Ante la indiferencia de los miles de católicos que reparten su voto entre el PSOE, el PP y los nacionalistas, D.Antonio Rouco Varela ha vuelto a repetir una de las formularias reclamaciones pro-vida a las que nos tienen acostumbrados periódicamente diversos representantes del Episcopado español. Por los mismos días, el Arzobispo de Oviedo se mostraba "enormemente sorprendido" al constatar cómo "después de casi un año y medio de gobierno conservador aún no se han puesto en marcha los trámites necesarios para modificar la Ley del Aborto" impulsada y aprobada por el anterior ejecutivo socialista de José Luis Rodríguez Zapatero con el voto en contra de los 'populares'. "Lo mismo ocurre con la eutanasia, el 'matrimonio' homosexual y políticas educativas".
Poco después, el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, recordaba a los Prelados españoles (por si éstos no se habían dado cuenta) que no son ellos los que elaboran las leyes, sino el Parlamento y que la reforma de la ley del aborto que prepara el Gobierno quizá "no guste mucho" a los obispos pero es un compromiso electoral del PP. Según Alonso, la reforma "se aviene a la doctrina del Constitucional y a nuestros compromisos". El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, avanzó también que la reforma de la ley del aborto "llegará muy pronto" y supondrá un cambio en el sistema de plazos por otro de indicaciones legalmente previstas.
A pesar de su apoyo al aborto legalizado, Gallardón es objeto de durísimos ataques por parte de la izquierda que lo presenta como fiel seguidor de las consignas eclesiásticas en esta materia. Ahora bien, no solamente la postura de Gallardón está alejada de la Doctrina de la Iglesia al respecto sino que, al igual que ocurría en los gobiernos de Aznar, la actuación de ministros vinculados a poderosas organizaciones religiosas no ha ido acompañada de una específica referencia moral en ninguna de las cuestiones abordadas desde Moncloa. También sorprende el tono arrogante de afirmaciones como las de Alonso, consciente de su fuerza porque el voto y la opinión católicas en España seguirán cautivos del PP mientras se mantenga la línea dominante en la Conferencia Episcopal.
1985, un triste precedente de 2010
Sin olvidar que tanto bajo gobiernos del PSOE como del PP, venía existiendo una situación cercana al aborto libre sólo limitada por los plazos para su práctica, el año 2010 vino a representar la aprobación de una ley en la que los analistas coinciden en señalar que, además de prescindir de cualquier apariencia de restricción para los abortistas, se pretende que éstos ejercen un derecho.
En 2010 los obispos españoles repitieron lo que se hizo en 1985 con ocasión de la primera ley despenalizadora del aborto. Se limitaron, en el mejor de los casos, a recordar la doctrina de manera teórica pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos.
Tampoco hubo ninguna alusión a la posición en que quedaban las autoridades y las instituciones de un Estado, todas ellas manchadas y cuestionadas con esta ley, como ya lo estaban con la hasta entonces vigente. Incluso se llegó más allá del lamentable precedente de 1985 cuando, en su condición de Portavoz de la Conferencia Episcopal, D.Juan Antonio Martínez Camino avaló la moralidad de la actuación del Jefe del Estado, responsable de la sanción de los textos legales de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución.
Tampoco nos consta que los llamados “católicos socialistas” fueran objeto de ninguna descalificación pública. Es más, en el mes de abril del mismo año tenía lugar en la madrileña parroquia de Santo Tomás de Villanueva (jurisdicción de Rouco Varela) un acto en cuya convocatoria se subrayaba que «es imprescindible la convocatoria de los cristianos y cristianas de base que en España trabajan y luchan cada día por transformar esta sociedad (desde lo que unos llamamos Reino de Dios y otras y otros, sociedad socialista y autogestionaria o socialismo del siglo XXI)». A nadie se le escapa que el aborto libre forma parte de esa sociedad socialista hoy en avanzada construcción en España y que estos blasfemos, amparados en las estructuras eclesiásticas, se atrevían a identificar con el Reino de Dios.
Todo lo ocurrido nos permite demostrar que, en contra de lo que sostienen algunos con mejores deseos que análisis de la realidad, en los últimos años no se ha registrado un cambio a mejor del episcopado español y nos encontramos ante la enésima re-edición de la auto-demolición en su más ibérica versión pos-taranconiana.
Tan complejas o más resultaron reacciones como las promovidas por los gobiernos autónomos de Murcia y Navarra. Sus dirigentes afirmaron, que suspenderían la aplicación de la ley hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. No se produjeron movimientos similares en otras comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Valencia.
El presidente regional de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que «de momento no hay razones» para acatar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque aún no se ha resuelto «todo» y no hay sentencia en firme. Por otro lado, el consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, afirmó que la práctica de abortos en Navarra «va a seguir siendo el mismo», es decir, se garantizarán las interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la Comunidad foral, tal y como explicó la consejera de Salud, María Kutz.
Iniciativas como éstas son de agradecer en la medida que a su amparo, durante un breve espacio de tiempo, pueden significar el que se salve alguna vida humana inocente pero ahondando en sus motivaciones el juicio que merecen ha de ser mucho más riguroso, sobre todo si van dirigidas a contentar a ciertos sectores del electorado conservador.
Aborto “bueno” y aborto “malo”
En el fondo, intervenciones del género de la que estamos comentando revelan una mentalidad perversa que contribuye a difundir una idea hoy dominante entre los electores que respaldan estas posiciones. Es decir, que hay una ley del aborto “buena” (la que puso en marcha el Gobierno de Felipe González en 1985 y no modificó el de Aznar) y otra “mala”: la que ahora acaba de entrar en vigor, a la espera de que el Tribunal Constitucional la convalide.
En tal caso, dicha disposición será asumida y llevada a efecto necesariamente por los dirigentes populares que no pueden evitar su responsabilidad por aceptar unos principios tratando de evadirse de algunas de sus consecuencias. El coste humano de la antigua ley del aborto en estos años ha sido de más de un millón trescientas mil vidas y la eliminación de buena parte de ellas ha sido gestionada por comunidades autónomas como las citadas. Como dijo Pablo Molina: «tampoco es que Ramón Luis Valcárcel haya puesto en cuestión el sagrado dogma del "derecho al aborto" promulgado por Zapatero, porque la región de Murcia está entre las primeras en la clasificación porcentual de abortos y aquí se va a seguir abortando sin impedimentos en función de lo establecido por la anterior ley».
Pero en el contexto de las palabras de Rouco hay algo aún más escandaloso que es el elogio a la Constitución, es decir al marco jurídico que ha permitido llegar a la situación de deploramos. Según el sentir del Prelado gallego: “En particular, hemos de estar atentos a que no padezcan detrimento los bienes de la reconciliación, la unidad y la primacía del derecho, que se han podido tutelar en estos años de un modo suficiente, al amparo de las instituciones y mecanismos previstos en la Constitución de 1978, y con notable beneficio para el bien común”.
La afirmación, que no nos sorprende por reiterada suena a verdadero sarcasmo porque quienes no movieron un dedo en defensa del sólido edificio de las Leyes Fundamentales, atacado por los enemigos de España y de la civilización cristiana, se movilizan ahora en apoyo de un texto legislativo que no solamente se encuentra en crisis irreversible sino que, utilizado desde el poder, ha servido para hacer retroceder a España en todos los aspectos: político, económico, social, moral y nacional.
Por referirnos solo a aquellos aspectos que dicen mayor relación con lo tratado en este artículo basta recordar que la Constitución de 1978 (una ley sin Dios) convierte al Estado en el principal agente de una ofensiva para el cambio de las mentalidades y además permite una tupida red de intereses y corrupción que genera un amplio entorno orientado en la misma dirección.
Al contrario de lo que piensa Rouco, y amparados en el irrebatible argumento de los frutos ocasionados por la Constitución, estimamos que los católicos tenemos la obligación de promover su reemplazo por otras leyes fundamentales, utilizando todos los medios legítimos para ello. Y esta debería ser la enseñanza moral que, inspirada en el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, hicieran llegar los Obispos al pueblo español.
Marco legal y responsabilidad moral
Por último, recordando lo ocurrido con ocasión de la reciente promulgación de la ley del aborto y el respaldo otorgado por la conferencia episcopal a la actuación del Jefe del Estado, conviene recordar lo contradictorio que resulta dar por bueno un sistema que lleva jurídicamente a efectos inadmisibles moralmente.
No se pueden eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se limitara a dar fe de la “voluntad popular” ni es posible en conciencia instalarse tranquilamente en un marco jurídico, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir. Tampoco se puede dar por bueno ningún orden constitucional por el que la suprema Magistratura se vea obligada a sancionar leyes absolutamente inmorales. De todo esto, necesariamente, se derivan consecuencias que no se exponen a la hora de valorar moralmente el sistema político implantado en España en 1978 y, sobre todo, a la hora de orientar la actuación de los católicos en este marco.
Esa tolerancia de hecho ante ésta y tantas otras realidades legislativas que van transformando la esencia de nuestra sociedad es, probablemente, la responsabilidad más grave de los jerarcas y de los católicos españoles que, salvo honrosas y minoritarias excepciones, han renunciado a cualquier consecuencia cultural y social de su fe. Solamente así se explica que, millones de ellos, se identifiquen con posiciones como las enunciadas desde el Partido Popular, fiel a la más estricta defensa de los supuestos planteados por los socialistas en la Ley del aborto de 1985.
Porque resulta contradictorio dar por bueno un sistema que lleva jurídicamente a efectos inadmisibles y no es posible en conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir.
Cuando no se hace así, cuando se actúa al estilo de Rouco y de otros representantes oficiales de la Iglesia, se acaba a medio camino del desprecio y de la persecución de ese mundo con el que intentan congraciarse.
