«M. Proudhon ha escrito en sus Confesiones de un revolucionario estas notables palabras: "Es cosa que admira el ver de qué manera en todas nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología". Nada hay aquí que pueda causar sorpresa, sino la sorpresa de M. Proudhon. La teología, por lo mismo que es la ciencia de Dios, es el océano que contiene y abarca todas las ciencias, así como Dios es el océano que contiene y abarca todas las cosas» (Donoso Cortés).

martes, 23 de diciembre de 2008

EL FRAUDE DE LA MEMORIA HISTÓRICA (II): Unos cadáveres que no interesan a nadie


Imagen: Soldados del Ejército Popular en el Ebro (1938)

36 esqueletos exhumados de una fosa común de la Guerra Civil, en cajas de cartón
La asociación Pozos de Caudé, que promovió su exhumación, los abandonó después de confirmar que no eran las personas que buscaban


Hallados 36 esqueletos exhumados de una fosa común de la Guerra Civil en la localidad de Singra, Teruel, apilados en cajas de cartón en la antigua escuela del municipio. La asociación Pozos de Caudé que promovió su exhumación los abandonó después de que los exámenes forenses confirmaran que no eran las personas que buscaban. El Ayuntamiento de Cindrá les pide que se hagan cargo de ellos.

La fosa común que se encontraba en el cementerio de Singra donde se hallaron los 36 cadáveres fue abierta en noviembre del pasado año a petición de la asociación Pozos de Caudé en un intento por encontrar a 12 personas de Calamocha pertenecientes al bando republicano que fueron fusilados en la localidad durante la Guerra Civil.

Una vez exhumados los esqueletos fueron analizados por un grupo de expertos que determinaron que la identidad no se correspondía con las personas que buscaban, si bien se trataba de soldados de ambos bandos que portaban botas y cartucheras con balas. Desde entonces los esqueletos se encuentran en cajas de cartón, en las antiguas escuelas de Singra.

Para Manuel Martín, Alcalde de Singra, el tener las cajas en las escuelas en un peligro: "La Asociación Pozos de Caudé tiene que comprar las cajas. Como no son los familiares que buscan dicen que 'ya lo harán. El tenerlos ahí, en un almacén del Ayuntamiento, es un peligro porque si un día entra cualquier animal los problemas son para nosotros" afirma el alcalde.

El Ayuntamiento de Singra puso anuncios en su momento en 'El País' y 'El Mundo' para que si hay personas que tengan la sospecha de que se trata de sus familiares traten de identificarlos, por el momento no hay ningún tipo de reclamación.

Tomado de: http://www.cadenaser.com/espana/articulo/36-esqueletos-exhumados-fosa-comun/csrcsrpor/20081208csrcsrnac_9/Tes



GUERRA CIVIL / CUANDO LA MEMORIA NO INTERESA
36 CADAVERES JOVENES QUE NADIE QUIERE

Tras nueve meses de aquí para allá, los restos de soldados de ambos bandos serán enterrados. Tuvieron la desgracia de ser hallados cuando se buscaba a 12 republicanos fusilados. Es el epílogo sarcástico en el dichoso año de la Memoria
ANA MARIA ORTIZ
Un viento helado y silbante azota de costado Singra la mañana del miércoles. Manuel Martín, el alcalde de esta localidad ubicada 40 kilómetros arriba de Teruel, abre una de las puertas del antiguo colegio -cerrado por falta de críos desde hace dos décadas- y señala el despropósito: «Usted cree que esto es sitio...». En la pared de la izquierda del cuartucho, junto a una vieja mesa, una pala, un banco descolorido y un montón de botes de pintura llenos de polvo y telarañas, se apilan un montón de cajas de cartón marrón.
Se comprende el enojo del regidor. Esta especie de sombrío almacén no parece el lugar más apropiado para conservar lo que las cajas contienen. En ellas se guardan los restos de 36 soldados muertos en las inmediaciones de Singra durante la Guerra Civil y sacados la primavera pasada de una fosa común del cementerio. Desde entonces, hará nueve meses, han estado rodando de una dependencia a otra sin que nadie supiera muy bien qué hacer con los huesos de estos 36 desconocidos, combatientes de ambos lados. Antes que en cajas estuvieron cuatro meses extendidos sobre papel de periódico en el suelo del aula de al lado. «Expuestos a que cualquier rata u otro animal entrara y los destrozara», explica Manuel Martín.
Hasta que el alcalde socialista de este pueblo conservador -los 98 vecinos votan al PP en las generales pero al él en las municipales- logró colar su voz en la radio aprovechando la polémica montada por el juez Baltasar Garzón y su iniciativa de desenterrar hasta el último muerto de la Guerra Civil. «Podemos levantar media España buscando a familiares», se pronunció Martín, «pero, ¿qué pasa con los que salen y que nadie reclama?, ¿qué hacemos con ellos?». La denuncia surtió efecto. Pasado mañana, por orden del Gobierno de Aragón, los 36 de Singra abandonarán sus féretros de cartón y serán ceremoniosamente sepultados en tres nichos del cementerio de la localidad.
Para entender cómo han llegado los huesos a este lúgubre rincón de la vieja escuela hay que remontarse dos años atrás. Fue en 2006 cuando la asociación Pozos de Caudé, que agrupa a familiares de desaparecidos durante la contienda y quienes han abierto varias fosas en la zona, se puso en contacto por primera vez con el ayuntamiento de Singra. [En toda España, desde el año 2000 se han abierto 175 fosas comunes de las que se han recuperado los restos de 4.100 personas].
Los de Pozos de Caudé buscaban a 12 concejales republicanos de la vecina localidad de Calamocha fusilados en las cercanías de Singra en 1936, en los albores de la contienda. Según algún testimonio de la época, sus cadáveres habían acabado bajo el suelo del camposanto del pueblo. Llamaban al alcalde porque querían sacarlos de allí y entregárselos a sus descendientes. «Todos sabíamos que en esa fosa había soldados y que si excavaban sus restos saldrían los primeros», relata Martín.
La historia de la sepultura de los combatientes anónimos se conocía porque la había contado Vicente Gómez, quien participó en los enterramientos. Vicente, 90 años el próximo abril, es un anciano muy lúcido y bien puesto. Sentando frente al ventanal de su casa, dibuja las posiciones que ocupaban los dos bandos enfrentados aquel febrero de 1938. Los nacionales, instalados en Singra -algunos oficiales dormían en su casa- avanzando camino de Madrid. Los republicanos, en la sierra de enfrente intentando contener la embestida. Cuando la batalla acabó, con el triunfo de los primeros, a Vicente le ordenaron que aparejara su carro y recogiera los cadáveres, de ambos bandos, desperdigados en la zona. «Salimos cuatro carros y cargamos una decena de cuerpos cada uno», recuerda.Los echaron en la fosa.
Y allí estaban cuando los arqueólogos comenzaron las excavaciones en octubre de 2007. Ni rastro de los concejales republicanos que se buscaban, quienes, probablemente, están bajo las tumbas de los vecinos de Singra, levantadas en los 80. Para sacarlos habría que mover a todos los muertos. En su lugar, salieron esqueletos armados con cartucheras, restos de municiones, dentaduras jóvenes...Uno a uno, hasta 36. Anónimos. Sin ninguna placa o pista que los identificara.
El martes serán enterrados de nuevo juntos, distribuidos en tres nichos que serán sellados con una enorme placa de zinc. En ella, se leerá la famosa estrofa del poeta John Donne: «La muerte de cualquier hombre me disminuye porque soy parte de la humanidad.Por eso nunca preguntes por quién doblan las campanas...».

REDESCUBRIR LA HISTORIA COMO ARTE Y COMO CIENCIA




imagen: http://farm1.static.flickr.com/65/223663769_a1bd80de93.jpg?v=0

La llamada recuperación de la memoria histórica, promovida mediante continuas noticias en los medios de comunicación, iniciativas judiciales, millonarios proyectos de investigación, publicaciones subvencionadas, películas, seriales lacrimógenos del género Cuéntame o ese otro que nos ponen en TVE1 a la hora de la siesta, no es fruto de la casualidad ni de un espontáneo reverdecer de viejas querellas sino que responde a una estrategia sistemática al servicio del proyecto de cambio social promovido por la izquierda radical (es decir, toda la izquierda, porque en España no hay izquierda moderada) y los nacionalistas.

Esto de que la historia se escribe al servicio del poder viene a ser como el pecado original de los que nos dedicamos a esta disciplina. Pero seguirlo haciendo en el siglo XXI es como si los médicos de nuestros días reservaran los secretos de su ciencia al uso exclusivo de los gobernantes como supongo que los médicos egipcios lo harían al servicio de los faraones. Convertirnos en los legitimadores de las ideologías que se pretende convertir en dominantes es renunciar a la naturaleza de la historia como ciencia, es decir, como ámbito de conocimiento de lo real.

No creo que lo que caracteriza el paso de cualquier ámbito al terreno científico sea únicamente el progreso en el empleo de medios técnicos sino que dicho proceso tiene que ir acompañado de una madurez en el terreno de las motivaciones y de los frutos. Así, la historia que es susceptible de ser utilizada al servicio de estrategias de dominación también se puede convertir en fundamento de una convivencia equilibrada. Para ello bastaría seguir las recomendaciones de los clásicos: proceder con buena fe, sin encono sectario y tras someter a crítica la información aportada por las más diversas fuentes. Me encanta saborear el siguiente párrafo del historiador romano Tácito, escrito a comienzos del siglo II:

«Las prosperidades y los reveses de la antigua república tuvieron historiadores
ilustres; y los mismos tiempos de Augusto no carecieron de ellos, antes de que
la adulación creciente los espantara. La historia de Tiberio, de Cayo, de
Claudio y de Nerón, falsificada por el temor en los días de su grandeza, fue
escrita ―después de su muerte― bajo la influencia de odios demasiado recientes.
Diré pues pocas palabras sobre Augusto, y de su fin solamente. Luego contaré el
reinado de Tiberio y los tres siguientes, sin amargura y sin parcialidad (sine
ira et studio) pues estoy lejos de ambas motivaciones».
La memoria no es puro recuerdo biográfico sino conciencia formada por un tejido de experiencias, ideas, valores asumido, lecturas o transmisión de otras informaciones. Por eso, todo lo que se construye bajo la etiqueta de la memoria histórica es una mezcla de amargura y parcialidad, escrita bajo la influencia de odios demasiado recientes.

Pero no basta con esperar sentados a que la memoria histórica se agote en su propia esterilidad. Puesto que no pertenece al patrimonio científico de la historia debe ser dejada a un lado en el debate intelectual y carecer de cualquier aplicación docente o jurídica. Al haber sido ya asumida por la oligarquía política, una sociedad democrática madura (si lo es la española) tendrá que descubrir que los verdaderos historiadores no se consideran en posesión de una verdad meta-histórica capaz de interpretar y juzgar el pasado a la luz de los principios actuales (o precisamente de la falta de ellos).

Nuestro objetivo es procurar que los conocimientos y los interrogantes acerca del ayer estén al alcance de todos. Para eso es necesario abrir una extensa reflexión sobre los usos públicos de la historia, y proponer soluciones que permitan resistir más eficazmente a las tentativas de instrumentalizarla. Y eso no será posible sin la derogación de los instrumentos legales promovidos por la ideología de la memoria dejando espacio únicamente a medidas jurídicas para reparar las injusticias cometidas en la destrucción de testimonios históricos y documentales o en la glorificación indebida de personajes y circunstancias del pasado.

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viernes, 19 de diciembre de 2008

EL FRAUDE DE LA MEMORIA HISTÓRICA (I): Las listas de Extremadura

Las listas de la memoria histórica en Extremadura: ¿fraude o incompetencia?

Martín Rubio demuestra la falacia de la memoria histórica en Extremadura

Extremadura fue sin duda una de las más afectadas por las ejecuciones que tuvieron lugar durante la pasada Guerra Civil Española. Ahora, la prensa regional ha informado de la publicación en Internet de la lista de los 13.993 fusilados de la Guerra Civil en la región extremeña. Los investigadores del Proyecto llevan cinco años recorriendo archivos y recopilando testimonios directos cuyos resultados ven ahora la luz. Pero en las listas de víctimas del franquismo se ha atribuído a la represión causada por los nacionales un porcentaje de víctimas que en realidad se deben a otras causas, por lo que los balances finales no pueden aceptarse.

Redacción Cultura - 19-12-08
En un estudio realizado por Ángel David Martín Rubio sobre la represión publicado en 1997, pudieron obtenerse unas cifras derivadas de las estadísticas oficiales publicadas por el INE que situaba a las víctimas de Badajoz en la zona frentepopulista en torno a las 1.400 personas y en un mínimo cercano 5.000 para las de zona nacional y posguerra. Unos valores que invitan a plantear con toda seriedad y respeto la cuestión.

Ahora, la prensa regional ha informado de la publicación en Internet de la lista de los 13.993 fusilados de la Guerra Civil en Extremadura (Diario Hoy, Badajoz, 17-diciembre-2008).

Los investigadores del Proyecto de la Memoria Histórica, responsables del trabajo, estiman que aún faltan 1.500 nombres por documentar y según informó Julián Chaves Palacios, director del equipo, llevan cinco años recorriendo archivos históricos y recopilando testimonios directos cuyos resultados salen ahora a la luz. Los responsables de este equipo sumando los fallecidos de Cáceres y Badajoz, obtienen 12.501 para lo que ellos llaman "la represión franquista" y 1.496 como consecuencia de "la represión republicana".

A pesar del esfuerzo realizado tenemos que reconocer nuestra decepción al hacerse público el resultado de unas investigaciones que se han demorado durante años y que se supone están respaldadas por las instituciones cuyo sello aparece en la página Web en que han sido difundidas estas listas (Universidad de Extremadura, Junta de Extremadura y Diputaciones de Cáceres y Badajoz).

La propia investigación de Martín Rubio y su equipo acerca del período de la República, la Guerra Civil y la España de Franco en la provincia de Badajoz les permite constatar que se ha repetido lo que venían practicando de manera poco escrupulosa otros historiógrafos han practicado hasta ahora.

Es decir, se atribuyen a la represión causada por los nacionales un porcentaje de víctimas que en realidad se deben a otras causas por lo que los balances finales no pueden aceptarse. (cfr. http://historiaex.unex.es/media/rep_fran_fin.pdf).

Así, confrontando estas listas de manera superficial, puede comprobarse que se mezclan con las verdaderamente causadas por la represión nacional muertos con anterioridad a la fecha en que se ocuparon las poblaciones por los nacionales, víctimas izquierdistas, bajas por bombardeos y explosiones, asesinados por los frentepopulistas, o por partidas de izquierdistas huidos, miembros del Ejército nacional muertos en acción de guerra o del propio Ejército Popular en idénticas circunstancias. En algunos casos, se trata probablemente de caídos en acción de guerra por acción de los milicianos que fueron inscritos como muertos en choque con los marxistas aunque también son aquí contabilizados como víctimas de la represión nacional.

Además, en localidades donde hubo combates de relieve, las muertes correspondientes al día de lucha se incluyen en su totalidad como si fueran a causa de la represión; lo que nos llevaría al absurdo de tener que admitir que no fue inscrita ninguna baja ocasionada en acción de guerra.
Cabe recordar, por último, que la presencia de víctimas de izquierdas es uno de los rasgos definitorios del terror en la llamada zona republicana debido a las luchas por el predominio en la propia retaguardia y al afianzamiento del control soviético.

Otra circunstancia digna de notarse es que estas listas no solamente cometen errores al pretender contabilizar las víctimas de la represión nacional sino que también lo hacen con las de la represión en la retaguardia frentepopulista, tal vez por no tener que aceptar los datos que otros historiadores ya habían aportado con mayor precisión.

Esto último corrobora la impresión de que no estamos ante simples errores o imprecisiones que pueden aparecer en cualquier trabajo de esta naturaleza.

Aunque lo cierto es que la mayoría de ellos se podían haber subsanado simplemente con haber tenido en cuenta las aportaciones y la investigación que hemos hecho otros historiadores en lugar de aplicarnos la censura o la descalificación unilateral como la que tuvo lugar en noviembre de 2004 en el Simposio sobre la Memoria Histórica de los sucesos de 1936 en Badajoz. De haberlo hecho así se podría haber alcanzado una mayor precisión en lo que al número de víctimas se refiere y, sobre todo, un avance en su explicación historiográfica al margen de prejuicios ideológicos.

Y es que la llamada recuperación de la memoria histórica forma parte de un proyecto que nada tiene que ver con la historia a no ser su empleo como arma de un combate caracterizado por frecuentes episodios de pobreza conceptual, deterioro moral, agresividad y eliminación de toda voz discordante por eso parece que se ha preferido avivar artificialmente el debate sobre los muertos manejando cifras redondas con las que se pretende superar las no menos arbitrarias que se han dado para otros lugares y silenciando que no es esa la cuestión más importante.
La verdadera tragedia histórica se quiere ocultar y, para eso, se necesitan miles de muertos atribuidos a un bando. Como han puesto de relieve otros historiadores europeos para circunstancias parecidas, la elaboración de discursos que eluden análisis complejos recayendo en el simplismo maniqueo, tiende a imponer una visión de la historia sustentada en los valores que se pretenden imponer desde el presente.
Tal y como señala Martín Rubio, "silenciar elementos significa prescindir de la complejidad de los procesos históricos, del papel real que desempeñaron los protagonistas, de las luchas por la hegemonía en un determinado momento".
En suma, afirma Martín Rubio, "se priva a los ciudadanos que se preguntan sobre problemas que a veces les afectaron directamente, a ellos o a su familia, de las posibilidades que la historia y el método de investigación histórica aportan como única herramienta para un conocimiento racional del pasado".

Por el contrario, prosigue el analista, "la Historia puede servir como fundamento de una convivencia equilibrada cuando se establece en los términos que ya señalaron los clásicos, es decir, procediendo con buena fe, sin encono sectario y tras someter a crítica la información aportada por las más diversas fuentes". Lamentable, "la aportación de este equipo de investigadores no parece que se haya hecho para situar el conocimiento del pasado más inmediato en el necesario terreno de una historiografía entendida como ciencia al servicio de la paz, la concordia y el diálogo", concluye el autor

Publicado en:
http://www.cope.es/19-12-08--martin_rubio_demuestra_falacia_memoria_historica_extremadura,25236,1,noticia_ampliada

miércoles, 17 de diciembre de 2008

LAS LISTAS DE LA MEMORIA HISTÓRICA EN EXTREMADURA: ¿FRAUDE O INCOMPETENCIA?



Aunque la iniciativa llega con un poco de retraso porque ya la Justicia ha puesto las aspiraciones del Juez Baltasar Garzón en su sitio, la prensa regional informa de la publicación en Internet de la lista de los 13.993 fusilados de la Guerra Civil en Extremadura (Diario Hoy, Badajoz, 17-diciembre-2008). Los investigadores del Proyecto de la Memoria Histórica, responsables del trabajo, estiman que aún faltan 1.500 nombres por documentar y según informó Julián Chaves Palacios, director científico del equipo, llevan cinco años recorriendo archivos históricos extremeños y nacionales y recopilando testimonios directos cuyos resultados ven ahora la luz. Por cierto, que en la información recogida no se hace ninguna alusión a historiadores ajenos a este equipo cuyas aportaciones suponemos habrán sido aprovechadas.

Que la región extremeña, y en particular la provincia de Badajoz, fue una de las más afectadas por las ejecuciones que tuvieron lugar durante la pasada Guerra Civil Española es algo que ya documentó acertadamente Ramón Salas Larrazábal en 1977 y que guarda relación con la ofensiva revolucionaria que sufrió esta provincia. Yo mismo, en un estudio sobre la represión publicado en 1997, pude obtener unas cifras derivadas de las estadísticas oficiales publicadas por el INE que situaba a las víctimas de Badajoz en zona frentepopulista en torno a las mil cuatrocientas personas y en un mínimo cercano a cinco mil para las de zona nacional y posguerra. Unos valores que invitan a plantear con toda seriedad y respeto la cuestión.
Los responsables del equipo de investigación citado, sumando ahora los fallecidos de Cáceres y Badajoz, obtienen 12.501 para lo que ellos llaman la represión franquista y 1.496 como consecuencia de la represión republicana. Significativamente, se prescinde de los caídos en acción de guerra aunque, como veremos, a esta causa se deben buena parte de los nombres que figuran en las listas ahora publicadas. Julián Chaves reconoció que «desde que se colgó la lista hace unos días han llamado numerosas personas al equipo de investigación para aportar nuevos nombres y datos, y también para corregir algunos detalles erróneos» (http://www.hoy.es/20081217/regional/publican-internet-lista-fusilados-20081217.html).

A pesar del esfuerzo realizado y que es necesario reconocer aquí, tenemos que reconocer nuestra decepción al hacerse público el resultado de unas investigaciones que se han demorado durante años y que suponemos respaldadas por las instituciones cuyo sello aparece en la página Web en que han sido difundidas estas listas (Universidad de Extremadura, Junta de Extremadura y Diputaciones de Cáceres y Badajoz). Nuestra propia investigación acerca del período de la República, la Guerra Civil y la España de Franco en la provincia de Badajoz que esperamos pronto tenga su plasmación en una Tesis Doctoral en elaboración, nos permite constatar que se ha repetido lo que venían practicando de manera poco escrupulosa otros historiógrafos. Es decir, se atribuyen a la represión causada por los nacionales un porcentaje de víctimas que en realidad se deben a otras causas por lo que los balances finales no pueden aceptarse (cfr. http://historiaex.unex.es/media/rep_fran_fin.pdf).

Así, confrontando estas listas de manera superficial con nuestra propia investigación, y sin referirnos a errores evidentes como contabilizar dos veces al alcalde de Zafra González Barrero con sus dos nombres de Eloy y José (entradas número 4952 y 4953), puede comprobarse que se mezclan con las verdaderamente causadas por la represión nacional ―y no olvidemos que fueron varios miles― muertos con anterioridad a la fecha en que se ocuparon las poblaciones por los nacionales (p.ej. 119 Aguado Espino Juliano, Alburquerque 05 08 1936; 474 Aparicio García Ana, Badajoz 08 08 1936; 2181 Ceballos Galván Ángel Castuera 25 08 1936; 1671 Camacho Chamero Faustino Siruela 10 01 1939); víctimas izquierdistas como las producidas durante los enfrentamientos sostenidos el 19 de julio entre los revolucionarios y fuerzas de orden público (8829 Parra Rubio José Monesterio 19 07 1936 y 8833 Parra Yerga Francisco Monesterio 19 07 1936; curiosamente, Eladio Bayón Villalba fallecido en dicha localidad como consecuencia de la actuación de un vecino que se defendió de la agresión sufrida, aparece en las dos relaciones, la de víctimas de la represión republicana y de la represión franquista); bajas por bombardeos y explosiones (123 Agudo Campos Alfonso Almendralejo 09 08 1936; 3044 Díaz Martínez Juan Almendralejo 08 08 1936); asesinados por los frentepopulistas (425 Amaya Amaya Francisco Talavera la Real 13 08 1936, en realidad el apellido es Anaya; 523 Ardila Crespo José Talavera la Real 13 08 1936; 7368 Melchor Cano Manuel Talavera la Real (Cta. de Badajoz) 13 08 1936) o por partidas de izquierdistas huidos (82 Acedo Acedo Diego Puebla de la Reina (Dehesa “Mineta”) 22 09 1936; 349 Álvarez González Francisco La Morera 27 09 1936) miembros del Ejército nacional muertos en acción de guerra (270 Alonso Gutierrez Abdón Llerena 31 08 1936) o del propio Ejército Popular en idénticas circunstancias (151 Aguilar Resa Francisco Monterrubio de la Serena 04 03 1939; 235 Alfaro Galera Santos Pedro Peraleda del Zaucejo 16 01 1939; 424 Amat García Pedro Domingo Juan Monterrubio de la Serena 26 01 1939). En algunos casos, se trata probablemente de caídos en acción de guerra por acción de los milicianos que fueron inscritos como muertos en choque con los marxistas aunque también son aquí contabilizados como víctimas de la represión nacional (169 Álamo Durán Rafael Azuaga 24 09 1936). Además, en localidades donde hubo combates de relieve, las muertes correspondientes al día de lucha se incluyen en su totalidad como si fueran a causa de la represión; esto nos llevaría al absurdo de tener que admitir que no fue inscrita ninguna baja ocasionada en acción de guerra...

El caso más pintoresco puede ser el de Juan Blanco Platón, a pesar de que ya apareció recogido en la primera edición de nuestro libro Los mitos de la represión en la guerra civil como uno de los nombres que añadía Francisco Espinosa Maestre para incrementar las cifras de víctimas en la capital. Un Edicto del Juez de Instrucción de Badajoz aparecido en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz (3-noviembre-1936) permite comprobar que falleció «a consecuencia de las lesiones que se originó al caerse de un carro», circunstancia que no impide considerarlo entre los «extremeños fallecidos a causa de la represión franquista durante la Guerra Civil y Dictadura». A Francisco Rodríguez Fuentes, asesinado el 9 de agosto por los frentepopulistas que perseguían a un guardia civil que se refugió en su casa de Santa Marta, se le incluye entre las víctimas de la represión franquista mientras que el concejal del pueblo de Feria Agustín Jaramillo Gamito, asesinado en el Ayuntamiento por un guardia para robar los fondos municipales a lo cual aquél se oponía ha sido sencillamente eliminado, no figura en estas listas. Por último no deja de ser irónico que sean considerados víctimas de la represión franquista alguno de los que cayeron en su propio domicilio de la localidad de Santa Amalia como consecuencia de un bombardeo de la Aviación al servicio del Gobierno republicano (1876 Carmona Cerezo Víctor Santa Amalia 31 07 1936).

Cabe recordar, por último, que la presencia de víctimas de izquierdas es uno de los rasgos definitorios del terror en la llamada zona republicana debido a las luchas por el predominio en la propia retaguardia y al afianzamiento del control soviético. Pese a todo, en las listas de la memoria histórica se considera víctima de la represión franquista a Francisco Márquez Ramos (concejal de Oliva de la Frontera asesinado en el período frentepopulista) o Antonio Zoido Díaz (de Jerez de los Caballeros, muerto en Madrid con motivo de las luchas entre socialistas y comunistas en marzo de 1939). En ese sentido, los socialistas y ugetistas fusilados en Cabeza del Buey en noviembre de 1936 fueron, efectivamente, víctimas de la represión republicana pero esa circunstancia nos alerta acerca de cómo hay que entender ese fenómeno que no se dirigió exclusivamente contra los derechistas.

Otra circunstancia digna de notarse es que estas listas no solamente cometen errores al pretender contabilizar las víctimas de la represión nacional sino que también lo hacen con las de la represión en la retaguardia frentepopulista, tal vez por no tener que aceptar los datos que otros historiadores ya habíamos aportado con mayor precisión. De nuevo se entremezclan los caídos ante los pelotones revolucionarios con muertos en acción de guerra o debidos a otras causas, en algunos casos, incluso algún ejecutado por los nacionales (cfr. http://historiaex.unex.es/media/list_rep_rep.pdf).

Esto último corrobora la impresión de que no estamos ante simples errores o imprecisiones que pueden aparecer en cualquier trabajo de esta naturaleza. Aunque lo cierto es que la mayoría de ellos se podían haber subsanado simplemente con haber tenido en cuenta las aportaciones y la investigación que hemos hecho otros historiadores en lugar de aplicarnos la censura o la descalificación unilateral como la que tuvo lugar en noviembre de 2004 en el Simposio sobre la Memoria Histórica de los sucesos de 1936 en Badajoz sin ningún respeto al auditorio, a los que nos encontrábamos allí sin que se nos diera posibilidad de réplica y a la naturaleza universitaria del ámbito.
De haberlo hecho así se podría haber alcanzado una mayor precisión en lo que al número de víctimas se refiere y, sobre todo, un avance en su explicación historiográfica al margen de prejuicios ideológicos. Por ejemplo, no se comprende que se prescinda de los caídos en acción de guerra que podían haber configurado una tercera relación, como si esas muertes no fueran relevantes desde el punto de vista histórico y demográfico como no parecen serlo desde la perspectiva propagandística al uso. Por cierto que estas bajas en acción de guerra en lo que al bando nacional se refiere, tanto en las provincias de Badajoz como en Cáceres, las hemos publicado en el proyecto promovido por Historia en Libertad bajo el título Los otros nombres: héroes y mártires, 1936-1939 (http://heroesymartires.blogspot.com/)
Y es que la llamada recuperación de la memoria histórica forma parte de un proyecto que nada tiene que ver con la historia a no ser su empleo como arma de un combate caracterizado por frecuentes episodios de pobreza conceptual, deterioro moral, agresividad y eliminación de toda voz discordante por eso parece que se ha preferido avivar artificialmente el debate sobre los muertos manejando cifras redondas con las que se pretende superar las no menos arbitrarias que se han dado para otros lugares y silenciando que no es esa la cuestión más importante.

En un mitin celebrado en la plaza de toros de Badajoz el 18 de mayo de 1936, el diputado comunista por Sevilla Antonio Mije amenazó a los enemigos del Frente Popular en términos muy claros:

«Yo supongo que el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente
desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las
milicias uniformadas; al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de
jóvenes obreros y campesinos, que son los hombres del futuro Ejército Rojo
[...]. Este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de energía,
es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas
en los partidos marxistas, que se preparan para muy pronto terminar con esa
gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora»
(Claridad, Madrid, 19-mayo-1936).

Es decir, que en la primavera de 1936, a la “burguesía” de Badajoz (o sea, a todos aquellos que no formaban parte del Frente Popular) les bastaba asomarse a la calle o leer un periódico socialista para contemplar el embrión de un verdadero ejército que se preparaba «para terminar con esa gente». Gente que, desde 1931, sabía muy bien lo que significaban aquellas palabras porque había tenido ocasión de comprobarlo en sucesos como el brutal linchamiento de cuatro guardias civiles en Castilblanco, los asaltos, incendios y saqueos de propiedades, la intentona revolucionaria de diciembre de 1933 en Villanueva de la Serena, el asesinato del primer falangista en Zalamea, la huelga campesina de junio de 1934 abortada por Salazar Alonso desde el Gobierno, la manipulación de los resultados electorales en la provincia de Cáceres en febrero de 1936 o las violencias alentadas por los alcaldes desde el neo-caciquismo socialista. En todo caso, el tiempo habría de demostrar que el corazón de aquellos burgueses todavía palpitaba con la suficiente normalidad como para no asistir pasivos a su propio exterminio.


Esta es la tragedia histórica que hoy se quiere ocultar y, para eso, se necesitan miles de muertos atribuidos a un bando. Como han puesto de relieve otros historiadores europeos para circunstancias parecidas, la elaboración de discursos que eluden análisis complejos recayendo en el simplismo maniqueo, tiende a imponer una visión de la historia sustentada en los valores que se pretenden imponer desde el presente. Silenciar elementos como los señalados con anterioridad significa prescindir de la complejidad de los procesos históricos, del papel real que desempeñaron los protagonistas, de las luchas por la hegemonía en un determinado momento. En suma, se priva a los ciudadanos que se preguntan sobre problemas que a veces les afectaron directamente, a ellos o a su familia, de las posibilidades que la historia y el método de investigación histórica aportan como única herramienta para un conocimiento racional del pasado.

Por el contrario, la Historia puede servir como fundamento de una convivencia equilibrada cuando se establece en los términos que ya señalaron los clásicos, es decir, procediendo con buena fe, sin encono sectario y tras someter a crítica la información aportada por las más diversas fuentes. Lamentable, la aportación de este equipo de investigadores no parece que se haya hecho para situar el conocimiento del pasado más inmediato en el necesario terreno de una historiografía entendida como ciencia al servicio de la paz, la concordia y el diálogo.
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SE NOS PIDE VIVIR EN ALEGRÍA



«Alegraos en cualquier ocasión en el Señor; os lo repito: alegraos. Que vuestra bondad se manifieste a todos los hombres. El Señor está cerca» (Flp, 4, 4). Estas palabras forman parte de una carta dirigida por San Pablo a los cristianos de Filipos, comunidad fundada por el Apóstol en esta ciudad de la provincia romana de Macedonia, al norte de la actual Grecia. Fue, por consiguiente, el lugar por donde se introdujo el cristianismo en Europa. Si como parece más probable, dicha carta fue escrita durante la primera cautividad romana de San Pablo, cuando humanamente hablando no parecían evidentes los motivos de su alegría, fácilmente podemos adivinar que su consejo nace de la esperanza de su alma. Puede decir en la prisión lo que antes escribió a los Gálatas (2,20): «Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí». Por eso, lleno de Cristo, rebosa de alegría. No es la de los cristianos una alegría cualquiera.

A primera vista parece difícil mantener la alegría en todas las incidencias de la vida pero en Cristo, recordando y agradeciendo los beneficios recibidos por su medio o sabiendo que estamos unidos a Él, es posible no ahogarse en los dolores y dificultades. No contemplarlas, sobre todo, de un modo aislado sino dentro de su verdadero fondo, dentro del marco general en que están encajadas. A la luz de la vida sobrenatural que poseemos, a la luz de nuestro vivir que es Cristo. Un gozo espiritual inseparable de la Cruz mientras vivimos en este mundo.

Se nos manda vivir alegres aun en medio de las necesidades y angustias, en medio de las inquietudes y sobresaltos, en medio de las dificultades y desalientos de la vida. Aun en medio de las tentaciones, de las luchas y dolores de nuestro tiempo. San Pablo habla de una actitud perseverante, que es cualidad permanente porque se funda en las virtudes de la fe, esperanza y caridad. No es simplemente estar alegre, se trata del gaudium, gozo espiritual, uno de los frutos del Espíritu Santo.

En su Exhortación apostólica sobre la alegría cristiana (Gaudete in Domino), promulgada el 9 de mayo de 1975, Pablo VI ponía en relación directa la expresión de la alegría con el martirio (el testimonio de fidelidad a Jesucristo en el momento crucial de la prueba), la celebración del misterio eucarístico y el afán por el Reino de Dios. Especialmente me llama la atención cómo, en palabras del Papa, la alegría preserva a quienes la adoptan de «la tentación de abandonar su puesto de combate por el advenimiento del Reino».

En este Año Paulino, las palabras del Apóstol parecen dirigidas más que nunca a los cristianos europeos, de quienes fueron primicia los filipenses, y ¿por qué no? a los españoles, destinatarios de los desvelos misioneros de San Pablo. «Alegraos en cualquier ocasión en el Señor; os lo repito: alegraos». El cristianismo de nuestro tiempo ha discurrido por opciones contradictorias con las que Pablo VI señalaba como fundamento de la verdadera alegría: ha renunciado al testimonio de los mártires, ha desdibujado el sentido sacrificial y de adoración de la Santa Misa y ha renunciado a la necesidad de que Cristo reine en las almas y en las sociedades, en las familias y en las naciones. Esta es la triple raíz de una honda frustración.

Desandar este camino será el único remedio para que los pueblos encuentren la paz e incluso la prosperidad material necesaria para vivir en armonía. Será la única oportunidad de recuperar la verdadera alegría en la que el Apóstol nos invita a vivir.

jueves, 11 de diciembre de 2008

ÁNGEL DAVID MARTÍN RUBIO: La España del siglo XX: ¿investigar el pasado o judicializarlo?



Texto íntegro de la conferencia más sintética pronunciada en el II Encuentro "España Falsificada en su Historia"

Facultad de Derecho-Universidad Complutense (Madrid): 11-diciembre-2008

A finales de 2007 las Cortes españolas aprobaron una Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes "padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura" [1]. Es la más conocida como Ley de la memoria histórica por la ideología que la inspira.

Dicha medida asume la voluntad de dar refrendo jurídico a una interpretación del pasado y sienta las bases para que en su día se apliquen medidas punitivas contra los disidentes si continúa el proceso en la misma dirección. Ya del mismo texto se desprende que no estamos ante una disposición aislada porque según los legisladores se tiene en cuenta lo manifestado por la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados el 20 de noviembre de 2002 «así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006 en el que se denunciaron las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975».

La Ley 52/2007 aparece sancionada por el Jefe del Estado Don Juan Carlos I. El mismo que el 23 de julio de 1969, al jurar como sucesor a título de Rey, había afirmado: «Quiero expresar en primer lugar, que recibo de Su Excelencia el Jefe del Estado y Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino»[2]. Y el 22 de noviembre de 1975, en su primer discurso como Rey ante las Cortes Españolas decía:

«Una figura excepcional entra en la historia. El nombre de Francisco Franco será
ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de
referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con
respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió
la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo
constituirá para, mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las
funciones que asumo al servicio de la patria. Es de pueblos grandes y nobles el
saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca
podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda la existencia
a su servicio»[3].
A diferencia de lo que ha promovido el Gobierno socialista más de treinta años después, aquellas palabras no se concretaron en ninguna medida práctica y menos aún jurídica. El paso del Estado de las Leyes Fundamentales al de la Constitución de 1978 se hizo mediante el pacto y la negociación entre los elementos procedentes del Régimen saliente y la oposición rupturista, pero —a pesar de la absoluta incapacidad de estos últimos para imponer sus planteamientos— dicho acuerdo consistió en una cesión práctica por parte de los primeros en todos aquellos terrenos que habían sido materia de conflicto en los años anteriores a cambio de la conservación de algún residuo institucional. Buena prueba de ello fue la renuncia a la confesionalidad católica, a la estructura unitaria del Estado y a las formas alternativas de representación política y sindical que se habían ensayado con anterioridad. Dicho de otra manera, el llamado consenso constitucional consistió en ceder a las pretensiones de la izquierda y del regionalismo político gravando a la naciente situación con una hipoteca cuyas últimas consecuencias estamos pagando hoy a un precio muy elevado.

Negar la legitimidad de origen y de ejercicio del anterior Régimen político condujo a darle una salida constitucional que negaba sus más que evidentes raíces en él (mientras interesaba solamente se habló de “reforma”) y abría paso a dos posiciones:

― El inestable salto en el vacío que pretenden los representantes del actual centro-derecha renunciando a cualquier vinculación con el pasado.
― El saqueo sistemático de la historia que hacen socialistas, comunistas y regionalistas reconociendo la lógica continuidad entre los postulados que sostienen en la actualidad y los que defendieron sus ya lejanos antepasados.

Las carencias intelectuales y la frivolidad de la primera posición han favorecido la absoluta hegemonía de esta última y las víctimas de la guerra han vuelto a ser agitadas unilateralmente por la izquierda al tiempo que se reivindica la necesaria revisión de lo ocurrido en la Segunda República, la Guerra Civil y la España de Franco bajo el señuelo de la llamada recuperación de la memoria histórica, un amplio proyecto de carácter cultural que tiene necesidad de un holocausto, de un genocidio para la descalificación sin paliativos de los vencedores en la Guerra Civil, primer paso para la reivindicación de la Segunda República con cuya presunta legitimidad pretenden conectar a la España actual la extrema izquierda y los regionalismos separatistas. Cuantos más anatemas recaen sobre las consideradas fuerzas oscuras del pasado (el Ejército, la Iglesia, la Falange, la derecha…), más se esforzarán nuestros contemporáneos en romper cualquier solidaridad con ellas.

La Ley citada, cae en el absurdo jurídico de elevar a doctrina valoraciones propias del terreno historiográfico y, además, vulnera gravemente la verdad cuando se cita entre los que lucharon por la defensa de los valores democráticos a los brigadistas internacionales y a los combatientes guerrilleros; a no ser que se entiendan dichos valores democráticos como los concebía Stalin, principal inspirador de ambas iniciativas.

Late en todas las medidas inspiradas por el espíritu que recoge esta ley un cuestionamiento de la existencia de una legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936 (en expresión del actual Jefe del Estado). Considerar la realidad histórica de España entre 1936 y 1978 como si hubiera sido la mera continuidad de una situación de fuerza sostenida por el poder de las armas es una falsedad que, en una sociedad democrática, no corresponde a los legisladores establecer, sino a los historiadores investigar para llegar a comprender. Y ni a unos ni a otros les debería estar permitido un fantasmal juicio a los protagonistas del pasado, un juicio sin defensores ni atenuantes, un juicio en el que solo haría acusadores movidos por sus propios rencores e ideología. Conocer para explicar y explicar para comprender es la única actitud legítima frente a los hechos históricos en una sociedad madura.
Frente a los planteamientos simplistas en que se ampara la memoria histórica, son los más destacados historiadores de la España contemporánea quienes coinciden en señalar que con la Segunda República y la Guerra Civil española, culmina un proceso revolucionario secular cuyo origen puede ponerse en 1808 cuando ―con ocasión de la invasión francesa― se inicia en España la larga serie de guerras civiles, revoluciones y golpes de Estado que llena el siglo XIX y crea la situación convulsa que caracteriza a los preludios del XX. De tal manera que el Estado nacido de la Victoria, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, no es sino la culminación y la respuesta a un largo proceso histórico que queremos sintetizar a continuación.

I. Caída de la Monarquía y advenimiento de la República


Dicho proceso tiene como precedente la actuación subversiva y terrorista de las fuerzas anti-sistema (republicanos, socialistas y anarquistas), especialmente activas desde finales del siglo XIX y durante el reinado de Alfonso XIII. Recordemos episodios como la Semana Trágica de Barcelona (1909), la Huelga General revolucionaria de 1917, el fracasado golpe de estado de Jaca-Cuatro Vientos (1930) o los asesinatos de los presidentes del Gobierno Cánovas del Castillo, Canalejas y Dato.

Aunque con frecuencia se oye decir que la República se implantó de manera pacífica, en realidad no representó más que la victoria impuesta por una minoría audaz que se adueñó del Estado con el pretexto de unas elecciones municipales que no ganó y que, por sí mismas, no permitían ese fin.

Pese a unos resultados inequívocamente contrarios a su triunfo, la conjunción republicano-socialista obró rápidamente y, alegando que el triunfo de los concejales republicanos se había obtenido, sal­vo algunas excepciones, en grandes poblaciones y capitales de provincia, y el de los monárquicos en los ayuntamientos rurales, atribuyó a lo ocurrido la significación de un plebisci­to y reclamó la entrega inmediata del Poder.
«Numérica­mente, el triunfo era monárquico. Suponer que sólo habían de
contarse, para apreciar la significación del resultado, los votos de los grandes
centros, era desnaturalizar maliciosamen­te el mecanismo electoral, pues los
Diputados de los distri­tos no tenían en las Cortes distinta representación
que los de las ciudades y lo mismo podía decirse de los conceja­les»[4]
Decisiva resultó la presión del Comité revolucionario que venía actuando desde meses atrás y que el 13 de abril dirigía un manifiesto al país acompañado de manifestaciones y alborotos en la calle. En la entrevista del Conde de Romanones con el presidente de dicho Comité, Alcalá Zamora, éste se negó a aceptar ningún acuerdo y solo se avino a conceder un plazo para que el rey saliera de Madrid, transcurrido el cual no respondía de lo que ocurriera. Alfonso XIII se dio por enterado de la amenaza, renunció a defender el Estado de que era cabeza y abandonó España. La monarquía liberal implantada en España por la fuerzas de las armas un siglo atrás caía ahora víctima de sus propias contradicciones.

La parte mayoritaria y más sana del pueblo español se alejó paulatinamente del nuevo Régimen al comprobar cómo la Constitución y la práctica política de los años siguientes daban paso a una política sectaria, arbitraria y ajena a sus más profundas convicciones.

El 11 de mayo de 1931, antes de que la República cumpliera su primer mes de existencia, fueron incendiadas, sin que la fuerza pública hiciera nada por impedirlo numerosos centros religiosos de Ma­drid: iglesias, conventos, bibliotecas, centros de enseñanza… En días sucesivos se reproducían los incendios en diversos lugares del sur y Levante. El 14 de junio fue detenido por orden gubernativa el Cardenal Primado de España, doctor Segura, permaneciendo durante toda la jornada en la Comisaría de Vigilancia insta­lada en el mismo edificio del Gobierno civil. A sus quejas, por la detención absolutamente arbitraria que había sufrido solo se contestó con una comunicación oficial firmada por el gobernador civil y en la que éste le señalaba: «De orden del Gobierno provisional de la República española, sírvase po­nerse inmediatamente en marcha hacia la frontera de Irún».

II. La Constitución de 1931


Convocadas Cortes Constituyentes en aquellos días, el período electoral estuvo dominado por todas las violentas manifestaciones revolucionarias que impidieron prácticamente la propaganda de las opiniones contrarias al nuevo Régimen a las que apenas quedó espacio en un escenario parlamentario dominado por republicanos y socialistas. De este modo, la Constitución de 1931 no pudo ser nunca la expresión del asentimiento de la mayoría de los españoles. Prueba este aserto el testimonio de excep­ción del propio Presidente del Gobierno provisional que con­vocó y presidió las elecciones de 1931, D. Niceto Alcalá Za­mora, quien ha dicho de aquellas Cortes Constituyentes que «adolecían de un grave defecto, el mayor sin duda para una Asamblea representativa: que no lo eran, como cabal ni aproximada coincidencia, de la estable, verdadera y permanente opinión española»[5]. (pág. 14). Y agrega más adelante:

«La Constitución se dictó, efectivamente, o se planeó, sin mirar a esa realidad
nacional, que era la que imponía y logra que prevalezca siempre la norma reflejo
de su honda, esen­cial e íntima estructura. Se procuró legislar obedeciendo
a teorías, sentimientos e intereses de partido, sin pensar en esa realidad de
convivencia patria, sin cuidarse apenas de que se legislaba para España...»[6]
Y con toda la gra­vedad que da a sus palabras su condición de haber sido Presidente del Gobierno Provisional, formula esta acusación sobre el nuevo estatuto jurídico: «se hizo una Constitución que invitaba a la guerra civil»[7].
No hay que olvidar que esta Constitución, promulgada el 9 de diciembre de 1931, quedó desvirtuada desde su mismo nacimiento porque su vigencia fue acompañada por la llamada Ley de Defensa de la República del 27 de oc­tubre anterior, por la cual se ponían en manos del Gobierno resortes tales que hacían ilusorios los derechos individuales que reconocía el texto de la Constitución. Dicha Ley autorizaba al Gobierno, entre otras cosas, a la detención sin mandamiento judicial durante tiempo ilimitado, a la de­portación, de la que se produjeron varios casos, lo mismo en gentes de ideología derechista (a Villa Cisneros, con motivo de los sucesos del 10 de agosto de 1932) que de ideología izquierdista (las deportaciones a Bata), a la confiscación de bienes, a las suspensiones de las libertades de reunión y aso­ciación, a las de periódicos por tiempo indefinido, etc.

El balance del primer bienio, llamado republicano-socialista por el color político del Gobierno presidido por Azaña no puede ser más deplorable: numerosos incendios de iglesias además de los ya citados; la permanente situación de anormalidad constitucional por el mantenimiento en vigor de leyes como la citada o la llamada de Vagos y Maleantes que preveía la creación de campos de trabajo; eliminación de la educación de iniciativa religiosa con grave perjuicio directo para cientos de miles de estudiantes; concesión del derecho de autonomía a Cataluña que empezó a ser utilizado inmediatamente para socavar la legalidad y, más tarde, sublevarse contra ella; frustración de las expectativas de una reforma agraria, deterioro de las condiciones de vida reflejada en el aumento de las muertes por hambre, que volvieron a cifras de principios de siglo; brutalidad policial de la que los sucesos de Casas Viejas son únicamente un ejemplo; aumento espectacular de la delincuencia y deterioro del orden público con huelgas, incendios, saqueos, atentados, explosiones, intentonas revolucionarias… en dos años la República provocó un número mucho mayor de muertes de obreros que las que habían tenido lugar durante todo el período histórico anterior.

III. La sublevación de 1934


La reacción del país determinó el acceso al Par­lamento, en noviembre de 1933, de una mayoría de derechas y centro. Pero la respuesta a esta decisión democrática la dio el Partido Socialista, de defi­nido carácter marxista y subversivo, preparando y llevando a cabo una sublevación armada.

El 31 de enero de 1934 Francisco Largo Caballero, ex ministro socialista, pos­tulaba ante la Agrupación Socialista de Madrid el levanta­miento en armas del proletariado. Comentando estos prepara­tivos de rebelión, ha escrito Rodolfo Llopis, también socialista:

«El empleo de la violencia colectiva no constituyó, pues, novedad alguna. No
hubo por ese lado desviación. No la hubo ideológicamente, como tampoco la hubo
desde el punto de vista de la táctica. Nuestro Partido ha tenido la virtud, la
sigue teniendo, la seguirá teniendo si no quiere sui­cidarse—y no es ese su
caso, naturalmente—de no renunciar previamente a ninguna táctica. A ninguna».[8]
Se nombró una Comisión pre revolucionaria dirigida por Largo Caballero, en la que fi­guraban representantes del Partido Socialista y de las Juventudes, y se elaboró un programa revolucionario que empezaría a realizarse en el momento en que, derribado por la fuerza el Gobierno de la República y disueltas violentamente las Cortes elegidas en 1933, pudiera instaurarse un nuevo Gobierno. La consecuencia de tales preparativos no se haría esperar.

La revolución se desencadena en octubre del mismo año 1934 con el pretexto de que un partido político la CEDA, triunfante en las recientes elecciones, obtuviera en el Gobierno una parti­cipación no desproporcionada ni abusiva, sino modesta e inclu­so inferior a su importancia numérica en el Parlamento. La llamada Revolución de Octubre fue, en realidad, un fracasado golpe de estado protagonizado por una amplia coalición de izquierdas y separatistas. Sólo en Asturias, las bajas causadas por la revolución fueron 4.336, de las cuales 1.375 muertos y 2.945 heridos; fueron incendia­dos o deteriorados 63 edificios particulares, 58 Iglesias, 26 fá­bricas, 58 puentes y 730 edificios públicos.

Salvador de Mada­riaga ha reconocido que «con la revolución de 1934, la izquierda española perdió hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936».[9] Y es que estos sucesos son la prueba de que, para Azaña y los socialistas, no se admitía que la República fuese una forma de Estado en la que cupiesen tendencias políticas diferentes sino que en la práctica se la consideraba un régimen que negaba el derecho a la existencia a quienes no comulgasen con sus postulados.

Sofocada la revuelta con las armas quedó de manifiesto la incapacidad de los más altos poderes para responder al atentado sufrido y, mientras la propaganda izquierdista convertía a los delincuentes en mártires y al Gobierno en verdugo, los mismos organizadores de la Revolución se preparaban para un segundo y definitivo asalto al poder que tendría lugar después de las elecciones del 16 de febrero de 1936.

IV. Las elecciones de febrero de 1936


Al convocarse las elecciones de 1936 se constituyó el Frente Popular. La mayoría de los partidos políticos que lo integraron preconizaban la acción directa y enarbolaban la misma bandera de la revolución de Asturias; por ello, nada tiene de extraño el hecho de que, con ocasión de la convocatoria, se concertaran para utilizar los cauces democrá­ticos del sufragio universal y al propio tiempo actuar con métodos radicales que habían de provocar un ambiente de violencia que retrajera de las urnas a numerosas personas. En definitiva, lo que se trataba era de asaltar el Poder utilizando todos los medios para lograr con el fraude, la violencia y el amaño, la mayoría que, como era previsible, el cuerpo electoral había de negarles.
Parecía lógico que el Gobierno que convocó y presidió las elecciones continuase en el Poder durante la celebración del escrutinio e incluso la segunda vuelta, para una vez compro­bado el triunfo entregar el Poder al grupo vencedor en las elecciones. Pero no fue así; tan pronto como el mismo día 16 se empezaron a conocer los datos de la votación en diversas capitales, precisamente en aquéllas en que por el indicado ambiente terrorista había triunfado el Frente Popular y a pesar de que, simultáneamen­te, el Gobierno comunicaba en nota oficiosa el victorioso re­sultado de las candidaturas derechistas y de centro en nume­rosas provincias, lo cierto es que, sin pérdida de tiempo, comenzaron a realizarse toda clase de coacciones y amenazas, tanto sobre el Jefe del Estado como sobre el Presidente y miembros del Gobierno, que dieron como resultado el que tres días después de las elecciones y antes de llevarse a cabo el escrutinio general, el día 19 de febrero, se adueñase del Poder un Gobierno de Frente Popular, presidido por el señor Azaña.

Consecuencia inmediata de ello fue que los dirigentes revolucionarios en todas las provincias se apoderasen de los edificios públicos y se hicieran con la documentación electoral. En la misma madrugada del 19 al 20, se abrieron los sobres que contenían las actas de votación y se sustituyeron por otras falsificadas, en número suficiente para trasladar a la candida­tura del Frente Popular el triunfo que habían logrado las derechas. Esta falsedad está plenamente demostrada documentalmente[10] y sólo en las provincias de Cáceres, Coruña, Málaga, Pontevedra, Lugo, Granada, Cuenca, Orense, Vigo, Salamanca, Soria, Guipúzcoa y Valencia, supuso cincuenta actas de Diputados.

De las listas oficiales de Diputados, resultaron inscritos en los Partidos del Frente Popular 279 diputados; sólo con restar a esta otra las 50 actas antes referidas, sus Diputados hubieran sido 229, cifra que no alcanzaba la mitad más uno de la Cámara, que era de 237 Diputados. Si se examinan la serie de votaciones, trascendentales gran número de ellas, como fue la que llevó aneja la destitución del Presidente de la República, se verá que en ningún caso la coalición del Frente Popular hubiera logrado, por votación, el cumplimiento de sus designios.

El proceso que llevó al Frente Popular desde un ajustado resultado electoral a redondear una mayoría en las Cámaras tuvo su culminación con la ilegal destitución del Presidente de la República y su sustitución por Manuel Azaña. Durante los meses que transcurren entre febrero y julio de 1936 se asiste al desmantelamiento del Estado de Derecho con manifestaciones como la amnistía otorgada por decreto-ley, la obligación de readmitir a los despedidos por su participación en actos de violencia político-social, el restablecimiento al frente de la Generalidad de Cataluña de los que habían protagonizado el golpe de 1934, las expropiaciones anticonstitucionales, el retorno a las arbitrariedades de los jurados mixtos, las coacciones al poder judicial... Al tiempo, actuaban con toda impunidad los activistas del Frente Popular protagonizando hechos que, una y otra vez, fueron denunciados en el Parlamento sin recibir otra respuesta que amenazas como las proferidas contra Calvo Sotelo, sacado de su domicilio asesinado poco después por un piquete compuesto por miembros de las fuerzas de orden público y elementos civiles vinculados al Partido Socialista.
El 19 de junio de 1936, Ángel Ossorio y Gallardo, un colaborador ilustre del Frente Popular definía en La Vanguardia el estado de cosas vigente en los siguientes términos:

«A estas horas ―hablemos claro, aunque nos duela―, ni el Gobierno, ni el
Parlamento, ni el Frente Popular significan en España nada. No mandan ellos.
Mandan los inspiradores de las huelgas inconcebibles; los asesinos a sueldo y
los que pagan el sueldo a los asesinos; los mozallones que saquean los
automóviles en las carreteras; los que tienen la pistola como razonamiento… ¿hay
alguien contento, o siquiera conforme, con tal estado de cosas? Nadie. Ninguno
sabe lo que va a pasar aquí, ni presume quién sacará el fruto de la anárquica
siembra».

V. El gran engaño: la intervención comunista en la guerra de España


Es dudoso que se pueda hablar de República a partir del 18 de julio, una vez comenzada la Guerra Civil, pero, de hacerlo así, estaríamos ante un régimen de naturaleza completamente diferente al que se delimitaba en la Constitución de 1931 pues en las zonas que permanecieron bajo el control del Gobierno, se produjo una revolución protagonizada de forma relativamente autónoma por socialistas, anarquistas y comunistas, grupos que en los meses siguientes iban a protagonizar una pugna interna por la hegemonía que desembocó en el predominio del comunismo de obediencia soviética. El presidente del Gobierno, Largo Caballero, precisaba en una carta nada menos que a Stalin que «cualquiera que sea la suerte que el porvenir reserva a la institución parlamentaria, ésta no goza entre nosotros, ni aun entre los republicanos, de defensores entusiastas» (6-enero-1937). Aquella situación dio paso a una República convertida en satélite de la Unión Soviética cuya preponderancia se manifiesta en todos los aspectos de la vida pública.

Dándose cuenta de las dificultades para hacerse con el poder de manera inmediata, los comu­nistas se dedicaron a dos tareas básicas:

― Ir atrayendo a su campo al mayor número posible de hombres y de grupos sociales
― Ir ocupando los puestos clave del control de la sociedad y del Estado.

Pero el esfuerzo militar fue el más importante. Los comunistas españoles se lanzaron a la conquista y control de las fuerzas armadas republicanas. El llamado Quinto Regimiento se convirtió en la célula de formación de múlti­ples unidades. Los Comisarios políticos vigilaron de cerca a todos los mandos, y se hizo un gran esfuerzo por ordenar y controlar a las Milicias Populares.
La URSS intervino directamente en la operación. Ya en septiembre-octubre de 1936 llegaron numerosos “expertos” y “ase­sores” soviéticos, que muy pronto dominaron los Departamentos clave. En particular, los comunistas controlaron las fuerzas aéreas, los carros de combate, la artillería y la defensa antiaérea, así como, a través del General Miaja, la defensa de Madrid

El ser la fuente más importante de armamentos, y la insensata operación de exportación de las reservas de oro del Banco de España a Moscú les dieron los suficientes medios de presión y, en el momento oportuno, los comunistas jugaron la baza decisiva. En vista de la resistencia creciente del socialista Largo Caballero, sobre todo a la fusión del partido comunista con el socialista y al pleno control por aquél del ejército y de la política agraria, provocaron su caída, forzando así la entrada del doctor Negrín al frente del nuevo Gobierno.

Al año de la revolución los comunistas habían lo­grado infiltrarse en toda la maquinaria del Estado, y tenían al frente de ella a un hombre de toda su confianza. Ello fue posible porque el Partido Comunista era duro y consciente, y las otras organizacio­nes de izquierda, siendo más débiles, le abrieron inevitablemente el camino.

Párrafo aparte merece la persecución religiosa y la violencia desencadenada por los frentepopulistas. La represión fue de manera predominante el resultado del «procedimiento jurídicamente inconstitucional y moralmente incalificable, del armamento del pueblo, creación de Tribunales Populares y proclamación de la anarquía revolucionaria, hechos equivalentes a “patente de corso” otorgada por la convalidación de los [...] miles de asesinatos cometidos, cuya responsabilidad recae plenamente sobre los que los instigaron, consintieron y dejaron sin castigo» (Dictamen de la comisión sobre ilegitimidad de Poderes actuantes en 18 de julio de 1936). Esta violencia costó la vida a decenas de miles de personas.

VI. El Nuevo Estado Español


En cuanto respuesta a esta situación, el Movimiento Nacional a que dio origen el Alzamiento del 18 de julio de 1936 tuvo la finalidad de poner término al estado de anarquía que ponía en peligro la propia supervivencia del orden jurídico pero enseguida se fue configurando con un contenido positivo que buscaba una total transformación de la vida española. En el fondo, la República no había sido sino la frustración más radical de este anhelo: ni se hicieron las transformaciones que España necesitaba ni se logró siquiera una mínima base de convivencia; por eso la respuesta al desafío revolucionario no podía ser la reacción pura y simple entendida como una vuelta al pasado y la defensa de privilegios e intereses. El Alzamiento de 1936 y la Guerra Civil no fueron una simple conmoción, una sacudida superficial para devolver después las cosas al estado en que se encontraban sino que destruyeron unas ideas y sus consecuencias pero alumbraron otras y se abrieron nuevos cauces que inspiraron y condicionaron la vida española durante muchos años con consignas que eran el polo opuesto a las que se habían querido implantar hasta entonces.
No podemos extendernos más y asumimos la conclusión de la Profesora Dª Consuelo Martínez-Sicluna:

«Parece importante destacar cómo, desde el primer momento, se siente la
necesidad en las filas nacionales de legitimar su actuación, lo que se hace a
través del Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18
de julio de 1936. Es decir, frente a quienes tratan de presentarnos el régimen
de Franco como una mera situación fáctica, resultado de un acto de fuerza por
parte del bando que resulta vencedor en la contienda, es lo contrario lo que
parece ponerse de manifiesto a través de esta primera actuación. El Dictamen
muestra dos cosas: por un lado, la preocupación por otorgar una fundamentación
jurídica para el Alzamiento y, por otro, la necesidad de consolidar el régimen
desde el primer momento, consolidarlo en el camino de la subordinación al
Derecho. Es decir, si bien el camino de la fuerza, medio para «restablecer la
moral y el Derecho» ha sido el único que cabía emprender ante la ilegitimidad de
la II República, que deviene en una necesaria defensa, hay que establecer un
marco jurídico para cuando termina la Guerra. Se fijan, pues, cuáles serán en el
futuro las condiciones sobre las que se asiente el nuevo sistema, aquellas de
las que había carecido la República: el principio de legalidad que se plasma en
la racionalidad institucional, como un cauce natural por el que fluyen las
relaciones sociales, y la necesidad de afrontar la creación de un Estado, de una
organización política y administrativa que venga a consolidar la situación de
estabilidad social. Indudablemente se trata de las condiciones presentes en la
denominación del Estado de Derecho.
El régimen que ahora se nos presenta como régimen «franquista» queriendo vincularlo a un hombre y a un tiempo, de tal forma que la desaparición de ambos conllevaría la disolución de su obra, es, por el contrario, la encarnación de un Derecho en el marco de un Estado»[11].

VII. Conclusión

Como han puesto de relieve otros historiadores europeos, la elaboración de discursos que eluden análisis complejos como el que aquí hemos realizado, tiende a imponer una visión de la historia sustentada en los valores que se pretenden imponer desde el presente.

Silenciar elementos como los señalados hasta aquí significa prescindir de la complejidad de los procesos históricos, del papel real que desempeñaron los protagonistas, de las luchas por la hegemonía en un determinado momento. En suma, se priva a los ciudadanos que se preguntan sobre problemas que a veces les afectaron directamente, a ellos o a su familia, de las posibilidades que la historia y el método de investigación histórica aportan como única herramienta para un conocimiento racional del pasado.

Se cuenta del emperador Carlos V que cuando era azuzado ante la tumba de Lutero a buscar los restos del heresiarca para entregarlos a la hoguera, respondió: “Ha encontrado a su juez. Yo hago la guerra contra los vivos, no contra los muertos”. Sea o no cierta la leyenda, hoy hay gente que prefiere hacer su particular guerra contra los muertos. Ahora bien, no olvidemos que el Cid, también ganaba las batallas después de muerto.

La Historia puede servir como fundamento de una convivencia equilibrada cuando se establece en los términos que ya señalaron los clásicos, es decir, procediendo con buena fe, sin encono sectario y tras someter a crítica la información aportada por las más diversas fuentes. Habría que felicitar a los organizadores de este acto y a los estudiantes que sigan el ejemplo de lo que aquí se ha llevado a cabo hoy, porque gracias iniciativas como ésta se dispone de una magnífica herramienta para situar el conocimiento del pasado más inmediato en el necesario terreno de una historiografía entendida como ciencia al servicio de la paz, la concordia y el diálogo.

NOTAS
[1] LEY 52/2007, BOE, 27-diciembre-2007.
[2] Texto completo en: http://www.generalisimofranco.com/historia/juramento_rey.htm
[3] Cit.por FERNÁNDEZ GARCÍA, Antonio (et all.), Documentos de Historia Contemporánea de España, Madrid, Actas, 1996, p.640.
[4] CIERVA PEÑAFIEL, Juan, Notas de mi vida, Instituto Editorial Reus, Madrid, 1955, p.379.
[5] ALCALÁ ZAMORA, Niceto, Los defectos de la Constitución de 1931, Madrid, 1936, p.14.
[6] Ibid. p.46.
[7] Ibid. p.50.
[8] LLOPIS, Rodolfo, Etapas del Socialismo Español (1879-1936), Valencia, 1938.
[9] MADARIAGA, Salvador de, España, Buenos Aires, 1955, p.527.
[10] Cfr. Dictamen de la Comisión sobre ilegitimidad de poderes actuantes en 18 de julio de 1936, Madrid, 1939. En apéndice publica los documentos de la Junta Central del Censo.
[11] MARTÍNEZ-SICLUNA Y SEPÚLVEDA, Consuelo, «Estado de derecho en la época de Franco», Razón Española 105, consultado en C:\Users\Angel David\Documents\Articulos-Libros-Documentos\Franco\Estado de Derecho en la era de Franco.mht

miércoles, 10 de diciembre de 2008

LA CONSTITUCIÓN CUMPLE AÑOS


Los "padres" de la Constitución: De tal palo...
Miguel Herrero de Miñón (UCD) - José Pedro Pérez-Llorca (UCD) - Gabriel Cisneros (UCD) - Jordi Solé Tura (PSUC) - Gregorio Peces-Barba (PSOE) - Miguel Roca (CDC) - Manuel Fraga (AP)
Imagen:
http://www.historiasiglo20.org/HE/images/16a2-padresconstitucion.jpg

Tengo 39 años, nueve más que la Constitución española y este texto legal me produce el mismo apego sentimental que el Fuero Juzgo, la Pragmática Sanción o la Pepa. Cosas del pasado. A mí el actual marco constitucional me ha sido tan impuesto como le pudieron ser impuestas las Leyes Fundamentales a un niño de los años cuarenta. Y no me sirve de consuelo que a la generación de mis padres y de mis abuelos les invitasen un 6 de diciembre de 1978 a ratificar en plebiscito un texto que la mayoría no había leído ni tenía capacidad para entender y juzgar. Tampoco me obliga a ser más generoso con nuestra Constitución el hecho de que cada cuatro años me haya acercado ritualmente a cumplir con mi deber de ciudadano en las urnas. Bueno… no es cada cuatro años, olvidaba que entre elecciones municipales, autonómicas, al congreso, al senado y europeas, España es una fiesta democrática un día sí y otro no. Menos mal que no tenía edad para votar en el referéndum de la OTAN (¿Se acuerdan?, aquello de OTAN, de entrada no, que decían los socialistas que acabaron pidiendo el Sí).

La Constitución española de 1978 siempre será el texto legislativo que, utilizado desde el poder, ha servido para hacer retroceder a España en todos los aspectos: político, económico, social, moral, nacional… Para mí la reforma sustancial de la Constitución de 1978 o, preferiblemente, su reemplazo por otra ley fundamental, utilizando todos los medios legítimos para ello es condición necesaria para que dentro de unos pocos años podamos seguir hablando de España como marco de convivencia capaz de conservar su identidad manteniendo al tiempo un proyecto sugestivo de vida en común (en conocida expresión de Ortega).

Retroceso político, porque la Constitución ha privilegiado como forma exclusiva de representación a los partidos políticos. Lejos de arbitrar cauces para que una sana opinión pública intervenga en los asuntos que son de su competencia sin renunciar por ello a la misión rectora del Estado, la práctica de los partidos ha generalizado el abstencionismo y el desinterés por la política. Retroceso económico, porque con independencia de las recurrentes crisis que nos han esquilmado durante estos años, todavía no hemos recuperado los índices que nos situaban a comienzo de la década de los setenta entre las naciones más desarrolladas. Retroceso social, porque han desaparecido las clases medias, el más firme puntal de una sociedad moderna, al ser imposible o tener un costo inaccesible para la mayoría el ahorro, el acceso a la vivienda, la gestión de las pequeñas empresas, la estabilidad en el puesto de trabajo, la formación de una familia en los primeros años de la juventud… Retroceso moral porque la Constitución de 1978 (una ley sin Dios) convierte al Estado en el principal agente de una ofensiva para el cambio de las mentalidades y además permite una tupida red de intereses y corrupción que genera un amplio entorno orientado en la misma dirección. En la España de la Constitución es posible la blasfemia subvencionada por el Estado e incluso utilizando un templo católico convertido temporalmente en pinacoteca. Retroceso nacional porque carecemos de prestigio en el ámbito mundial y las Autonomías ha destruido cualquier referencia a un marco estatal común a todos los españoles. Ignoro qué brutal mecanismo manipulador ha podido convencernos de que tener una única lengua oficial y una estructura centralista de la administración (uno de los mayores avances del Estado moderno) es menos democrático que la Babel en que vivimos.

Bueno, ahora que lo pienso, la Constitución de 1978 me recuerda trágicamente a otra que tuvimos los españoles: la de 1876. De ambas se dice lo mismo: que han permitido largos períodos de estabilidad política. Lo que no sabemos es si de la Constitución aprobada mayoritariamente por los españoles en 1978 también se podrá decir lo que José María García Escudero afirmó del período de la Restauración canovista, la ocasión política presidida por el texto legal de 1876: «así como 1936 fue el precio a que los españoles compramos 1874, este siglo XX es el duro precio que el mundo está pagando por la paz del siglo XIX».

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sábado, 6 de diciembre de 2008

XXX ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA


EN 1978, OCHO OBISPOS ESPAÑOLES FIRMARON UNA PASTORAL EN LA QUE AFIRMABAN QUE LA CONSTITUCIÓN QUE SE PRETENDÍA APROBAR EN REFERENDUM CONTENÍA CINCO GRANDES DEFECTOS:

  • La exclusión del nombre de Dios en una nación de bautizados.
  • Falta de referencia a la ley natural, con lo que las leyes quedan a merced de los poderes públicos.
  • Falta de garantías para la libertad de enseñanza y de seguridad a los padres para la formación religiosa de sus hijos.
  • Falta la tutela para los valores de la familia y del matrimonio abriendo las puertas del divorcio.
  • Omisión del veto explícito al aborto
El jurista Miguel Ayuso ha escrito:
[...] La Ley de libertad religiosa de 1967 -consecuencia nunca negada del deseo de adaptar la legislación española a los nuevos aires conciliares- supuso la ruptura de la unidad religiosa y el principio del fin. El siguiente paso sería, junto a la descristianización acelerada de la sociedad, la modificación del tradicional binomio "tesis-hipótesis" al que antes he aludido, a través del olvido progresivo de la doctrina, y finalmente su propia inversión. En tales circunstancias -y sumergido en el proceso democratizador de la transición politica, que iba a suponer "la ruina espiritual de un pueblo por efecto de una política" (6)-, no es de extrañar que en las Cortes "constituyentes" no se alzara voz alguna en defensa de la tradición cristiana del pueblo español. Fuera de las Cortes, poco más que un inteligente texto de monseñor Guerra Campos al frente de un reducido grupo de obispos (7) y alguna que otra iniciativa social y politico de pequeños grupos resistentes muy desmarcados del establishment eclesial e institucional.
El articulo 16.3 del texto constitucional de 1978, bajo la fórmula -ciertamente más ambigua que su precedente de 1931 pero de idénticas consecuencias finales- de "ninguna confesión tendrá carácter estatal", proclamaba un neutralismo religioso que en la práctica posterior se ha mostrado, a veces discreta, otras impúdica, pero siempre firmemente, contraria a los derechos del Pueblo de Dios. Además, la neutralidad no para en el ámbito estrictamente religioso sino que se desborda a continuación en el terreno moral. Se olvida o se niega "la invariante moral del orden politico" (8) y se adviene a una "Constitución éticamente neutra" (9).La Constitución española de 1978, desde la ignorancia del factor religioso incluso como factor de unidad politica y cohexión social, ha dejado al Estado en la indigencia moral. El caso del aborto -por minar, en palabras de Juan Pablo II (10), el fundamento mismo de la sociedad- es quizás el más llamativo, pero al lado permanecen las cuestiones del matrimonio y el divorcio, la educación y la enseñanza, los medios de comunicación, etc. Quienes han tratado de salvar para el iusnaturalismo el sistema constitucional se han visto desmentidos par la legislación de su desarrollo -para la que, en materia de derechos, el articulo 53.1 exige que respete el "contenido esencial" de los mismos -y por la interpretación que las más de las veces ha ido hacienda el Tribunal Constitucional. Toda la teoría del Estado de Derecho -el "Estado social y democrático de Derecho" en la terminología del articulo 1.1-, a pesar de preceptos como el 10.1 que centra en la dignidad de la persona humana el fundamento "del orden político y de la paz social" y en el que autores como Sánchez Agesta han visto un principio limitador y conformador de la democracia (11), no pasa de ser una autojustificación del poder en las propias normas establecidas en la Constitución por el propio Estado.
Autojustificación y autolimitación que contrastan con el criterio estimado válido en los tiempos clásicos y en la Cristiandad medieval, conforme con el cual la justificación del poder y de su ejercicio le trascendía, en el sentido de que dimanaba extrínsecamente de su conformidad con el derecho divino y con el natural. En el seno de este sistema -acuñado por el formalismo kelseniano y hecho posible a través del racionalismo liberal- los mismos derechos humanos, o fundamentales según la terminología dominante en nuestro texto, no son sino un instrumento operativo, un mecanismo meramente consensual, una técnica voluble y de alto valor estratégico (12).
Peces-Barba, desde otro punto de vista, aunque sin lograr escapar de la tumba del consensualismo y del inmanentismo, cree que nuestra Constitución ha roto la tradicional dialéctica Derecho natural-Derecho positivo a través de una correcta formulación de la relación Poder-Derecho y de una positivación de los contenidos éticos o de justicia que el Poder pretende realizar a través del Derecho y que son los "valores superiores del ordenamiento" (13). Esos valores superiores -por medio de los cuales Peces-Barba cree escapar de las aporías del formalismo- son expresión de la moralidad mayoritariamente aceptada en el ámbito cultural y en el momento histórico en el que se sitúa nuestra Constitución. Pobre entendimiento de la moral que, desde un consensualismo relativista, es incapaz de resolver la importantisima cuestión de la moral como fundamento político del Estado.
Faltando la idea ética del hombre de bien, el Estado no puede reclamar sacrificios ni solidaridad a los ciudadanos, no puede coartar coactivamente ninguna de sus posibilidades de goce o provecho, no puede legítimamente reeducar a los penados en el ejercicio del ius puniendi...
Por elevación, aflora el gran tema de la confesionalidad. El desarme moral es consecuencia del previo desmoronamiento religioso, por lo que sólo reconociendo como constitutivo interno de la sociedad civil su subordinación a la ley moral y su dimensión religiosa es posible hacer frente a las exigencias del bien común. De ese bien común que es el que justifica toda actividad política y que en España demanda la confesionalidad católica del Estado.
NOTAS
(7) Ctr. Monseñor José Guerra Campos, "los valores morales y religiosos en la Constitución", Boletín Oficial del Obispado de Cuenca (Cuenca) n.Q de enero de 1978. Texto que reproduce el documento de la Asamblea de la Conferencia Episcopal española sobre el proyecto de Constitución con "algunas notas de doctrina católica para una recta interpretación del mismo" añadidas por Mons. Guerra Campos. Posteriormente algunos obispos como D. Angel Temiño o D. Pablo Barrachina hicieron públicos comentarios contrarios al proyecto. Finalmente, en vísperas del referéndum constitucional, el Cardenal Arzobispo de Toledo, D. Marcelo González Martín, hizo pública una pastoral discretamente contraria a la Constituci6n, pastoral a la que se adhirieron el arzobispo de Burgos, los obispos de Cuenca, Orihuela, Tenerife, Ciudad Rodrigo, Sigüenza, Orense y el Administrador Apostólico de Vitoria.(8) Ctr. Monseñor José Guerra Campos "la invariante moral del orden político", en el volumen Hacia la estabilización política, Madrid 1983. Recoge el texto de una conferencia pronunciada en el Club Siglo XXI el 26 de abril de 1982.(9) Ctr. José Zafra Valverde, "Una Constitución éticamente neutra", Persona y Derecho (Pamplona), vol. Vll (1980).(10) Ctr. Juan Pablo II, "Homilía durante la misa para las familias cristianas celebrada en la plaza de Lima en Madrid el 2 de noviembre de 1982", en el volumen Juan Pablo II en España. Texto complete de todos los discursos, Madrid 1982, pág. 54.(11) Ctr. Luis Sánchez Agesta, Sistema político de la Constitución española de 1978, Madrid 1980, págs. 89 y ss.(12) Ctr. Antonio Fernandez-Galiano, Derecho natural Introducción filosófica al Derecho, Madrid 1977, pags.161-169, Carlos Ignacio Massini, "Derechos humanos y consenso", Verbo (Madrid) n.Q 257258 (1987).(13) Ctr. Gregorio Peces-Barba, los valores superiores, Madrid 1984, págs. 41 y ss.
http://members.tripod.com/hispanidad/toledo/concilio10.htm

martes, 2 de diciembre de 2008

¿CREAR RIQUEZA O REPARTIR PROBREZA?



Hace ya algún tiempo que el Gobierno decidió que se podía hablar de crisis económica y las terminales mediáticas se han puesto a funcionar. Todos parecen ahora estar de acuerdo en el mensaje que hay que transmitir y, sobre todo, se han olvidado de que hace apenas unos meses era más importante ganar las elecciones y se nos hizo llegar un mensaje contradictorio. Podía parecer más razonable que, instalados en el poder por otros cuatro años, se mantuviera el discurso triunfalista pero el nuevo estilo es más coherente con el perfil que el socialismo busca establecer en España. Casi me atrevería a decir que el Gobierno es consciente de que superar la crisis equivale a superar el proyecto de la izquierda.

Pronto se van a cumplir los treinta años de la Constitución española, lo que algunos llaman treinta años de democracia. La mayor parte de ese tiempo ha transcurrido bajo el signo de gobiernos socialistas y buena parte de ellos han significado graves retrocesos económicos como los que se produjeron durante la década de los ochenta y los noventa con cortos paréntesis. Recordemos la situación a la que nos llevó Felipe González en 1995; para entonces se había documentado una larga lista de escándalos y corrupciones. La trama de las escuchas telefónicas ilegales no era un caso aislado y recordaba la existencia de una banda criminal organizada por cuya actuación cumplieron condena miembros del Gobierno sin que nunca se llegara a establecer la última responsabilidad. Un caso más de corrupción como la financiación ilegal del PSOE, o los que llevaron a prisión al director de la Guardia Civil, al Gobernador del Banco de España y a la directora del Boletín del Estado, y provocaron el cese del Gobierno a dos vicepresidentes y cinco ministros. Las fosas del GAL sí que deberían reclamar la atención del Juez Baltasar Garzón porque (junto con el 23F y el 11M) son uno de los episodios más oscuros de la España democrática, aunque en el episodio de 1981 no hubiera muertos a diferencia de los que ocurrió en los provocados por socialistas e islamistas.

En este contexto se situaba la cifra récord del paro que alcanzó España, la progresiva desaparición de la industria, los daños sufridos por la pesca y la agricultura… ya para entonces habíamos quedado reducidos al escape turístico y de servicios de la Unión Europea. Todavía no se podía pensar en la ampliación a los países del Este y nos llegaban algunas migajas que luego irían a otros destinatarios. Al mismo tiempo, las formas de dependencia generadas en España a través, sobre todo, de las Autonomías y Ayuntamientos llevan a un reparto indiscriminado de fondos públicos a quien nadie ha puesto coto. El socialismo crea y reparte pobreza. Y nada sustancia cambió en este panorama en los años de bonanza económica que siguieron a 1996; con una administración incomparablemente más honrada y brillante, el Gobierno del PP se reveló incapaz de asumir los importantes cambios estructurales que reclama una economía sólida en el siglo XXI.

No, la crisis económica no es un accidente que ha llegado a la España socialista sin saber cómo; ni es responsabilidad exclusiva del marco internacional. Probablemente el caso español, junto con el argentino, sea uno de los que permiten comprobar con más claridad que la crisis que atravesamos es fundamentalmente moral, referida a la ética y a las conductas, a los valores y a los principios que el país ha ido perdiendo durante años de ejercicio político al servicio de intereses personales, partidistas y económico.

Por eso, no creo en la esperanza que radica en una segunda edición del liberalismo aznarista. Y dudo mucho de que sea viable una reconstrucción que no pase por una revisión a fondo del modelo partitocrático impuesto por la Constitución del 78 y del modelo económico capitalista adoptado acríticamente desde mucho antes.

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