El 1 de julio se cumple el 75 aniversario de la más importante
declaración de la jerarquía eclesiástica española sobre la persecución
religiosa y la Guerra iniciada en 1936, probablemente el documento más
relevante redactado por el episcopado español del siglo XX. Se trata de
la Carta colectiva de los obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la guerra de España,
publicada el 1 de julio de 1937 como respuesta a la injusta campaña
alentada contra el bando nacional por obra de algunos escritores
católicos extranjeros (Mauriac, Maritain, Bernanos, Sturzo), los
nacionalistas vascos y algún político republicano como Osorio y
Gallardo. El texto se tradujo a 14 lenguas, con 36 ediciones
El
documento, redactado por el aliento del Cardenal Gomá, aparece
respaldado con la firma de 48 prelados, de los que 8 son arzobispos, 35
obispos y 5 vicarios capitulares. No firmaron el cardenal Segura que no
residía en España, el Cardenal Vidal y Barraquer (que se había salvado
de la persecución por intervención de Companys) y el obispo de Vitoria,
Mateo Múgica, forzado al exilio bajo la acusación de permisivismo con el
clero separatista de su Diócesis. En ninguno de los dos casos se
trataba de una discrepancia de fondo acerca del contenido de la Carta
sino que pensaban que no era el momento oportuno.
En cambio, los hechos
dieron la razón a Gomá, y lejos de acelerar la persecución religiosa, la
Carta Colectiva señala el irreversible declive de la misma y una enorme
pérdida de prestigio internacional para la causa roja. No olvidemos
que, solo entre las víctimas de condición eclesiástica (obispos,
sacerdotes, religiosos, seminaristas y religiosas), cuando los obispos
publicaron su Carta se había producido ya en torno al 95% de los
asesinatos cometidos durante toda la persecución.
Como punto de partida se declara que no se pretende «la
demostración de una tesis, sino la simple exposición, a grandes líneas,
de los hechos que caracterizan nuestra guerra y le dan una fisonomía
histórica». Por eso se proporciona un juicio sobre la estimación legítima de los hechos y una «afirmación
“per oppositum” con que deshacemos, con toda claridad, las afirmaciones
falsas o las interpretaciones torcidas con que haya podido falsearse la
historia de este año de vida de España». Más adelante se destaca
que el Episcopado español desde 1931 (en que se proclamó al República)
se puso resueltamente al lado de los poderes constituidos «ajustándose a la tradición de la Iglesia y siguiendo las normas de la Santa Sede». Y, no sin lamentar el doloroso hecho mismo de la guerra, consciente de que a veces es «el remedio heroico, único, para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz»
se concluye que la Iglesia ni quiso la guerra ni la buscó pero las
graves repercusiones de orden religioso que ha tenido al ser víctima
principal de la furia de una de las partes contendientes justifican sus
pronunciamientos favorables al Movimiento Nacional.
Los obispos
españoles caracterizaron la revolución española por su crueldad,
inhumanidad, capacidad destructora de la civilización y el derecho,
antiespañolismo y, sobre todo, anticristianismo. Por eso, coinciden en
que no había otra alternativa que ésta: «o sucumbir en la embestida
definitiva del comunismo destructor, ya planeada y decretada, como ha
ocurrido en las regiones donde no triunfó el movimiento nacional, o
intentar, en esfuerzo titánico de resistencia, librarse del terrible
enemigo y salvar los principios fundamentales de su vida social y de sus
características nacionales». De ahí la consecuencia: «Hoy por
hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la
paz y los bienes que de ella derivan, que el triunfo del movimiento
nacional».
Ya el 14 de septiembre de 1936, el papa Pío XI había hablado de «verdaderos martirios en todo el sagrado y glorioso significado de la palabra», poniendo de relieve poco después en su encíclica Divini Redemptoris que «El
furor comunista no se ha limitado a matar a obispos y millares de
sacerdotes, de religiosos y religiosas, buscando de un modo particular a
aquellos y a aquellas que precisamente trabajan con mayor celo con los
pobres y los obreros, sino que, además ha matado a un gran número de
seglares de toda clase y condición, asesinados aun hoy día en masa, por
el mero hecho de ser cristianos o al menos contrarios al ateísmo
comunista. Y esta destrucción tan espantosa es realizada con un odio,
una barbarie y una ferocidad que jamás se hubieran creído posibles en
nuestro siglo».
Efectivamente,
España sufrió entre 1931 y 1939 una persecución religiosa de tal
entidad que, para encontrar un paralelismo, habría que remontarse a los
primeros siglos del cristianismo. Pero hay algo más. En el mismo
discurso a quinientos españoles, Pío XI mandaba su bendición «a cuantos se habían propuesto la difícil tarea de defender y restaurar los derechos de Dios y de la religión» y, al acabar la guerra, el papa Pío XII concebía el primordial significado de la victoria nacional en los siguientes términos: «el
sano pueblo español, con las dos notas características de su nobilísimo
espíritu, que son la generosidad y la franqueza, se alzó decidido en
defensa de los ideales de fe y civilización cristiana, profundamente
arraigados en el suelo fecundo de España; y ayudado de Dios, “que no
abandona a los que esperan en Él” (Iud 13,17), supo resistir el empuje
de los que, engañados con lo que creían un ideal humanitario de
exaltación del humilde, en realidad no luchaban sino en provecho del
ateísmo».
Probablemente aquí radica la radical
incomodidad que provoca setenta años después hablar de la persecución
religiosa en España, no tanto entre quienes se proclaman continuadores
de la ideología de los verdugos sino entre aquellos que deberían haber
recogido la herencia de unos héroes y mártires que están
inseparablemente unidos a una Guerra Civil que adquirió caracteres de
Cruzada. Una simbiosis que se produce no solo por la coincidencia
cronológica sino por una íntima comunión de ideales, magníficamente
expresada en figuras como la del Beato Anselmo Polanco, Obispo de
Teruel, firmante de la Carta Colectiva en la que el Episcopado Español daba cuenta al mundo de lo que estaba ocurriendo en España y mártir en febrero de 1939.
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