Tras diez meses de trámite, el Congreso de los Diputados aprobaba el 6 de octubre de 1983 la ley despenalizadora del aborto en los términos planteados por el Partido Socialista. Aunque algunos siguen sosteniendo que la Constitución española defiende el derecho a la vida y que dicha despenalización no pone en entredicho la consideración del aborto como un mal que evitar, lo cierto es que el entonces ministro de Justicia Fernando Ledesma presentó ante la Cámara una serie de fundamentos compendiados en diez razones que fueron llamados el Decálogo del Gobierno. Entre ellos figura «el derecho inviolable, inherente a la libertad de la persona de disponer libremente de su cuerpo». El propio enunciado indica que estamos ante un derecho que se pretende absoluto en coherencia con el cual el ministro anunció también «una política criminal y social para asegurar la despenalización y disponibilidad de anticonceptivos» seguida de «una política de educación sexual y de información en materia de planificación familiar y distribución de medios anticonceptivos que permita el derecho a la disposición del cuerpo» (cfr. Ya, Madrid, 26-febrero-1983).
De acuerdo con estos principios se consideraba que el niño no nacido forma parte del cuerpo de la madre y ésta dispone de un derecho ilimitado a disponer de él. A este razonamiento responde la ley refrendada por el Congreso, aprobada por el Senado el 30 de noviembre del mismo año y ligeramente modificada tras pasar por el Tribunal Constitucional. El 5 de julio de 1985 el texto recibía la sanción real y sigue todavía en vigor bajo gobiernos en mayoría y en coalición tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Resulta curioso y lamentable como, ante el anuncio de una inminente ampliación de los términos de la ley indicada, el centro-derecha se ha posicionado en la más estricta defensa de los supuestos planteados en la década de los ochenta, suponemos que hasta que el paso del tiempo les vuelva paladines en la conservación de lo que hoy postulan los más radicales defensores de la cultura de la muerte.
Mucho se discutió en esos días sobre la irresponsabilidad jurídica del Rey y esperamos que no sea éste un debate cerrado. Pensamos que no es posible obviarlo porque el tema trasciende la esfera del Derecho Constitucional para situarse también en los límites del Derecho Natural y del Canónico; éste último porque precisa penas concretas para el delito de aborto y todos aquellos que cooperan a él y la propia racionalidad de las cosas porque la sanción real es un acto humano y no mecánico y por su propia naturaleza el hombre es responsable de sus actos.
Observaremos también con atención la posición de la Iglesia ante esta querella confiando en que no se repita la triste actuación de aquellos años en que se recordó la doctrina pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos. El entonces presidente de la Conferencia Episcopal, Díaz Merchán, pidió «que la discrepancia en esta materia no se extrapole a otras áreas de la convivencia» (ABC, Madrid, 27-enero-1983) y El País informaba, sin ser desmentido: «El Gabinete ha obtenido garantías de que la fuerte oposición católica al aborto no significará la descalificación global de la Administración socialista» (31-enero-1983). Poco después el mismo periódico recogía unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal en las que afirmaba que muchos cristianos han votado al PSOE pero ello no significa una aceptación íntegra de su programa ni del aborto, y agregaba: «No creo que el católico tenga forzosamente que recluirse en partidos de derechas, porque los partidos de derechas presentan también inconvenientes a la conciencia cristiana» (El País, Madrid, 20-febrero-1983), afirmación esta última que no se entiende como una crítica a los postulados liberales y laicistas asumidos por la derecha democrática sino como un respaldo al apoyo recibido por los socialistas desde sectores oficialmente católicos. Para el Obispo auxiliar de Madrid José Manuel Estepa: «La Iglesia debe proclamar su punto de vista y llamar a la conciencia de los católicos. Nada más; no se trata de levantar ninguna lucha contra el Gobierno» (Ya, Madrid, 28-enero-1983) y, de dar crédito a las declaraciones recogidas por El País, el también Obispo Alberto Iniesta habría afirmado: «Estaríamos deseando encontrar argumentos científicos y objetivos que nos pudieran demostrar que allí [en el óvulo recién fecundado] no hay vida humana en grado alguno» (18-enero-1983).
Únicamente el Obispo de Cuenca, Monseñor Guerra Campos, se destacó por la precisión de los argumentos teológicos, morales y canónicos, especialmente en sus dos cartas pastorales sobre el tema en las que señalaba la responsabilidad de las autoridades concentrada en los autores de la ley («a saber: a) El presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros; b) los parlamentarios que la voten; c) el jefe del Estado que la sancione») y las raíces de la legalización del crimen en una Constitución gravemente cuestionable desde el punto de vista moral: «El gran problema es que, si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que, no sólo los gobernantes, sino la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes. (Y a propósito: ¿tienen algo que decirnos los gobernantes, más o menos respaldados por clérigos, que en su día engañaron al pueblo, solicitando su voto con la seguridad de que la Constitución no permitía el aborto? Y digan lo que digan, ¿va a impedir eso la matanza que se ha legalizado?)» (Pastoral del 13-julio-1985). Terminaba recordando don José Guerra que ninguna autoridad de la Iglesia puede modificar la culpabilidad moral ni la malicia del escándalo:
De acuerdo con estos principios se consideraba que el niño no nacido forma parte del cuerpo de la madre y ésta dispone de un derecho ilimitado a disponer de él. A este razonamiento responde la ley refrendada por el Congreso, aprobada por el Senado el 30 de noviembre del mismo año y ligeramente modificada tras pasar por el Tribunal Constitucional. El 5 de julio de 1985 el texto recibía la sanción real y sigue todavía en vigor bajo gobiernos en mayoría y en coalición tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. Resulta curioso y lamentable como, ante el anuncio de una inminente ampliación de los términos de la ley indicada, el centro-derecha se ha posicionado en la más estricta defensa de los supuestos planteados en la década de los ochenta, suponemos que hasta que el paso del tiempo les vuelva paladines en la conservación de lo que hoy postulan los más radicales defensores de la cultura de la muerte.
Mucho se discutió en esos días sobre la irresponsabilidad jurídica del Rey y esperamos que no sea éste un debate cerrado. Pensamos que no es posible obviarlo porque el tema trasciende la esfera del Derecho Constitucional para situarse también en los límites del Derecho Natural y del Canónico; éste último porque precisa penas concretas para el delito de aborto y todos aquellos que cooperan a él y la propia racionalidad de las cosas porque la sanción real es un acto humano y no mecánico y por su propia naturaleza el hombre es responsable de sus actos.
Observaremos también con atención la posición de la Iglesia ante esta querella confiando en que no se repita la triste actuación de aquellos años en que se recordó la doctrina pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos. El entonces presidente de la Conferencia Episcopal, Díaz Merchán, pidió «que la discrepancia en esta materia no se extrapole a otras áreas de la convivencia» (ABC, Madrid, 27-enero-1983) y El País informaba, sin ser desmentido: «El Gabinete ha obtenido garantías de que la fuerte oposición católica al aborto no significará la descalificación global de la Administración socialista» (31-enero-1983). Poco después el mismo periódico recogía unas declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal en las que afirmaba que muchos cristianos han votado al PSOE pero ello no significa una aceptación íntegra de su programa ni del aborto, y agregaba: «No creo que el católico tenga forzosamente que recluirse en partidos de derechas, porque los partidos de derechas presentan también inconvenientes a la conciencia cristiana» (El País, Madrid, 20-febrero-1983), afirmación esta última que no se entiende como una crítica a los postulados liberales y laicistas asumidos por la derecha democrática sino como un respaldo al apoyo recibido por los socialistas desde sectores oficialmente católicos. Para el Obispo auxiliar de Madrid José Manuel Estepa: «La Iglesia debe proclamar su punto de vista y llamar a la conciencia de los católicos. Nada más; no se trata de levantar ninguna lucha contra el Gobierno» (Ya, Madrid, 28-enero-1983) y, de dar crédito a las declaraciones recogidas por El País, el también Obispo Alberto Iniesta habría afirmado: «Estaríamos deseando encontrar argumentos científicos y objetivos que nos pudieran demostrar que allí [en el óvulo recién fecundado] no hay vida humana en grado alguno» (18-enero-1983).
Únicamente el Obispo de Cuenca, Monseñor Guerra Campos, se destacó por la precisión de los argumentos teológicos, morales y canónicos, especialmente en sus dos cartas pastorales sobre el tema en las que señalaba la responsabilidad de las autoridades concentrada en los autores de la ley («a saber: a) El presidente del Gobierno y su Consejo de Ministros; b) los parlamentarios que la voten; c) el jefe del Estado que la sancione») y las raíces de la legalización del crimen en una Constitución gravemente cuestionable desde el punto de vista moral: «El gran problema es que, si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que, no sólo los gobernantes, sino la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes. (Y a propósito: ¿tienen algo que decirnos los gobernantes, más o menos respaldados por clérigos, que en su día engañaron al pueblo, solicitando su voto con la seguridad de que la Constitución no permitía el aborto? Y digan lo que digan, ¿va a impedir eso la matanza que se ha legalizado?)» (Pastoral del 13-julio-1985). Terminaba recordando don José Guerra que ninguna autoridad de la Iglesia puede modificar la culpabilidad moral ni la malicia del escándalo:
«A veces, se pretende eludir las responsabilidades más altas como si la
intervención de los Poderes públicos se redujese a hacer de testigos,
registradores o notarios de la «voluntad popular». Ellos verán. A Dios no se le engaña. Lo cierto es que, por ejemplo, el Jefe del Estado, al promulgar la ley a los españoles, no dice: «doy fe». Dice expresamente: «MANDO a todos los españoles que la guarden».
Los que han implantado la ley del aborto son
autores conscientes y contumaces de lo que el Papa califica de «gravísima
violación del orden moral», con toda su carga de nocividad y de escándalo
social. Vean los católicos implicados si les alcanza el canon 915, que excluye
de la Comunión a los que persisten en «manifiesto pecado grave». ¿De veras pueden alegar alguna eximente que los libre de culpa en su decisiva cooperación al mal? ¿La hay? Si la hubiere, sería excepcionalísima y, en todo caso, transitoria. Y piensen que los representantes de la Iglesia no pueden degradar su ministerio elevando a comunicación in sacris la mera relación social o diplomática.
La regla general es clara. Los católicos que en cargo público,
con leyes o actos de gobierno, promueven o facilitan —y, en todo caso, protegen jurídicamente— la comisión del crimen del aborto, no podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos. Como tales habrán de ser tratados —particularmente en el uso de los Sacramentos—, mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos».
Mirando al pasado, confiemos en que sean éstas las enseñanzas sostenidas y recordadas en la nueva ofensiva que estamos sufriendo. Y que los postulados en ellas explicitados sean acogidos hasta las últimas consecuencias.
Publicado en:
http://www.diarioya.es/content/mirando-al-pasado-y-al-futuro
