LAS VÍCTIMAS DE LA GUERRA CIVIL

Con razón se ha dicho que la verdadera importancia de la Guerra Civil Española en la historia del siglo XX no es tanto geopolítica o estratégica como ideológica y cultural. Estos dos últimos conceptos resultan especialmente apropiados si los ensanchamos hasta poder considerar la guerra española de 1936 como un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la occidental y cristiana y las nuevas formas del totalitarismo que, procedentes de la Unión Soviética, comenzaban por entonces a expandirse. El final de la Segunda Guerra Mundial dio paso al deterioro del gravoso acuerdo de las potencias occidentales con la Unión Soviética y, tras la reordenación de las alianzas durante la Guerra Fría, España quedó definitivamente incorporada al mundo libre consolidándose así una trayectoria que se había iniciado en julio de 1936.

Esta circunstancia no podía dejar de tener su repercusión en las propias manifestaciones del conflicto y la honda brecha que se manifestó entre los españoles en los más diversos terrenos (religioso, político, social, de identidad nacional...) hace que, a las lógicas pérdidas humanas ocasionadas por las consecuencias directas e indirectas de las operaciones militares, se unieran, y en número muy elevado, las causadas en ambas retaguardias por las represalias, asesinatos y ejecuciones que se prolongaron durante los primeros años de la posguerra.

Pero un correcto análisis historiográfico no puede olvidar que las muertes debidas a la represión se sitúan en un contexto bélico y que, incluso si les sumamos las ocasionadas como consecuencia de las operaciones militares, no son las únicas con trascendencia en el terreno demográfico. En tiempo de guerra se muere más pero también hay menos nacimientos. Por otra parte, la sobremortalidad no afecta exclusivamente a quienes mueren habitualmente (en aquel momento ancianos y niños) sino a hombres jóvenes, no tanto a gente inactiva e infecunda cuanto a aquellos que se encuentran en edad óptima para el trabajo y la paternidad. Por su parte, el componente ideológico de una guerra civil causará bajas entre los sectores más cualificados intelectualmente y comprometidos socio-políticamente. Además, la guerra separa a los cónyuges, retrasa los matrimonios y hace abandonar sus tareas habituales a la población activa, situación que puede prolongarse en la posguerra para los derrotados. Por último -y esta enumeración no es exhaustiva- los avatares del frente originan unos desplazamientos de población cuya expresión máxima es el exilio definitivo.

Los efectos demográficos, las pérdidas humanas de la guerra, resultan de gran trascendencia para el futuro de un país cuya vida y cuyos habitantes se verán afectados necesariamente por los vacíos generacionales a consecuencia, sobre todo, del aumento de la mortalidad y la disminución de la natalidad. Pero lo verdaderamente lamentable es que, setenta años después de terminada la Guerra Civil, la izquierda española se haya lanzado a una parcial y unilateral revisión del asunto deformando lo ocurrido para utilizarlo en las campañas electorales e introduciendo la llamada recuperación de la Memoria histórica entre las medidas que más rápidamente han de favorecer el proceso de transformación socio-cultural de España emprendido y alentado desde el Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero. La conocida como Ley de Memoria Histórica[1] empieza ya a traducirse en recortes prácticos de la libertad de investigación de los historiadores españoles y consagra una interpretación oficial de la historia que reduce el conflicto español de los años treinta a una movilización reaccionaria contra lo que habría sido un moderado proyecto reformista, el de la Segunda República, y que habla de la violencia para minimizar y justificar lo ocurrido en la zona frentepopulista mientras se presenta con lentes de aumento lo ocurrido en zona nacional.

El resultado es una puesta al día de los viejos mitos frentepopulistas, formulaciones con algún fundamento en una realidad que ha sido deformada y que enjuicia con distinta medida la violencia en una y otra zona: el Gobierno republicano se habría visto desbordado por la actividad de grupos incontrolados mientras que en zona nacional eran las propias autoridades quienes dirigían una acción represiva que tomó así caracteres de genocidio o exterminio como demostraría la abultada disparidad de las cifras. Todo ello está al servicio de un proyecto ideológico concreto: la reivindicación del bando frentepopulista cuyo hundimiento tuvo lugar primero en el terreno moral y después en el militar. Las vinculaciones existentes entre los promotores de la recuperación de la memoria histórica y el neo-republicanismo de la extrema izquierda hacen innecesario incidir con más detalle en el último objetivo político de estas iniciativas que vienen a ser una puesta al día de la vieja consideración marxista de la historia como un instrumento más al servicio de la lucha revolucionaria.

Como fondo sentimental de esta campaña política, se planifica y lleva a cabo la exhumación de restos que siempre se atribuyen a víctimas causadas por el bando vencedor. En este contexto se sitúan algunos libros de contenido sensacionalista, de contenido unilateral, faltos de método historiográfico y en los que se lanzan cifras de víctimas, tumbas y desaparecidos carentes de cualquier criterio. Lo más penoso de todo es que para articular esta ofensiva se enarbole como bandera el legítimo interés de algunas personas por conocer dónde reposan los restos de sus familiares o los recuerdos de quienes eran niños en 1936 y cuyos testimonios se airean sin someter a previa y elemental crítica y sin invitarles a contrastarlos con los de otros supervivientes para que así, esos mismos testigos sean conscientes de lo que ocurrió en toda España y no se limiten a remover sus dramas personales.

Se olvida así, que muchos familiares de los asesinados por los frentepopulistas tampoco saben dónde fueron enterrados sus caídos: basta recordar lo ocurrido en las poblaciones aragonesas de Quinto y Belchite, ocupadas por el Ejército Popular en el verano de 1937, y muchos de cuyos vecinos o defensores fueron inmediatamente fusilados sin que conste dónde fueron enterrados. Algo semejante cabría decir de tantos de los que fueron sacados de las checas y cárceles que abundaban en la retaguardia revolucionaria; aparte de los casos más conocidos de Madrid y Barcelona, en varios lugares de La Mancha se conservan pozos atestados con los cadáveres que dejaban a su paso los defensores de la República y que hasta ahora no han sido exhumados.

Buena prueba de lo que venimos diciendo es lo ocurrido en marzo de 2008 cuando saltó a los medios de comunicación españoles la noticia de que el Ministerio de Defensa había ocultado durante un mes el hallazgo de una fosa en las instalaciones militares de la Unidad de Servicios de Base “Primo de Rivera” de la Brigada Paracaidista en Alcalá de Henares (Madrid)[3]. Las primeras impresiones sobre el terreno apuntan a que podría tratarse de una fosa común y que los cuerpos habrían sido arrojados a ella y no colocados ordenadamente en el fondo de la misma. Incluso, se baraja la hipótesis de que se trate de una fosa abierta y cerrada sucesivamente varias veces, para acumular en ella nuevos cadáveres. La razón de que el gobierno de la memoria tratase de escamotear la noticia es que Alcalá estuvo durante la contienda en zona frentepopulista y aquí se cometieron centenares de asesinatos. Igualmente, en Alcalá de Henares, en junio de 1937, fue detenido, torturado y asesinado el líder del Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), Andrés Nin, y ―lo que apunta a la más probable responsabilidad de estos sucesos― aquí estaba la principal base de operaciones de la 46 División del Ejército Popular de la República, mandada por Valentín González, un activista comunista apodado “El Campesino” que hizo carrera militar durante la Guerra Civil aprovechando la situación. La capacidad de mando de este cabecilla era escasa pero gozaba de gran influencia política, y su carácter era tan duro, según declaraciones de sus propios subordinados, que tan pronto como era desobedecido, o se sentía descontento de algún oficial o soldado, ordenaba su fusilamiento, siendo esta División considerada como Unidad de castigo a causa de los malos tratos que en ella sufrían los soldados. Era frecuente que los mandos de la 46 División organizasen, sobre todo en Alcalá de Henares, reuniones, que se prolongaban algunas veces por espacio de varios días, embriagándose los jefes de tal manera que en algunas ocasiones arrojaban en este estado bombas de mano, habiendo resultado muertos con este motivo algunos soldados de la Unidad. Otra muestra de la actuación criminal del Campesino fue lo ocurrido en una posición del frente de Quijorna (Madrid): le habían regalado una pistola y, para probarla, hizo varios disparos a corta distancia sobre unos prisioneros que quedaron muertos en el acto[4].

El silencio oficial sobre el descubrimiento de esta fosa común abre una serie de incógnitas sobre el incumplimiento por parte del Gobierno socialista de la Ley de Memoria Histórica, en la que el Ejecutivo de Zapatero se comprometía a facilitar toda la información disponible sobre los terrenos en se localicen restos de víctimas de la Guerra Civil. Pero, sobre todo, demuestra que las fosas son para ellos solo un pretexto: la reiterada parcialidad con que se asume una cuestión tan largamente debatida excusa de más demostración acerca de su verdadera intención.

I. Las pérdidas humanas en la Guerra Civil Española: el necesario punto final de un largo debate historiográfico
Si hoy podemos afirmar que estamos muy cerca de conocer los valores reales del total de víctimas causados por la represión, no se debe a otra cosa que a un largo proceso en el que la historia ha desplazado a las afirmaciones exageradas e interesadas de la propaganda y en el que los trabajos sucesivos han permitido llegar al actual estado de la cuestión. Las referencias básicas son una temprana investigación acerca de las repercusiones demográficas de la Guerra Civil del Doctor Villar Salinas[5] y la obra del General Salas Larrazábal[6], el primero en abordar la mortalidad de la Guerra Civil con una base estadística sólida y en conseguir lo que se había propuesto: rescatar el tema de un terreno beligerante y devolverlo al campo de la investigación histórica. A pesar de sus limitaciones hay que hablar de un antes y un después del libro de Salas. Así, J. Díez Nicolás, basándose en las tasas de mortalidad de las defunciones inscritas, estimaba que entre 1936-1941 habían muerto violentamente unos 300.000 varones, cifra muy similar a la obtenida por Salas Larrazábal y a la que se deduce de las oficiales por causa de muerte[7].

En la valoración de estas cifras (en las que se incluye tanto a los caídos en acción de guerra como a los que fueron objetos de represalias en ambas retaguardias y en la inmediata posguerra) se han dado dos tendencias; la predominante —y que nosotros compartimos— las considera esencialmente correctas aunque no por ello dispensadas de análisis y de precisión pues, tanto las cifras utilizadas como las hipótesis acerca de los que hubieran sido valores normales (y que son las que permiten hacer cálculos de sobremortalidad), encierran necesariamente márgenes de error. Una oscilación, incluso de varios miles, no tiene mayor relevancia en una proyección demográfica sobre una población de veinte millones de personas aunque, naturalmente, una sola muerte violenta tenga un gran impacto desde el punto de vista humano. Por el contrario, un sector de la historiografía especializada en la represión política y que se caracteriza por su animadversión hacia los vencedores, insiste en que hay que reducir de manera muy notable las cifras atribuidas a la violencia en zona republicana mientras que multiplican las causadas por sus oponentes al tiempo que no otorgan valor a las cifras oficiales.

Únicamente la elaboración de un muestro suficientemente representativo de estudios de ámbito regional o provincial podría acabar de decidir esta cuestión. Lamentablemente en la mayoría de los publicados hasta ahora se observa cómo el prejuicio que acabamos de describir condiciona de tal manera el empleo de las fuentes que, o bien se basan en estimaciones, misteriosos informes y las exageraciones de la opinión pública, o cuando se presentan relaciones nominales elaboradas a partir del Registro Civil se atribuyen a la represión causada por los sublevados numerosas víctimas que en realidad se deben a acción de guerra o se trata de caídos del bando nacional por lo que los balances finales de cifras no pueden aceptarse. Basta referirnos en esta línea a los trabajos elaborados por autores como Francisco Moreno, Julián Casanova y Francisco Espinosa para Córdoba, Aragón y Badajoz, respectivamente[8].

Los ejemplos que citamos a continuación ―y otros que pudieran aducirse― lo suficientemente significativos como para demostrar que estamos ante una manipulación consciente y, por tanto, para cuestionar recuentos globales basados en dichas cifras. Por el contrario, cuando estas investigaciones se han hecho con rigor se define una tendencia a confirmar las cifras de los registros oficiales: Miguel Ors (Alicante), Rafael Quirosa (Almería), Vicente Gabarda (región valenciana) y Juan Antonio Ramos Hitos (Málaga) y José María Solé y Juan Villarroya (Cataluña), entre otros[9].

En el caso de Aragon, ya Carlos Engel llamaba la atención acerca del sistema empleado en el estudio promocionado por Julián Casanova para atribuir a la represión nacional víctimas debidas a otras causas:

«El sistema de Solé Sabaté y Joan Villarroya fue, y es, profusamente imitado,
pero mientras algunos autores lo hicieron con éxito, en algunos casos, como en
el estudio de la represión en Aragón “El pasado oculto”, de varios autores, se
han llegado a contabilizar como fusilados por los nacionales los defensores de
Codo y de Belchite, los heridos en acción de guerra y los muertos ¡por
septicemia!»[10].

Llevando a cabo una exploración más detenida de las relaciones nominales que aparecen al final de la obra citada hemos podido comprobar cómo entre las que se presentan como víctimas de la represión nacional en la provincia de Teruel hay 65 que, con toda seguridad, perdieron la vida como consecuencia de la represión republicana o de operaciones militares y otras 105 presentan serias dudas. Esto supone reducir una relación nominal de 1030 a 860, porcentaje muy significativo (16,5%) si se tiene en cuenta que se trata de una segunda edición revisada. En el caso de Zaragoza capital, podemos comprobar lo que ocurre si aplicamos el mismo criterio a las muertes que se atribuyen al mes de julio; son un total de 113, de ellas no aparecen identificadas nominalmente 35, por lo que cabe pensar en la existencia de una contabilidad duplicada y 12 son en realidad nacionales fusilados o caídos en acción de guerra. En los meses siguientes se repiten casos semejantes y lo más curioso son 19 vecinos del Barrio de Santa Isabel que aparecen al mismo tiempo en esta presunta lista de represaliados por los nacionales y en una relación de Caídos de la provincia de Zaragoza entregado por la delegación provincial de Falange Española Tradicionalista a la Causa General[11].

Para Andalucía y Extremadura, Francisco Moreno Gómez y Francisco Espinosa Maestre, no son más escrupulosos a la hora de incrementar sus balances numéricos. El primero de ellos suele basarse en cálculos, misteriosos informes, o en las exageraciones de lo que él llama la “opinión pública” para atribuir más de nueve mil muertos a la represión nacional en la provincia de Córdoba[12] mientras que Espinosa mezcla las continuas invectivas y juicios peyorativos hacia cualquiera que no comparte sus radicales puntos de vista con unas listas en las que (como hemos demostrado cumplidamente en otro lugar[13]) se mezclan con las verdaderamente causadas por la represión nacional muertos con anterioridad a la fecha en que se ocuparon las poblaciones, víctimas izquierdistas como las producidas en Azuaga y Monesterio durante los enfrentamientos sostenidos el 19 de julio entre los revolucionarios y fuerzas de orden público, bajas de bombardeos y explosiones, asesinados por los frentepopulistas, miembros del Ejército nacional muertos en acción de guerra, nombres repetidos con ligeras variantes y, por último, en localidades donde hubo combates de relieve, las muertes correspondientes al día de lucha se incluyen en su totalidad como si fueran a causa de la represión; esto nos llevaría al absurdo de tener que admitir que no fue inscrita ninguna baja ocasionada en acción de guerra... Basta citar el caso de Juan Blanco Platón, una de las víctimas de la represión que añade Espinosa Maestre para incrementar las cifras de la capital[14] aunque un Edicto del Juez de Instrucción de Badajoz permite comprobar que falleció «a consecuencia de las lesiones que se originó al caerse de un carro» y por eso se cita a sus más próximos familiares «al objeto de prestar declaración y ofrecerles el procedimiento de dicha causa». El hecho de que el carro de Juan Blanco colisionara con un camión del Ejército no es suficiente -a mi juicio- para considterale una víctima de la represión franquista [15].

II. Reparto por causas de las pérdidas de población relacionadas con la Guerra Civil
A. Nacimientos no producidos
Si observamos la evolución de la natalidad entre 1926 y 1935 podemos comprobar que ésta decreció según un promedio del 1,2% anual (haciendo equivalente la tasa de 1926 a 100) mientras que en la década siguiente (1936-1945) el descenso sería del 2,1 (siempre en relación a 1926). Es decir, la Guerra Civil vino a incidir sobre una natalidad que venía descendiendo en los años anteriores y que ya no recuperaría los valores de 1935. Este factor habrá de ser tenido en cuenta a la hora de valorar qué efectos causó la guerra en la natalidad pero no dispensa de la tarea porque, como es lógico, el descenso fue mayor y más rápido de lo que lo hubiera sido en circunstancias normales. La cuestión no es baladí pues, como veremos, la reducción de la natalidad alcanzó valores semejantes al incremento de la mortalidad y su repercusión fue grande en el perfil de la población española de las décadas siguientes.

Calculando la natalidad que se hubiera producido de continuar la tendencia de 1926-1935 y deduciéndola de la natalidad real del período 1936-1945 pueden estimarse los “no-nacidos” en 598.268[16]. Hay una coincidencia general en que a este capítulo se debe la mayor pérdida de población achacable a la Guerra:

«El demosistema español resultó más afectado por la reducción de los nacimientos
que por el aumento de las defunciones. Los instrumentos básicos del análisis
demográfico, las curvas de movimiento natural (natalidad, mortalidad,
crecimiento natural) y las pirámides de edades detectan con mucha más claridad
las anomalías relacionadas con lo primero (desnatalidad) que con lo segundo
(sobremortalidad)»[17].

B. Sobremortalidad por causas naturales
Como era de esperar, las defunciones por causas naturales registradas a partir de 1936 fueron más de las previstas en caso de no haberse producido el conflicto y el ritmo normal no se recuperó hasta 1944. La sobremortalidad por este concepto se estima por encima de las 300.000 personas.

En 1936, la guerra apenas había causado efectos sobre las condiciones de vida de la población civil y por lo tanto el número total de defunciones naturales fue inferior al del año precedente. Pero a partir de 1937, la mortalidad ordinaria creció considerablemente y este aumento recae casi íntegramente sobre el territorio frentepopulista, en especial el sudeste de España y las provincias costeras de Cataluña. El deterioro de la retaguardia republicana como consecuencia de la oleada de refugiados que se instaló de forma provisional en ella y, sobre todo, del fracaso de las fórmulas de colectivismo y de explotación agraria e industrial implantadas por los revolucionarios, explican fácilmente este fenómeno.

Según Salas Larrazábal, el índice de mortalidad con respecto a 1935 se situó en 108 y fue superado por diecinueve provincias de las que 14 pertenecían a zona gubernamental (Jaén, Almería, Ciudad Real, Murcia, Valencia, Gerona, Barcelona, ...). Por el contrario, el valle del Duero (auténtico "pulmón" de la España nacional) Guipúzcoa, Baleares y Orense constituyeron un núcleo resistente a la enfermedad y se situaron en un nivel discreto las provincias extremeñas y andaluzas del suroeste. La austera administración de los recursos en zona nacional permitió este balance positivo capaz de aminorar los efectos de la guerra. Ya en la posguerra el hambre extendió su protagonismo sobre la región suroeste y La Mancha. Esta amplia zona, con población subalimentada fue también más vulnerable a la enfermedad. El índice de mortalidad se elevó en 1941 a 121,7 con relación a 1935 y fue superado ampliamente en provincias como Huelva, Badajoz, Cádiz y Sevilla. A partir de 1942 las cosas evolucionarían de modo más favorable (aunque no faltarían recaídas como la de 1946).

Un indicador importante en el análisis esta sobremortalidad por causas naturales es la mortalidad infantil cuyo descenso venía siendo algo constante aunque todavía en 1935 era alta. En los años siguientes, las tasas de este sector especialmente vulnerable se elevaron considerablemente ocasionando buena parte de esa sobremortalidad que hemos constatado para la guerra civil y posguerra. Por otra parte, esta mayor mortalidad infantil incidirá sobre unas generaciones ya de por sí mermadas, dejando sus huellas en la pirámide de edades correspondiente a estos años.

Falta por último constatar qué parte de esta sobremortalidad por enfermedad corresponde a los soldados que contrajeron enfermedades en las trincheras y a prisioneros fallecidos en las duras circunstancias de su cautiverio (hecho especialmente acusado en los campos de trabajo republicanos y en la posguerra). A partir de las tasas de sobremortalidad masculina dentro del total de muertes naturales, Salas Larrazábal propone las cifras de 10.000 para la guerra y en torno a los 5.000 para la posguerra.

C. Exilio
Como ha recordado recientemente Milagrosa Romero Samper[18], la emigración en masa estuvo ligada al curso de la guerra y a la caída de los diversos frentes republicanos, y en muchos casos tuvo el carácter de evacuación temporal. De ahí que los distintos autores difieran a la hora de proporcionar cifras definitivas sobre un fenómeno «de por sí bastante fluctuante». Actualmente se habla de medio millón en el primer trimestre de 1939 y muchos menos al cabo de unos meses cuando empezaron las repatriaciones. Descontados los retornos, el balance final de unas 200.000 personas fuera de España a finales de 1939 es comúnmente aceptado por los autores que se han ocupado específicamente del tema[19].

D. Muertes violentas (acción de guerra y represión)
1. Durante 1931-1936
Stanley G. Payne ha calculado el total aproximado de muertes por causas políticas producidas en los cinco años de la Repúblicas en torno a las dos mil doscientas personas, mil quinientas de ellas con ocasión de los sucesos revolucionarios de Octubre de 1934[20]. Sin embargo merece la pena confrontar esta cifra con la que se deduce de las estadísticas oficiales correspondientes a 1931-1935[21]. Entre esas fechas se inscribieron un total de 35.861 muertes violentas y deduciendo el porcentaje normal sobre el total de defunciones se obtiene una sobremortalidad de 5.751, cifra notablemente superior a la estimada generalmente y que nos pone en relación con un notable incremento de las muertes violentas en los años de la República, no atribuible exclusivamente a causas políticas sino al deterioro general de las condiciones sociales y al incremento de la criminalidad que caracterizaron a los años de dicho régimen.

2. Caídos en acción de guerra
A partir de los datos del Instituto Nacional de Estadística, el balance general de muertes causadas directa o indirectamente por la acción militar puede situarse en torno a las 135.000. A esta cifra debe añadirse un resto por las bajas que quedarían sin inscribirse en los Registros, sobre todo de combatientes extranjeros, y que Salas Larrazábal distribuía así: 13.706 en las filas gubernamentales y 12.107 en las nacionales. De esta manera llegamos a un cómputo final que se desglosa así:

Caídos en operaciones militares
Muertos en acción de guerra, bombardeos, accidentes...
134.422
Combatientes extranjeros muertos en acción de guerra
25.813
Acción guerrillera[22]
2.641
Total
162.876

En la clasificación de las provincias por el número de muertos en acción de guerra inscritos en ellas los frentes se dibujan con exactitud: Madrid ocupa el primer puesto seguido por Barcelona, Oviedo, Vizcaya, Zaragoza, Tarragona, Badajoz y Valencia. Aparecen por tanto en el mapa dos anchas franjas que definen las zonas en que fue mayor la densidad de pérdidas. Una de ellas se inicia en Málaga, atraviesa Córdoba y Badajoz (los aparentemente alejados pero mortíferos “frentes del Sur”) siguen por Toledo, Madrid y Guadalajara (escenario de grandes ofensivas en 1936 y 1937) y se ensancha por Aragón y Levante (donde se decidió la guerra en 1938). La otra ocupa la cornisa cantábrica, auténtico escenario de la guerra desde la conquista de San Sebastián y la defensa de Oviedo hasta el derrumbe del frente asturiano. En último plano se definen con claridad las regiones de la retaguardia nacional (fundamentalmente Galicia, Canarias, La Rioja y Castilla-León) donde se inscribirían únicamente algunos de sus hijos caídos en otros frentes.

En estas muertes se incluyen unos 20.000 civiles víctimas de la acción militar —Salas Larrazábal estima que unas 7.000 corresponderían a los muertos por bombardeos y el resto a diversos accidentes y traumatismos— en cuya distribución provincial se confirman los sufrimientos que padecieron las poblaciones más inmediatas a la línea de fuego y los principales objetivos de retaguardia. Oviedo, Madrid y Barcelona se sitúan a la cabeza seguidas a mayor distancia por Vizcaya, Badajoz, Valencia, Tarragona, Lérida, Jaén, Toledo, Gerona, Zaragoza, Sevilla, Murcia y Alicante.

3. Represión
Si uno de los hechos más llamativos que se deducen del análisis demográfico de las consecuencias de la Guerra Civil es que la mayor pérdida de población se debe a los nacimientos no producidos y no a las bajas directas; lo segundo que se pone de relieve es la elevada proporción que, dentro de las muertes violentas, supusieron las ocasionadas por represalias en las retaguardias: aproximadamente un 50% del total. Unas 60.000 fueron las víctimas en la retaguardia frentepopulista mientras que el número de ejecutados por los sublevados y en la posguerra ascendería a los 80.000. Ahora bien, no puede perderse de vista que, si a comienzos de la guerra el 59% de la población radicaba en zona gubernamental y el 41% en zona sublevada, los revolucionarios vieron como se iba reduciendo forzosamente el territorio, y por lo tanto la población, bajo su control mientras que los nacionales tuvieron la oportunidad de extender su exigencia de responsabilidades al resto de las zonas que fueron ocupando, bien durante la guerra o ya en la posguerra. Queda claro que se trata de una diferencia de cifras (pues en el primer caso era menor el número de población considerado potencialmente hostil al quedar provincias enteras fuera del control de los frentepopulistas) pero también de una distinción cualitativa esencial: no es lo mismo una represión en un contexto de ofensiva que en uno defensivo o de retirada. Por lo tanto, la represión en zona republicana causó menos víctimas en números absolutos pero la cifra resulta, proporcionalmente, mayor que la de la represión en zona nacional y posguerra. En todo caso, como veremos en el siguiente apartado, este balance numérico sigue siendo el más cuestionado de cuantos se refieren a las pérdidas humanas de la Guerra Civil.

III. Caracterización del fenómeno represivo
Ahora bien, la importancia del debate acerca de las cifras de la represión es muy relativa. En primer lugar porque inflar unas listas con algunos centenares de víctimas puede demostrar la mayor o menor profesionalidad de quien lo hace, según se trate de una voluntad deliberada de manipulación o de una falta de pericia en el manejo de las fuentes pero, sobre todo, porque la cuestión cuantitativa tiene una importancia relativa y deja intacta la necesidad de llegar a una explicación (nunca una justificación) de aquella tragedia. Nadie puede minimizar lo que supuso la violencia desencadenada con ocasión de la Guerra Civil española. En la zona sublevada y en la controlada por el Frente Popular, varios miles de personas fusiladas como consecuencia de la aplicación de los bandos de guerra y de los procesos judiciales que se iniciaron desde fechas muy tempranas, así como manifestaciones de una represión irregular que se mantuvo hasta fechas muy avanzadas son datos suficientemente expresivos como para plantear con toda seriedad la cuestión.

Menos lícito aún resulta minimizar lo ocurrido en la retaguardia roja porque como afirma alguien «la izquierda carecía de proyecto represivo»[23]. Esto es silenciar los elementos más básicos de las ideologías marxista y anarquista cuya teoría y práctica histórica han ido acompañadas de la eliminación de los discrepantes, aunque fueran los propios anarquistas o comunistas reacios a aceptar el predominio soviético. Con toda claridad había advertido de estos propósitos el diputado comunista Antonio Mije en un mitin que tuvo lugar en Badajoz en mayo de 1936:

«Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente
desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las
milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de
jóvenes obreros y campesinos, que son los hombres del futuro Ejército Rojo
[...]. Este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de energía,
es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas
en los partidos marxistas, que se preparan para muy pronto terminar con esa
gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora»[24].

Para no tener proyecto represivo las anteriores palabras recogidas en la prensa socialista parecen bastante explícitas y adquieren un sentido trágico a la luz de lo que venía ocurriendo en España desde 1931. Naturalmente que los burgueses de Badajoz, y de tantos otros lugares, podían haberse cruzado de brazos para dejar a los encuadrados en los partidos y sindicatos de izquierda que terminaran con ellos pero, afortunadamente, no lo hicieron así. Esto es lo que tiene que explicar un historiador: que fueron las izquierdas quienes destruyeron la legalidad republicana, propiciando con ello el terror que se habría de desencadenar a partir de 1936.

Trabajos como los de Pío Moa y Stanley G. Payne[25] han documentado con toda claridad un proceso que tiene como precedente la actuación subversiva y terrorista de la izquierda radical durante el reinado de Alfonso XIII; se acelera con la implantación de la República como resultado de un acto de fuerza al que no se supo dar respuesta desde la legalidad vigente. La primera etapa estuvo marcada por el movimiento antidemocrático de 1934, cuando el Partido Socialista y los separatistas catalanes se sublevaron contra la voluntad mayoritaria de la nación que se había expresado en las elecciones de noviembre de 1933 dando la victoria al centro-derecha. El intento fracasó pero en Cataluña, en Asturias y en otros lugares se produjo un primer ensayo de los asesinatos, saqueos, incendios y tormentos repetidos en 1936 en mucha mayor proporción. Sofocada la revuelta con las armas quedó de manifiesto la incapacidad de los más altos poderes para responder al atentado sufrido y, mientras la propaganda izquierdista clamaba contra una represión que no había existido después de la Revolución de Octubre, sus mismos organizadores se preparaban para un segundo y definitivo asalto al poder que tendría lugar después de las elecciones de febrero de 1936.

El proceso que llevó al Frente Popular desde un ajustado resultado electoral a redondear una mayoría en las Cámaras tuvo su culminación con la ilegal destitución del Presidente de la República y su sustitución por Manuel Azaña. Durante los meses que transcurren entre febrero y julio de 1936 se asiste al desmantelamiento del Estado de Derecho con manifestaciones como la amnistía otorgada por decreto-ley, la obligación de readmitir a los despedidos por su participación en actos de violencia político-social, el restablecimiento al frente de la Generalidad de Cataluña de los que habían protagonizado el golpe de 1934, las expropiaciones anticonstitucionales, el retorno a las arbitrariedades de los jurados mixtos, las coacciones al poder judicial... Al tiempo, actuaban con toda impunidad los activistas del Frente Popular protagonizando hechos que, una y otra vez, fueron denunciados en el Parlamento sin recibir otra respuesta que amenazas como las proferidas contra Calvo Sotelo. No había ninguna razón para no pensar que, en poco tiempo, los objetivos de la revolución de Octubre se habían de alcanzar haciendo ahora un uso combinado de la acción directa y de los cauces legales. Cualquier análisis que ignore todo lo hasta aquí expuesto carece de rigor para explicar lo que ocurre cuando lo que quedaba de la Segunda República, del Estado constituido en 1931, cayó por tierra en julio de 1936.

En este contexto, somos muchos los que sostenemos que no puede afirmarse que la crueldad fuera patrimonio de uno de los dos bandos y que tampoco se puede descargar en ninguno de ellos toda la responsabilidad por lo que sucedió en España a partir de 1936. En las dos zonas hubo represión, represión irregular y represión controlada, en ambas faltaron mecanismos de defensa y en ambas se negó al enemigo todo derecho. Más tarde, superada la explosión de odio, miedo y venganza de los primeros meses, hubo un intento serio de que la represión discurriera por cauces legales todo lo precarios que se quiera pero que, sin duda, ahorraron sangre. Por último, a los vencedores les fue posible una exigencia de responsabilidades terminada la guerra que es la que acaba por desequilibrar la balanza de las cifras.

Naturalmente eso no significa que en cada zona la represión no tuviera unos caracteres propios y que no exista entre ambas una diferencia sustancial. En zona republicana la represión fue de manera predominante el resultado del procedimiento jurídicamente inconstitucional y moralmente incalificable, del armamento del pueblo, creación de Tribunales Populares y proclamación de la anarquía revolucionaria, hechos equivalentes a “patente de corso” otorgada por la convalidación de los miles de asesinatos cometidos, cuya responsabilidad recae plenamente sobre los que los instigaron, consintieron y dejaron sin castigo. En zona nacional y en la posguerra la represión fue de manera predominante el resultado de una exigencia de responsabilidades por comportamientos durante el período de control revolucionario de los que se derivaban consecuencias penales. Podrán señalarse algunas excepciones a estas dos reglas generales pero difícilmente se podrá discutir que caracterizan a grandes rasgos lo sucedido y explican la diferencia en las cifras entre las provincias que estuvieron sometidas al proceso revolucionario y aquellas que permanecieron desde el principio de la guerra en zona nacional.

Una serie de rasgos que individualizan lo ocurrido en cada zona serían los siguientes:

Retaguardia republicana
- Si bien el máximo de muertes oscila en las diversas provincias entre agosto de 1936 y enero de 1937, la mayor parte de ellas tuvieron lugar en los meses del verano y otoño de 1936 para conocer rebrotes en momentos de especial tensión. A partir de 1937, la represión presentará otras formas y contará con organismos más especializados: es la época de las checas, del Servicio de Investigación Militar y de los campos de trabajo.
- Los revolucionarios asesinaron a personas acomodadas y notables locales en general, especialmente donde la muerte fue más selectiva o afectó a personas aisladas, pero en otros lugares el fenómeno se convirtió en una persecución masiva dirigida también contra empleados, obreros de distintos oficios, jornaleros y otros miembros de los grupos sociales más modestos.
- La persecución religiosa, iniciada con anterioridad a la guerra, tiene ahora múltiples manifestaciones entre las que hay que señalar el asesinato de sacerdotes, religiosos y seglares; los encarcelamientos y los incendios, saqueos y profanaciones de edificios y objetos sagrados.
- Estas actividades represivas se han venido atribuyendo a un fenómeno espontáneo, fruto de la lucha de clases y protagonizado por masas enfurecidas pero, a partir de los datos disponibles, es posible precisar cómo, en numerosas ocasiones, la iniciativa parte de las propias autoridades, tanto de las ya existentes como de las nuevas instancias, constituidas a partir del hecho revolucionario, y que son las que controlan verdaderamente la situación.

Retaguardia nacional y posguerra.
- En el período de la guerra, las primeras actividades represivas fueron unidas a los núcleos de oposición que encontró el Alzamiento y pronto dieron paso a una práctica trágica, los paseos que tardarían en desaparecer más o menos según las zonas siendo sustituidos, primero paulatina y después definitivamente (siempre salvo excepciones) por las ejecuciones judiciales. A partir de finales de 1936 y comienzos del 37, las cifras de víctimas de la represión en los lugares que hasta entonces habían pertenecido a zona nacional, experimentan una caída ciertamente notable que cabe relacionar con un generalizado traspaso de poderes en las autoridades de Orden Público una mayor centralización de los poderes del Estado y el control, casi definitivo, del aparato represivo.
- A medida que las zonas que habían permanecido bajo control de la República fueron ocupadas por el Ejército Nacional sufrirían una nueva oleada de violencia de signo contrario a la que había tenido lugar hasta entonces y, ya en la posguerra, puede hablarse claramente de dos etapas: 1939-1940 (momento de mayor intensidad) y los años siguientes en que se liquidaron con relativa rapidez las responsabilidades penales. Es claro que, sobre todo después de la guerra o en las zonas que habían pertenecido a la retaguardia republicana, se juzgaba en un buen número de casos por delitos concretos.
- La procedencia de las víctimas es doble: miembros de una minoritaria burguesía liberal, republicana, de izquierdas, que tiene fundamentalmente su residencia en núcleos urbanos de cierta entidad y capitales. Y por otra parte, y mayoritariamente, obreros de diversos oficios y asalariados agrícolas (jornaleros). Especialmente perseguidas serían las autoridades republicanas y, ya en la posguerra, los protagonistas de la movilización político sindical del período anterior, todo ello sin olvidar el componente arbitrario y aleatorio de muchas de las muertes en este contexto.

En el período inmediatamente posterior al enfrentamiento armado (la posguerra) fueron urgencias primordiales mantener a España en neutralidad, consolidar las bases del Estado nuevo, rehacer la economía y conciliar la exigencia de responsabilidades con una progresiva política de incorporación de los vencidos a una misma convivencia dentro de la nación. La represión no acabó con la guerra. Conociendo lo que había ocurrido en los años anteriores es difícil pensar que pudiera haber terminado:

«Una guerra civil deja un formidable reguero de pasiones colectivas a las que no
resulta fácil poner coto. Hablemos con entera claridad: cada medida de Gobierno
hacia la liberación de los vencidos era vista con desagrado profundo por enormes
sectores de opinión. Naturalmente que esa opinión no surgía de la integridad del
ámbito nacional, sino de la enorme porción triunfante. Creer que al final de una
contienda como la nuestra se restaura automáticamente la convivencia y que las
gentes piden a voz en grito medidas liberales sería incurrir en el pensamiento
tópico y abstracto, ajeno a la realidad, no siempre apacible, de la Historia,
tan al uso al enfocar los problemas políticos»[26].

Como no podía ser menos, la retórica de los promotores de la memoria histórica se ha volcado con toda su artillería sobre lo ocurrido en la posguerra olvidando y silenciando que después de la guerra se juzgaba en un buen número de casos por delitos concretos así como toda la obra que se llevó a cabo en paralelo para la reintegración de los vencidos en la vida civil y que se puede dar por finalizada en 1945, seis años después de terminada la guerra. El siguiente balance es, a mi juicio, irrebatible y da por zanjada la cuestión:

«Esta retórica recuerda a la de la campaña de 1935 sobre la represión en
Asturias, falsa en un porcentaje elevadísimo, como hemos visto, pero que forjó
el espíritu del terror de 1936. y, desde luego, desafía a la experiencia y a la
estadística. Aunque hubo una durísima represión en los primeros años de
posguerra, en la que debieron de caer responsables de crímenes junto con
inocentes, ni de lejos existió tal exterminio de clase o no de clase. La inmensa
mayoría de quienes lucharon a favor del Frente Popular (más de 1.500.000
hombres), de quienes lo votaron en las elecciones (4.600.000) o vivieron en su
zona (14 millones) ni fueron fusilados ni se exiliaron; se reintegraron pronto
en la sociedad y rehicieron sus vidas, dentro de las penurias que en aquellos
años afectaron a casi todos los españoles. Esto es tan obvio que resulta
increíble leer a estas alturas semejantes diatribas, quizás pensadas para
“envenenar”, en expresión de Besteiro, a jóvenes que no vivieron la guerra ni el
franquismo»[27].

IV. Balance final del total de pérdidas humanas como consecuencia de la Guerra Civil Española
Como conclusión de todo lo hasta aquí expuesto se deduce que diez años después de haber expuesto por primera vez estos resultados[28], no vemos razones de peso para alterar sustancialmente el balance de víctimas presentado en 1996-1997 y que, completado con algunas aportaciones de otros autores[29], puede resumirse en los siguientes valores:

Balance de pérdidas humanas como consecuencia directa e indirecta de la Guerra Civil Española

1.- Muertes violentas
(las cifras de represión han sido redondeadas)

1.a) Durante la Segunda República
Enfrentamientos diversos
725
Revolución de Octubre-1934
1.500

1.b) Durante la Guerra Civil
1.b.1) Represión
En retaguardia republicana
60.000
En retaguardia nacional
50.000
1.b.2) Españoles muertos en campaña
Ejército Nacional
56.444
Ejército Popular
57.332
1.b.3) Combatientes extranjeros
Ejército Nacional
12.107
Ejército Popular
13.706
1.b.4) Bombardeos y accidentes
20.646

1.c) Durante la Posguerra
1.c.1) Represión
30.000
1.c.2) Guerrillas (1943-1952)
Asesinados por la guerrilla
953
Bandoleros muertos en enfrentamientos
2.302
Fuerzas de Orden Público muertos en enfrentamientos
339
1.c.3) En la II Guerra Mundial
División Azul
3.934
Campos concentración nazis
5.015
Luchando con Aliados y Resistencia
1.500

2.- Otras causas

2.1) Exilio
200.000
2.2) Sobremortalidad por enfermedad (Guerra y Posguerra)
330.780
2.3) Nacimientos no producidos (id.)
550.000/600-000

NOTAS

[1] Cfr. “Proyecto de Ley 121/000099 Por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura” Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, 8-septiembre-2006.
[3] Cfr. ABC, Madrid, 6-marzo-2008. Otras muchas referencias han aparecido en todos los medios de comunicación audiovisual.
[4] Esta información consta en las averiguaciones hechas durante la posguerra por el Ministerio de Justicia en lo que se llamó Causa General, fondo documental actualmente conservado en el Archivo Histórico Nacional (Madrid). Fueron asesinados en esta División, entre otros muchos, Eduardo Álvaro de Benito y Costa, Juan Verín Garrido, Jesús Ros Emperador, Agustín Ramírez Callar, José Riaza González, Manuel San Bartolomé Rodríguez y José Antonio Cascales Sánchez.
[5] VILLAR SALINAS, Jesús, Repercusiones demográficas de la última guerra civil española. Problemas que plantean y soluciones posibles, Sobrinos de la Suc.de M.Minuesa de los Ríos, Madrid, 1942.
[6] SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, Pérdidas de la guerra, Planeta, Barcelona, 1977.
[7] Cfr. DIEZ NICOLÁS, Juan: “La mortalidad en la guerra civil española”, Boletín de la Asociación de Demografía Histórica 1(1985)pp.41-55.
[8] MORENO GÓMEZ, Francisco, La guerra civil en Córdoba, Alpuerto, S.A., Madrid, 1985; CASANOVA, Julián (et all.), El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón, Siglo XXI, Madrid, 1992 y ESPINOSA MAESTRE, Francisco, La columna de la muerte (El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz), Crítica, Barcelona, 2003. Una síntesis de estos planteamientos en: JULIÁ, Santos (coord.), Víctimas de la guerra civil, Temas de Hoy, Madrid, 1999. Hay ediciones posteriores, la última: Temas de Hoy, Madrid, 2006. Además del coordinador colaboraron en esta obra Julián Casanova, José María Solé y Sabaté, Juan Villarroya y Francisco Moreno.
[9] SOLÉ I SABATÉ, Josep M., La repressió franquista a Catalunya (1938-53), Edicions 62, S.A., Barcelona, 1985; SOLE I SABATE, Josep M. - VILLARROYA I FONT, Joan, La repressió a la retaguarda de Catalunya 1936-1939 (2 vols.), Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989-1990; GABARDA CEBELLÁN, Vicente, Els afusellaments al País Valenciá (1938-1956), Edicions Alfons el Magnànim, Valencia; 1993; ORS MONTENEGRO, Miguel, La represión de guerra y posguerra en Alicante (1936-1945), Alicante, 1995; QUIROSA-CHEYROUZE, Rafael, Represión en la retaguardia republicana. Almería, 1936-1939, Librería Universitaria, Almería, 1997;
GABARDA CEBELLÁN, Vicente, La represión en la retaguardia republicana. País Valenciano, 1936-1939, Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1996; RAMOS HITOS, Juan A., Guerra civil en Málaga. 1936-1937. Revisión histórica, Editorial Algazara, Málaga, 2003.
[10] ENGEL, Carlos, “Sesenta años, ríos de tinta”, Historia y Vida 373(1999)49.
[11] Archivo Histórico Nacional, Causa General, Leg.1023(1).
[12] Sin pretender por ello restar dramatismo a lo ocurrido en Córdoba, el investigador Patricio Hidalgo Luque ha comprobado que se encuentran en el libro de Moreno Gómez fusilados que no son tales sino víctimas de bombardeos, heridos por los frentepopulistas en los pueblos de la provincia y muertos en los hospitales de la capital y otra serie de personas, en fin, muertas por diversas causas y que figuran en los libros de registro como “judiciales”. Por otra parte, las duplicidades en las inscripciones de las víctimas dificultan el cómputo de éstas cuando se quiere hacer a un nivel superior al meramente local.
[13] Cfr. MARTÍN RUBIO, Ángel David, “Los enredos de la memoria histórica”, Razón Española 138(2006)101-113.
[14] Cfr. ESPINOSA MAESTRE, Francisco, La columna, ob.cit., p.347.
[15] Cfr. Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, 3-noviembre-1936.
[16] Cifra que se sitúa en la órbita de las propuestas por Villar Salinas (516.602) el Instituto Nacional de Estadística en el Anuario de 1943 (436.328) y, sobre todo, por Salas Larrazábal (557.182).
[17] VIDAL BENDITO, Tomás - RECAÑO, Joaquín, “Demografía y guerra civil”, en La Guerra Civil. 14. Sociedad y guerra, Historia 16, Madrid, s.a., p.68.
[18] Cfr. ROMERO SAMPER, Milagrosa, La oposición durante el franquismo. 3. El exilio republicano, Ediciones Encuentro, Madrid, 2005, pp.55-59.
[19] Además del libro citado de Milagrosa Romero, sigue siendo esencial: RUBIO, Javier, La emigración de la guerra civil de 1936-1939. Historia del éxodo que se produce con el fin de la II República española (3 vols.), Librería Editorial San Martín, Madrid,1977.
[20] Cfr. PAYNE, Stanley G., La primera democracia española. La Segunda República, 1931-1936, Paidos, Barcelona, 1995, p.404 .
[21] No se incluye la cifra de 1936 porque en ella entran también los meses de guerra.
[22] Cifras en AGUADO SANCHEZ, Francisco, El Maquis en España. Su historia, Librería Editorial San Martín, Madrid, 1975, pp.253-254. Una magistral demolición de la mitología forjada por algunos autores y la actual propaganda en torno a la que denominan guerrilla antifranquista puede encontrarse en: SÁNCHEZ GASCÓN, Alonso, Los maquis que nunca existieron, Exlibris Ediciones, Madrid, 2006.
[23] ESPINOSA MAESTRE, Francisco, La columna de la muerte, ob.cit., p.253. Increíble afirmación que deduce de las cifras obtenidas a partir de una selección de pueblos de la provincia de Badajoz en la que se ha eliminado aquellos en los que las matanzas de los revolucionarios provocaron un número más elevado de víctimas.
[24] Claridad, Madrid, 19-mayo-1936.
[25] MOA, Pío, 1934: Comienza la Guerra Civil. El PSOE y la Esquerra emprenden la contienda, Áltera, Barcelona, 2004 y 1936: El asalto final a la República, Áltera, Barcelona, 2005; PAYNE, Stanley G., El colapso de la República (Los orígenes de la guerra civil 1933-1936), La Esfera de los libros, Madrid, 2005.
[26] Diario Hoy, Badajoz, 8-noviembre-1945. Publicado en la Prensa del Movimiento.
[27] MOA, Pío, El derrumbe de la segunda república y la guerra civil, Ediciones Encuentro, Madrid, 2001, p.556.
[28] Cfr. MARTÍN RUBIO, Ángel David, “Las pérdidas humanas”, ALONSO BAQUER, Miguel (dir.), La guerra civil española (Sesenta años después), Actas, Madrid, 1999, pp.321-365 y Paz, piedad, perdón...y verdad (La represión en la guerra civil: una síntesis definitiva), Fénix, Madrid, 1997.
[29] Cfr. ESTEBAN INFANTES, Emilio, La División Azul (Donde Asia empieza), Editorial AHR, Barcelona, 1956; AGUADO SANCHEZ, Francisco, El Maquis, ob.cit.; RUBIO, Javier, La emigración, ob. cit.; SALAS LARRAZÁBAL, Ramón, Pérdidas humanas, ob.cit.

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