La llamada recuperación de la memoria histórica forma parte de un proyecto político-cultural mucho más amplio que tiene necesidad de un genocidio para la descalificación sin paliativos del bando nacional y de la España de Franco, primer paso para la reivindicación de la Segunda República con cuya presunta legitimidad pretenden conectar a la España actual la extrema izquierda y los regionalismos separatistas.
El camino para alcanzar este objetivo pasa por reavivar artificialmente el debate sobre el número de víctimas pretendiendo demostrar mediante la abultada disparidad de las cifras debida a la represión en los dos bandos que el Gobierno republicano se habría visto desbordado por la actividad de grupos incontrolados mientras que en zona nacional eran las propias autoridades quienes dirigían una acción represiva que adquirió caracteres de exterminio. Así, en la línea del periodista Peter Weyden, José Fontana hace de lo que él llama las sangrientas matanzas de Badajoz un anticipo de Auschwitz y hace unos días en la edición en inglés de “El País" (suplemento del "Herald Tribune") se hablaba de 90.000 “desaparecidos” como consecuencia del franquismo, cifra por cierto relativamente baja y que sin duda costará una reprimenda al poco avezado redactor, porque no olvidemos que el oráculo de la historiografía de izquierdas Gabriel Jackson hablaba de 200.000 muertos sólo para la posguerra y los neosocialistas no bajan hoy de 150.000 para toda la guerra y posguerra. Cifras todas ellas, carentes de cualquier fundamento.
Por el contrario, una revisión documental y bibliográfica centrada en la cuestión de las cifras de pérdidas humanas, permite comprobar que los resultados a que se había llegado hace unos años en el estudio de las repercusiones demográficas de la Guerra Civil pueden considerarse definitivos —sin olvidar la relatividad que la historiografía da siempre a este término— y que carece de fundamento el revisionismo propuesto por aquellos autores que actualmente van acompañados del visto bueno y del aval económico de la clase política.
Con razón se ha dicho que la verdadera importancia de la Guerra Civil Española en la historia del siglo XX no es tanto geopolítica o estratégica como ideológica y cultural. Estos dos últimos conceptos resultan especialmente apropiados si los ensanchamos hasta poder considerar la guerra española de 1936 como un enfrentamiento entre dos concepciones del mundo: la occidental y cristiana y las nuevas formas del totalitarismo que, procedentes de la Unión Soviética, comenzaban por entonces a expandirse. El final de la Segunda Guerra Mundial dio paso al deterioro del gravoso acuerdo de las potencias occidentales con la Unión Soviética —prevista ya por Franco en su carta a Churchill del 18 de octubre de 1944 — y, en la reordenación de las alianzas durante la Guerra Fría, España quedó definitivamente incorporada al mundo libre consolidándose así una trayectoria que se había iniciado en julio de 1936.
Esta circunstancia no podía dejar de tener su repercusión en las propias manifestaciones del conflicto y la honda brecha que se manifestó entre los españoles en los más diversos terrenos (religioso, político, social, de identidad nacional...) hace que, a las lógicas pérdidas humanas ocasionadas por las consecuencias directas e indirectas de las operaciones militares, se unieran, y en número muy elevado, las causadas en ambas retaguardias por las represalias, asesinatos y ejecuciones que se prolongaron durante los primeros años de la posguerra. Pero un correcto análisis historiográfico no puede olvidar que las muertes debidas a la represión se sitúan en un contexto bélico y que, incluso si les sumamos las ocasionadas como consecuencia de las operaciones militares, no son las únicas con trascendencia en el terreno demográfico. En tiempo de guerra se muere más pero también hay menos nacimientos. Por otra parte, la sobremortalidad no afecta exclusivamente a quienes mueren habitualmente (en aquel momento ancianos y niños) sino a hombres jóvenes, no tanto a gente inactiva e infecunda cuanto a aquellos que se encuentran en edad óptima para el trabajo y la paternidad. Además, la guerra separa a los cónyuges, retrasa los matrimonios y hace abandonar sus tareas habituales a la población activa, situación que puede prolongarse en la posguerra para los derrotados. Por último —y esta enumeración no es exhaustiva— los avatares del frente originan unos desplazamientos de población que pueden llegar al exilio definitivo. En síntesis, los efectos demográficos, las pérdidas humanas de la guerra, resultan de gran trascendencia para el futuro de un país cuya vida y cuyos habitantes se verán afectados necesariamente por los vacíos generacionales a consecuencia, sobre todo, del aumento de la mortalidad y la disminución de la natalidad. Éste es el complejo panorama histórico y demográfico que se oculta cuando solamente se habla de los muertos por una causa (la represión) y en un bando (el frentepopulista).
Ahora bien, si hoy podemos afirmar que estamos ante órdenes de magnitud muy ajustados para conocer el total de víctimas causadas por la Guerra Civil Española, no se debe a otra cosa que a un largo proceso en el que la historia ha desplazado a las afirmaciones exageradas e interesadas de la propaganda y en el que los trabajos sucesivos han permitido llegar al actual estado de la cuestión. Las principales referencias son una temprana investigación acerca de las repercusiones demográficas de la Guerra Civil de Jesús Villar Salinas (publicada en 1942) y la obra de Ramón Salas Larrazábal (1977) a la que hemos hecho algunas precisiones que hoy nos parecen comúnmente aceptadas. En 1985, Juan Díez Nicolás basándose en las tasas de mortalidad de las defunciones inscritas, estimaba que entre 1936-1941 habían muerto violentamente unos 300.000 varones, cifra muy similar a las obtenidas por los hermanos Salas Larrazábal y a la que se deduce de las oficiales por causa de muerte. A una conclusión semejante llegaban Tomas Vidal y Joaquín Recaño, quienes atribuyen al conflicto medio millón de bajas, incluida la emigración. Por último, podemos verificar que el orden de magnitud señalado (unas 300.000 muertes violentas) encaja en el balance demográfico general atribuible a la Guerra Civil. Para ello acudimos a las cifras de población absoluta y del movimiento natural observado en los años 1930-1950 y efectuamos una proyección de población estimando cuál hubiera sido el crecimiento de la población absoluta en caso de no haberse hecho notar las consecuencias del conflicto. En la hipótesis propuesta, la pérdida de población (puesto que la tasa aplicada ya acusa la caída de la natalidad y la emigración queda compensada por el retorno de los años anteriores) sería de 594.269 personas. Como la sobremortalidad por enfermedad se sitúa algo por encima de las 300.000, cabría atribuir a las muertes violentas una cantidad semejante, volviéndonos a situar en las cifras de referencia (300.00 bajas, incluyendo acción de guerra y represión).
90.000 “desaparecidos” es una cifra redonda con la que se pretende superar las no menos arbitrarias que se han en otras ocasiones; subirá o bajará según les interese a sus promotores. Pero no es esa la cuestión más importante. En un mitin celebrado en Badajoz el 18 de mayo de 1936, el diputado comunista por Sevilla Antonio Mije amenazó a los enemigos del Frente Popular en términos muy claros:
«Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente
desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las
milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de
jóvenes obreros y campesinos, que son los hombres del futuro Ejército Rojo
[...]. Este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de energía,
es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas
en los partidos marxistas, que se preparan para muy pronto terminar con esa
gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora»
(Claridad, Madrid, 19-mayo-1936).
Es decir, que en la primavera de 1936, a la “burguesía”de Badajoz (o sea, a todos aquellos que no formaban parte del Frente Popular) les bastaba asomarse a la calle o leer un periódico socialista para contemplar el embrión de un verdadero ejército que se preparaba «para terminar con esa gente». Gente que, desde 1931, sabía muy bien lo que significaban aquellas palabras porque había tenido ocasión de comprobarlo en sucesos como el brutal linchamiento de cuatro guardias civiles en Castilblanco, los asaltos, incendios y saqueos de propiedades, la intentona revolucionaria de diciembre de 1933 en Villanueva de la Serena, el asesinato del primer falangista en Zalamea, la huelga campesina de junio de 1934 abortada por Salazar Alonso desde el Gobierno, la manipulación de los resultados electorales en la provincia de Cáceres en febrero de 1936 o las violencias alentadas por alcaldes como el llamado Pepe el fresco desde su feudo de Zafra. En todo caso, el tiempo habría de demostrar que el corazón de aquellos burgueses todavía palpitaba con la suficiente normalidad como para no asistir pasivos a su propio exterminio.
Esta es la tragedia histórica que el Partido Socialista quiere ocultar y, para eso, necesita miles de muertos. Si no existen… la realidad nunca ha sido problema para unos dirigentes políticos que nos invitan a diario a instalarnos en una existencia virtual en la que se dan la mano la pornografía y la mentira.
http://www.diarioya.es/content/las-pérdidas-humanas-en-la-guerra-civil-un-falso-debate
