Lo que aquí se propone es una medida directa y factible que ayudará a mejorar nuestro sistema educativo y económico a medio plazo.
Pocos discuten que entre la calidad del sistema educativo y la fortaleza de un sistema económico y social (valga la redundancia) existe una relación directa. Esto, sin embargo, es más una percepción derivada del sentido común que de la evidencia empírica. Los análisis cuantitativos que miden la relación entre el crecimiento económico de las naciones y la calidad de su 'capital humano' no siempre capturan nítidamente esa relación. Pero eso sólo da pistas de las limitaciones de las herramientas de medida o de la calidad de los datos empíricos disponibles para la investigación.
Desde la década de los ochenta del siglo pasado son varias y muy diferentes las reformas de las administraciones públicas orientadas a mejorar la eficiencia y la calidad con la que los empleados públicos prestan sus servicios y atienden a los usuarios. El propio concepto de 'usuario' fue un logro de estas reformas.
Uno de los retos más difíciles que han intentado superar estas reformas ha sido el de vencer los comportamientos acomodaticios de los empleados públicos que se saben seguros en sus puestos de trabajo. Desde la pérdida de la propia condición de empleado 'de por vida' que impulsó la reforma canadiense hasta los mecanismos de incentivos vía complementos salariales, existe un amplio abanico de fórmulas que se han ensayado con diferente fortuna. Todas tuvieron que vencer la natural oposición de quienes han valorado mucho la comodidad de un puesto de trabajo inmune a los resultados que se presentan al final de cada año.
El Cuerpo de Catedráticos de Enseñanzas Secundarias es una excelente vía para incentivar al profesorado en el desarrollo de su carrera hacia la excelencia de su trabajo que es tanto como decir hacia una sociedad mejor formada. Aunque el 3 de enero de 2008 apareció la relación de profesores (jubilados y en activo) que tenían tal condición en Andalucía, parece que han dejado de convocarse estos concursos.
Desde luego no se puede achacar sólo a las restricciones presupuestarias la ausencia de tales convocatorias. Probablemente también y en no poca medida al imperio de una visión igualitarista entre la profesión docente que rechaza cualquier distingo de unos frente a los demás; una suerte de repudio a la aristocracia del saber por parte de quienes con esto buscan esconder su desmotivación.
La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (ANECA) ha demostrado una buena capacidad de trabajo en los procesos de selección y acreditación de muchas administraciones públicas y entidades privadas que han recurrido a sus servicios para que se ocupasen de evaluar la calidad de los aspirantes a una mejor plaza o vacante. Como toda institución humana es perfectible pero ha mostrado su inmunidad a presiones de parte, partidos y 'lobbies' varios. España podría encontrar aquí una vía factible y poco costosa de desbloquear las carreras de los profesores de enseñanzas secundarias concertando la evaluación de los aspirantes a la condición de ‘Catedrático’ por una misma agencia evaluadora a nivel nacional. La ANECA sería una buena elección.
No solo se lograría incentivar eficazmente el trabajo de miles de profesiones sino también, lo que es socialmente más relevante, mejorar las competencias y formación de los estudiantes. Para mayor abundamiento sería esta una vía si no de recentralizar las competencias educativas en la Administración General del Estado, sí desde luego de unificar los criterios de calidad y con ello contribuir con éxito a reducir la desigualdad según regiones de resultados académicos tan sangrante que hoy soporta España.
Esto que proponemos podría muy bien extenderse al cuerpo de maestros, al que la sociedad española debe mucho más que dedicarle un día al año del calendario escolar. La creación de una figura análoga a la del Catedrático de Enseñanzas Secundarias es fácil de trasladar a este cuerpo. El sistema de evaluación debería ser similar en aras de garantizar que los españoles -igualados por la Nación en libertad y derechos- tengamos más cerca el acceso a una educación de calidad con independencia del lugar de residencia pues no los territorios sino las personas somos los que ostentamos derechos.
En una última vuelta de tuerca a este razonamiento, caben para el resto de cuerpos de las Administraciones Públicas -incluso de todos los empleados públicos- sistemas parecidos. Pocas veces de manera tan sencilla y con relativamente pocos recursos, se podrían conseguir muy buenos resultados. El imperio de dos 'ismos' serían las dos grandes barreras a vencer: el igualitarismo y los particularismos regionales. Merece la pena en aras de una mejor educación blindada de los vaivenes políticos.
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| José Manuel Cansino |
