El ministro de Justicia, D.Alberto Ruiz Gallardón acaba de anunciar en rueda de prensa las modificaciones que va sufrir la regulación del aborto de acuerdo con el anteproyecto aprobado el 21 de diciembre por el Consejo de Ministros. El voto y la opinión católica en España se han mostrado sistemáticamente cautivos del partido ahora en el Gobierno y, por eso, puede decirse con toda propiedad que el PP se ríe de sus votantes pero no que les engañe. Aunque con escasa celeridad, Rajoy comienza ahora a cumplir uno de los compromisos asumidos en su programa electoral.
Programa que fue democráticamente respaldado en las urnas por una mayoría absoluta de los españoles el pasado 20 de noviembre. Con independencia de la valoración que merezca este último dato, no debería ser silenciado, como se hace sistemáticamente, en las opiniones que la izquierda totalitaria está vertiendo en relación con el propósito de derogar algunos de los criterios implantados por el Partido Socialista en su Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.
La Ley del PP se denominará (paradójica o burlescamente) de protección de la vida del concebido y de derechos de la embarazada y se define como una ley de supuestos que justifica el aborto en caso de riesgo para la salud psíquica o física de la madre o en caso de violación. Es sabido que dichas previsiones sirvieron al amparo de la Ley del 85 para una implantación en la práctica del “aborto libre” por lo que, está por demostrar, que los nuevos preceptos vayan acompañados de las suficientes garantías para que no se repita la misma situación. Máxime, cuando el puzle autonómico impide cualquier adopción de directrices comunes a la hora de aplicar la Ley en todo el territorio nacional.
Hay que reconocer que el proyecto-Gallardón está destinado a sustituir a una normativa aún más negativa y es cierto que, al amparo de la nueva ordenación, es posible que se salve alguna vida humana inocente pero la aprobación de semejante ley -disponiendo de una mayoría absoluta que permitiría la erradicación de la tolerancia legal hacia el aborto- merece un juicio mucho más riguroso. Además, algunas pinceladas positivas como la regulación de la mal llamada objeción de conciencia apenas modifican el juicio moral sobre un plan que puede calificarse con términos muy similares a los que aplicó el entonces Obispo de Cuenca, D.José Guerra Campos, a la Ley socialista de 1985:
- “Se ha consumado la legitimación de unas agresiones «contra la vida del ser humano más indefenso e inocente» (Episcopado Español): «Crimen abominable» (Concilio Vaticano II), «que nunca, en ningún caso, se puede legitimar» (Papa Juan Pablo II)”
- “La restricción de la ley a algunos supuestos no modifica su calificación moral; pues, en ningún caso, es permisible el aborto voluntario”.
- “Los católicos que en cargo público, con leyes o actos de gobierno, promueven o facilitan —y, en todo caso, protegen jurídicamente— la comisión del crimen del aborto, no podrán escapar a la calificación moral de pecadores públicos”.
Este panorama es, en buena medida, el resultado de cómo se viene haciendo en España la orientación del voto católico. Durante años se nos viene diciendo: considerad los elementos negativos y los positivos y decidid en conciencia. Pero la mayoría de los ciudadanos no están capacitados para distinguir si la expresión en conciencia hace referencia a una norma superior o a la mera autonomía subjetiva. Y aunque entendieran lo primero, en la práctica se les ha sugerido de mil modos que -como no hay nada sin defectos- podían en conciencia apoyar con sus votos -por razón de los aspectos positivos- a fuerzas promotoras de cosas tan negativas como el aborto, la disolución familiar, la descristianización, etc. El hecho es que con los votos de los fieles católicos se han implantado los mismos males que luego se critican. Y voces autorizadas, en el acto mismo de condenar esos males, se apresuran a advertir que se trata de puntos aislados y reiteran su aval al marco jurídico-político del que brotan (cfr. José Guerra Campos, “La Iglesia y la comunidad política. Las incoherencias de la predicación actual descubren la necesidad de reedificar la doctrina de la Iglesia”).
A pesar de su apoyo al aborto legalizado, Gallardón es objeto de durísimos ataques por parte de la izquierda que lo presenta como fiel seguidor de las consignas eclesiásticas en esta materia. Ahora bien, no solamente la postura de Gallardón está alejada de la Doctrina de la Iglesia al respecto sino que, al igual que ocurría en los gobiernos de Aznar, la actuación de ministros vinculados a poderosas organizaciones religiosas viene acompañada de una específica referencia moral en ninguna de las cuestiones abordadas desde Moncloa.
Tampoco cabe esperar mucho de los pronunciamientos del episcopado, tanto aisladamente como en los comunicados conjuntos de la Conferencia Episcopal. Parece previsible que, como en ocasiones anteriores, los prelados españoles se limiten a recordar, tímidamente, la doctrina sobre la defensa de la vida partiendo generalmente de los principios personalistas y existencialistas que sirven de fundamento a la Nueva Teología.
De ahí las reiteradas alusiones al “derecho a la vida” natural sin que haya paralela insistencia en recordar que el aborto trunca el derecho del hombre a la vida sobrenatural a la que es llamado (y de la cual resulta excluido si, como ocurre por norma, el feto abortado no es bautizado). Al mismo tiempo, se considera el derecho a la vida como inherente a la pura existencia del hombre, cuando en realidad deriva de su fin moral. Por consiguiente, se silencia que no existe un derecho incondicionado a los bienes de la vida temporal; el único derecho verdaderamente inviolable es al fin último: a la verdad, la virtud y la felicidad, y a los medios necesarios para conseguirlas (cfr. Romano Amerio, Iota Unum, Salamanca: 1994, pp. 297-307).
Por eso, aunque poca o ninguna esperanza tenemos de encontrar respuesta, terminamos estas notas reiterando una petición hecha en ocasión semejante. Que la Conferencia Episcopal Española o, al menos, algún Obispo digno de este nombre tenga a bien hacer pública una orientación a los católicos en lo que a estas cuestiones se refiere:
- Los católicos que con leyes o actos de gobierno, promueven, facilitan y protegen jurídicamente la práctica del aborto merecen la calificación moral de pecadores públicos ¿Cómo se ha concretado el trato que se les dispensa en la administración de los Sacramentos mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos? ¿Se les está aplicando el canon 915, que excluye de la Comunión eucarística a los que “obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave”?
- ¿En qué situación moral quedan los católicos que dan su voto a los partidos que están promoviendo la nueva ley y aplicando la vigente hasta ahora? ¿Y los católicos que apoyan con sus votos o forman parte del Gobierno que, pudiendo hacerlo, no piensa promover la inmediata ilegalización del aborto? ¿Y el Jefe del Estado que promulgue la Ley?
- ¿No es cierto que resulta contradictorio dar por bueno un sistema que lleva jurídicamente a efectos moralmente inadmisibles y que no es posible en conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir?
- Si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte injusta a algunos, resulta evidente que la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes, hecho que hay que añadir a la nefasta gestión de los gobernantes ¿Qué consecuencias concretas se derivan a la hora de valorar moralmente el sistema político implantado en España en 1978?
