura donde el PP gobierna con el apoyo del Partido Comunista y desde instancias autonómicas y municipales se sigue apoyando con dinero y presencia de los dirigentes populares las iniciativas promovidas a instancias de la memoria histórica.

El abstencionismo de Rajoy y los suyos supone un cheque en blanco al proyecto de la izquierda para seguir fomentando las diferencias entre los españoles y reabrir heridas cicatrizadas. Y son los nietos de los derrotados en 1939 y de buena parte de los vencedores quienes responden a la siembra del odio haciendo suya una visión de la Guerra Civil que ni siquiera coincide con la que tienen las generaciones que la protagonizaron o que crecieron en la inmediata posguerra.

No compartimos, por tanto el doble discurso del PP, prescribiendo en ocasiones el olvido como actitud de los españoles ante el pasado y doblegándose, cuando las circunstancias lo demandan, a las imposiciones de la izquierda. Bien al contrario, pretendemos que se recuerde la Historia, eso sí, con dos puntualizaciones necesarias: que ésta se asuma íntegramente, y no desde una perspectiva de parte; y que el pasado no forme parte del debate político sino que permanezca en los términos que corresponden a su naturaleza.

Además, para evitar una continua inercia en los criterios aplicados en este terreno, proponemos que se den los pasos necesarios para que los usos públicos de la historia sean objeto de una legislación de acuerdo con lo que ocurre en los países de nuestro entorno, de manera que las iniciativas gubernamentales al respecto queden al margen de las consignas de los partidos y no se permita una restricción a las libertades públicas que vaya más allá de la protección de los derechos de la verdad y del honor.