ÁNGEL DAVID MARTÍN RUBIO: La Iglesia extremeña en la época del Obispo Álvarez de Castro

Texto de la Conferencia en el Aula de Cultura de Caja Extremadura
23-marzo-2009
COMISIÓN DEL II CENTENARIO DE LA MUERTE DEL OBISPO ALVAREZ DE CASTRO - DIÓCESIS DE CORIA-CÁCERES

Muy buenas tardes, Señoras y Señores:

Hago constar mi agradecimiento por las palabras de presentación así como al Sr. Obispo de Coria-Cáceres D. Francisco Cerro Chaves y a la Comisión Diocesana del Centenario del Obispo Álvarez de Castro por la invitación a pronunciar esta conferencia sobre la situación de la Iglesia en Extremadura en el período de transición entre los siglos XVIII y XIX, cronología que coincide con la presencia en la diócesis cauriense del prelado nacido en Mohedas de la Jara (Toledo) enero de 1724. Don Juan Álvarez de Castro hizo su entrada el 7 de julio de 1790 y fue asesinado por las tropas francesas en la villa de Hoyos el 29 de agosto de 1809 a los 85 años de edad.

El tema es lo suficientemente amplio para hacer difícil un estudio en su conjunto; a ello se añade el problema metodológico que supone el complejo mapa eclesiástico extremeño en el siglo XVIII donde ―como sigue ocurriendo en nuestros días con un organigrama mucho menos complejo― no existía ninguna realidad jurídica que abarcase el conjunto de un territorio no excesivamente definido hasta entonces aunque ya comenzaba a perfilarse en la llamada Provincia de Extremadura y, poco más tarde, en la división provincial de Cáceres y Badajoz efectuada por Javier de Burgos y ratificada por Real Decreto de 30 de noviembre de 1833.

Por otro lado, un enunciado tan genérico admite numerosas perspectivas; desde la historia social y la descripción de las formas de vida del clero a la historia de las ideas y tendencias político-religiosas dominantes en la época, pasando por el relato más o menos somero de los episodios que afectaron a la vida eclesiástica del territorio extremeño durante los reinados de Carlos IV, la invasión napoleónica, la restauración fernandina y los primeros pasos del Estado liberal. De hecho son varios los historiadores que se han ocupado de todas esas cuestiones y somos deudores de su tarea: basta citar aquí a Julio Fernández Nieva, Miguel Rodríguez Cancho, Miguel Ángel Melón Jiménez, Santiago Aragón Mateos y tantos otros que sería largo citar.

Pero de todo ese estudio se deduce una conclusión que es la que queremos desarrollar aquí. La época del Obispo Álvarez de Castro fue un período de profundos cambios en la que se inicia el enfrentamiento de la Iglesia española con la ideología que habría de dominar el panorama de todo el siglo XIX y buena parte del XX: el liberalismo.

Como veremos, la diócesis de Coria no es una excepción en las manifestaciones de la persecución a que las ideas revolucionarias y liberales someten a la Iglesia Católica, dándose circunstancias semejantes a las que hubo en las restantes circunscripciones eclesiásticas en Extremadura y en el resto de España (como las desamortizaciones o los intentos de intrusismo) y aspectos específicos como el asesinato del Obispo Álvarez de Castro por los franceses o los asesinatos y profanaciones llevados a cabo por las tropas del Empecinado en el ocaso del Trienio Liberal. Por otro lado, la aportación doctrinal de obispos como el propio Álvarez de Castro, Ramón Montero y Manuel Anselmo Nafría (en este caso antes de llegar a la sede Cauriense) puede considerarse de cierto relieve a la hora de configurar el pensamiento contrarrevolucionario español.

Veamos todo esto con algún detalle, centrando nuestra atención en tres momentos históricos sucesivos:

1.- La Guerra de la Independencia.
2.- El Trienio Liberal
3.- Las desamortizaciones.

I. la Guerra de la Independencia y su contexto histórico (1790-1815)

Sin negar que en el 2 de mayo y en la guerra a que da paso existiera una causa que pudiéramos llamar de independencia nacionalista (en el sentido de afirmación propia frente al dominio extranjero), la de 1808 no fue únicamente una guerra contra el francés sino que se trata de una guerra contra la etapa imperial o bonapartista de la Revolución Francesa, al igual que la de 1793-1795 lo había sido contra la etapa jacobina de dicha Revolución.

El bonapartismo significa en la historia de cualquier proceso revolucionario la fase de institucionalización y las guerras napoleónicas no son una simple expansión nacionalista sino la difusión a escala europea de los principios jacobinos. Como escribía el padre Vélez en 1813:

La misma religión es la que ha armado ahora nuestro brazo para vengar los
insultos que ha sufrido del francés en nuestro suelo. Ella ha reanimado
nuestra debilidad al ver que se trataba de privarnos de sus cultos: ella nos
puso las armas en la mano, para resistir la agresión francesa, que a un
tiempo mismo atacaba el trono y destruía el altar. La religión nos condujo a
sus templos, bendijo nuestras armas, publicó solemnemente la guerra,
santificó a nuestros soldados y nos hizo jurar al pie de las santas aras, a
la presencia de Jesucristo en el Sacramento, y de su Santísima Madre en sus
iglesias, no dejar las armas de las manos hasta destruir del todo los planes
de la filosofía de la Francia y de Napoleón contra el trono de nuestros
reyes y contra la fe de nuestra religión[1]

Toda la España se llegó a persuadir, que dominando la Francia perdíamos nuestra fe. Desde el principio se llamó a esta guerra, guerra de religión: los mismos sacerdotes tomaron las espadas, y aun los obispos se llegaron a poner al frente de las tropas para animarlos a pelear[2].

Así se explica que, para la inmensa mayoría de los españoles, la Guerra de la Independencia fuera guerra de religión contra las ideas heterodoxas del siglo XVIII difundidas por las legiones napoleónicas. De ahí también la actividad de la jerarquía eclesiástica y su participación activa en el alzamiento y guerra contra los franceses.

En ese contexto se sitúa la actuación del Obispo de Coria para alentar y sostener el esfuerzo bélico protagonizado por sus diocesanos. Su actividad quedará truncada en apenas un año pues la venganza francesa se cruza en su camino poniendo fin a lo que no era sino brillante culminación de una trayectoria coherente que se había iniciado poco después de su llegada al Obispado de Coria. Cuando estalla la guerra contra los revolucionarios como consecuencia del asesinato del rey de Francia Luis XVI (21-enero-1793) ya escribe una Circular a sus diocesanos para que ayuden a nuestro Ejército. Con motivo de la sangrienta persecución desencadenada más allá de los Pirineos, vinieron a España numerosos sacerdotes y seminaristas refugiados. A Cáceres llegaron catorce que estuvieron alojados en el Convento de San Francisco y algunos quisieron ser ordenados pero no pudieron serlo por resultar imposible obtener la autorización de sus respectivos prelados.

Iniciado el alzamiento de mayo de 1808 contra los franceses, invita al Cabildo a contribuir con sus caudales al sostenimiento de las tropas y, atendidas las obligaciones de la Mitra, aplica las restantes rentas a los gastos de la campaña; ordena rogativas por el triunfo de las armas españolas (14-junio-1808)[3]; el 23 de junio exhorta al alistamiento que la Junta Suprema de Gobierno de la Provincia estaba emprendiendo. Para ello se habría de verificar un juramento de todos los fieles en sus Parroquias ante el Señor Sacramentado expuesto; en primer lugar debían prestarlo los eclesiásticos quienes explicarían después al pueblo, congregado en un día fijado por mutuo acuerdo entre los curas y las juntas respectivas, las obligaciones contenidas en la fórmula empleada:

Juramos, prometemos a ese Divino Señor Sacramentado guardar la más perfecta
unión y respeto y veneración a la Justicia, olvidar para siempre de todo corazón
los sentimientos particulares, defender nuestra Santa Religión, a nuestro amado
Soberano y Señor don Fernando VII y las propiedades, hasta derramar las últimas
gotas de nuestra sangre[4].

La repercusión de estas pastorales y circulares del Obispo en la Diócesis y fuera de ella era grande. Extremadura se levantó en armas y sus sierras se hicieron impenetrables para los ejércitos napoleónicos durante mucho tiempo. El Prelado promete, en nombre de Dios, la bienaventuranza eterna a los que mueren por la Patria; da todo cuanto tiene; sus iglesias se empobrecen; entrega las joyas que se funden y sus graneros se abren...[5]

Cuando un Ejército francés, con el Mariscal Soult al frente, se apodera de Plasencia y prolongó sus descubiertas has el Puerto de Perales, se sabía lo mucho que el Obispo había contribuido al esfuerzo de guerra. Hasta Hoyos, donde vivía retirado, se trasladó un escuadrón el 29 de agosto de 1809: sacaron de la cama al venerable prelado —que, además de su edad, se encontraba muy debilitado y en peligro de muerte— y caído en el suelo le dispararon dos tiros de fusil, no sin antes saquear la casa y causar la muerte a uno de los ancianos que se habían refugiado allí, resultando heridos uno de los familiares y otros cinco ancianos. Jiménez de Gregorio, que sigue las palabras que Larrazábal, diputado en las Cortes gaditanas por la ciudad de Guatemala, pronunció en las ya instaladas en Madrid el 21 de abril de 1814 en alabanza del prelado, nos describe el suceso: le arrebatan primero el pectoral que se pasa la soldadesca de a unos a otros haciendo escarnio de la insignia, le arrancan la ropa de cama que le cubría y arrojándolo al suelo desnudo, boca arriba, le disparan un primer balazo en los testículos y después otro en la boca[6]. Fue enterrado sin solemnidad y con apresuramiento en la Parroquia de Hoyos y no conocemos el lugar en que fueron depositados sus restos.

Saqueada la Catedral y en medio de grandes dificultades, continuó el Cabildo ayudando con fuertes cantidades a los ejércitos nacionales y el 31 de diciembre ofrece el Seminario para convertirlo en Hospital de Sangre. Al mismo tiempo tenían que sufrir los impuestos forzosos que les exigían los franceses. Entre los que más se distinguieron en la resistencia y en su apoyo al Prelado en tan difíciles circunstancias merece citarse al Tesorero de la Catedral don Mateo Fernández Jara nombrado Vocal de la Junta Suprema de Badajoz.

II. Las primeras luchas con el liberalismo y el trienio liberal (1815-1824)

A pesar de su breve episcopado, don Blas Jacobo Beltrán (1815-1821) tuvo una vida ejemplar y laboriosa, aplicada a su Ministerio y al socorro de los pobres como demuestra la reedificación con fondos por él sufragados del Hospital de San Nicolás de Bari en Coria, destruido por los franceses en la Guerra de la Independencia. Ya se había distinguido por su oposición a las ideas liberales en las Cortes Extraordinarias de las que fue diputado, ahora ―iniciado el Trienio Liberal― solicita facultades para encargarse de los regulares como exigía el Gobierno, fue procesado por juzgar delito la libertad de imprenta y la lectura de libros prohibidos y envía una carta de adhesión a Arias Teijeiro por su representación a las Cortes en defensa de los derechos de la Iglesia atropellados por la nueva situación política (11-noviembre-1820). Ya fallecido (28-abril-1821), llegó la orden de destierro.

Al quedar vacante la Diócesis, la situación se prolongó hasta 1824 ya que el Gobierno presentó al Magistral de Segovia don Santiago Sedeño Pastor —quien se había declarado partidario del régimen constitucional con ocasión de la sublevación de Riego— pero éste no recibió la aceptación por parte de Roma[7]. Por su parte, el Cabildo nombró Vicario Capitular, Sede Vacante, al ya citado don Mateo Fernández Jara, pretendiendo el Gobierno anular la elección por haber recaído en persona opuesta a las doctrinas liberales, pero el Cabildo lo mantuvo en su puesto hasta la designación del nuevo Obispo[8].

El investigador Alfonso Artero ha puesto de relieve la oposición existente en la ciudad de Cáceres a las ideas liberales[9], ya en mayo de 1814 el pueblo congregado ante el Ayuntamiento exigió a los regidores que los dos ejemplares de la Constitución que allí se guardaban se quemasen en la Plaza Mayor por mano del verdugo, como así se hizo, añadiéndose el ejemplar que se custodiaba en la Audiencia. En enero de 1821, aparecieron pasquines animando al vecindario a la rebelión, hecho que se repitió en el mes de octubre y que en diciembre obligó al despliegue de tropas. Poco a poco se hace efectiva la resistencia y en toda la región actúan partidas realistas. La capital cambiará de manos varias veces hasta que en octubre de 1823, ya en la agonía del régimen, las tropas constitucionales al mando del Empecinado se presentan a las puertas de la ciudad.

Ante tan críticas circunstancias el Ayuntamiento reunió al vecindario en asamblea popular para discutir la postura que debía adoptarse. La opinión mayoritaria fue la de resistir como fuera, pese a la escasez de medios para hacerlo: barricadas en las entradas, parapetos, enseres domésticos, carros, colchones, piedras... se instaló un hospital en la Enfermería de San Antonio y se formó en el Ayuntamiento una Junta de Seguridad permanente; se colocaron vigías en las torres de las iglesias y conventos para alertar a la población, mediante toques de campanas, de la aparición de las tropas liberales. Después de varios intentos y fracasadas negociaciones las tropas del Empecinado siguiendo las instrucciones del exgobernador de Cáceres, Landero, pusieron el pie en el interior de la ciudad y se apoderaron de ella venciendo las últimas resistencias hacia las cuatro de la tarde del 17 de octubre de 1823. Cuando al día siguiente se recogieron los cadáveres, además de los fusilados en la Plaza, se pudieron comprobar las brutalidades llevadas a cabo por los liberales:

En dos carros recogieron hasta treinta y seis cadáveres. Tres de ellos
pertenecían a defensores de la villa muertos en sus puestos de combate; el
resto a personas asesinadas en sus casas o en las calles, muchos de ellos
con auténtico sadismo. En las afueras de la calle de Moros encontraron a un
hombre abierto en canal, como un cerdo, con los órganos genitales cortados e
introducidos en la boca; en la plazuela de San Blas a otro cadáver cubierto
con paja y parcialmente quemado; en el Barrio de Luna los cadáveres de cinco
vecinos que, después de ser acuchillados por los soldados, fueron fusilados
por la espalda, y en la calle Valdés encontraron muerta a una niña de cinco
meses con el vientre atravesado de un balazo, que mató también a su madre
que la llevaba en brazos. Las calles en que fue mayor la mortandad fueron
las de Moros, Barrionuevo y la plazuela de San Blas. Los libros de difuntos
de las parroquias cacereñas que más defunciones registran en aquellas fechas
son los de Santiago, con 15 defunciones, y San Juan con 11[10].

Restituidas las autoridades realistas a los pocos días, se hicieron averiguaciones de los daños causados y los muertos que hubo. Del proceso, resultó que habían muerto 36 personas; cuatro vecinos quedaron inútiles para todo trabajo por las heridas recibidas; 35 más fueron heridos, tardando más o menos tiempo en curar; 76 edificios fueron incendiados y saqueadas unas 500 casas. Los daños ocasionados por los incendios se valoraron en 260.465 reales de vellón y el valor de los bienes robados por los asaltantes ascendió a 1.348.636. Entre los edificios dañados, el convento de San Francisco sufrió el incendio de veinticinco celdas además de los sacrilegios y otros daños en el recinto sagrado en castigo por usar el derecho de asilo con algunos realistas.

Fernando VII recomendó benignidad al Tribunal «ya que el principal responsable del ataque a Cáceres (El Empecinado) había purgado su merecido». Efectivamente, en el proceso a que fue sometido y como resultas del cual fue ejecutado, entre otros muchos cargos, se le imputaron al Empecinado los estragos causados en Cáceres.

III. exclaustraciones y desamortización (1833-1868)

Don Ramón Montero (1830-1847), fue uno de los veintiún obispos convocados en la sesión del Consejo de ministros del 21 de abril de 1833 para asistir a la jura de la infanta Isabel como heredera por lo que su posterior enfrentamiento con los gobiernos liberales no puede atribuirse a la cuestión dinástica sino a la política persecutoria de los mismos en relación con la Iglesia. Se distinguió por sus artículos en defensa de los derechos de la Iglesia y denunciando las injerencias del Gobierno publicados en La Voz de la Religión. Más tarde, nombrado Senador del Reino en el período moderado, pronunció en la Cámara notables discursos haciendo pública una vez más su oposición a la política religiosa de los liberales.

Este obispo trató en numerosos escritos sobre la situación religiosa española,
sobre las malas costumbres, sociedades bíblicas, libros y espectáculos
inmorales. Exhortó frecuentemente a sus sacerdotes al cumplimiento de los
deberes pastorales y protestó contra las novedades eclesiásticas y contra la
propaganda protestante[11]

Con ocasión de la revolución que expulsa a María Cristina y coloca en el poder a Espartero, la Junta de Cáceres le destierra y confina. Estuvo el obispo encarcelado algún tiempo en Badajoz y volvió a ser perseguido de nuevo en 1843. Designado para el Arzobispado de Valladolid, falleció el 30 de marzo de 1848 sin haberse incorporado a su nueva sede. Tanto él como sus sucesores van a tener que hacer frente a las dificultades derivadas de los procesos de desamortización y exclaustración. Procesos cuyas consecuencias en la vida eclesiástica abordamos con brevedad a continuación.

Pese a las vicisitudes atravesadas por el Clero Regular desde comienzos del siglo XIX que, sobre todo en la época del Trienio Liberal (1820-1823), habían supuesto una importante merma de sus patrimonios y las primeras disposiciones de exclaustración, será la Ley de desamortización de Mendizábal (febrero-1836) la que tenga unas consecuencias más negativas para su propia supervivencia. Entre las numerosas casas conventuales afectadas en la Diócesis de Coria podemos citar el Conventual de San Benito y los de Religiosas de Sancti Spíritus y Los Remedios en Alcántara, el convento de Religiosas de Jesús junto a los de San Pablo y Santa Clara en Cáceres y las religiosas de la Madre de Dios en Coria. No menos perjudicado iba a resultar el Clero Secular y todas las instituciones a él vinculadas: Fábricas Parroquiales, Curatos y Beneficios curados, Cofradías, Capellanías, Obras Pías, Memorias, Disposiciones, Vínculos... La Catedral, el Cabildo, la Mitra, el Seminario, las parroquias, las cofradías... se iban a ver despojadas de un ingente patrimonio procedente de la donación de particulares, en su mayoría pequeñas parcelas de tierras y huertos así como algunas dehesas que permitían el desenvolvimiento de todas estas instituciones.

Entre el amplio elenco de los afectados, la Ley general de desamortización promovida por Madoz (mayo-1855) preveía también la venta en pública subasta de los bienes amortizados por los centros de beneficencia. De este modo los Hospitales, Hospicios, Casas-cuna, Casas de reclusión y expósitos y otros centros sufrieron en apenas unos años la pérdida de sus patrimonios y de sus tradicionales fuentes de rentas haciendo imposible su continuidad por la incapacidad de hacer frente a los gastos. Igualmente dañados resultarían los soportes materiales de los escasos centros dedicados a la enseñanza[12].

Por último, también el territorio cauriense se iba a ver afectado por la desamortización de los bienes rústicos procedentes de las Órdenes Militares pues en el distrito de este Obispado estaba enclavado el Priorato de Alcántara, perteneciente a la Orden Militar del mismo título con dos Arciprestazgos (Alcántara y Valencia de Alcántara) y numerosas Parroquias. Había otros pueblos (agregados al arciprestazgo de Coria) que, aunque pertenecían a las órdenes militares, dependían de la jurisdicción ordinaria del obispo, no diferenciándose de los demás de la Diócesis sino en la provisión de curato que se hacía por el Rey, previa oposición ante el tribunal especial[13]. En lugares como Alcántara, Brozas, Zarza la Mayor, Moraleja, San Martín de Trevejo, Membrío y Herrera de Alcántara se vendió un número muy elevado de hectáreas hasta entonces vinculadas a los Maestrazgos y Encomiendas.

Resulta sintomático que quienes se han ocupado de la desamortización desde el punto de vista historiográfico hayan puesto el acento en las consecuencias que tuvo desde el punto de vista del régimen de la propiedad de la tierra, superficies explotadas y evolución del sistema de cultivos. Pero habría que añadir el impacto que produjo al hacer imposible la supervivencia de numerosas instituciones privadas arbitrariamente por el Estado liberal de sus propiedades, la pérdida de innumerables obras de arte tanto arquitectónicas como imágenes y pinturas y cómo la lentitud del Estado para hacerse cargo del vacío provocado en la labor asistencial y de beneficencia iba a ser una de las razones del deterioro de la cuestión social que caracteriza a estos años. Algo parecido se podría decir ante las dificultades que supone para la Iglesia adaptar sus formas y estructuras pastorales a la nueva situación. Sin duda estamos ante una de las raíces históricas del proceso de descristianización que se acentúa en las décadas siguientes favorecido por las condiciones del trabajo agrícola, el bajo nivel de vida y la escasa formación religiosa.

IV. Conclusiones

Podemos ir terminando con una visión de conjunto acerca de la interpretación que se puede hacer de este enfrentamiento entre la Iglesia y el naciente Estado liberal.

Privada por la fuerza de las propiedades y rentas que
disfrutaba en régimen de paralelismo con la nobleza, perseguida por razón de
opiniones, exclaustrados, suspendidos o desterrados muchos de sus miembros,
invadidas sus instituciones y jurisdicción interior por el poder del Estado,
censurados sus escritos y asesinados un buen número de religiosos, hubo de
sufrir afrentas como no se recordaban en siglos y vivir uno de los momentos más
dolorosos de su historia en España […] nuestros liberales, y especialmente los
autoproclamados progresistas, emplearon con la Iglesia procedimientos que ellos
mismos hubiesen considerado antiliberales y atentatorios contra los más
elementales derechos[14].

La injerencia del Estado liberal en los asuntos eclesiásticos tenía una raíz muy propia del Antiguo Régimen: el regalismo que, en esto, no se esforzaron en superar si no en heredarlo y aumentarlo. No faltó un proyecto de ley (el cisma de Alonso) que pretendía la creación de una especie de Iglesia nacional de inspiración protestante. Y esta es la clave de explicación, no se persigue a la Iglesia ni por igualitarismo social —cercenar privilegios— ni por su apoyo —tan matizado— al carlismo. Por otro lado, basta seguir el encadenamiento de los hechos, para comprobar que las medidas antieclesiásticas por parte del Estado son anteriores a las declaraciones de los eclesiásticos: es decir, que la Iglesia protesta porque se sabe atacada, no al revés.

Los liberales sabían que no podían consolidar su dominio sobre una sociedad que en buena medida les rechazaba si no suprimía o encauzaba en una dirección favorable el influjo moral que la Iglesia ejercía sobre esa misma sociedad y en la que promovía una serie de principios y comportamientos incompatibles con el liberalismo. De conseguirlo, habría sido neutralizada la única potestad radicalmente independiente del Estado.

Por el contrario, en el lado de las resistencias a la implantación por la fuerza del Estado liberal encontramos una mentalidad común: la defensa de la verdadera libertad.

Desde nuestro punto de vista, si entre los defensores de don
Carlos encontramos miembros de tan diferentes sectores sociales, si durante
siete años se logra mantener, y con buen éxito, una guerra que vista la
situación de partida en 1833 parecía imposible que durara más de un par de
semanas, es porque los legitimistas combatían por uno de los primeros y
fundamentales derechos del hombre, el derecho a continuar siendo él mismo, a no
tener que cambiar, si no lo desea, su forma de vida y pensamiento. Por ello, la
presentación del carlismo como una lucha en defensa de la libertad, es una
constante de la propaganda legitimista[15].

A la vista de todo lo expuesto podemos concluir:

a) El arraigo en el pasado del secular conflicto Iglesia-Estado que atraviesa la historia contemporánea española y que no es algo coyuntural o resultado de problemas más o menos intrascendentes (por ejemplo, una simple querella dinástica). la íntima relación religión-sociedad no es algo impuesto artificialmente sino hondamente radicado en la entraña de cualquier comunidad el intento de provocar la ruptura, de desarraigar lo religioso será siempre un fenómeno conflictivo en todos los lugares donde la revolución moderna pretenda aplicar sus criterios y necesariamente desestabilizador y traumático en aquellas ocasiones en que logre alcanzar su objetivo. La historia española ha estado atravesada en los siglos XIX y XX por esta importante fuente de inestabilidad y desequilibrio.

b) La incapacidad del liberalismo español para articular un proceso de modernización económica y participación política se remonta a sus propios orígenes que dan paso a un modelo basado en los propios intereses y no en las reivindicaciones más auténticas de la nación. Las tantas veces repetida libertad e igualdad, ausente como en pocos sistemas políticos de la España del siglo XIX y comienzos del XX, apenas hace necesario recurrir a la crítica filosófico-teórica para la demolición polémica del liberalismo español.

c) La estrecha relación entre ortodoxia política y religiosa y la imposibilidad práctica de perseverar en la segunda cuando no se es consecuente con la primera. Entendemos por “heterodoxia política” la de todos aquellos que de hecho han negado la dimensión teológica en el plano político, la de aquellos que practicando políticamente un criterio puramente mecanicista se niegan a reconocer las exigencias éticas del obrar político, consideran la religión como asunto válido para los actos de significación personal e inválido para los de dimensión social.

d) La existencia ―aunque todavía minoritaria― de un episcopado y un clero afrancesado y colaboracionista e incluso los torpes intentos de reconciliar al liberalismo con la Iglesia puestos en práctica más tarde, ponen de relieve la licitud y necesidad de una resistencia en el terreno cultural y político fundamentada religiosamente a pesar de la oposición de algunos eclesiásticos, por muy arriba que éstos se sitúen. Por eso recordamos, para terminar, las palabras de Vázquez de Mella:

Cuando no se puede gobernar desde el Estado, con el deber, se gobierna desde
fuera, desde la sociedad, con el derecho ¿Y cuando no se puede, porque el poder
no lo reconoce? Se apela a la fuerza de mantener el derecho y para imponerlo. ¿Y
cuando no existe la fuerza? ¿Transigir y ceder? No, no, entonces se va a las
catacumbas y al circo, pero no se cae de rodillas, porqué estén los ídolos en el
capitolio.

Eso hizo el Obispo Álvarez de Castro: sellar con su sangre la fidelidad a su fe; y por eso, dos siglos después de su muerte le podemos seguir considerando un testigo en unos tiempos sometido a cambios: STAT CRUX, DUM VOLVITUR ORBIS - El mundo no deja de girar pero la Cruz permanece.

NOTAS

[1] FRAY RAFAEL DE VÉLEZ, Preservativo contra la irreligión o contra los planes de la falsa filosofía contra la Religión y el Estado, reimpr. en México, 1813, pág.100, en http://www.books.google.es (2008).
[2] Ibid. pág.110.
[3] Cfr. Ortí Belmonte, Miguel Ángel, Episcopologio Cauriense, Cáceres: Diputación Provincial de Cáceres-Servicios Culturales, 1959, p. 200.
[4] Cit.por Ortí Belmonte, Miguel, ob.cit., p. 157.
[5] Cfr. Circular ordenando se entreguen por vía de préstamo a la Junta Superior de Gobierno de la Provincia los caudales de Cofradías, etc. (15-junio-1808); Circular exhortando al alistamiento para la guerra (23-junio-1808); Pastoral (30-junio-1808); Circular en que se ordena se den gracias a Dios por la victoria de Bailén; Circular ordenando se hagan rogativas por la felicidad de nuestras armas y las demás necesidades de la monarquía (23-noviembre-1808) y Circular dando cuenta de la constitución de la Junta Central Suprema Gubernativa (8-diciembre-1808), en Ortí Belmonte, Miguel, ob.cit., p. 201-210.
[6] JIMÉNEZ DE GREGORIO, Fernando, «Martirio y asesinato por los franceses del obispo de Coria Dr. Álvarez de Castro», Toletum, 33 (1996) 125.
[7] Cfr. DUFOUR, Gérard, «Del catolicismo liberal al liberalismo exaltado: el canónigo D. Santiago Sedeño y Pastor», Trienio 1 (1983) 3-26.
[8] Partidario de don Carlos, intentó huir a Portugal a la muerte de Fernando VII pero fue detenido, procesado y condenado a ocho años de prisión en un Castillo de Filipinas. Murió en Manila en 1837.
[9] Cfr. ARTERO HURTADO, Alfonso, «El Empecinado en Cáceres», en http://www.camaracaceres.es/actividades/publicaciones/libros/completos/61/contenidos/artero.htm (2009).
[10] ARTERO HURTADO, Alfonso, ob.cit.
[11] MARTÍ GILABERT, Francisco, Iglesia y Estado en el reinado de Isabel II, Pamplona: Eunate, 1996, p. 119
[12] Cfr. García Pérez, Juan, Las desamortizaciones eclesiástica y civil en la Provincia de Cáceres (1836-1870), Cáceres: Institución Cultural el Brocense-Diputación Provincial de Cáceres, 1994, pp. 96-109.
[13] Cfr. MADOZ, Pascual, Diccionario Histórico-Geográfico de Extremadura. II, Cáceres: Publicaciones del Departamento de Seminarios de la Jefatura Provincial del Movimiento, 1955, p. 276. Esta edición reproduce la parte referente a Extremadura del texto original elaborado y publicado a mediados del siglo XIX.
[14] COMELLAS, José Luis, «Los liberales españoles contra la Iglesia», Razón Española, 80 (1996) 334.
[15] BULLÓN DE MENDOZA, Alfonso, «Revolución y contrarrevolución en España y América (1808-1840)», en Javier PAREDES (coord.), España, siglo XIX, Madrid: Actas, 1996, p. 103.