La
inmensa mayoría de políticos izquierdistas que integraron el Frente
Popular con vistas a las elecciones convocadas para el 16 de febrero de
1936, preconizaba la acción directa y enarbolaban la misma bandera de la
revolución de Octubre de 1934. Nada tiene, por ello, de extraño que se
concertaran para utilizar los cauces del sufragio universal como un
medio más para el asalto al Poder, logrando con el fraude, la violencia y
el amaño, la mayoría que, como era previsible, el cuerpo electoral
había de negarles.
Debe tenerse en cuenta que, debido a la Ley
Electoral vigente, la mecánica de adjudicación de las actas de diputados
era complicada y necesitaba pasar por tres momentos sucesivos pero
bastante separados en el tiempo:
- Escrutinio general.
-
Celebración de una segunda vuelta en aquellas circunscripciones en que
ninguna lista hubiera obtenido al menos el 40% de los votos.
- Discusión de las Actas en las Cortes.
Cualquier
interferencia, por pequeña que fuera, en alguna de estas fases influye
directamente sobre los escaños asignados, siendo especialmente delicado
el escrutinio pues se distribuían los puestos previamente atribuidos a
mayorías y minorías bastando una ligera modificación en el número de
votos computados para provocar el vuelco del resultado electoral en toda
una provincia. La ley electoral vigente reproducía y agravaba todos los
defectos del decreto que reguló las elecciones a las Constituyentes y
había sido aprobada por las izquierdas que confiaban en sus fuertes
mayorías[1].
En
realidad, la ausencia de garantías que se produjo tanto en el
escrutinio como en la segunda vuelta y el número de diputados que
fueron privados de sus actas en las Cortes para atribuirlas a candidatos
frentepopulistas, permite concluir que todo el mecanismo se condujo al
margen de la ley. La vulneración del marco democrático resulta
característica del proceso revolucionario iniciado el 16 de febrero.
En
la noche del día citado, las primeras noticias acerca del resultado
eran parciales: victoria del Frente Popular en Cataluña, Madrid y otras
grandes ciudades y de las derechas en numerosas provincias. Hacia las
diez, el presidente del gobierno, Manuel Portela Valladares, comunicaba
el triunfo de la izquierda en Cataluña y la dimisión de Escalas,
gobernador general de Cataluña y presidente de la Generalidad.
Inmediatamente,
comienzan los desórdenes en la calle promovidos por los partidarios del
Frente Popular. Es una situación que se mantendrá a lo largo de estos
días, logrando influir en los cargos públicos de una manera parecida al
14 de abril de 1931, es decir, provocando la euforia por una victoria
que todavía no existía y desmoralizando cualquier posibilidad de
resistencia.
Aunque algunos periódicos afirmaban rotundamente que
las izquierdas habían logrado la mayoría absoluta, el 18 de febrero
todavía se tiene la impresión de que va a salir una Cámara en la que el
Frente Popular se encontraría en equilibrio o con una ligera ventaja
sobre la derecha y con la práctica desaparición del centro. En cualquier
caso, era imposible decir cuál había de ser la composición definitiva
de las Cortes: faltaba por conocer el resultado del escrutinio general
del 20 de febrero; en algunas provincias habría que esperar a la
celebración de la segunda vuelta y quedaba por desarrollar la labor de
la Comisión de Actas para que tuviera lugar la constitución definitiva
de la Cámara.
El nuevo Gobierno de Azaña y la manipulación de las actas electorales
En circunstancias normales —como había ocurrido en 1933— el Presidente
del Gobierno hubiera dirigido la segunda vuelta y se habría presentado
al Parlamento para dar cuenta de la misión recibida. En este caso, su
dimisión el 19 de febrero va a permitir al Frente Popular la ocupación
del Gobierno para, desde él, acabar de redondear los resultados y forzar
la mayoría.
Portela Valladares había resistido a todas las
invitaciones que se le habían hecho para restablecer el orden público,
sobre todo por parte del general Franco, jefe del Estado Mayor Central, y
de Gil Robles. Si esta cesión se debía al puro pánico o fue fruto de un
pacto con los dirigentes del Frente Popular —como afirma Gil Robles en
sus memorias— es cuestión difícil de discernir.
En las consultas,
casi todos los políticos aconsejaron que se formara el Gobierno que
pudiera deducirse de la composición de las nuevas Cortes, pero la
imposibilidad de crear un Gobierno de acuerdo con la representación
parlamentaria de unas Cortes cuya composición aún no se conocía, nos
pone de relieve lo absurdo de la situación.
La dimisión de Portela
arrastró el éxodo en masa de muchos gobernadores provinciales y otros
funcionarios locales que dimitieron aterrados sin esperar la llegada de
unos sustitutos adecuados. Apenas tomó posesión el Gobierno presidido
por Manuel Azaña, y sin esperar a la transmisión normal de poderes,
procedieron los dirigentes revolucionarios a apoderarse de los edificios
y cargos públicos con la posibilidad de actuar así sobre la
documentación electoral trasladando a las candidaturas de izquierda el
triunfo logrado por las derechas. Así se hizo en provincias como
Cáceres, La Coruña, Valencia, Pontevedra, Lugo y Orense.
Veamos con detalle lo ocurrido en la provincia extremeña
El fraude electoral en Cáceres
La Comisión sobre Ilegitimidad de Poderes Actuantes en 18 de julio de 1936,
fue creada en 1938 y reunía a un prestigioso grupo de juristas y
políticos, monárquicos y republicanos, bajo la presidencia de Ildefonso
Bellón Gómez, Magistrado del Tribunal Supremo.
De acuerdo con su investigación, publicada en 1939[2],
el de Cáceres fue un caso muy semejante al de la provincia de La Coruña
de sustitución y falsificación de actas. El hecho quedó plenamente
demostrado por las numerosas actas notariales de presencia presentadas
por los candidatos de derechas y por el resultado que arroja la
documentación obrante en la Junta Central del Censo.
Constituido
el Gobierno Azaña antes de la celebración del escrutinio general y
reemplazado el Gobernador Civil de Cáceres, el testimonio del Secretario
de la Diputación y de la Junta Provincial del Censo Electoral, Luis
Villegas Bermúdez de Castro, permite reconstruir las maniobras llevadas a
cabo en Cáceres con el objetivo confesado de poner en práctica “la misión especial del Gobierno de la República de sacar triunfante la candidatura de izquierdas en el acto de escrutinio”:
“En Cáceres a 23 de diciembre de 1936, comparece el señor anotado al margen […] dijo llamarse como queda dicho, mayor de edad, viudo, natural de Valencia de Alcántara, vecino de esta ciudad y Secretario de la Diputación Provincial. Preguntado si en la noche del 19 al 20 de febrero último hubo alguna reunión en el Gobierno Civil, qué personas la formaban y que fines perseguían, dijo: Que la expresada noche fue llamado a eso de las tres horas para que acudiera al Gobierno Civil, por haber sido llamado por el Gobernador; que al llegar al edificio del Gobierno y cruzar los pasillos, vio en ellos a varias personas, entre las que recuerda a don Indalecio Valiente, Telesforo Díaz Muñoz, Luis Martínez Carbajal, Jacinto Herrero (?), y al entrar en el despacho del Gobernador le indicó éste que el objeto de la llamada era para que diera posesión al nuevo Presidente de la Diputación por haber sido destituido el anterior, don José Bulnes. Y al efecto le presentó a don Santiago Sánchez Moras, a quien el declarante no conocía, y al cual veía por primera vez; pasaron al despacho contiguo al del señor Gobernador y allí vio y le fue presentado don Faustino Valentín candidato a Diputado a Cortes […] Preguntado manifieste si sabe el objeto que llevaban dichos señores a estar esa noche en el Gobierno Civil, dijo que era la sustracción de la documentación electoral, dice que no puede asegurar que todas las personas que se encontraban allí, y que eran más que las citadas, pero cuyos nombres no recuerda, llevara la finalidad a que se refiere la pregunta, aunque supone que sí, por los indicios que pudo recoger durante el tiempo que permaneció en el Gobierno Civil; solamente puede hacer afirmaciones categóricas respecto a las personas que intervinieron en los hechos que a requerimiento del Juzgado va a referir. Después de dar posesión al nuevo presidente de la Diputación […] Al quedarse solo en el despacho con el señor Sánchez Moras, éste le requirió, invocando su carácter de presidente de la Diputación Provincial para que le entregara la documentación electoral, que debía obrar sus efectos al día siguiente en el acto de escrutinio general para las elecciones de diputados a Cortes. A lo cual se negó el declarante; insistió el presidente, diciendo que eso era un acto que no tenía importancia alguna, que nadie lo sabría y que no había de envolver responsabilidad alguna para el que dice. Éste insistió también terminantemente en su negación, y en vista de ellos, fue llamado al despacho el señor Valentín, el cual trató de convencer al que declara de que debía acceder a las pretensiones del señor Sánchez Mora, empleando para ello distintos argumentos, entre otros el que el declarante no tendría responsabilidad alguna porque obraba en virtud de obediencia debida, que, además el hecho no sería por nadie conocido, que él traía a Cáceres la misión especial del Gobierno de la República de sacar triunfante la candidatura de izquierdas en el acto de escrutinio, cualquiera que fuera el procedimiento que tuviera que emplear, pues la documentación que había llegado a la Junta Provincial del Censo había sido amañada por las derechas y había que destruir esta labor. Que el Gobernador Civil estaba detenido en el mismo Gobierno, que el señor Gil Robles había huido de Madrid; a pesar de todas estas manifestaciones el declarante insistió en su negativa, y dijo terminantemente que el cumpliría con su deber en todo momento y que no llevaba veinticuatro años de probidad profesional para perderla en una noche, pues bastaba para ello a impedirlo el concepto que tiene de su responsabilidad moral, aún cuando le asegurasen que estaba libre de cualquiera otra; entonces el señor Valentín le indicó su propósito o resolución de destituirle del cargo de Secretario de la Diputación diciendo el declarante que sólo así entregaría la documentación, puesto que cesaba en sus funciones. Acto seguido le entregaron unos oficios en que se le suspendía del cargo, manifestándole que el nuevo secretario era don José Herrera Quiroga, quien se presentó ipso facto, levantándose el acta correspondiente. Y haciendo entrega de la las llaves del arca de la Diputación en donde estaba guardada la documentación, manifestando antes que la otra llave del arca estaba en poder del señor Depositario de fondos, pues el que declara, temiendo el asalto de las izquierdas para sustraer la documentación había adoptado la precaución de cerrar ésta en la caja de caudales de la Diputación en la tarde anterior, pidiendo este favor al señor Depositario, en cuyo poder quedó la otra llave, lo cual tenía por objeto demostrar que durante el tiempo que la documentación estuvo bajo la custodia del secretario de la Diputación no había sufrido alteración alguna en previsión de que ésta se hubiera hecho antes de llegar a la Junta en algún otro lugar. Acto seguido abandonó el local del Gobierno Civil, debiendo advertir que la entrega de las llaves se la hizo al Depositario de la Diputación, que había sido llamado”[3].
A
partir de este momento se improvisan las actas necesarias para alterar
el resultado de las elecciones, que había sido favorable a las derechas.
El hecho se llevó a cabo con tal impunidad y tuvo tan fácil
comprobación que se informaba de él en la prensa, aunque, posteriormente
la censura gubernamental puso sordina al asunto:
“En las elecciones de Cáceres los resultados oficiales que concuerdan con las certificaciones que tienen en su poder los candidatos de derecha, dan el triunfo a éstos por noventa mil votos contra setenta y tantos mil de los izquierdistas triunfantes, que son tres. En vista de ello, los candidatos de izquierda, capitaneados por el Sr. Díez Pastor, en el momento en que dejó el Gobierno civil el gobernador saliente y después de tomar posesión del cargo un conocido socialista, a las tres de la mañana abrieron la caja de la Diputación donde estaban encerradas las actas cuyo escrutinio empezaba hoy, y eligiendo los pueblos en que las derechas tienen mayoría, colocaron en lo sobres unas actas burdamente falsificadas con los resultados cambiados y en otros unos papeles en blanco para que esos votos no les fueran computados a la derecha”[4].
Prueba
de todo lo que venimos diciendo, es la misma acta de escrutinio general
de la Junta Provincial de Cáceres, firmada no solamente por los
componentes de la misma, sino también por los Interventores de los
diversos partidos, y en la que se consignan aparecieron abiertos en el
acto del escrutinio los sobres correspondientes a las actas en que más
claramente se advierte luego la falsificación referente a los pueblos de
Alcuéscar, Alía, Ceclavín, Mohedas, Montehermoso, Aceituna, Santíbáñez
el Bajo y Torre de Don Miguel.
En las actas correspondientes a
estas Secciones aparecen en numerosos casos todos los candidatos de
izquierdas con cifras iguales y elevadísimas de votaciones, y los de
derechas con cifras iguales y mínimas o se omiten totalmente sus
resultados. Faltan en muchas de esas actas las firmas de los
interventores. Actas de diversas secciones de un mismo pueblo, y, a
veces, de pueblos diferentes, aparecen escritas con idéntica letra y
tinta, y, sin embargo, todas estas actas se escrutaron en la Junta
Provincial sin tener en cuenta las certificaciones presentadas por los
candidatos derechistas y expedidas por las mesas respectivas, en las que
figuraban los votos realmente obtenidos. Así ocurre, por ejemplo, con
varios distritos del pueblo de Torre de Don Miguel y del de Alía[5].
Bastaría
el hecho de aparecer abiertos los sobres correspondientes a las actas
de numerosas secciones para deducir que se abrieron con una intención de
falsificación y a ello se agrega que las actas correspondientes a estos
sobres son aquellas en que, en contra de los certificados de escrutinio
autorizados por las mesas respectivas, se atribuye a las derechas
votación insignificante o nula y a las izquierdas, por el contrario,
votación que alcanza en algunos momentos el 98% de los votos emitidos.
En
la documentación presentada al Congreso por algunos candidatos se
acredita también que, ordenada por el Presidente de la Junta Central del
Censo al de la Provincial de Cáceres mediante dos telegramas oficiales,
la entrega al señor Rodríguez Jurado de los testimonios notariales o
certificación de los documentos electorales que sirvieron de base para
la proclamación de diputados, solicitados por aquel candidato, se negó
el presidente de la Junta Provincial a enviarlos, pretextando no haber
sido entregada aún la documentación por el secretario interino de la
Junta al secretario propietario.
Pero como las secciones enviaron
la documentación auténtica en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley
electoral no solamente a la Junta Provincial sino también a la Junta
Central del Censo, es en ésta donde obran los documentos originales de
cuyo cómputo únicamente puede deducirse el resultado exacto de las
elecciones celebradas el 16 de febrero en aquella provincia. Hecho este
cálculo se puede calibrar con toda certeza la entidad del fraude.
- Fuente: "Apéndice I al dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936", Editora Nacional, Barcelona, 1939, p.32
Debieron, por tanto, ser proclamados diputados
todos los candidatos de la Coalición de Derechas, a excepción de Morata,
por las mayorías, y por las minorías, Giral, Díez Pastor y Martínez
Carvajal, o sea, seis contra tres, y como lo fueron dos por siete,
respectivamente, se privó indebidamente de cuatro actas a la Coalición
de Derechas, siguiendo el mismo procedimiento empleado en relación con
las actas de la provincia de La Coruña, de sustitución de las verdaderas
por las falsas con anterioridad a la celebración del escrutinio
provincial.
Otros testimonios historiográficos
Fernando Ayala Vicente (actualmente, Secretario Para la Historia Socialista de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Cáceres) publicó en 2001 un estudio acerca de las consultas electorales en la provincia de Cáceres durante la República[6]
y, aunque trata de difuminar las responsabilidades del Frente Popular
en el fraude cometido en el resto de España, reconoce que “aquí se produjo una modificación en los momentos del recuento que alteraría decididamente el resultado final”. Como
hicimos notar, en su momento, estas afirmaciones no suponían ninguna
novedad aunque sí merece destacarse su reconocimiento por una
historiografía que, fácilmente, acude al recurso de deformar la
realidad.
Lo que no justificaba Ayala era el motivo último que
condujo a los republicanos a la maniobra cacereña, más allá del objetivo
común al fraude con otras provincias de incrementar el número de
diputados frentepopulistas. Ha sido el historiador Antonio Manuel
Barragán Lancharro, en un trabajo publicado por Historia en Libertad[7],
el que ha añadido oportunas precisiones al respecto, al hilo de las
memorias de Niceto Alcalá Zamora y de la documentación consultada.
Según
el que fuera Presidente de la República Española, Portela Valladares le
había confesado que tenía conocimiento de la maniobra del Frente
Popular para que la candidatura izquierdista en Cáceres pasara de
perdedora a victoriosa ilegalmente. La clave está en un cuadro
explicativo del avance de resultados provisionales que envió a Madrid el
Gobernador Civil, el último a las 14,10 del 19 de febrero de 1936. A
falta de hacerse un recuento definitivo se corría el peligro de que
perdiera su escaño el propio José Giral Pereira, íntimo amigo de Azaña y
unos de los prebostes de Izquierda Republicana. Con la maniobra
empleada, el que estaba llamado a ser presidente del Gobierno en la
Guerra Civil y uno de los principales responsables del terror provocado
por la entrega de armas a las milicias frentepopulistas, ocupaba en
febrero de 1936 la candidatura a la que, fraudulentamente, se
atribuyeron más votos en la provincia de Cáceres.
En
conclusión, es insostenible la presentación de lo ocurrido en España
desde el 16 de febrero de 1936 como la consecuencia de una victoria
electoral de las izquierdas que se habría frustrado por una sublevación
militar en julio.
En realidad hay que hablar de un proceso de
ocupación del poder por parte del Frente Popular y del inicio de una
ofensiva revolucionaria que conducirá, en los primeros momentos de la
Guerra Civil, a la completa implosión política de un sistema.
78
años después, seguimos esperando a que la izquierda, española en general
y cacereña en particular, que utiliza los trágicos episodios de la
Guerra Civil para hacer política partidista a los gritos de “¡Viva el
socialismo! ¡Viva la república!” y al ritmo de "La Internacional",
empiece a reconocer sus propias responsabilidades y llegue a la
conclusión de que no existía "la legalidad republicana".
[1] Cfr. Ley electoral, Gaceta de Madrid, 28-julio-1933
[2] Cfr. Apéndice I al dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes el 18 de julio de 1936, Editora Nacional, Barcelona, 1939, págs.29-38.
[3] Ibid., p. 33-35.
[4] ABC (Madrid, 21 de febrero de 1936; edición de la tarde), p.29.
[5] Pueden verse los dictámenes periciales sobre dichas falsificaciones en Apéndice I al dictamen..., . ob. cit., págs. 36-38.
[6] Cfr. Fernando AYALA VICENTE, Las elecciones en la provincia de Cáceres durante la Segunda República; Mérida: Editora Regional de Extremadura, 2001.
[7]
Antonio Manuel BARRAGÁN LANCHARRO, “Hace 75 años… José Giral y el
pucherazo del Frente Popular en Cáceres (1936)”, en Ángel David MARTÍN
RUBIO (coord.), Extremadura: de la República a la España de Franco (Una visión historiográfica); Madrid: Ediciones Barbarroja, 2012, págs. 29-38. [Pulse sobre este enlace para más información sobre el libro]
Publicado en Tradición Digital
