Los "padres" de la Constitución: De tal palo...
Miguel Herrero de Miñón (UCD) - José Pedro Pérez-Llorca (UCD) - Gabriel Cisneros (UCD) - Jordi Solé Tura (PSUC) - Gregorio Peces-Barba (PSOE) - Miguel Roca (CDC) - Manuel Fraga (AP)
Imagen: http://www.historiasiglo20.org/HE/images/16a2-padresconstitucion.jpg
Tengo 39 años, nueve más que la Constitución española y este texto legal me produce el mismo apego sentimental que el Fuero Juzgo, la Pragmática Sanción o la Pepa. Cosas del pasado. A mí el actual marco constitucional me ha sido tan impuesto como le pudieron ser impuestas las Leyes Fundamentales a un niño de los años cuarenta. Y no me sirve de consuelo que a la generación de mis padres y de mis abuelos les invitasen un 6 de diciembre de 1978 a ratificar en plebiscito un texto que la mayoría no había leído ni tenía capacidad para entender y juzgar. Tampoco me obliga a ser más generoso con nuestra Constitución el hecho de que cada cuatro años me haya acercado ritualmente a cumplir con mi deber de ciudadano en las urnas. Bueno… no es cada cuatro años, olvidaba que entre elecciones municipales, autonómicas, al congreso, al senado y europeas, España es una fiesta democrática un día sí y otro no. Menos mal que no tenía edad para votar en el referéndum de la OTAN (¿Se acuerdan?, aquello de OTAN, de entrada no, que decían los socialistas que acabaron pidiendo el Sí).
La Constitución española de 1978 siempre será el texto legislativo que, utilizado desde el poder, ha servido para hacer retroceder a España en todos los aspectos: político, económico, social, moral, nacional… Para mí la reforma sustancial de la Constitución de 1978 o, preferiblemente, su reemplazo por otra ley fundamental, utilizando todos los medios legítimos para ello es condición necesaria para que dentro de unos pocos años podamos seguir hablando de España como marco de convivencia capaz de conservar su identidad manteniendo al tiempo un proyecto sugestivo de vida en común (en conocida expresión de Ortega).
Retroceso político, porque la Constitución ha privilegiado como forma exclusiva de representación a los partidos políticos. Lejos de arbitrar cauces para que una sana opinión pública intervenga en los asuntos que son de su competencia sin renunciar por ello a la misión rectora del Estado, la práctica de los partidos ha generalizado el abstencionismo y el desinterés por la política. Retroceso económico, porque con independencia de las recurrentes crisis que nos han esquilmado durante estos años, todavía no hemos recuperado los índices que nos situaban a comienzo de la década de los setenta entre las naciones más desarrolladas. Retroceso social, porque han desaparecido las clases medias, el más firme puntal de una sociedad moderna, al ser imposible o tener un costo inaccesible para la mayoría el ahorro, el acceso a la vivienda, la gestión de las pequeñas empresas, la estabilidad en el puesto de trabajo, la formación de una familia en los primeros años de la juventud… Retroceso moral porque la Constitución de 1978 (una ley sin Dios) convierte al Estado en el principal agente de una ofensiva para el cambio de las mentalidades y además permite una tupida red de intereses y corrupción que genera un amplio entorno orientado en la misma dirección. En la España de la Constitución es posible la blasfemia subvencionada por el Estado e incluso utilizando un templo católico convertido temporalmente en pinacoteca. Retroceso nacional porque carecemos de prestigio en el ámbito mundial y las Autonomías ha destruido cualquier referencia a un marco estatal común a todos los españoles. Ignoro qué brutal mecanismo manipulador ha podido convencernos de que tener una única lengua oficial y una estructura centralista de la administración (uno de los mayores avances del Estado moderno) es menos democrático que la Babel en que vivimos.
Bueno, ahora que lo pienso, la Constitución de 1978 me recuerda trágicamente a otra que tuvimos los españoles: la de 1876. De ambas se dice lo mismo: que han permitido largos períodos de estabilidad política. Lo que no sabemos es si de la Constitución aprobada mayoritariamente por los españoles en 1978 también se podrá decir lo que José María García Escudero afirmó del período de la Restauración canovista, la ocasión política presidida por el texto legal de 1876: «así como 1936 fue el precio a que los españoles compramos 1874, este siglo XX es el duro precio que el mundo está pagando por la paz del siglo XIX».
Publicado en:
