El Ministro de Justicia ha hecho saber que el Consejo de Ministros recibirá "antes de que termine el mes de octubre" el proyecto de reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y ha puesto en relación los criteros de dicha modificación con el "discurso histórico" del Partido Popular sobre la regulación del asesinato de niños en el vientre materno. Al parecer, se trata de volver a la situación diseñada en la ley aprobada por el Gobierno socialista de González en 1985.
La Vicesecretaria del PSOE, Elena Valenciano, ha respondido -a través de un comentario en Facebook- que donde el PP dice "histórica" hay que leer "prehistórica; machista, sexista y ultracatólica". En su comentario considera que "la posición eterna de Alianza Popular, primero, y del PP, después ha sido siempre coherente contra la libertad de las mujeres" y concluye con la expresión: "Volveremos a la lucha".
Allá el PP y sus votantes a la hora de responder si se consideran prehistóricos, machistas y sexistas, pero estimamos que alguien con autoridad para hacerlo debería precisar públicamente que no puede ser calificada de ultracatólica una posición que, ni siquiera, es católica.
Y no lo es, en primer lugar, porque el PP no considera el catolicismo como referencia directa ni indirecta para su programa y actividad política. No podía ser menos en una organización que carece de las más elementales referencias propias de una sociedad sana y que, desde sus posiciones de poder, gestiona la corrupción económica y moral que está sufriendo España desde hace ya demasiados años.
Pero es que incluso, es un partido que ha convertido una ambigua y remota referencia al humanismo cristiano en un concepto vacío, una palabra hueca que no dice nada, ni impone nada. Como afirmó el vicesecretario de comunicación del Partido Popular, González Pons en febrero de 2012: “el apelativo cristiano no tiene connotación religiosa [sic!]… Es simplemente una manera de caracterizar a determinados partidos políticos del centro y del centro-derecha europeo”. Y no le falta razón. O que nos digan en qué se ha notado durante estos años que el PP está inspirado, entre otras perlas, por los valores del humanismo cristiano.
Menos aún puede considerarse católica, una ley que promueve la vuelta al estado de cosas anterior a la reforma promovida por el PSOE en su última legislatura. En primer lugar, porque hay coincidencia en que la anterior legislación se aplicaba, en la práctica, con criterios de aborto libre y no hay noticia de que el PP esté dispuesto a incidir directamente en puesta en práctica de ciertas directrices garantistas. Pero, sobre todo, porque si bien es cierto que, al amparo de la nueva ordenación, se pueden salvar algunas vidas inocentes, la aprobación de semejante ley -disponiendo de la mayoría absoluta que permitiría erradicar la consideración del aborto como un derecho- merece un juicio mucho más riguroso.
El proyecto Rajoy-Gallardón revela una mentalidad perversa que contribuye a difundir una idea hoy dominante entre los electores que los respaldan. Esta mentalidad se resume gráficamente en la idea de que una ley del aborto “buena” (la que puso en marcha el Gobierno de Felipe González en 1985, no modificó el de Aznar y parece dispuesto a restaurar Rajoy) y otra “mala”: la que fue aprobada por Rodríguez Zapatero y, al igual que la anterior, avalada por el Tribunal Constitucional. Circunstancia esta última, por cierto, que no impide su derogación.
La propuesta de Ruiz Gallardón resulta posible porque, con absoluta indiferencia, miles de católicos acuden a las urnas una y otra vez para respaldar a los partidos que vienen protagonizando una radical ofensiva contra la vida que adquiere caracteres dantescos al convertir el aborto en un derecho pero que se manifiesta también en el fomento de la anticoncepción o en las regulaciones de la reproducción asistida ajenas a un criterio moral. Los dirigentes populares no pueden evitar su responsabilidad por aceptar unos principios tratando de evadirse de algunas de sus consecuencias. Basta recordar que el coste humano de la antigua ley del aborto fue de más de un millón trescientas mil vidas y la eliminación de buena parte de ellas había sido gestionada por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.
Los católicos españoles siguen optando mayoritariamente por el PP y el PSOE, fieles a las consignas oficiales que se les han hecho llegar sin viraje constatable desde los últimos años: «nada de partidos católicos; católicos en los partidos». Y el perfil de alguno de esos católicos en los partidos, lo dan políticos como los que desde el PSOE o el PNV apoyaron la nueva ley del aborto o como los que, desde el PP, se conforman con regresar a la situación de 1985.
El resultado son gobiernos sostenidos en las urnas por votos católicos que apenas difieren en el planteamiento de las cuestiones sustanciales e implantan desde el poder el laicismo más agresivo contribuyendo a la hegemonía de esa mentalidad, hoy dominante, sustrato permanente de una práctica política que es, al mismo tiempo, la consecuencia y el principal motor del proceso. No en vano el popular González Pons caía en el gravísimo error que supone una concepción materialista de la vida y afirmaba, en la ocasión citada, que «los españoles hoy no tienen problemas ideológicos, tienen problemas económicos» cuando es precisamente al contrario: la crisis económica que padecemos hunde sus raíces en gravísimas desviaciones morales y en el terreno de los principios.
En este escenario, los obispos siguen sin mostrar interés por favorecer el desarrollo de organizaciones políticas de verdadera inspiración católica y parecen contentos con el papel que ellos mismos se han atribuido: vivir en un continuo lamento a nivel puramente teórico pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos. Hasta ahora tampoco hemos encontrado ninguna alusión a la posición en que quedan las autoridades y las instituciones de un Estado, todas ellas manchadas y cuestionadas con esta ley, como ya lo estaban con la anterior. Incluso se llegó más allá del lamentable precedente de 1985 cuando, hablando en nombre del resto de los miembros de la Conferencia Episcopal, monseñor Martínez Camino intervino en defensa de la moralidad de la actuación del Jefe del Estado, responsable de la sanción de los textos legales de acuerdo con una interpretación letal de los mecanismos previstos en la Constitución.
Por eso, aunque poca o ninguna esperanza tenemos de encontrar respuesta, terminamos estas notas pidiendo con respeto pero también con la firmeza que el caso merece que la Conferencia Episcopal Española o, al menos, algún Obispo digno de este nombre tenga a bien desmentir el carácter ultracatólico de la reforma de la Ley del aborto que proyecta aprobar el Partido Popular y orientar a los católicos en lo que a estas dos cuestiones se refiere:
1. Los católicos que con leyes o actos de gobierno, promueven, facilitan y protegen jurídicamente la práctica del aborto merecen la calificación moral de pecadores públicos ¿Cómo se ha concretado el trato que se les dispensa en la administración de los Sacramentos mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos? ¿En qué situación moral quedan los católicos que dan su voto al partido que está promoviendo la nueva ley y aplicando la vigente hasta ahora? ¿Y los católicos que forman parte del Gobierno que no piensa promover la inmediata ilegalización del aborto?
2. ¿No es cierto que resulta contradictorio dar por bueno un sistema que lleva jurídicamente a efectos moralmente inadmisibles y que no es posible en conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir? Si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte injusta a algunos, resulta evidente que la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes, hecho que hay que añadir a la nefasta gestión de los gobernantes ¿Qué consecuencias concretas se derivan a la hora de valorar moralmente el sistema político implantado en España en 1978?
