Con motivo de la Fiesta de la Sagrada Familia se han convocado una serie de actos que tienen como escenario la madrileña Plaza de Colón. Es previsible que la intervención del Cardenal D. Antonio Rouco Varela mañana, domingo 29 de diciembre, esté marcada de alguna manera por el anteproyecto de regulación del aborto aprobado el pasado día 21 por el Consejo de Ministros que preside Mariano Rajoy.
La Ley del PP se define como una ley de supuestos que justifica el aborto en caso de riesgo para la salud psíquica o física de la madre o en caso de violación. Todo ello, a espera de un debate parlamentario en el que se pueden producir sorpresas pues son numerosas las voces que se están alzando en el seno del partido conservador reclamando cambios que se aproximen a las posiciones sostenidas desde el PSOE.
Atinadamente, se ha suprimido el tercer supuesto que contemplaba la ley del 85, el de malformaciones graves porque, en palabras del Ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón: «no se puede decir que un no nacido, por tener alguna discapacidad, tiene menos derecho a la protección de su vida que la de un concebido sin discapacidad». En cambio, un no-nacido sí tiene menos derecho a la protección de su vida en caso de suponer un presunto riesgo para salud de su madre o haber sido concebido como consecuencia de una violación.
Hay que reconocer que, al amparo de la nueva ordenación, es posible que se salve alguna vida humana inocente. Aunque esto solo podrá verificarse si se articulan las suficientes garantías para que no se repitan las circunstancias que, al amparo de la Ley del 85, permitieron la implantación en la práctica del aborto libre. Pero la restricción de la ley a algunos supuestos no modifica su calificación moral; pues, en ningún caso, es permisible el aborto voluntario. Máxime cuando la mayoría absoluta parlamentaria con la que cuenta el PP permitiría la erradicación de la cobertura legal del aborto. De ahí la especial gravedad de las declaraciones de Ruiz Gallardón al vincular las propuestas ahora adoptadas con el programa electoral y los principios ideológicos sostenidos por el partido en el Gobierno: «desde una postura humanista y con unos avances, a mi juicio, trascendentales en la concepción del Derecho como garantía de protección de derechos de los más débiles» (ibid.).
Ante este panorama, cabe interrogarse acerca de los términos en que se pronunciará mañana el Cardenal Rouco.
En realidad, los comunicados de los obispos españoles en relación con las sucesivas legislaciones abortistas, tanto aisladamente como de manera conjunta, se han limitado a una exposición de los principios doctrinales fundamentada generalmente de los principios personalistas y existencialistas característicos de la Nueva Teología. De ahí las reiteradas alusiones a un derecho a la vida puramente natural, como inherente a la pura existencia del hombre, cuando en realidad deriva de su fin moral. Y la radical incomodidad que provoca el genérico y ambiguo “Todos tienen derecho a la vida” frente a realidades más complejas como los son la pena de muerte, la legítima defensa o la guerra justa.
La exposición se hace a veces incluso en términos duros, como los empleados con frecuencia en los documentos eclesiásticos en relación con el aborto. Por ejemplo: «facultad, legitimada por la ley, de atentar contra la vida del ser humano más indefenso e inocente» (Episcopado Español, julio-1983): «Crimen abominable» (Concilio Vaticano II), «que nunca, en ningún caso, se puede legitimar» (Juan Pablo II)”. Pero en la práctica, se evita la polémica y se paraliza la movilización clara e inequívoca de los católicos.
De hecho, con la única excepción de los pronunciamientos del entonces Obispo de Cuenca D.José Guerra Campos -a los que hemos hecho alusión reiteradamente en numerosos artículos sobre esta misma cuestión-, nunca hemos oído denunciar las raíces de la legalización del crimen en una Constitución gravemente cuestionable desde el punto de vista moral ni se ha explicitado con claridad la posición en que quedan las autoridades y las instituciones de un Estado, todas ellas manchadas y cuestionadas por la ley vigente (2010), la derogada (1985) o la ahora proyectada.
El gran problema es que, si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que, no sólo los gobernantes, sino la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes. (Y a propósito: ¿tienen algo que decirnos los gobernantes, más o menos respaldados por clérigos, que en su día engañaron al pueblo, solicitando su voto con la seguridad de que la Constitución no permitía el aborto? Y digan lo que digan, ¿va a impedir eso la matanza que se ha legalizado?) (José Guerra Campos: Pastoral del 13-julio-1985).Palabras éstas en acusado contraste con las pronunciadas recientemente por el propio Rouco Varela para quien “En particular, hemos de estar atentos a que no padezcan detrimento los bienes de la reconciliación, la unidad y la primacía del derecho, que se han podido tutelar en estos años de un modo suficiente, al amparo de las instituciones y mecanismos previstos en la Constitución de 1978, y con notable beneficio para el bien común”.
La afirmación no nos sorprende, por reiterada (cfr. la conferencia pronunciada por el Arzobispo de Madrid en el Club Siglo XXI , 15 de marzo de 2001: “La Iglesia en España ante el siglo XXI. Retos y tareas). Pero suena a verdadero sarcasmo que quienes no movieron un dedo en defensa del sólido edificio de las Leyes Fundamentales, atacado por los enemigos de España y de la civilización cristiana, se movilicen ahora en apoyo de un texto legislativo que permite al Estado actuar como el principal agente de una ofensiva para el cambio de las mentalidades.
Al concebir un bien común tutelado eficazmente por una Constitución que no garantiza, por poner solo un ejemplo, el derecho a la vida de los no nacidos, Rouco Varela no solamente lleva a cabo una deformación inadmisible sino que silencia interesadamente la verdadera cara de un marco político que aparenta la renuncia a cualquier idea previa o la neutralidad para luego servir de instrumento a la promoción de mentalidades y políticas muy concretas. Pensemos, por ejemplo, en la difusión de mentalidades divorcistas, abortistas, laicistas… promovidas de manera sistemática desde el propio Estado.
Con razón se ha hablado de “la ruina espiritual de un pueblo por efecto de una política”, en expresión de Francisco Canals, referida a una política que constituye la aplicación práctica de un sistema erróneo de conceptos sobre la vida y sobre la sociedad. Cerrar los ojos a la conexión entre los procesos políticos y la descristianización que se ha producido en los últimos siglos y se ha acelerado en los últimos decenios sería negar la realidad (Cfr. Francisco Canals, "Reflexión y súplica ante nuestros pastores y maestros", Cristiandad 670-672 (1987) 37ss y "El ateísmo como soporte ideológico de la democracia", Verbo 217-218 (1982), 893ss).
Por eso, a Rouco no le queda mañana otra alternativa que denunciar, junto con el proyecto Gallardón, un sistema que lleva jurídicamente a efectos moralmente inadmisibles y en el que no resulta posible en conciencia instalarse tranquilamente, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por modificar una Constitución que permite dar muerte injusta a los no-nacidos.
Y todo ello, porque según la doctrina católica, la soberanía en la comunidad política debe estar sometida jurídicamente al orden moral (a la soberanía de Dios). Es algo más que una exhortación para que ciudadanos y gobernantes en sus decisiones y actos electivos estén atentos a la norma moral. Se requiere que sea moral el sistema mismo, es decir, que esté constituido de tal forma que no sea legítimo dentro de él atentar contra la citada ley moral.
Afirmaciones del género “la Ley Gallardón es menos mala…” son, en realidad, perversas porque contribuyen a consolidar la aceptación social del aborto legalizado y a difundir una idea hoy dominante entre los electores del PP y respaldada por medios de comunicación afines. Es decir, que hay una ley del aborto “buena” (la que puso en marcha el Gobierno de Felipe González en 1985, no modificó el de Aznar y ahora va a restaurar Rajoy en sus líneas generales) y otra “mala”: la implantada por Rodríguez Zapatero. Y en el colmo de la distorsión, el abortismo de los populares, se ve transmutado así en defensa de la vida privando así, una vez más, de apoyo a las opciones políticas que sostienen la defensa incondicional de los no-nacidos.
Este es el dilema al que se enfrenta Rouco Varela: o rectificar radicalmente sus reiteradas declaraciones elogiosas de la Constitución de 1978 atreviéndose a ser profeta y a decir a los poderosos, como Juan Bautista, “No te es lícito”. O despedirse de su cargo en Madrid ejerciendo de complaciente cortesano, gestor de un catolicismo enfeudado en el sistema, dependiente económicamente del Estado y alegremente enfrascado en su propia auto-demolición.
Ese es el dilema. La respuesta, mañana en la Plaza de Colón.
Publicado en Tradición Digital
