En 1993 el conocido como el Libro Blanco de Delors acuñó el concepto de “Nuevos Yacimientos de Empleo”. Lo hizo con tanta fortuna que llegaron a formar parte de las políticas y programas de empleo de todos los países de la Unión Europea. Posteriormente fueron transformándose según evolucionó la sociedad hasta llegar a perder su sentido con el crecimiento económico de finales de los 90 asociado a la burbuja financiera que estalló entre 2007 y 2008.
Aunque no fue catalogada como un yacimiento de empleo, la formación ocupacional y la formación para los colectivos con mayor dificultad de acceso al empleo fortaleció su papel como política activa de empleo en la Unión Europea. Ocurrió en los mismos años en los que hicieron fortuna los “Yacimientos de empleo” como piedra angular de la estrategia europea para reducir el desempleo. Las políticas de formación ya existían pero en aquellos años tomaron una dimensión desconocida gracias a los fondos comunitarios que las nutrieron. De esta forma, dedicarse a la “formación” fue en sí mismo otro “Yacimiento de empleo”.
En España, desde los ochenta y noventa del siglo pasado se asumió que era necesario mejorar la intermediación entre oferta y demanda de puestos de trabajo. Siempre hemos tenido entorno a diez puntos porcentuales de desempleo por encima de la media europea y Andalucía unos veinte puntos. En la práctica esto supuso que la formación se realizara de forma descentralizada en centros de formación que podían ser de titularidad privada y financiados con fondos públicos a través de centros propiedad de asociaciones empresariales o sindicales. Nunca se puso en marcha un sistema de evaluación de estas políticas que condicionase mantener la subvención pública a un centro de formación a que éste acreditase que la empleabilidad de sus alumnos hubiese mejorado de manera significativa. El resultado de todo esto se ventila ahora en los tribunales. Lo que fue una ‘Yacimiento de empleo’ se convirtió en un ‘Yacimiento de mangazo’.
En 2008, la Comisión Europea puso en marcha el paquete de medidas que definió el famoso Horizonte 2020 y que para ese año fijaba como objetivos la reducción del 20 % de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera y del consumo de energía así como el aumento hasta el 20 % de las energías renovables en el mix energético de cada país. El logro del segundo de los objetivos (la reducción del consumo energético) obligaba a un gran esfuerzo en materia de eficiencia energética hasta el punto de que las empresas de servicios energéticos que asesoraban a otras empresas, particulares y administraciones públicas sobre la mejor forma de ahorrar consumo energético se convirtieron en un negocio emergente. Un nuevo yacimiento de empleo en plena situación de recesión económica.
El Ministerio de Industria español aprobó en 2011 el Plan de Ahorro y Eficiencia Energética para promover el logro del mencionado objetivo en España. De entre las medidas de apoyo al logro de tan importante objetivo estaban los sempiternos subsidios pero también se mantenía la pertinaz ausencia de sistemas eficaces de auditoría que sancionasen a los beneficiarios de subsidios que, finalmente, no los lograsen porque, en puridad, sólo buscaban pegar un ‘mangazo’ de la subvención pública.
La denominada ‘Operación púnica’ que ha supuesto la detención de una parte muy destacada de los cuadros dirigentes del Partido Popular ha revelado que parte de los 250 millones de euros presuntamente adjudicados irregularmente, lo fueron a una empresa que asesoraba a los ayuntamientos salpicados en planes de eficiencia y ahorro energético. La eficiencia, en estos casos, como la formación en muchos otros, ha pasado de convertirse en una legítima oportunidad de negocio en un nuevo ‘Yacimiento de mangazo’.
Pero como en la formación, España se juega mucho en la reducción de su consumo energético. Somos uno de los seis primeros países europeos con la electricidad más cara. Esto debilita nuestra competitividad al aumentar en términos relativos los costes de producción. Particularmente en los sectores económicos intensivos en consumo de energía. Pero también afecta a los hogares y a su renta disponible después de tener que pagar facturas de la luz que no dejan de subir a pesar de las recientes y profundas reformas.
Aún podemos añadir un argumento adicional a la necesidad que España tiene de mejorar su eficiencia energética. El argumento tal es nuestra elevada dependencia externa en la energía primaria que se utiliza para generar energía eléctrica destinada al uso final por empresas y hogares.
Hay una impresión bastante extendida de que España ha hecho un uso poco eficaz de buena parte de los ingentes fondos estructurales y de cohesión que hemos recibido durante años de la Unión Europea. Esto ha sido una gran oportunidad perdida y un resultado muy diferente al de otros países como Irlanda, que sí utilizaron estos fondos más eficazmente.
La ‘operación púnica’ además de subrayar esta impresión de corrupción generalizada que tenemos en España, golpea el logro de un objetivo como el ahorro en el consumo energético que debe ser estratégico para nuestra Nación. No sólo porque estamos obligados a alcanzarlo por nuestros compromisos internacionales sino también porque es clave para la robustez de nuestra economía.
 |
| José Manuel Cansino |
