Imagen: una muestra del terror frentepopulista en Andalucía (del libro La dominación roja en España)
Al prologar la Tesis Doctoral sobre de Julio Aróstegui, el prestigioso catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense escribía unas palabras que volvía a ratificar en octubre de 1977 en su introducción a una historia de la España del siglo XIX:
«Pocas cosas he pretendido yo enseñar en las aulas de la Universidad, como no
sean estas tres que a continuación declaro [...]» La tercera de las cosas
enunciadas era «el respeto a los hombres que fueron protagonistas del pasado,
remoto o próximo, y cuyas pasiones, actos y pensamientos hemos de intentar
comprender “sine ira et studio”, para no trasponer a ellos nuestra propia
pasión; porque la historia como ciencia se justifica precisamente por esa
capacidad de comprensión que, si es usada rectamente, debe hacerla instrumento
de paz entre los hombres y no de guerra, de concordia y no de discordia, de
diálogo iluminador de nuestra inteligencia y no de imposición coactiva de
cualquier dogmatismo cerrado» (La España del siglo XIX, 1808-1898, Espasa-Calpe
S.A., Madrid, 1981, p.15).
Por aquellas mismas fechas, Ramón Salas Larrazábal hacía públicos los resultados de una larga investigación acerca de las pérdidas humanas en la Guerra Civil Española y manifestaba que su intención era «rescatar el tema de ese terreno beligerante, condicionado por solicitaciones más o menos interesadas en ofrecer una determinada y preconcebida imagen de los hechos, y devolverlo al limpio campo de la investigación histórica» (Pérdidas de la guerra, Planeta, Barcelona, 1977, pp.29-30).
Los muertos de la Guerra Civil sacados del terreno beligerante para llevarlos al de una historiografía entendida como ciencia al servicio de la paz, la concordia y el diálogo. Un programa tan ambicioso y generoso, empezó a ser reemplazado muy pronto por otro proceso en el que las víctimas de la guerra volvieron a ser agitadas unilateralmente por la izquierda al tiempo que se empezaba a reivindicar la necesaria revisión de lo ocurrido en la Segunda República, la Guerra Civil y la España de Franco bajo el señuelo de la llamada recuperación de la memoria histórica.
La presión de los sectores más radicales (con los que se alinea el actual Gobierno) ha precipitado la aprobación de una Ley que, siendo fiel expresión de estos principios, encubre la voluntad característica de los sistemas políticos totalitarios: dar refrendo jurídico a una interpretación del pasado y sentar las bases para que en su día se apliquen medidas punitivas contra los disidentes. Probablemente sean regiones como Andalucía y Extremadura y, más en concreto provincias como las de Badajoz y Córdoba algunas de las que ha sufrido con más encono esta ofensiva que nada tiene que ver con la historia a no ser su empleo como arma de un combate caracterizado por frecuentes episodios de pobreza conceptual, deterioro moral, agresividad y eliminación de toda voz discordante.
Se reconoce de manera generalizada que estos planteamientos, así como su cobertura jurídica mediante la llamada Ley de la memoria histórica, significan la ruptura del consenso que se produjo en los años de la Transición y, en última instancia, una puesta en cuestión de la propia legitimidad de dicho proceso que acabaría desembocando en una nueva etapa constituyente.
Pero lo cierto es que la recuperación de la memoria histórica forma parte de un amplio proyecto de carácter cultural que tiene necesidad de un holocausto, de un genocidio para la descalificación sin paliativos de los vencedores en la Guerra Civil, primer paso para la reivindicación de la Segunda República con cuya presunta legitimidad pretenden conectar a la España actual la extrema izquierda y los regionalismos separatistas. Cuantos más anatemas recaen sobre las consideradas fuerzas oscuras del pasado, más se esforzarán nuestros contemporáneos en romper cualquier solidaridad con ellas.
Sin embargo, los trabajos de numerosos historiadores han demostrado que fueron las izquierdas quienes destruyeron la legalidad, propiciando con ello los sucesos posteriores. Como decía recientemente en la Universidad San Pablo-CEU el historiador norteamericano Stanley G. Payne, la violencia de los procesos contrarrevolucionarios suele ser alta pero no cabe olvidar la actuación subversiva precedente como elemento desencadenante.
El proceso histórico que desemboca en la España de 1936 tiene como precedente la actuación subversiva y terrorista de las fuerzas anti-sistema, especialmente activas desde finales del siglo XIX el durante el reinado de Alfonso XIII, y se acelera con la implantación de la República en 1931. Recordemos episodios como la Semana Trágica de Barcelona, la Huelga General revolucionaria de 1917 o los asesinatos de los presidentes del Gobierno Cánovas del Castillo, Canalejas y Dato.
La Segunda República española no representó más que la victoria impuesta por una minoría audaz que se adueñó del poder con el pretexto de unas elecciones municipales que no ganó y que, por sí mismas, no permitían ese fin.
Aunque con frecuencia se oye decir que la República se implantó de manera pacífica, se olvida que unas elecciones municipales no poseen, por naturaleza, legitimidad ni capacidad para determinar un cambio de régimen, siendo decisiva, por el contrario, la presión del Comité revolucionario que venía actuando desde meses atrás y que el 13 de abril dirigía un manifiesto al país acompañado de manifestaciones y alborotos en la calle. En la entrevista de Romanones con Alcalá Zamora, presidente de dicho Comité, éste se negó a aceptar ningún acuerdo y solo se avino a conceder un plazo para que el rey saliera de Madrid, transcurrido el cual no respondía de lo que ocurriera y Alfonso XIII se dio por enterado de la amenaza.
La parte mayoritaria y más sana del pueblo español se alejó paulatinamente del nuevo Régimen al comprobar cómo la Constitución y la práctica política de los años siguientes daban paso a una política sectaria, arbitraria y ajena a sus más profundas convicciones.
El balance de seis años de República no puede ser más deplorable: innumerables incendios de iglesias, conventos, bibliotecas, escuelas y obras de arte; una constitución que el propio Presidente Alcalá Zamora definiría como una invitación a la guerra civil; leyes como la de Defensa de la República o la de Vagos y Maleantes, que convertían en ordinarias las situaciones excepcionales y permitían la reiteración de la censura, cierre de periódicos, detenciones arbitrarias...; eliminación de la educación de iniciativa religiosa con grave perjuicio directo para cientos de miles de estudiantes; concesión del derecho de autonomía a las regiones, utilizado en el caso de Cataluña para socavar la legalidad y sublevarse contra ella; deterioro de las condiciones de vida reflejada en el aumento de las muertes por hambre, que volvieron a cifras de principios de siglo; brutalidad policial de la que los sucesos de Casas Viejas son únicamente un ejemplo; aumento espectacular de la delincuencia y deterioro del orden público con huelgas, incendios, saqueos, atentados, explosiones, intentonas revolucionarias… en pocos años la República provocó un número mucho mayor de muertes de obreros que las que habían tenido lugar durante todo el período de la Restauración.
La revolución de Octubre de 1934 fue, en realidad, un fracasado golpe de estado protagonizado por una amplia coalición de izquierdas y separatistas como respuesta a la victoria electoral del centro-derecha en las elecciones de noviembre de 1933. En Cataluña, en Asturias y en otros lugares se produjo un primer ensayo de los asesinatos, saqueos, incendios y tormentos repetidos en 1936 en mucha mayor proporción. Este golpe de estado protagonizado de manera muy especial por el Partido Socialista, desacredita cualquier intento de reivindicar a la izquierda española en los años previos a la Guerra Civil pues, como dirá Salvador de Madariaga, con ella había perdido hasta la sombra de autoridad moral para condenar la rebelión de 1936. Estos sucesos son la prueba de que, para Azaña y los socialistas, no se admitía que la República fuese una forma de Estado en la que cupiesen tendencias políticas diferentes sino que en la práctica se la consideraba un régimen que negaba el derecho a la existencia a quienes no comulgasen con sus postulados.
Sofocada la revuelta con las armas quedó de manifiesto la incapacidad de los más altos poderes para responder al atentado sufrido y, mientras la propaganda izquierdista clamaba contra una represión que no había existido, los mismos organizadores de la Revolución se preparaban para un segundo y definitivo asalto al poder que tendría lugar después de las elecciones de febrero de 1936.
El proceso que llevó al Frente Popular desde un ajustado resultado electoral a redondear una mayoría en las Cámaras tuvo su culminación con la ilegal destitución del Presidente de la República y su sustitución por Manuel Azaña. Durante los meses que transcurren entre febrero y julio de 1936 se asiste al desmantelamiento del Estado de Derecho con manifestaciones como la amnistía otorgada por decreto-ley, la obligación de readmitir a los despedidos por su participación en actos de violencia político-social, el restablecimiento al frente de la Generalidad de Cataluña de los que habían protagonizado el golpe de 1934, las expropiaciones anticonstitucionales, el retorno a las arbitrariedades de los jurados mixtos, las coacciones al poder judicial... Al tiempo, actuaban con toda impunidad los activistas del Frente Popular protagonizando hechos que, una y otra vez, fueron denunciados en el Parlamento sin recibir otra respuesta que amenazas como las proferidas contra Calvo Sotelo, sacado de su domicilio asesinado poco después por un piquete compuesto por miembros de las fuerzas de orden público y elementos civiles vinculados al Partido Socialista. No había ninguna razón para no pensar que, en poco tiempo, los objetivos de la revolución de Octubre se habían de alcanzar haciendo ahora un uso combinado de la acción directa y de los cauces legales.
Es dudoso que se pueda hablar de República a partir del 18 de julio, una vez comenzada la Guerra Civil, pero, de hacerlo así, estaríamos ante un régimen de naturaleza completamente diferente al que se delimitaba en la Constitución de 1931 pues en las zonas que permanecieron bajo el control del Gobierno, se produjo una revolución protagonizada de forma relativamente autónoma por socialistas, anarquistas y comunistas, grupos que en los meses siguientes iban a protagonizar una pugna interna por la hegemonía que desembocó en el predominio del comunismo de obediencia soviética. Aquella situación en la que su presidente del Gobierno, Largo Caballero, precisaba en una carta nada menos que a Stalin que «cualquiera que sea la suerte que el porvenir reserva a la institución parlamentaria, ésta no goza entre nosotros, ni aun entre los republicanos, de defensores entusiastas» (6-enero-1937) dio paso a una República convertida en satélite de la Unión Soviética cuya preponderancia se manifiesta en todos los aspectos de la vida pública: la política general, la prensa, la organización del terror, el Ejército Popular —sujeto al Comisariado Político y vigilado por la Misión Militar Soviética— y la Hacienda pública que envía a la URSS gran parte de las reservas de oro del Banco de España y de los bienes particulares depredados por los revolucionarios o por intervención estatal.
Párrafo aparte merece la persecución religiosa y la violencia desencadenada por los frentepopulistas. La represión fue de manera predominante el resultado del «procedimiento jurídicamente inconstitucional y moralmente incalificable, del armamento del pueblo, creación de Tribunales Populares y proclamación de la anarquía revolucionaria, hechos equivalentes a “patente de corso” otorgada por la convalidación de los [...] miles de asesinatos cometidos, cuya responsabilidad recae plenamente sobre los que los instigaron, consintieron y dejaron sin castigo» (Dictamen de la comisión sobre ilegitimidad de Poderes actuantes en 18 de julio de 1936). Esta violencia costó la vida a decenas de miles de personas.
Por lo que se refiere a la persecución religiosa, refiriéndose a la situación de la Iglesia Católica en la zona de España controlada por el Frente Popular alguien escribía a los pocos meses de comenzar la Guerra Civil:
«a) Todos los altares, imágenes y objetos de culto, salvo muy contadas
excepciones, han sido destruidos, los más con vilipendio. b) Todas las iglesias
se han cerrado al culto, el cual ha quedado total y absolutamente suspendido. c)
Una gran parte de los templos, en Cataluña con carácter de normalidad, se
incendiaron. d) Los parques y organismos oficiales recibieron campanas, cálices,
custodias, candelabros y otros objetos de culto, los han fundido y aun han
aprovechado para la guerra o para fines industriales sus materiales. e) En las
iglesias han sido instalados depósitos de todas clases, mercados, garajes,
cuadras, cuarteles, refugios y otros modos de ocupación diversos, llevando a
cabo –los organismos oficiales los han ocupado– en su edificación obras de
carácter permanente. f) Todos los conventos han sido desalojados y suspendida la
vida religiosa en los mismos. Sus edificios, objetos de culto y bienes de todas
clases fueron incendiados, saqueados, ocupados y derruidos. g) Sacerdotes y
religiosos han sido detenidos, sometidos a prisión y fusilados sin formación de
causa por miles, hechos que, si bien amenguados, continúan aún, no tan sólo en
la población rural, donde se les ha dado caza y muerte de modo salvaje, sino en
las poblaciones. Madrid y Barcelona y las restantes grandes ciudades suman por
cientos los presos en sus cárceles sin otra causa conocida que su carácter de
sacerdote o religioso. h) Se ha llegado a la prohibición absoluta de retención
privada de imágenes y objetos de culto. La policía que practica registros
domiciliarios, buceando en el interior de las habitaciones, de vida íntima
personal o familiar, destruye con escarnio y violencia imágenes, estampas,
libros religiosos y cuanto con el culto se relaciona o lo recuerda».
Aunque apenas dan una idea de lo realmente ocurrido, estas palabras resultan suficientemente descriptiva, sobre todo porque no pertenecen a ningún documento de propaganda del bando contrario sino que forman parte de un Informe presentado el 9 de enero de 1937 por Manuel de Irujo, dirigente del Partido Nacionalista Vasco, ministro sin cartera en los dos Gobiernos de Largo Caballero y ministro de Justicia en el gabinete de Negrín.
En cuanto respuesta a esta situación, el Movimiento Nacional a que dio origen el Alzamiento del 18 de julio de 1936 tuvo la finalidad de poner término al estado de anarquía que ponía en peligro la propia supervivencia del orden jurídico pero enseguida se fue configurando con un contenido positivo que buscaba una total transformación de la vida española. En el fondo, la República no había sido sino la frustración más radical de este anhelo: ni se hicieron las transformaciones que España necesitaba ni se logró siquiera una mínima base de convivencia; por eso la respuesta al desafío revolucionario no podía ser la reacción pura y simple entendida como una vuelta al pasado y la defensa de privilegios e intereses. El Alzamiento de 1936 y la Guerra Civil no fueron una simple conmoción, una sacudida superficial para devolver después las cosas al estado en que se encontraban sino que destruyeron unas ideas y sus consecuencias pero alumbraron otras y se abrieron nuevos cauces que inspiraron y condicionaron la vida española durante muchos años con consignas que eran el polo opuesto a las que se habían querido implantar hasta entonces.
Como han puesto de relieve otros historiadores europeos, la elaboración de discursos que eluden estos análisis complejos tiende a imponer una visión de la historia sustentada en los valores que se pretenden imponer desde el presente y que oculta los conflictos, la dominación, las rebeliones y las resistencias o los reinterpreta a su gusto. Silenciar elementos como los señalados hasta aquí significa prescindir de la complejidad de los procesos históricos, del papel real que desempeñaron los protagonistas, de las luchas por la hegemonía en un determinado momento. En suma, se priva a los ciudadanos que se preguntan sobre problemas que a veces les afectaron directamente, a ellos o a su familia, de las posibilidades que la historia y el método de investigación histórica aportan como única herramienta para un conocimiento racional del pasado.
Se cuenta del emperador Carlos V que cuando era azuzado ante la tumba de Lutero a buscar los restos del heresiarca para entregarlos a la hoguera, respondió: “Ha encontrado a su juez. Yo hago la guerra contra los vivos, no contra los muertos”. Sea o no cierta la leyenda, hoy hay gente que prefiere hacer su particular guerra contra los muertos. Ahora bien, no olvidemos que el Cid, también ganaba las batallas después de muerto.
La Historia puede servir como fundamento de una convivencia equilibrada cuando se establece en los términos que ya señalaron los clásicos, es decir, procediendo con buena fe, sin encono sectario y tras someter a crítica la información aportada por las más diversas fuentes. Habría que felicitar a los habitantes de Cabra y de otros ciudades que sigan el ejemplo de lo que aquí se ha llevado a cabo hoy, porque gracias iniciativas como ésta se dispone de una magnífica herramienta para situar el conocimiento del pasado más inmediato en el necesario terreno de una historiografía entendida como ciencia al servicio de la paz, la concordia y el diálogo.
- Conferencia en Cabra (Córdoba) el 8 de noviembre de 2008, en el Encuentro de Historia celebrado con motivo del LXX Aniversario del Bombardeo de la ciudad por la Aviación Roja
