«M. Proudhon ha escrito en sus Confesiones de un revolucionario estas notables palabras: "Es cosa que admira el ver de qué manera en todas nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología". Nada hay aquí que pueda causar sorpresa, sino la sorpresa de M. Proudhon. La teología, por lo mismo que es la ciencia de Dios, es el océano que contiene y abarca todas las ciencias, así como Dios es el océano que contiene y abarca todas las cosas» (Donoso Cortés).

miércoles, 21 de agosto de 2013

La segunda transición y la manipulación de la historia

¿De quién se reían?
Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. (Gran ovación.) Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil. ¿Qué es si no la lucha que se desarrolla todos los días entre patronos y obreros? Estamos en plena guerra civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. Francisco Largo Caballero, presidente del Partido Socialista Obrero Español: discurso en Don Benito (Badajoz), 8 de noviembre de 1933.
Moisés Domínguez Núñez -generoso colaborador del Foro Historia en Libertad- ha honrado el pasado 14 de agosto las páginas de nuestro suplemento, rescatando del olvido un lejano episodio ocurrido en 1976: La “matanza” de Badajoz, caso sobreseído.

Coincidiendo con las primeras iniciativas en torno a la “reforma política”, una serie de periodistas, vinculados a posiciones rupturistas, acentuaron la tendencia a una concepción sesgada y militante de la historia utilizando a su servicio los medios de comunicación. Se empleaban así los episodios del pasado con la intención de contribuir a desacreditar y desmoralizar al adversario político, resucitando la división entre españoles y las viejas raíces de frustración e injusticia que habían desembocado en la Guerra Civil de 1936. El responsable del caso ahora comentado en el artículo de Moisés Domínguez tuvo que enfrentarse a la acción de la justicia militar bajo la acusación de vulnerar los límites legalmente impuestos a la llamada “libertad de expresión”[1].

Pocos meses después, el general Salas Larrazábal publicaría un libro en el que se ocupaba ampliamente de la violencia en ambas retaguardias durante la Guerra Civil y la posguerra. La diferencia de objetivos entre artículos como el divulgado en la Hoja del Lunes pacense y la investigación del historiador que hemos citado radica en que este último se proponía «rescatar el tema [las pérdidas humanas en la Guerra Civil Española] de ese terreno beligerante, condicionado por solicitaciones más o menos interesadas en ofrecer una determinada y preconcebida imagen de los hechos, y devolverlo al limpio campo de la investigación histórica»[2].

A pesar de que el intento era tan burdo, y los argumentos tan falaces pues se limitaban a repetir un texto ayuno de cualquier lectura crítica redactado por el historiador comunista Manuel Tuñón de Lara[3], el episodio de la Hoja del Lunes quedó en tablas y una amnistía impidió determinar si la Ley daba la razón al periodista o a sus acusadores. En poco tiempo se impuso la ley del silencio y nadie parecía interesado en aclarar lo ocurrido en Badajoz el 14 de agosto de 1936. 

Una “transición” desmemoriada
A partir de entonces, la tendencia que se impuso mayoritariamente en la izquierda optó por esconder provisionalmente el fantasma del guerracivilismo y marginar a sus más conspicuos representantes (incluso un exultante y juvenil González ocuparía el lugar que parecía reservado para Santiago Carrillo, implicado en tantos episodios oscuros). En ese contexto era mejor no aclarar las cosas, dejando que los bulos de la propaganda y el desconocimiento del pasado siguieran haciendo su labor… Y favoreciendo la difusión de los mitos izquierdistas como venía ocurriendo en los últimos años a consecuencia de la equívoca política de “reconciliación” promovida desde el propio Estado. Basta señalar que los más famosos libros de Tuñón de Lara publicados en el extranjero en 1961 y 1966, pudieron publicarse poco después en España (La España del siglo XIX y La España del siglo XX, Barcelona: Laia, 1974).

Al mismo tiempo, los representantes políticos, militares y judiciales del Régimen todavía vigente se apresuraban a garantizar su acomodo en la operación de transición diseñada, sin el menor interés por defender a las figuras históricas del pasado y, menos aún, a su justificación moral e histórica. No tanto por el temor de enfrentarse a presuntas responsabilidades (es notorio que las leyes de amnistía favorecieron fundamentalmente a los terroristas de ultraizquierda) sino por la necesidad de que la izquierda les concediera acomodo, renunciando a viejas reivindicaciones republicanas y socializantes, y sumándose al proceso de transición política consensuado.
Al final, se imponían las concepciones del Régimen que lo motejaron de “franquismo” y lo entendieron como un expediente transitorio, nacido de unas circunstancias excepcionales, improrrogable a la muerte de Franco y dando por descartadas las fórmulas que habían buscado la superación teórico-práctica del socialismo y de la democracia liberal que ahora regresaban triunfantes e impolutos, aparentemente sin ninguna responsabilidad en lo hasta entonces ocurrido[4]. Durante mucho tiempo (¿todavía hoy?) “la culpa de todo” sería de Franco y casi cuarenta años después de su muerte, se han proclamado “antifranquistas” o se puede considerar como tales a Carod Rovira, De Juana Chaos, Rubalcaba, Rajoy, Alfonso Guerra, Josu Ternera, Mas, Carrillo, Chacón, Cebrián, Arenas, Camps, Roldán, Odón Elorza, Setién, Basagoiti, Arzallus o Esperanza Aguirre... La propia enumeración y la flaqueza de los personajes apuntados en el elenco, y de otros que pudieran aducirse hasta agotar la lista, basta para descalificar a la posición adoptada sin necesidad de entrar en más polémicas.

El mismo que, en 1969, aseguraba haber recibido del Jefe del Estado «la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino»[5] , era aún más firme en 1975 al advertir que:
El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para, mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio[6].
Pero ni el que pronunció estas palabras ni los que las aplaudieron, pusieron el más mínimo interés en concretarlas en medidas eficaces, ni desde el punto de vista jurídico, ni, menos aún, en lo que a la investigación histórica y al reconocimiento público se refiere. Para Franco y los hombres que, a sus órdenes, acaban de llevar a cabo la transformación histórica de España, no hubo Ley que amparase su memoria. Y eso que políticos como el Director General de Política Interior, Enrique Sánchez de León, había avalado el proceso de transición ante las cámaras de TVE con el irrefutable argumento de que «Franco hubiera votado sí»[7].
Al negar la legitimidad de origen y de ejercicio del anterior Régimen político, se acabó configurando una sedicente Constitución cuyas raíces inmediatas nadie quería reconocer en el sistema hasta entonces vigente y se abría paso a dos posiciones.
  • El inestable salto en el vacío que pretenden los representantes del actual centro-derecha renunciando a cualquier vinculación con el pasado. El PP es un partido “sin historia”, más allá de sus sucesivas refundaciones, dirigentes quemados y cambios de estética.
  • La continuidad proclamada entre los postulados que sostienen en la actualidad socialistas, comunistas y regionalistas de izquierda y los que impusieron sus ya lejanos e idealizados antepasados. Lógicamente, silenciando las raíces familiares cuando proceden de conspicuas familias que no se caracterizaron precisamente por el “antifranquismo”. Las carencias intelectuales y la frivolidad de los escenarios políticos diseñados por Fraga, Aznar y Rajoy han favorecido la absoluta hegemonía de este revisionismo neo-republicano.
De la historiografía roja a la memoria histórica
Una vez que el rotundo fracaso de los gestores centristas dejó el poder en manos de la izquierda, las víctimas de la guerra volvieron a ser agitadas unilateralmente desde los gobiernos, autonomías y ayuntamientos que comenzaron a desmantelar el legado monumental e histórico vinculado a la España de Franco. Al tiempo, promovían una imagen en la que la Segunda República, la zona roja y la oposición “antifranquista” adquirían caracteres de paraíso, sin mezcla de mal alguno, y sus protagonistas eran presentados como seres a los que caracterizaban todas las virtudes humanas y democráticas.

Además, en las décadas de los ochenta y los noventa fraguó una historiografía neo-republicana, obra de autores vinculados a tendencias políticas de esta naturaleza, que se limitaba a repetir los tópicos de la propaganda frentepopulista (en sus diferentes versiones, comunista, socialdemócrata y hasta anarquista) aderezándola con formulaciones más o menos retóricas.

Si en un primer momento se notaba un predominio de los marcos interpretativos vinculados a formas cada vez más depauperadas del materialismo histórico, una vez que el Partido Socialista y, más tarde, el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero hizo suyos los planteamientos de la llamada recuperación de la memoria histórica, la mayoría de las aportaciones hechas desde el ámbito universitario se han subordinado a esta tendencia que se mueve en límites extra-históricos para alcanzar exclusivamente fines políticos e ideológicos. Una práctica de publicaciones oficiales sometida a criterios generalmente ajenos a lo científico, con aplicación de formas nada sibilinas de censura, dificulta notablemente la difusión de obras al margen de estos planteamientos.

Al igual que el artículo publicado en Badajoz en 1976, la llamada recuperación de la memoria histórica forma parte de un proyecto que desborda la simple naturaleza política y tiene necesidad de un holocausto, de un genocidio para la descalificación sin paliativos de un bando nacional enfangado en sangre[8], primer paso para la posterior reivindicación del Frente Popular. Por eso, alguno de los más caracterizados representantes de la corriente plantea tan peculiar ofensiva en términos de dialéctica militante al hablar de “lucha en torno a la interpretación del pasado” o de “lucha historiográfica en torno a la represión franquista”

No basta, podemos decir incluso que es contraproducente, la restricción de fondos públicos asignados a las iniciativas promovidas al amparo de la mal llamada Ley de memoria histórica que viene aplicando el actual Gobierno bajo la presión de las limitaciones presupuestarias. No basta con esperar de brazos cruzados a que la izquierda vuelva al poder o sean necesarios sus votos (como ya ocurre en ciertas autonomías y ayuntamientos) para que los neo-republicanos vuelvan a tomar la iniciativa y los populares se mantengan bovinamente a su retaguardia, apoyando tímidamente sus manipulaciones y sus mentiras, mendigando una legitimidad histórica y moral que parecen precisar que les otorgue la izquierda.

Una izquierda que ha demostrado cumplidamente, a lo largo de estos años, que tiene un proyecto de transformación social (del que forma parte la memoria histórica) y un instrumento político que utiliza para imponer ese proyecto: el PSOE y sus fuerzas parasitarias. Por el contrario, la organización que se ha adjudicado la arbitraria e inestable posición del centro derecha, enfeudada a su liberalismo que es primero ideológico y luego económico, carece de cualquier referencia moral e histórica que vaya más allá de la pura gestión del poder inmediato. Por eso, el importante trabajo a nivel individual de numerosos historiadores que han dinamitado los soportes intelectuales de los mitos frentepopulistas carece, hasta ahora, de la necesaria proyección social en lo que a los usos públicos y académicos de la historia se refiere. Un símbolo gráfico de lo que decimos fue la retirada de la estatua ecuestre del Generalísimo hasta entonces ubicada en los Nuevos Ministerios mientras, a escasos metros, sobreviven las dedicadas a los golpistas Prieto y Largo Caballero, responsables de numerosas prácticas violentas aplicadas por el PSOE antes y durante la Guerra Civil.



Primera y segunda transición ¿Hay alternativa?
La “primera transición” desembocó en la restauración de las formas políticas liberales en paralelo a un proceso de desmembración de la unidad de España y de imposición de una cultura dominante de naturaleza esencialmente anticristiana. Desde 2004, cuando el terrorismo logró invertir la política interna y externa, se inició una “segunda transición” que tiene como objetivo consumar la ruptura que no fue posible en 1976 convirtiendo al sistema parlamentario en fase temporal hacia una nueva sociedad fácilmente reconocible en aquellos lugares donde ya se han aplicado las consignas del neo-socialismo de inspiración gramsciana.

Al servicio de este proyecto, la versión hoy dominante acerca de la España contemporánea es una auténtica falsificación historiográfica sostenida con millones de euros que sostienen a toda una casta de verdaderos “lisenkos” (en expresión de Pío Moa) y respaldada por el aparato pseudo-jurídico de la llamada Ley de Memoria Histórica.
Ahora bien, una sociedad no se sostiene sobre la mera coexistencia ni puede ser indiscriminadamente abierta. La comunidad política descansa sobre un entramado de virtudes y valores comunitariamente aceptados y cordialmente vividos que es lo que Wilhelmsen y Kendall han llamado la ortodoxia pública y que supone la consideración de ciertas verdades como valores absolutos. Sobre estos principios deben fundamentarse los llamados “usos públicos de la Historia”, y nunca desde la ignorancia o la falsificación de este pasado, promovida por los voceros de una “recuperación de la memoria histórica” sostenida por todas las organizaciones políticas del arco parlamentario.

Porque la historia se puede concebir como ciencia al servicio de la paz, la concordia y el diálogo o utilizarla al servicio de sus intereses, como viene haciendo en España la oligarquía política, consciente de la importancia que la cultura tiene en su ofensiva para consolidarse en el poder cambiando la esencia de la sociedad española.
Ofensiva que solamente cambiará de dirección cuando esa misma sociedad comience a respaldar a las opciones políticas que están dispuestas a neutralizarla y abandone a quienes (como el Partido Popular) se limitan a figurar en su retaguardia, asumiendo las conquistas de la izquierda con veinte años de retraso y consolidando sus iniciativas legales y su totalitario proyecto social. Por eso es necesario exigir al Gobierno una respuesta positiva a las iniciativas para conseguir la derogación de la llamada “Ley de Memoria Histórica”.


[1] Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta; artículo 2: «La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones, reconocidas en el artículo primero, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa Nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a la Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar» (BOE, 19 de marzo de 1966).
[2] Ramón SALAS LARRAZÁBAL, Pérdidas de la guerra, Barcelona: Planeta, 1977, págs. 29-30.
[3] Tuñón, probable agente del KGB, según Jorge Semprún, había dirigido durante la guerra la Escuela de Cuadros de la estalinista Juventud Socialista Unificada. Sus cursos y seminarios en Francia funcionaron como una auténtica escuela destinada a infiltrar a sus adeptos en la universidad y en la prensa españolas y para propagar desde ellas el materialismo histórico y la visión comunista de la república y la guerra civil. En España encontró la absoluta falta de defensas ideológicas del Régimen y el apoyo de profesores conservadores ansiosos de de que les fuera otorgado aval de “progresismo”.
[4] Cfr. Pío MOA, Franco (Un balance histórico), Barcelona: Planeta, 2005, págs. 90 y 169-170. Franco sostenía esta última posición mientras que la primera y triunfante no explica la trayectoria del Nuevo Estado ni su verdadera continuidad institucional entre la muerte del Caudillo y la demolición de las Leyes Fundamentales. En la imposición de la tendencia finalmente hegemónica parece decisiva la evolución oficial de la Iglesia que tiene su expresión en los textos del Concilio Vaticano II, en la política eclesiástica que promovió su aplicación y en las personas y organizaciones que gestionaron las posiciones dominantes a partir de 1959.
[5] Cit.en: Palabras de su Alteza Real el Príncipe de España Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, Madrid: 1974, pág. 21.
[6] Cit.por Antonio FERNÁNDEZ GARCÍA (et all.), Documentos de Historia Contemporánea de España, Madrid: Actas, 1996, pág. 640.
[7] ABC, Madrid, 9-diciembre-1976, pág. 95.
[8] «Sobre Badajoz ha pervivido y aún pervive la memoria del miedo, la memoria de la sangre y su inextinguible leyenda, porque debajo de esa memoria y de esa leyenda hay una brutal e insoslayable realidad: sangre inocente, ríos de sangre ―en el sentido literal de la expresión― absurdos e inútiles, que empañan todo pretendido idealismo, que enlodan la más sagrada de las causas», Alberto REIG TAPIA, Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu, Madrid: Alianza Editorial, 1999, pág. 110. Nunca se precisan las dimensiones del caudal de sangre que necesitan Reig Tapia y los seguidores del revisionismo neo-republicano para sacar semejante conclusión de la derramada por el Frente Popular entre sus adversarios, incluyendo a los situados en la propia izquierda.



Cuando las palabras no significan nada (I)

Son numerosos los autores que, desde diversas perspectivas, se han ocupado de la relación entre lenguaje y pensamiento. Todos ellos subrayan que, si bien es cierto que los cambios en el terreno de las ideas se manifiestan necesariamente en un nuevo lenguaje, no lo es menos que el lenguaje sirve como instrumento privilegiado a la hora de promover la mutación en las mentalidades y en las actitudes ante la realidad. Además, por la carga emocional que conllevan, las palabras adquieren, en cada contexto, un sentido que no tienen aisladamente o en otro escenario cultural. Con razón se ha dicho que “cambiar de lenguaje es cambiar de alma” porque, además de la relación objetiva de las palabras con las ideas y las realidades concretas, aquéllas están matizadas de una carga emocional que provoca reacciones más allá de lo estrictamente racional.

Pero situando el problema en su fundamento, la consideración que merece la relación entre palabra y concepto se deriva de una posición filosófica previa. Para el nominalismo, que se encuentra en la base de todas las ideologías modernas, no existe otra realidad que lo singular y el entendimiento no conoce más que lo individual, por tanto las disciplinas que se ocupan de los universales carecen de consistencia y apenas son otra cosa que juegos de palabras.

Por el contrario, es una conquista de la filosofía clásica, sostenida después como proposición fundamental por la filosofía cristiana que el verbo vocal se adecua al concepto y éste guarda relación directa con la cosa pensada pues la abstracción encuentra su fundamento en la estructura misma del ser y no es simple especulación del sujeto cognoscente (más o menos respaldada en la realidad de acuerdo con la teoría que la explica). No hay ruptura, pues, entre el ser, el concepto y la palabra, aunque, evidentemente el hombre pueda interferir en el proceso con el error o la mentira (que en última instancia, no son sino falta de adecuación entre estas tres instancias).

La cuestión filosófia tiene repercusiones sustanciales para la teología. Entre los nominalistas no queda lugar para la metafísica ni para la teodicea. El Dios de los metafísicos, decía Ockham, no es sino el más universal de los universales y, por tanto, nada. Si, además, se sostiene que las fórmulas verbales recogen solamente la aprehensión subjetiva en vez del contenido del ser, la teología se disuelve en pura psicología religiosa y la dogmática en historia del dogma. El historicismo llega a formulaciones extremas en  la pretensión, como la del entonces teólogo Ratzinger, de confinar determinados pronunciamientos magisteriales al momento en que fueron emitidos careciendo de cualquier efectividad posterior:
[Instrucción  Donum Veritatis] afirma – tal vez por primera vez tan claramente – que hay decisiones del Magisterio que no pueden ser la última palabra sobre una materia como tal, sino un anclaje importante para el problema, y sobre todo una expresión de prudencia pastoral, una especie de disposición provisional. Su contenido sigue siendo válido, pero los detalles en los que las circunstancias de tiempo pueden haber influido necesitan correcciones más tarde. En referencia a esto, se puede pensar así tanto de las declaraciones de los papas del siglo pasado sobre la libertad religiosa como de las decisiones antimodernistas de principios de siglo (L’Osservatore Romano. Edición semanal, 27 de junio de 1990, p. 9) [1]
La condena del historicismo dogmático no prescinde de las dificultades que supone la relación entre las verdades objeto de la fe y su expresión en fórmulas dogmáticas. En ese sentido, Pablo VI estuvo sorprendentemente acertado cuando caracterizó a la Iglesia como "tenaz" y "conservadora" del "patrimonio identico, esencial, constitucional de la misma doctrina de Cristo y profesada por la tradición auténtica y autorizada de la única y verdadera Iglesia", recalcando que este patrimonio lo conserva la Iglesia en fórmulas conceptuales y verbales "que nos obliga a mantener textualmente" (Homilía en Kampala, Uganda, 31 de julio de 1969). En cambio, con ocasión del discurso inaugural del Concilio (Juan XXIII, Gaudet Ecclesiae, 11 de octubre de 1962) se había difundido una peligrosa distinción entre el “depósito de la fe y “las formulaciones de su revestimiento y el modo de enunciarlo”, sin que apareciera en la mayoría de las traducciones que desde entonces circularon la expresión, presente en el texto oficial latino, “eodem tamen sensu eademque sententia” (“manteniendo sin embargo el mismo sentido y el mismo contenido”). Palabras que citan implícitamente un texto clásico de San Vicente de Lehrins, y a las cuales está ligado el concepto de la relación entre la verdad que hay que creer y la fórmula con la que se expresa [2].

Es difícil subrayar excesivamente la distancia entre el contenido del dogma y su “revestimiento” (la expresión ya remite a un añadido extrínseco) sin caer en presupuestos similares a los enunciados por Lutero. Para el heresiarca alemán la razón no es capaz de penetrar en el ámbito de la trascendencia y las verdades de fe son únicamente accesibles por medio de la Escritura, de modo que cada ser humano debe acceder directamente a ellas: ningún magisterio es capaz de enriquecerlas o explicarlas. Llevado el sistema a sus últimas consecuencias por obra de los sucesivos idealismos, están así puestas las bases para el relativismo y el historicismo dogmáticos que rebate Pío XII (Humani Generis, 12-agosto-1950).
De ahí que no tienen por absurdo, sino por absolutamente necesario, que la teología, al hilo de las varias filosofías de que en el decurso de los tiempos se vale como de instrumento, vaya sustituyendo las antiguas nociones por otras nuevas, de suerte que por modos diversos y hasta en algún modo opuestos, pero, según ellos, equivalentes, traduzca a estilo humano las mismas verdades divinas. Añaden en fin que la historia de los dogmas consiste en exponer las varias formas sucesivas que la verdad revelada ha ido tomando, conforme a las varias doctrinas e ideas que han aparecido en el decurso de los siglos (Dz 2.310 ).
En efecto, los términos empleados por las escuelas teológicas y por el magisterio de la Iglesia para expresar los conceptos doctrinales han sido a lo largo de la historia perfeccionados y aquilatados y se han producido innovaciones. Tampoco es posible hipotecarse con un determinado y efímero sistema filosófico como vehículo para la expresión de estas verdades. Pero, dicho esto, no puede ignorarse que los conceptos y términos acuñados a lo largo de los siglos “con unánime consentimiento por los doctores católicos” tienen su fundamento “en los principios y conceptos deducidos del verdadero conocimiento de las cosas creadas, deducción realizada a la luz de la verdad revelada que, por medio de la Iglesia iluminaba, como una estrella, la mente humana” (Ibid. cfr. Dz 2.311-12).
Abandonar dichas nociones y expresiones conduce al relativismo dogmático y es ya expresión del mismo. Un ejemplo clásico al respecto es el de la transubstanciación como formulación de la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. La propuesta de palabras alternativas (transfinalización, transignificación...) destruye el dogma de fe, pasando de un sentido a otro, de una verdad a su negación.

Veremos en sucesivos artículos como la crisis sin precedentes en que vive inmersa la Iglesia Católica ha ido acompañada de sustanciales modificaciones en el terreno del lenguaje: supresión de la lengua latina acompañada de su reemplazo por traducciones de dudosa fidelidad; rechazo de la terminología escolástica, abandono de palabras (y, de los conceptos a ellos asociados) y transmutación semántica, hasta desembocar en un discurso ayuno de cualquier significado donde las palabras pronunciadas por los eclesiásticos contribuyen a la configuración de un universo sin finalidad ni sentido.

No en vano, como nos recuerda el episodio de la Torre de Babel, “la misteriosa eficacia del lenguaje para la confusión de las almas y para la dispersión de los pueblos aparece en los orígenes no menos claramente que, como reverso, su necesidad para explicar la formación del pensamiento y de la comunicación humana” (Rafael GAMBRA, El lenguaje y los mitos, Madrid: Speiro, 1983, pag. 10)


[1] Aunque sea una cuestión marginal a la principal que estamos tratando, conviene apreciar que la posición de Ratzinger salva los reproches que desde las ideologías progresistas se hacen a las posturas tomadas por los papas frente al liberalismo o al modernismo ya que, al menos, les concede que fueron expresiones de prudencia pastoral pero reduce a cuestión de tiempo la superación del magisterio de cada momento. La propuesta es sugerente para obviar, por ejemplo, las dificultades que plantea el magisterio conciliar y posconciliar -que tampoco está exento de dificultades ni podrá considerarse desde esta perspectiva un punto de llegada definitivo- pero nos parece una falsa solución que no va al fondo del problema.

[2] Con el tiempo se ha demostrado que las prevenciones de Romano Amerio eran acertadas (Cfr Romano AMERIO, Iota Unum, 34.8: El dogma y sus expresiones). En efecto, la reconstrucción de la redacción de aquel texto (presentada ya en 1984 por los historiadores Alberigo y Melloni), demuestra que en el texto original italiano, revisado personalmente por el Papa, no estaba el inciso. Fue añadido cuando se realizó la traducción al latín y en L'Osservatore Romano se publicó el texto original, sin los retoques aportados en el momento de la traducción, probablemente -como apostilla Amerio- por alguien con mentalidad tradicional que quiso limar el desliz de Juan XXIII. Todavía hoy el texto se usa en una u otra versión según se quiera subrayar la novedad o la continuidad de la enseñanza conciliar. Así, la pagina web del Vaticano opta por lo primero y omite el inciso: "Una cosa es la substancia de la antigua doctrina, del "depositum fidei", y otra la manera de formular su expresión; y de ello ha de tenerse gran cuenta —con paciencia, si necesario fuese— ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter predominantemente pastoral".


Diez preguntas, sin respuesta, a la Conferencia Episcopal Española


En marzo de 2010 hicimos públicas diez preguntas a la Conferencia Episcopal Española acerca de la legislación abortista inspiradas en el magisterio de Mons. Guerra Campos. Hasta ahora no han recibido respuesta

Al cumplirse el pasado 5 de julio un aniversario más de la inicua ley de 1985 las reiteramos, no sin recordar que, gracias a los votantes del Partido Popular, sigue en vigor la segunda ley aprobada por el Partido Socialista en 2010

1.      El comportamiento del Jefe del Estado al sancionar y firmar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ¿está de acuerdo con la moral católica en los términos en que vaticinó el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Mons.Martínez Camino: “seguro que sabrá, como católico, adecuarse en sus actuaciones a la moral católica, que es una para todos los católicos”?

2.      Cuando se pretende eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se limitara a dar fe de la voluntad popular ¿No es cierto que el Jefe del Estado, al promulgar la ley dice expresamente: “Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica”?

3.      Al estar en juego la vida de cientos de miles de seres humanos, ¿no se debería haber instado a segur el criterio de los juristas que sostienen la capacidad legal del Jefe del Estado en el ordenamiento vigente para negar la sanción a una Ley?

4.      El 6 de julio de 1985 el periodista Abel Hernández afirmó en Diario 16 que “la obligación constitucional del Rey es firmar las leyes aprobadas en el Parlamento. ‘No tenía otra disyuntiva que firmar o irse’, según una destacada personalidad. Evidentemente al Papa [NOTA: Se refiere a Juan Pablo II] le parece muy bien que el Rey Juan Carlos siga en su puesto. La misma actitud mantiene el Episcopado español según he podido comprobar directamente en la dirección de la Iglesia española” ¿Era esto cierto? ¿Si no lo es, por qué no se ha desmentido? ¿Se ha repetido la historia 25 años después con protagonistas diferentes como afirmó Alfonso Ussía en el programa de Intereconomía TV Lágrimas en la lluvia?

5.      Los que han implantado la ley del aborto son autores conscientes y contumaces de una gravísima violación del orden moral ¿Se les está aplicando el canon 915, que excluye de la Comunión eucarística a los que “obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave”.

6.      Los católicos que con leyes o actos de gobierno, promueven, facilitan y protegen jurídicamente la práctica del aborto merecen la calificación moral de pecadores públicos ¿Cómo se ha concretado el trato que se les dispensa en la administración de los Sacramentos mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos?

7.      ¿En qué situación moral quedan los católicos que dan su voto a los partidos que han  promovido y aprobado esta ley o han apoyado a la vigente hasta ahora? ¿Y los católicos que forman parte del Gobierno que no ha promovido su inmediata derogación o lo apoyan?

8.      ¿No es cierto que resulta contradictorio dar por bueno un sistema que lleva jurídicamente a efectos moralmente inadmisibles y que no es posible en conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir?

9.      ¿Acaso no es verdad que no se puede aceptar un orden constitucional por el que la suprema Magistratura se vea obligada a sancionar leyes absolutamente inmorales y que esto se aplica también al caso de la Monarquía parlamentaria o constitucional?

10. Si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes, hecho que hay que añadir a la nefasta gestión de  los gobernantes ¿Qué consecuencias concretas se derivan a la hora de valorar moralmente el sistema político implantado en España en 1978?