ÁNGEL DAVID MARTÍN RUBIO: República, Alzamiento y Guerra

General Primo de Rivera

Como consecuencia de su turbulenta historia durante el siglo XIX, España entra en el siglo XX en una situación muy deficiente. Su estructura económica no está a la altura de las necesidades. Su estructura social es particularmente propicia al choque revolucionario: grupos proletarios grandes y con pocas posibilidades de mejora, campesinos sin tierra, clase dirigente egoísta e ineficiente, intelectuales resentidos… todo ello es en buena medida consecuencia de las deficiencias políticas.
En poco más de un siglo hubo muchas situaciones políticas, cada una con su Constitución que era un programa; pero ninguno de estos regímenes se consolidó ni puso en marcha instituciones aceptadas, respetadas y cumplidas. Ríos Rosas, Presidente de la Cámara del Congreso de los Diputados durante varias Legislaturas durante el siglo XIX, lo confesó en el Parlamento: “Es preciso decir la verdad al país; es preciso decirle que todos, vosotros y nosotros, hemos sido dictadores; que todo ha sido mentira y farsa”.
Fracasado el intento del general Primo de Rivera de poner orden administrativo y económico sin nuevas ideas políticas, la oligarquía desplazada se pone de acuerdo para deshacer lo existente sin mucho que ofrecer a cambio. En medio de la crisis económica de los años 1930 y 1931, no se puede ni volver al turno pacífico de los partidos, ni encontrar figuras para un Gobierno Nacional, ni volver a ensayar un Dictador. La Monarquía, casi sin defensores, fue desechada primero y eliminada después por una coalición de viejos políticos, intelectuales, masas socializantes, separatistas y sectarios.

Caída de la Monarquia e implantación de la República

En realidad, la República se estableció como resultado de la actuación de una minoría audaz que se adueñó del Estado con el pretexto de unas elecciones municipales que no ganó y que, por sí mismas, no permitían ese fin. Decisiva resultó la presión del Comité revolucionario que venía actuando desde meses atrás y que el 13 de abril dirigía un manifiesto al país acompañado de manifestaciones y alborotos en la calle.

En la entrevista del Conde de Romanones con el presidente de dicho Comité, Alcalá Zamora, éste se negó a aceptar ningún acuerdo y solo se avino a conceder un plazo para que el rey saliera de Madrid, transcurrido el cual no respondía de lo que ocurriera. Alfonso XIII se dio por enterado de la amenaza, renunció a defender el Estado de que era cabeza y abandonó España. La monarquía liberal implantada en España por la fuerzas de las armas un siglo atrás caía ahora víctima de sus propias contradicciones.
Más tarde, José Antonio Primo de Rivera describe, en sus discursos y escritos, que muchos creyeron ver en la fecha inaugural de la República una ocasión jubilosa para la devolución de un espíritu nacional colectivo y la implantación de una base material humana de convivencia entre los españoles. A mi juicio, estuvo más avisado Ramiro Ledesma al detectar que toda la propaganda del movimiento antimonárquico se hizo sobre la oferta de un régimen burgués-parlamentario, sin apelación ninguna a un sentido nacional ambicioso y patriótico, y sin perspectiva alguna tampoco de trasmutación económica, de modificaciones esenciales que respondieran al deseo de una economía española más eficaz y más justa. En realidad, la parte mayoritaria y más sana del pueblo español se alejó paulatinamente del nuevo Régimen al comprobar cómo la Constitución y la práctica política de los años siguientes daban paso a una política sectaria, arbitraria y ajena a sus más profundas convicciones.

14 de abril: el "júbilo popular" visto por Sáenz de Tejada

La Constitución de 1931
Decir que la Segunda República fue un fracaso es casi una tautología pero, desde luego, dicho fracaso no se debió a ninguna negra conspiración de presuntas fuerzas reaccionarias opuestas al progreso que el nuevo régimen habría propiciado sino al planteamiento que éste siguió desde el principio.En efecto, la República de 1931 no se concibió simplemente como una forma de Gobierno en la que el Presidente era designado por sufragio universal porque quienes la implantaron la dotaron de un contenido político que nació lastrado por la hipoteca que suponía el pacto previo con el Partido Socialista y los separatistas.
Como eran conocedores del verdadero estado de la opinión pública, sorprendida por el audaz éxito de los golpistas, ninguno de los que trajeron la República estaba dispuesto a admitir unas elecciones democráticas. Desde luego, no se puede dar la consideración de democrático al plebiscito que sirvió para formar las Cortes Constituyentes pues el proceso estuvo controlado en todos sus pasos por el auto-proclamado Gobierno Provisional. No existía oposición porque la coalición republicano-socialista era la única de las fuerzas en presencia que tenía una organización interna ya previamente establecida mientras que las derechas venían siendo aterrorizadas con episodios como los incendios y saqueos de conventos, iglesias, bibliotecas… llevados a cabo en numerosos lugares de España poco antes de las elecciones y carecieron de tiempo y de unas circunstancias que permitieran articular los nuevos partidos. Además, las izquierdas —según el más viejo estilo caciquil— contaron con todo el apoyo del Ministerio de la Gobernación.
Años más tarde el propio el propio Alcalá Zamora reconocerá que aquellas Cortes “adolecían de un grave defecto, el mayor sin duda para una Asamblea representativa: que no lo eran, como cabal ni aproximada coincidencia de la estable, verdadera y permanente opinión española”. En consecuencia: “La Constitución se dictó, efectivamente, o se planeó, sin mirar a esa realidad nacional […] Se procuró legislar obedeciendo a teorías, sentimientos e intereses de partido, sin pensar en esa realidad de convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España”. Y con toda la trascendencia que da a sus palabras su condición de Presidente del Gobierno Provisional formula esta acusación sobre el nuevo estatuto jurídico: “se hizo una Constitución que invitaba a la guerra civil”.
El balance del primer bienio, llamado republicano-socialista por el color político del Gobierno presidido por Azaña no puede ser más deplorable: numerosos incendios de iglesias además de los ya citados; la permanente situación de anormalidad constitucional por el mantenimiento en vigor de leyes como la citada o la llamada de Vagos y Maleantes que preveía la creación de campos de trabajo; eliminación de la educación de iniciativa religiosa con grave perjuicio directo para cientos de miles de estudiantes; concesión del derecho de autonomía a Cataluña que empezó a ser utilizado inmediatamente para socavar la legalidad y, más tarde, sublevarse contra ella; frustración de las expectativas de una reforma agraria, deterioro de las condiciones de vida reflejada en el aumento de las muertes por hambre, que volvieron a cifras de principios de siglo; brutalidad policial de la que los sucesos de Casas Viejas son únicamente un ejemplo; aumento espectacular de la delincuencia y deterioro del orden público con huelgas, incendios, saqueos, atentados, explosiones, intentonas revolucionarias… en dos años la República provocó un número mucho mayor de muertes de obreros que las que habían tenido lugar durante todo el período histórico anterior.
Pero fue el Partido Socialista quien finalmente destruyó aquella República de la que estaba llamado a gestionar su agonía sometido a los dictados de Moscú.El predominio del Partido fundado por Pablo Iglesias se debió a la falta de una base social en la que sustentar el régimen naciente. A la vista del resultado electoral, Azaña descartó a los republicanos radicales de Lerroux y dio entrada en su Gobierno a un partido marxista cada vez mas escorado hacia la ruptura revolucionaria con las instituciones democráticas. Ya en 1931, el socialista Largo Caballero, Ministro de Trabajo, advirtió con toda claridad del papel que aguardaba a los republicanos al amenazar con la guerra civil si las Cortes Constituyentes eran disueltas cuando terminaron de cumplir su misión:

“ese intento sólo sería la señal para que el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores lo considerase como una nueva provocación y se lanzasen incluso a un nuevo movimiento revolucionario. No puedo aceptar tal posibilidad que sería un reto al partido y nos obligaría a ir a una guerra civil” (Informaciones, Madrid, 23-noviembre-1931).

Y en 1933 se decía:

“Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil. ¿Qué es si no la lucha que se desarrolla todos los días entre patronos y obreros? Estamos en plena guerra civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar” (El Socialista, Madrid, 9-noviembre-1933).

Las amenazas se convirtieron en realidad en Octubre de 1934 y a partir de la ocupación del poder por el Frente Popular en febrero de 1936.

1934: golpe de estado socialista-separatista
La reacción del país determinó el acceso al Par­lamento, en noviembre de 1933, de una mayoría de derechas y centro. Pero la respuesta a esta decisión democrática la dio el Partido Socialista, de defi­nido carácter marxista y subversivo, preparando y llevando a  cabo un verdadero golpe de estado.La revolución se desencadena en octubre del mismo año 1934 con el pretexto de que un partido político la CEDA, triunfante en las recientes elecciones, obtuviera en el Gobierno una parti­cipación no desproporcionada ni abusiva, sino modesta e inclu­so inferior a su importancia numérica en el Parlamento.La llamada Revolución de Octubre fue, en realidad, un fracasado golpe de estado protagonizado por una amplia coalición de izquierdas y separatistas. Sólo en Asturias, las bajas causadas por la revolución fueron 4.336, de las cuales 1.375 muertos y 2.945 heridos; fueron incendia­dos o deteriorados 63 edificios particulares, 58 Iglesias, 26 fá­bricas, 58 puentes y 730 edificios públicos.
Salvador de Madariaga ha reconocido que “con la revolución de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936”.Y es que estos sucesos son la prueba de que, para Azaña y los socialistas, no se admitía que la República fuese una forma de Estado en la que cupiesen tendencias políticas diferentes sino que en la práctica se la consideraba un régimen que negaba el derecho a la existencia a quienes no comulgasen con sus postulados.
Sofocada la revuelta con las armas quedó de manifiesto la incapacidad de los más altos poderes para responder al atentado sufrido y, mientras la propaganda izquierdista convertía a los delincuentes en mártires y al Gobierno en verdugo, los mismos organizadores de la Revolución se preparaban para un segundo y definitivo asalto al poder que tendría lugar después de las elecciones del 16 de febrero de 1936.
En un artículo vetado por la censura, José Antonio habló de “victoria sin alas” para referirse a la del 19 de noviembre de 1933, cuando las elecciones dieron paso a una sucesión de gobiernos en los que la CEDA apoyaría en el parlamento al Partido Radical.
Más tarde, con una timorata presencia en el banco azul, Gil Robles eligió un camino que significaba el suicidio y la definitiva bancarrota de su partido: estrechar vínculos con los desprestigiados radicales de Lerroux arrastrando en su fracaso las banderas que no había sabido defender. El “bienio estúpido” —como lo calificó el propio José Antonio en varias ocasiones— se liquidaba como fruto de una maniobra calculada por Alcalá Zamora sin que la CEDA hubiera cumplido su programa electoral y sin haber aprovechado la ocasión que se abría después de haber neutralizado la ofensiva socialista y separatista de Octubre de 1934:
“Ni reforma agraria, ni transformación económica, ni remedio al paro obrero, ni aliento nacional en la política. Chapuzas para remediar algún estrago del bienio anterior y pereza. Pereza mortal para dejar que los problemas se corrompan a fuerza de días, hasta que llegue otro problema y los quite de delante” (“España estancada”, Arriba, 21-marzo-1935).

Asesinato de Calvo Sotelo: el detonante de la Guerra Civil

De las elecciones de febrero de 1936 al Alzamiento
La inmensa mayoría de políticos izquierdistas que integraron el Frente Popular con vistas a dichas elecciones preconizaba la acción directay enarbolaban la misma bandera de la revolución de Asturias; por ello, nada tiene de extraño el hecho de que, con ocasión de la convocatoria, se concertaran para utilizar los cauces democrá­ticos del sufragio universal y al propio tiempo actuar con métodos radicales que habían de provocar un ambiente de violencia que retrajera de las urnas a numerosas personas.En definitiva, lo que se trataba era de asaltar el Poder utilizando todos los medios para lograr con el fraude, la violencia y el amaño, la mayoría que, como era previsible, el cuerpo electoral había de negarles.
El proceso que llevó al Frente Popular desde un ajustado resultado electoral a redondear una mayoría en las Cámaras tuvo su culminación con la ilegal destitución del Presidente de la República y su sustitución por Manuel Azaña. Durante los meses que transcurren entre febrero y julio de 1936 se asiste al desmantelamiento del Estado de Derecho con manifestaciones como la amnistía otorgada por decreto-ley, la obligación de readmitir a los despedidos por su participación en actos de violencia político-social, el restablecimiento al frente de la Generalidad de Cataluña de los que habían protagonizado el golpe de 1934, las expropiaciones anticonstitucionales, el retorno a las arbitrariedades de los jurados mixtos, las coacciones al poder judicial… Al tiempo, actuaban con toda impunidad los activistas del Frente Popular protagonizando hechos que, una y otra vez, fueron denunciados en el Parlamento sin recibir otra respuesta que amenazas como las proferidas contra Calvo Sotelo, sacado de su domicilio asesinado poco después por un piquete compuesto por miembros de las fuerzas de orden público y elementos civiles vinculados al Partido Socialista.
Ángel Ossorio y Gallardo, un colaborador ilustre del Frente Popular definía en el estado de cosas vigente en los siguientes términos:

“A estas horas ―hablemos claro, aunque nos duela―, ni el Gobierno, ni el Parlamento, ni el Frente Popular significan en España nada. No mandan ellos. Mandan los inspiradores de las huelgas inconcebibles; los asesinos a sueldo y los que pagan el sueldo a los asesinos; los mozallones que saquean los automóviles en las carreteras; los que tienen la pistola como razonamiento… ¿hay alguien contento, o siquiera conforme, con tal estado de cosas? Nadie. Ninguno sabe lo que va a pasar aquí, ni presume quién sacará el fruto de la anárquica siembra” (La Vanguardia, Barcelona, 19-junio-1936).

Y los socialistas pedían desde Claridad:

“Si el estado de alarma no puede someter a las derechas, venga, cuanto antes, la dictadura del Frente Popular. Es la consecuencia lógica e histórica del discurso de Gil Robles. Dictadura por dictadura, la de las izquierdas ¿No quiere el Gobierno? Pues sustitúyale un Gobierno dictatorial de izquierdas […] ¿No quiere la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo […] Todo menos el retorno de las derechas. Octubre fue su última carta y no la volveremos a jugar más”.

La dictadura del Frente Popular y la Guerra Civil. Faltaban apenas unos meses para que los españoles pudieran comprobar que las amenazas del Partido Socialista Obrero Español no eran en vano.
En conclusión, lejos de entender lo ocurrido desde el 16 de febrero de 1936 como la consecuencia de una victoria electoral de las izquierdas, hay que hablar de un proceso de ocupación del poder por parte del Frente Popular. En realidad, lo ocurrido en la retaguardia frentepopulista a partir del comienzo de la guerra se había incoado en los meses anteriores, la diferencia radica en que, desde el 18 de julio, se entra en un momento distinto del proceso al sacudirse las organizaciones revolucionarias la relativa tutela que el Gobierno republicano venía ejerciendo.
La táctica utilizada hasta entonces pretendía desembocar en la nueva situación a partir de un deterioro progresivo de las condiciones socio-políticas que se estaba logrando mediante la actividad violenta; ahora los revolucionarios pueden actuar sin traba alguna, es decir sin las escasas limitaciones que les imponía su colaboración con un Gobierno que dependía de ellos para sostenerse en el poder.Asesinato de Calvo Sotelo: el detonante de la Guerra Civil

Alzamiento: las fuerzas en presencia
El Alzamiento comenzó en Marruecos el 17 de julio y se extendió a la Península los días sucesivos. Los hechos se sucedieron de forma dramática y con suerte de lo más irregular:
―    En Pamplona, el general Mola pudo contar en el plazo de unas pocas horas con miles de requetés que llegaban de toda Navarra; unidos a las fuerzas que se impusieron en La Rioja y Soria, llegaron hasta los pasos de Somosierra.
―    En la Meseta superior fue relativamente fácil el Alzamiento; en Valladolid tenían los falangistas su principal reducto.
―    La sublevación en Galicia fue un poco más tardía y se luchó sobre todo en El Ferrol donde elementos de la marinería se unieron a las milicias obreras y el combate se prolongó por tres días pero tuvo como compensación para los sublevados la captura de la mayor parte de los buques de guerra de que luego pudieron disponer.
―    En Zaragoza, el general Cabanellas, sinceramente republicano pero disgustado por los abusos del Frente Popular, sumó al Alzamiento uno de los puntos que el gobierno consideraba más seguros.
―    En Sevilla el General Queipo de Llano, otro republicano militante, logró dominar la ciudad con un puñado de hombres hasta que llegaron refuerzos procedentes de Marruecos.
En cambió, el Alzamiento fracasó en Málaga, Alicante, Valencia, Bilbao y otras muchas ciudades del Centro, Cataluña y Norte. Y si triunfó en otras como Toledo, Granada, Oviedo y Gijón, sus fuerzas quedaron cercadas muy pronto. Parte de las guarniciones de Madrid y Barcelona se sublevaron demasiado tarde, cuando ya las fuerzas gubernamentales estaban preparadas y resultaron inútiles sus esfuerzos.
Durante los primeros días hubo en toda España una terrible confusión. Ni el Gobierno ni los autores del Movimiento podían asegurar si éste había triunfado o no. Pero los gobernantes se hicieron cargo de la situación y después de varias crisis ministeriales el nuevo primer ministro José Giral accedió a armar a las milicias obreras, hecho ya consumado en parte. En paralelo al Alzamiento ocurrió la revolución, la completa implosión política de un sistema (en expresion de Stanley G. Payne). Desaparecieron en el acto las instituciones y toda la legalidad quedó, de hecho, en suspenso pero no había sido el levantamiento militar el causante de la revolución sino el armamento de las masas por el Gobierno.
En resumen, en julio de 1936 nacieron dos pretensiones de legitimidad distinta, cada una de las cuales reconocía como válido únicamente a un sector de la población. En sus argumentos de propaganda, el Gobierno de Madrid sostendría que era el único legítimo como continuador de la situación existente antes de la sublevación. Pero este Gobierno ―que invocaba una legitimidad nacida, a su vez, de la ruptura violenta de 1931― estaba compuesto por aquellos mismos que en octubre de 1934 consideraron justo tomar las armas para derribar el entonces legítimo Gobierno de la República y, en el lado de enfrente, estaban los que en aquella oportunidad la defendieran eficazmente. Por ello, parece que lo más adecuado a la realidad es reconocer que la República de abril de 1931 desapareció en julio de 1936.
Una semana después del Alzamiento, hacia el 25-julio, tanto unos como otros comenzaron a tener conciencia clara de la situación: pudieron comprobar que la sublevación no se había impuesto en toda España pero tampoco había fracasado.

El Cuartel de la Montaña tras su asalto por los revolucionarios del FP

Superioridad material frentepopulista
En efecto, superadas las indecisiones y cambios de los primeros momentos, el Movimiento triunfó en Galicia, Castilla-León, Navarra, Álava, La Rioja, casi todo Aragón, un pequeño enclave en la Baja Andalucía, Cáceres, Baleares, Canarias y Marruecos. La ventaja que confería a los sublevados el control de estos vitales territorios extrapeninsulares quedaba en parte compensada por el dominio del mar que inicialmente ejercía la República. Ésta controlaba Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña, Valencia, Murcia, Badajoz, la zona este-sur de Andalucía y un enclave que abarcaba la cornisa cantábrica desde Asturias a Irún.
El Frente Popular contaba —pese a la división de las Fuerzas Armadas— con un potencial militar considerable; con mandos superiores en mayor número que los sublevados y con efectivos humanos y armamento más que suficiente para contrarrestar la acción enemiga. La superioridad de medios materiales en Marina y Aviación era abrumadora.
Aunque las cifras globales de efectivos militares peninsulares se equilibran, los sublevados contaban con una ventaja de primer orden al disponer de la totalidad del Ejército de África, cuya oficialidad era muy adicta y militante y consideraba a Franco su jefe natural. Pero para aprovechar este potencial, tenían que superar un obstáculo: el traslado de las tropas a la Península.
En cuanto a población y recursos materiales, el desequilibrio inicial era netamente favorable al Frente Popular. La industria militar y la civil de armamento estaban en gran parte en las zonas depedientes del Gobierno y lo mismo ocurría con la industria metalúrgica, química y textil y la flota mercante. La producción minera favorecía también al Gobierno que controlaba por completo el aparato central de la Administración del Estado y la totalidad de los recursos financieros, con el oro del Banco de España.
La producción agrícola cerealista quedó repartida equilibradamente, aunque la zona republicana tenía que alimentar a mayor número de personas. La agricultura intensiva mediterránea quedó en zona gubernamental íntegramente, la producción ganadera y forestal se dividió equilibradamente; y sólo la pesca se inclinó a favor de los sublevados, con la industria conservera de pescado. Los excedentes agrícolas exportables estaban a disposición del Gobierno.
En un discurso pronunciado el 8 de agosto de 1936, Indalecio Prieto basaba un pronóstico acerca de la victoria inapelable del Frente Popular en su predominio material. El error estuvo en no tener en cuenta el factor moral que fue decisivo.

Voluntarios requetés de las Brigadas Navarras

La superioridad moral
Los republicanos adoptaron desde el principio una moral de resistencia (el famoso No pasarán), mientras que los sublevados se lanzaron por todas partes a la ofensiva. La división política, la desconfianza entre partidos burgueses y obreros, el doble poder Gobierno-comités, el recelo hacia los militares profesionales… frenaron la iniciativa republicana y rebajaron su voluntad general de vencer y su moral colectiva. La zona nacional —muy unida desde el principio por factores, entre otros, como el religioso— no conoció aquellos elementos de división y freno y su voluntad de vencer se puso de manifiesto mucho más claramente que en zona enemiga; y demostró también voluntad de resistir hasta el fin por razones morales, como en las resistencias decisivas del Alcázar de Toledo, las ciudades de Oviedo y Huesca y el Santuario de la Virgen de la Cabeza (Jaén), que no tienen parangón en el bando opuesto.
En síntesis, ambos bandos contaban con fuerzas considerables y con el apoyo de amplios sectores de la población. Los pocos intentos de conciliación que se hicieron fracasaron muy pronto porque lo que unos y otros querían hacer en España era diametralmente opuesto. Aunque fuera trágico reconocerlo, la única salida a la situación era el enfrentamiento militar: una guerra civil que iba a presentar rasgos muy complejos:

1. Una lucha entre revolución y contrarrevolución, entre una izquierda mayoritariamente totalitaria y una derecha que había llegado a hacerse autoritaria.
2. Una guerra religiosa, por la persecución exterminadora contra la Iglesia católica en zona republicana que dio un carácter de Cruzada a la movilización en el bando contrario.
3. Una guerra en el seno de las propias izquierdas acerca del modelo que había de reemplazar a lo destruido por la revolución.
4. Una pugna entre varias concepciones de España en la que los regionalismos catalán y vasco iban a desempeñar un papel secundario, pero de ningún modo irrelevante.