La conmemoración de los aniversarios de diversos sucesos ocurridos en el verano de 1936, está siendo aprovechada -una vez más- desde la casta mediática de extrema izquierda para reiterar la siembra de odios y ahondar las diferencias entre los españoles. Redactores de artículos panfletarios y comentaristas amparados en el anonimato, utilizan los episodios de la Guerra Civil para mentir, insultar y hacer públicas todo tipo de amenazas.
La estrategia, empleada reiteradamente en años anteriores, se revela ahora como irrenunciable de cara a las movilizaciones antidemocráticas previstas a partir de septiembre, cuando los indignados y los sindicalistas rojos regresen de sus merecidas vacaciones.
Para ello cuentan con un instrumento privilegiado que es la conocida como “Ley de Memoria Histórica” (Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura). Una más de las iniciativas legales sectarias promovidas desde el zapaterismo; nacida, en este caso, de un afán de revancha que falsifica el proceso histórico en sintonía con las necesidades políticas de sus promotores.
El anterior Gobierno y sus socios parlamentarios crearon la ficción de que el sistema político ahora vigente enlaza con la presunta legalidad de la Segunda República, soslayando el verdadero origen de la presente situación que hunde sus raíces en la implosión o dinamitación interna del Régimen anterior. Y en algún aspecto el zapaterismo logró reproducir determinados caracteres sectarios y totalitarios del caos republicano que amenazaron con renovar alguno de los más desgraciados episodios de nuestra historia contemporánea.
Lamentablemente, el partido actualmente en el Gobierno, ha renunciado a emprender un movimiento de regeneración y reforma, contentándose con parchear el sistema a base de recortes o de impuestos y asumiendo los valores impuestos desde la izquierda.
Fiel a sus complejos históricos, el centro-derecha se revela incapaz de interpretar el sentir mayoritario que expresaron las urnas el pasado 20 de noviembre, y promete ofrecernos una reedición de la peor política cultural promovida por Aznar, ignorando que no habrá regeneración posible, ni España logrará salir de la profunda crisis en que se encuentra (que va mucho más allá de lo económico) si no se afronta de manera coherente el debate de las ideas. La situación aún es más grave en lugares como Extremadura donde el PP gobierna con el apoyo del Partido Comunista y desde instancias autonómicas y municipales se sigue apoyando con dinero y presencia de los dirigentes populares las iniciativas promovidas a instancias de la memoria histórica.
El abstencionismo de Rajoy y los suyos supone un cheque en blanco al proyecto de la izquierda para seguir fomentando las diferencias entre los españoles y reabrir heridas cicatrizadas. Y son los nietos de los derrotados en 1939 y de buena parte de los vencedores quienes responden a la siembra del odio haciendo suya una visión de la Guerra Civil que ni siquiera coincide con la que tienen las generaciones que la protagonizaron o que crecieron en la inmediata posguerra.
No compartimos, por tanto el doble discurso del PP, prescribiendo en ocasiones el olvido como actitud de los españoles ante el pasado y doblegándose, cuando las circunstancias lo demandan, a las imposiciones de la izquierda. Bien al contrario, pretendemos que se recuerde la Historia, eso sí, con dos puntualizaciones necesarias: que ésta se asuma íntegramente, y no desde una perspectiva de parte; y que el pasado no forme parte del debate político sino que permanezca en los términos que corresponden a su naturaleza.
Además, para evitar una continua inercia en los criterios aplicados en este terreno, proponemos que se den los pasos necesarios para que los usos públicos de la historia sean objeto de una legislación de acuerdo con lo que ocurre en los países de nuestro entorno, de manera que las iniciativas gubernamentales al respecto queden al margen de las consignas de los partidos y no se permita una restricción a las libertades públicas que vaya más allá de la protección de los derechos de la verdad y del honor.
