«M. Proudhon ha escrito en sus Confesiones de un revolucionario estas notables palabras: "Es cosa que admira el ver de qué manera en todas nuestras cuestiones políticas tropezamos siempre con la teología". Nada hay aquí que pueda causar sorpresa, sino la sorpresa de M. Proudhon. La teología, por lo mismo que es la ciencia de Dios, es el océano que contiene y abarca todas las ciencias, así como Dios es el océano que contiene y abarca todas las cosas» (Donoso Cortés).

martes, 8 de octubre de 2013

La comunión de los divorciados: los alemanes vuelven a la carga


Inexplicablemente, hay medios de información religiosa que están dando pábulo a las muchas noticias que, al amparo del río revuelto, contribuyen a aumentar la confusión entre los católicos. En este caso merefiero a la noticia de que la archidiócesis de Freigburg quiere abrir la posibilidad de que los casados en segundas nupcias accedan a todos los sacramentos. Para ello, enviará esta semana un auto-denominado Manual de orientación para los directores espirituales con pretensiones de validez en todo el territorio alemán.

La historia viene de atrás, y nos permite evocar un episodio parecido ocurrido en 1993, cuando los obispos de la provincia eclesiástica del Rin Superior (Alemania) publicaron un documento sobre el Acompañamiento pastoral de los divorciados (10-julio) que provocó una crisis resuelta favorablemente desde el punto de vista doctrinal pero que no fue acompañada de medidas disciplinares contra los responsables.

Nada tiene, por tanto, de particular que los rebeldes interpretaran el pronunciamiento de Roma como un simple aplazamiento y haya seguido alentando la esperanza de un pronunciamiento oficial en contradicción con la doctrina de la Iglesia.

Obispos alemanes contra la pastoral católica
El texto citado apareció bajo la firma de Saier, Lehmann y Kasper. Oskar Saier, Arzobispo de Freigburg, falleció en 2008, habiendo presentado la renuncia en 2002 por razones de salud pero Lehmann y Kasper iban a alcanzar puestos de gran responsabilidad. Karl Lehmann, Obispo de Mainz, fue presidente de la Conferencia Episcopal Alemana durante 20 años, hasta enero de 2008, y fue creado Cardenal en 2001 por Juan Pablo II. Y Walter Kasper, Obispo de Rottenburg-Stuttgart, fue creado Cardenal en la misma fecha y presidió el Consejo Pontificio para la Unidad de los Cristianos hasta 2010.

El documento tenía dos partes, una Carta Pastoral y, a continuación, unos Principios fundamentales para el acompañamiento pastoral. En la primera, se partía de la constatación del aumento en el numero de fracasos matrimoniales y divorcios, estableciendo un principio que sirve de línea argumental a toda la alternativa pastoral planteada:«La Iglesia no puede poner en discusión la palabra de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio, y sin embargo no puede tampoco cerrar los ojos frente al fracaso de muchos matrimonios». Aquí se apunta ya la contradicción nunca resuelta: se proclama teóricamente la doctrina revelada y enseñada por la Iglesia acerca de la indisolubilidad del matrimonio pero se propone una práctica en la recepción de los Sacramentos que, sin negarla, la deja sin efecto en la práctica.

Como responsabilidad de la comunidad cristiana se señalaba actuar contra la tendencia que quiere presentar el divorcio y el segundo matrimonio como una cosa normal y tratar con respeto y colaboración a los esposos cristianos que han sido abandonados y, por convicción interior, no piensan contraer una nueva unión, dando así testimonio de la indisoluble validez de su matrimonio. A este respecto, se recuerda que «quien, después de una separación, no se vuelve a casar civilmente, no está sometido a ningún género de restricciones con respecto a sus derechos y posición en la Iglesia». Afirmación, ésta última que no es, frecuentemente, resaltada con la atención que merece porque, tanto en el caso del cónyuge que ha solicitado la separación o el divorcio, como en el del que lo ha padecido, mientras no atenten un nuevo matrimonio civil, no existe ninguna dificultad para su admisión a los sacramentos. Eso sí, deberán concebir un arrepentimiento sincero de la culpa por la ruptura y acercarse al sacramento de la Penitencia reconociendo la pervivencia del vínculo y las obligaciones de él derivadas.

En cuanto a los divorciados que se han vuelto a casar civilmente,  se afirma que deben sentirse aceptados en la comunidad y que la comunidad tiene comprensión para su difícil situación. De esta forma, el documento no resuelve una de las mayores dificultades que plantea esta pastoral “comprensiva” con quienes han roto su matrimonio y es que, sin explicar cómo, pretende equiparar el apoyo y la aceptación tanto del cónyuge que ha sido abandonado como del que ha protagonizado el abandonado y contrae una nueva unión civil, sin exhortar a éste último a la conversión y al cumplimiento de las gravísimas responsabilidades que subsisten a raíz de su primera y legítima unión matrimonial.

En la segunda parte, se exponen los Principios fundamentales para el acompañamiento pastoral y se comienza recordando que la Iglesia ha abierto a los divorciados que se han vuelto a casar la posibilidad de acceso a la Eucaristía si viven su relación personal de forma casta. Como se afirma, no sin razón, en el documento alemán: «Muchos consideran tal recomendación no natural y no creíble […] indudablemente este modo de vida no puede ser verdaderamente realizado, durante mucho tiempo, por todos los divorciados que se han vuelto a casar, y por las parejas más jóvenes sólo raramente». Es curioso que, aunque en diversos documentos que se ocupan de los divorciados vueltos a casar se habla de esta fórmula, nunca se hace ninguna determinación concreta, dejando en el aire numerosos interrogantes y posibles conflictos. ¿Será una forma tácita de reconocer su nula operatividad práctica y las propias dificultades que plantea desde una perspectiva moral?

Finalmente se llega a plantear una posibilidad de una decisión de conciencia de la persona para la participación en la Eucaristía. Se trata de una decisión personal de conciencia pero tiene necesidad de una asistencia iluminadora y un acompañamiento imparcial de la autoridad eclesiástica. Ahora bien, el sacerdote respetará el juicio de conciencia de la persona.

La respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe
Después de varias sesiones de “diálogo”, la Congregación para la Doctrina de la Fe hizo público una Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la recepción de la Comunión Eucarística por parte de los fieles divorciados casados de nuevo (14-septiembre-1994) en la que se reafirmaba la doctrina católica frente a la praxis introducida por los obispos alemanes.
En algunas partes se ha propuesto también que, para examinar objetivamente su situación efectiva, los divorciados vueltos a casar deberían entrevistarse con un sacerdote prudente y experto. Su eventual decisión de conciencia de acceder a la Eucaristía, sin embargo, debería ser respetada por ese sacerdote, sin que ello implicase una autorización oficial. En estos casos y otros similares se trataría de una solución pastoral, tolerante y benévola, para poder hacer justicia a las diversas situaciones de los divorciados vueltos a casar (nº 3) […] Por consiguiente, frente a las nuevas propuestas pastorales arriba mencionadas, esta Congregación siente la obligación de volver a recordar la doctrina y la disciplina de la Iglesia al respecto. Fiel a la palabra de Jesucristo, la Iglesia afirma que no puede reconocer como válida esta nueva unión, si era válido el anterior matrimonio. Si los divorciados se han vuelto a casar civilmente, se encuentran en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios y por consiguiente no pueden acceder a la Comunión eucarística mientras persista esa situación (nº 4)».
Igualmente, la carta rechaza la doctrina de la llamada “nulidad de conciencia”, según la cual, si los fieles estuvieran “seguros en conciencia” de que el primer matrimonio había sido nulo, podrían acercarse a la comunión eucarística. El matrimonio no es una cuestión meramente privada sino que tiene una dimensión eclesial. Estrictamente hablando, el juicio sobre la validez o la nulidad de un matrimonio no es un juicio de la conciencia moral, es un juicio sobre una situación jurídica, social: la realidad o la inexistencia del matrimonio (nº 8).

En respuesta a esta Carta, los Obispos aludidos se vieron precisados a admitir que «Como se deduce del documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ahora os transmitimos, apoyándose en la exhortación apostólica “Familiaris consortio”, no ha podido aceptarse nuestra posición en este punto. Debemos, por ello, tomar nota del hecho de que el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe no acepta a nivel de Iglesia universal, algunas afirmaciones contenidas en nuestra “Carta pastoral” y en nuestros “Principios”, por lo que no pueden ser una norma vinculante para la acción pastoral».

Sin embargo, las prensa se hizo eco de posiciones mucho más críticas de los prelados alemanes. Y el periódico ABC reproducía las objeciones de Lehman a la doctrina de la Santa Sede. Pocos años después, tanto él como Kasper, recibirían el cardenalato de manos de Juan Pablo II:
El presidente de la Conferencia Episcopal alemana, Karl Lehman, afirmó el pasado sábado que el Vaticano debería prestar más atención a aquéllos que critican sus posturas sobre la admisión de los católicos divorciados a los sacramentos. 
Para el prelado, si bien «la claridad de los principios es vital hoy, no es suficiente, pues la Iglesia tiene que ser capaz de ofrecer un hogar a aquellos que no son capaces de alcanzar y vivir conforme a los más elevados ideales». 
Tanto este obispo como otro prestigioso miembro de la Conferencia Episcopal alemana, Walter Kasper, habían aceptado que los católicos divorciados y vueltos a casar pudieran comulgar, previa consulta a un sacerdote y conocimiento de la postura oficial de la Iglesia, pero dejándoles a ellos la última palabra sobre si debían comulgar o no. El Vaticano recordó que la conciencia no podía actuar de manera subjetiva, al margen de las enseñanzas morales de la Iglesia (28-diciembre-1994, pág. 56; cfr. ibid. 15-octubre-1994, pág. 73).
Posteriormente, el Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, publicó una Declaración sobre la admisión a la comunión de los divorciados vueltos a casar (24 de junio de 2000) en la que se explica el porqué de la inadmisibilidad a la comunión eucarística, haciendo una especial referencia a la interpretación del can. 915 del Código de Derecho Canónico («No deben ser admitidos a la sagrada comunión los excomulgados y los que están en entredicho después de la imposición o declaración de la pena, y los que obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave»). Algunos habían propuesto que no se podría afirmar que los divorciados vueltos a casar entran en el supuesto de «quienes obstinadamente persistan en un manifiesto pecado grave», porque no se puede juzgar del interior de las personas. El Pontificio Consejo aclara que, ante una situación objetivamente contradictoria con la indisolubilidad del matrimonio, los fieles tienen la obligación de abstenerse de la comunión eucarística mientras no se resuelva acerca de la posible nulidad de dicho matrimonio.

Algunas conclusiones
El interés del episodio que hemos recordado no es meramente histórico y abre luz ante horizontes semejantes en los que desde la misma jerarquía de la Iglesia se hacen declaraciones imprudentes o se sugieren expectativas guiadas por el inmoderado deseo de aceptación desde criterios mundanos.
En los últimos meses estamos asistiendo a un notable incremento de la confusión doctrinal que se manifiesta no solo en la circulación de opiniones dispares sino en la presentación, como doctrina de la Iglesia, de ideas contrarias a la misma. Y es previsible que este panorama se mantenga e incluso se acentúe a partir de ahora. Por eso, conviene recordar que cualquier replanteamiento de la pastoral en relación con las situaciones matrimoniales irregulares no puede olvidar una serie de determinantes, especialmente estas dos:
  • La irregularidad no es una cuestión meramente formal, sino que es de naturaleza jurídica. En una situación matrimonial irregular puede darse la dimensión interpersonal (ruptura o separación de la pareja y creación de una nueva) y la social (admisión legal del divorcio y sucesivos matrimonios civiles) pero siempre falta la dimensión eclesial que no es algo accidental, añadido o superpuesto, sino esencial.
  • Incluso cuando se produce el recurso al divorcio y a la celebración de una nueva unión civil, el ordenamiento canónico vigente no excluye totalmente a los fieles de la vida eclesial y no establece los límites a la participación en ésta como una sanción. Ahora bien no se puede negar que esta situación —como cualquier otra que vista desde fuera pueda ser calificada objetivamente de pecaminosa— tiene consecuencias morales y pastorales.
Por eso, la Iglesia reafirma la imposibilidad de admitir a la comunión eucarística a los divorciados que se casan otra vez civilmente. Y la reconciliación en el sacramento de la Penitencia —que abriría el camino al sacramento eucarístico— puede darse únicamente a los que, arrepentidos, están sinceramente dispuestos a una forma de vida que no contradiga la indisolubilidad del matrimonio.

A mi juicio, el documento de los obispos alemanes, siendo muy cuidadoso con el sufrimiento de algunas personas a consecuencia del fracaso matrimonial, lo que es sin duda importante, fallaba clamorosamente en la consideración de estas afirmaciones. Y silenciaba, sistemáticamente, que tales situaciones pueden coincidir, al menos en alguna ocasión, con planteamientos y actitudes pecaminosas que se manifiestan en y a través de la misma irregularidad.

Una objeción similar cabría hacer a quienes, veinte años despúes, siguen proponiendo una revisión de la doctrina y la práctica pastoral de la Iglesia a partir de criterios similares a los rechazados en 1994 por la Congregación para la Doctrina de la Fe.

sábado, 21 de septiembre de 2013

En "Infovaticana" apostillan a Iceta (sin tener intención de hacerlo)

"Apostilla"; Acotación que comenta, interpreta o completa un texto (Diccionario RAE)

La propia página que publicó la entrevista concedida por el Obispo de Bilbao en la que equiparaba el aborto con el martirio cristiano, ha publicado una nota en la que se recuerda la doctrina católica sobre el Bautismo.
En relación con el tema imprudentemente abordado por D.Mario Iceta, encontramos ahora esta respuesta:
¿Y los niños muertos sin bautismo?
En cuanto a los niños muertos sin bautismo, la liturgia de la Iglesia nos invita a confiarlos a la misericordia de Dios.
Como vemos, los términos son mucho más comedidos, aunque tampoco resuelve la cuestión y es confuso al definir, en el párrafo anterior, el bautismo de deseo. Recordamos a nuestros lectores que la falta del Bautismo puede suplirse con el martirio, que se llama Bautismo de sangre, o con un acto de perfecto amor de Dios o de contrición que vaya junto con el deseo al menos implícito del Bautismo, y éste se llama Bautismo de deseo. Evidentemente, dicho deseo ha de formularlo el mismo sujeto y no basta con que su madre tenga la intención de bautizarlo. "A los catecúmenos que mueren antes de su Bautismo, el deseo explícito de recibir el bautismo unido al arrepentimiento de sus pecados y a la caridad, les asegura la salvación que no han podido recibir por el sacramento" (CATIC, 1259).

En todo caso, agradecemos a Infovaticana, la rectificación.

VER TAMBIÉN: Infovaticana se apostilla a sí misma

viernes, 13 de septiembre de 2013

Mons. Iceta y la irrelevancia del Bautismo

 
La gran tentación de nuestra época radica en confundir los dos Universos, esperando en las obras del tiempo, el cumplimiento de las promesas de la Eternidad (Gustav Thibon)
En una entrevista reproducida bajo un llamativo y deliberadamente provocador titular (“Los niños abortados reciben el Bautismo de sangre”), un representante de Infovaticana ha planteado a D.Mario Iceta, la siguiente pregunta: “¿Dónde van los niños cuando son abortados?”. La respuesta del Obispo de Bilbao ha sido transcrita en los siguientes términos:
Estos niños, injustamente sacrificados, reciben un Bautismo de sangre y, acogidos por el Señor, gozan para siempre de su visión y compañía en el cielo junto con María, los ángeles y todos los santos. Desde allí interceden por nosotros y de modo particular por sus familiares, a quienes no se les ha permitido conocer en esta tierra.
Si se confrontan estas palabras con la enseñanza de la Iglesia, las afirmaciones de Mons. Iceta plantean, al menos, dos gravísimas dificultades. Una conceptualización defectuosa del Bautismo de sangre y la relativización de la necesidad del Bautismo para la salvación y, como consecuencia directa, de la absoluta gratuidad del orden sobrenatural.
Además, lejos de mantenerse en los términos prudentes en que inicia su  pronunciamiento sobre la cuestión el Catecismo de la Iglesia Católica (“En cuanto a los niños muertos sin Bautismo, la Iglesia sólo puede confiarlos a la misericordia divina, como hace en el rito de las exequias por ellos […], nº 1261), D. Mario Iceta atribuye automáticamente la condición de salvados y de intercesores a las almas de los abortados. Osada opinión que, estimamos, olvida una gravísima responsabilidad moral que es necesario recordar a los promotores del aborto provocado. Y es, que se trata de un homicidio directo cualificado, o sea, “un verdadero asesinato con vergonzosas agravantes tanto de tipo natural (abuso de fuerza e inmensa cobardía por tratarse de un ser indefenso) como de tipo sobrenatural: el pobre niño bárbaramente descuartizado, muere sin Bautismo y se le priva de la vida eterna” (Antonio ROYO MARÍN, Teología Moral para seglares, vol. I, Madrid: BAC, 1964, p. 432). Recordemos, al respecto, las afirmaciones de Pío XII en su alocución a los miembros del Congreso Unión Católica Italiana de Obstétricas (29-octubre-1951):
Si lo que hasta ahora hemos dicho toca a la protección y al cuidado de la vida natural, con mucha mayor razón debe valer para la vida sobrenatural que el recién nacido recibe con el bautismo. En la presente economía no hay otro medio para comunicar esta vida al niño, que no tiene todavía uso de razón. Y, sin embargo, el estado de gracia en el momento de la muerte es absolutamente necesario para la salvación: sin él no es posible llegar a la felicidad sobrenatural y a la visión beatifica de Dios. Un acto de amor puede bastar al adulto para conseguir la gracia santificante y suplir el defecto del bautismo; al que todavía no ha nacido o al niño recién nacido este camino no le está abierto.
Con independencia de la cuestión de la salvación de los niños muertos sin bautizar, que es un problema teológico complejo aunque no irresoluble, las palabras de Mons. Iceta simplifican con unas afirmaciones carentes de cualquier fundamento el problema de la vida sobrenatural de la que se priva a los abortados. Es decir, de la filiación divina que se alcanza por el Bautismo, de la gracia que se recibe por los Sacramentos, de los méritos sobrenaturales que ese niño podría haber ganado y de los que se le priva hasta de la capacidad de obtenerlos, de la gloria que podría haber dado a Dios... Todo esto es de una gravedad enorme porque el bien de la gracia de uno es mayor que el bien natural de todo el universo (STh I-II, 113, 9 ad 2).

El Bautismo de sangre
Como es bien sabido, el Bautismo es absolutamente necesario para salvarse, habiendo dicho expresamente el Señor: “El que no renaciere en el agua y en el Espíritu Santo no podrá entrar en el reino de los cielos” (Jn 3, 5) La falta del Bautismo puede suplirse con el martirio, que se llama Bautismo de sangre, o con un acto de perfecto amor de Dios o de contrición que vaya junto con el deseo al menos implícito del Bautismo, y éste se llama Bautismo de deseo.

El Catecismo de la Iglesia Católica (nº 1258) precisa en términos estrictos que “Desde siempre, la Iglesia posee la firme convicción de que quienes padecen la muerte por razón de la fe, sin haber recibido el Bautismo, son bautizados por su muerte con Cristo y por Cristo. Este Bautismo de sangre como el deseo del Bautismo, produce los frutos del Bautismo sin ser sacramento”. Como el Catecismo no suele precisar la calificación de las doctrinas señalamos aquí que la enseñanza de que el Bautismo de agua puede suplirse con el deseo del Bautismo es una verdad próxima a las verdades de fe y que puede suplirse también con el martirio es teológicamente cierta (para todo lo dicho a partir de ahora sobre el Bautismo de deseo y la necesidad del Bautismo para la salvación, cfr. José Antonio de ALDAMA, “De Sacramentis initiationis christianae seu de sacramentis baptismi et confirmationis”, in: Sacrae Theologiae Summa, vol. IV, Madrid: BAC, 1956, pp. 147-170).

El Bautismo de sangre “es el martirio de una persona que no ha recibido el bautismo, es decir, el soportar pacientemente la muerte violenta, o los malos tratos que por su naturaleza acarrean la muerte, por haber confesado la fe cristiana o practicado la virtud cristiana” (Ludwig OTT, Manual de Teología Dogmática, Barcelona: Herder, 1997, p. 530). No es necesario insistir en que dicho Bautismo de sangre o martirio debe ser infligido en señal de odio contra la fe o para ejercitar una virtud cristiana, por ejemplo, para guardar la pureza, como Santa María Goretti, o a fin de defender los derechos de la Iglesia, el secreto de la confesión, etc. El martirio suple todos los efectos del Bautismo en cuanto a la acción de conferir la gracia y a la remisión plena de los pecados; no, en cambio, en cuanto al carácter y por lo que concierne a otros efectos, a saber, en cuanto al ingreso en la Iglesia militante y al derecho a la recepción de los demás sacramentos.

El Bautismo de agua, el de deseo y el de sangre tienen ciertamente una cosa en común: el perdón de los pecados, la acción de conferir la gracia santificante y la adopción de los hijos de Dios juntamente con el derecho a la vida eterna. Pero esto mismo no lo alcanzan del mismo modo y en el mismo grado. Por ello los Padres ensalzan la excelencia del martirio y le atribuyen un puesto relevante por encima de las otras clases de Bautismo. Así, por ejemplo, San Cipriano: “En el Bautismo de agua se recibe el perdón de los pecados; en el Bautismo de sangre, la corona de las virtudes. Debemos abrazarnos a este Bautismo de sangre y anhelarle y pedírselo al Señor en nuestras oraciones con toda clase de súplicas, a fin de que, los que hemos sido siervos de Dios, seamos también amigos” (ad Fortunatum, nº 4). Absurdo sería aplicar tales conceptos al aborto ahora identificado por el Obispo de Bilbao con el martirio y que habría que pedir como una gracia capaz de obtener la vida eterna y sobrenatural.

Aceptada la caracterización del martirio en los términos que lo hace Próspero Lambertini (futuro Benedicto XIV), en su Opus de Servorum Dei Beatificatione como “el sufrimiento o aceptación voluntaria de la muerte por causa de la fe en Cristo o de otro acto virtuoso relacionado con Dios”, resulta imposible reconocer tales elementos en el crimen del aborto y menos aún cabe pensar que en todo el que lo comete, ni siquiera en el caso de los sistemas políticos que lo estiman un derecho, exista el odium fidei, requisito necesario para todo martirio. Y es que, a diferencia de la doctrina que hemos sintetizado, para Mons.Iceta el aborto adquiriría la condición de Bautismo de sangre no por razón de la fe sino por la injusticia del acto cometido. Afirmación que, llevada a sus últimas consecuencias, solo puede encontrar justificación en la ruptura de los límites entre naturaleza y gracia, una de las tesis más queridas y de consecuencias más nefastas de la nouvelle théologie.

La gratuidad del orden sobrenatural y la necesidad del Bautismo
En su comentario de 1968 al texto de Gaudium et spes, 22 (1968) en el que se afirma que Cristo “ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado”, Joseph Ratzinger hizo una interesante precisión. Al hablar de una similitudo que solamente está deformada, se prescinde de la clásica distinción entre imagen natural y sobrenatural de Dios en el hombre o –en términos de San Ireneo– entre imago (deteriorada por el pecado original) y similitudo (perdida). Se difumina así la existencia de una unión propia de la gracia que nos hace partícipes de la naturaleza divina que no todos los hombres reciben pues no todos son incorporados de hecho al orden sobrenatural. Una vez más, al dejar de lado el lenguaje escolástico se abría paso a la inexactitud en la formulación de un dogma fundamental de la Iglesia, base de toda la doctrina católica sobre la Redención.

Al decir que “el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre”, la dificultad radica en que la fórmula usada por el Concilio es tan poco explícita y se prescinde del inciso con tanta facilidad, que se acaba equiparando ambas uniones: la genérica (por el mero hecho de la Encarnación) y la real (por la gracia). Por eso, en la práctica se acaba concluyendo en la idea de una “Redención Universal” concebida en términos que extiende la relación de la gracia tal como existe entre Cristo y su Iglesia, a todo hombre y, con ello, a toda la humanidad. Por el contrario, según la doctrina católica la aplicación de los frutos de la redención a cada hombre en la obra de la justificación está ligada a la fe y al Bautismo. Estas realidades se convierten en superfluas a la luz de la nueva teología y por eso carece de sentido la necesidad de la salvación a través del Bautismo, de la fe y de la Iglesia. Y a partir de ahí todas las fantasías son posibles.

Por eso, es necesario recordar que los adultos pueden suplir el Bautismo con el acto de caridad o deseo del Bautismo, y con el martirio. En cambio, los niños que no son capaces de formular un voto o deseo, no tienen otro medio que no sea el Bautismo de agua o el martirio. Esta última afirmación se entiende no cuando hablamos de algún caso particular (Dios puede, si quiere, otorgar la salvación eterna sin los Sacramentos), sino como ley general.

Haciendo frente a teorías peregrinas y a objeciones fácilmente refutables, podemos sintetizar la cuestión -siguiendo al citado padre Aldama- en unos términos que ayudan mucho a resolver la cuestión y muestran cómo debemos pensar, si queremos tener el criterio de la Iglesia.

1. Prácticamente no es de ninguna utilidad el distinguir entre niños muertos dentro del seno materno y fuera de él, puesto que no hay en ellos ningún remedio personal para la salvación; y ya que el Magisterio de la Iglesia nunca ha usado tal distinción.

2. El pecado original es contraído por todos, incluidos los niños.

3. Con la muerte se acaba la ocasión de merecer; y no puede concebirse un momento entre la vida y la muerte en el cual se posea una iluminación especial.

4. Nadie tiene derecho a la gracia. Más aún, el don de la perseverancia es totalmente gratuito así como la predestinación misma. Este don Dios se lo concede a quienes quiere y como quiere.

En conclusión, Dios con su voluntad libérrima puede, del modo que Él quiera, subvenir a los niños para que no perezcan. Sin embargo, de estos casos no consta y las opiniones acerca de la situación eterna de los niños que mueren sin haber recibido el Bautismo, carecen en verdad de fundamento sólido. Por todo ello, debemos atenernos a las muy serias palabras de San Agustín, insigne Doctor en el tema del pecado original:
No creas, ni digas, ni enseñes que los niños, que han muerto inesperadamente antes de ser bautizados, pueden alcanzar el perdón del pecado original

sábado, 7 de septiembre de 2013

Guadalupe: extremeña, toledana y universal


Imagen: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e5/Diocesisdetoledo.PNG

 
Con motivo del Día de Extremadura (8-septiembre) vuelven a escucharse cansinas voces recurrentes que mezclando el sentimentalismo, la ignorancia y confusos intereses reclaman que "Guadalupe sea extremeña".

En su afán manipulador olvidan algo que cualquiera puede comprobar en un mapa. Guadalupe no es un aerolito caído del cielo: el Santuario de la Patrona de Extremadura está enclavado en un amplio territorio que, históricamente, ha pertenecido a la Archidiócesis de Toledo. Son numerosas las Parroquias de las provincias de Cáceres y Badajoz que, afortunadamente para ellas, están enclavadas en dicho territorio, pero nadie habla de ellas ni reclama su extremeñidad, probablemente porque "no tienen petróleo". Como nadie cuestiona que la diócesis (presuntamente) extremeña de Plasencia se extienda por las provincias de Salamanca, Cáceres y Badajoz.

Pienso que deberían ser criterios pastorales los que decidan las modificaciones que sean necesarias en los límites diocesanos, pero, sobre todo, deberíamos aprender en la Iglesia a escuchar a los propios interesados: los sacerdotes y fieles que saben que no hay ninguna contradicción entre pertenecer (administrativamente) a la región extremeña y (eclesiásticamente) a la Archidiócesis primada.

Pero sobre todo no deberían encontrar ningún eco quienes pretenden ahogar con mezquinos lazos aldeanos y localistas, una devoción como la de Nuestra Señora de Guadalupe a la que nuestros antepasados dieron gloriosa proyección universal.

Historicus

miércoles, 4 de septiembre de 2013

Aborto y “posición histórica” del PP: no es católica


El Ministro de Justicia ha hecho saber que el Consejo de Ministros recibirá "antes de que termine el mes de octubre" el proyecto de reforma de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo  y ha puesto en relación los criteros de dicha modificación con el "discurso histórico" del Partido Popular sobre la regulación del asesinato de niños en el vientre materno. Al parecer, se trata de volver a la situación diseñada en la ley aprobada por el Gobierno socialista de González en 1985.

La Vicesecretaria del PSOE, Elena Valenciano, ha respondido -a través de un comentario en Facebook- que donde el PP dice "histórica" hay que leer "prehistórica; machista, sexista y ultracatólica". En su comentario considera que "la posición eterna de Alianza Popular, primero, y del PP, después ha sido siempre coherente contra la libertad de las mujeres" y concluye con la expresión: "Volveremos a la lucha".

Allá el PP y sus votantes a la hora de responder si se consideran prehistóricos, machistas y sexistas, pero estimamos que alguien con autoridad para hacerlo debería precisar públicamente que no puede ser calificada de ultracatólica una posición que, ni siquiera, es católica.

Y no lo es, en primer lugar, porque el PP no considera el catolicismo como referencia directa ni indirecta para su programa y actividad política. No podía ser menos en una organización que carece de las más elementales referencias propias de una sociedad sana y que, desde sus posiciones de poder, gestiona la corrupción económica y moral que está sufriendo España desde hace ya demasiados años.

Pero es que incluso, es un partido que ha convertido una ambigua y remota referencia al humanismo cristiano en un concepto vacío, una palabra hueca que no dice nada, ni impone nada. Como afirmó el vicesecretario de comunicación del Partido Popular, González Pons en febrero de 2012: “el apelativo cristiano no tiene connotación religiosa [sic!]… Es simplemente una manera de caracterizar a determinados partidos políticos del centro y del centro-derecha europeo”. Y no le falta razón. O que nos digan en qué se ha notado durante estos años que el PP está inspirado, entre otras perlas, por los valores del humanismo cristiano.

Menos aún puede considerarse católica, una ley que promueve la vuelta al estado de cosas anterior a la reforma promovida por el PSOE en su última legislatura. En primer lugar, porque hay coincidencia en que la anterior legislación se aplicaba, en la práctica, con criterios de aborto libre y no hay noticia de que el PP esté dispuesto a incidir directamente en puesta en práctica de ciertas directrices garantistas. Pero, sobre todo, porque si bien es cierto que, al amparo de la nueva ordenación, se pueden salvar algunas vidas inocentes, la aprobación de semejante ley -disponiendo de la mayoría absoluta que permitiría erradicar la consideración del aborto como un derecho- merece un juicio mucho más riguroso.

El proyecto Rajoy-Gallardón revela una mentalidad perversa que contribuye a difundir una idea hoy dominante entre los electores que los respaldan. Esta mentalidad se resume gráficamente en la idea de que una ley del aborto “buena” (la que puso en marcha el Gobierno de Felipe González en 1985, no modificó el de Aznar y parece dispuesto a restaurar Rajoy) y otra “mala”: la que fue aprobada por Rodríguez Zapatero y, al igual que la anterior, avalada por el Tribunal Constitucional. Circunstancia esta última, por cierto,  que no impide su derogación.

La propuesta de Ruiz Gallardón resulta posible porque, con absoluta indiferencia, miles de católicos acuden a las urnas una y otra vez para respaldar a los partidos que vienen protagonizando una radical ofensiva contra la vida que adquiere caracteres dantescos al convertir el aborto en un derecho pero que se manifiesta también en el fomento de la anticoncepción o en las regulaciones de la reproducción asistida ajenas a un criterio moral. Los dirigentes populares no pueden evitar su responsabilidad por aceptar unos principios tratando de evadirse de algunas de sus consecuencias. Basta recordar que el coste humano de la antigua ley del aborto fue de más de un millón trescientas mil vidas y la eliminación de buena parte de ellas había sido gestionada por comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular.

Los católicos españoles siguen optando mayoritariamente por el PP y el PSOE, fieles a las consignas oficiales que se les han hecho llegar sin viraje constatable desde los últimos años: «nada de partidos católicos; católicos en los partidos». Y el perfil de alguno de esos católicos en los partidos, lo dan políticos como los que desde el PSOE o el PNV apoyaron la nueva ley del aborto o como los que, desde el PP, se conforman con regresar a la situación de 1985.

El resultado son gobiernos sostenidos en las urnas por votos católicos que apenas difieren en el planteamiento de las cuestiones sustanciales e implantan desde el poder el laicismo más agresivo contribuyendo a la hegemonía de esa mentalidad, hoy dominante, sustrato permanente de una práctica política que es, al mismo tiempo, la consecuencia y el principal motor del proceso. No en vano el popular González Pons caía en el gravísimo error que supone una concepción materialista de la vida y afirmaba, en la ocasión citada, que «los españoles hoy no tienen problemas ideológicos, tienen problemas económicos» cuando es precisamente al contrario: la crisis económica que padecemos hunde sus raíces en gravísimas desviaciones morales y en el terreno de los principios.

En este escenario, los obispos siguen sin mostrar interés por favorecer el desarrollo de organizaciones políticas de verdadera inspiración católica y parecen contentos con el papel que ellos mismos se han atribuido: vivir en un continuo lamento a nivel puramente teórico pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos. Hasta ahora tampoco hemos encontrado ninguna alusión a la posición en que quedan las autoridades y las instituciones de un Estado, todas ellas manchadas y cuestionadas con esta ley, como ya lo estaban con la anterior. Incluso se llegó más allá del lamentable precedente de 1985 cuando, hablando en nombre del resto de los miembros de la Conferencia Episcopal, monseñor Martínez Camino intervino en defensa de la moralidad de la actuación del Jefe del Estado, responsable de la sanción de los textos legales de acuerdo con una interpretación letal de los mecanismos previstos en la Constitución.

Por eso, aunque poca o ninguna esperanza tenemos de encontrar respuesta, terminamos estas notas pidiendo con respeto pero también con la firmeza que el caso merece que la Conferencia Episcopal Española o, al menos, algún Obispo digno de este nombre tenga a bien desmentir el carácter ultracatólico de la reforma de la Ley del aborto que proyecta aprobar el Partido Popular y orientar a los católicos en lo que a estas dos cuestiones se refiere:

1. Los católicos que con leyes o actos de gobierno, promueven, facilitan y protegen jurídicamente la práctica del aborto merecen la calificación moral de pecadores públicos ¿Cómo se ha concretado el trato que se les dispensa en la administración de los Sacramentos mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos? ¿En qué situación moral quedan los católicos que dan su voto al partido que está promoviendo la nueva ley y aplicando la vigente hasta ahora? ¿Y los católicos que forman parte del Gobierno que no piensa promover la inmediata ilegalización del aborto?

2. ¿No es cierto que resulta contradictorio dar por bueno un sistema que lleva jurídicamente a efectos moralmente inadmisibles y que no es posible en conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir? Si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte injusta a algunos, resulta evidente que la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes, hecho que hay que añadir a la nefasta gestión de  los gobernantes ¿Qué consecuencias concretas se derivan a la hora de valorar moralmente el sistema político implantado en España en 1978?

miércoles, 21 de agosto de 2013

La segunda transición y la manipulación de la historia

¿De quién se reían?
Vamos legalmente hacia la evolución de la sociedad. Pero si no queréis, haremos la revolución violentamente. (Gran ovación.) Esto, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil. Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil. ¿Qué es si no la lucha que se desarrolla todos los días entre patronos y obreros? Estamos en plena guerra civil. No nos ceguemos, camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar. Francisco Largo Caballero, presidente del Partido Socialista Obrero Español: discurso en Don Benito (Badajoz), 8 de noviembre de 1933.
Moisés Domínguez Núñez -generoso colaborador del Foro Historia en Libertad- ha honrado el pasado 14 de agosto las páginas de nuestro suplemento, rescatando del olvido un lejano episodio ocurrido en 1976: La “matanza” de Badajoz, caso sobreseído.

Coincidiendo con las primeras iniciativas en torno a la “reforma política”, una serie de periodistas, vinculados a posiciones rupturistas, acentuaron la tendencia a una concepción sesgada y militante de la historia utilizando a su servicio los medios de comunicación. Se empleaban así los episodios del pasado con la intención de contribuir a desacreditar y desmoralizar al adversario político, resucitando la división entre españoles y las viejas raíces de frustración e injusticia que habían desembocado en la Guerra Civil de 1936. El responsable del caso ahora comentado en el artículo de Moisés Domínguez tuvo que enfrentarse a la acción de la justicia militar bajo la acusación de vulnerar los límites legalmente impuestos a la llamada “libertad de expresión”[1].

Pocos meses después, el general Salas Larrazábal publicaría un libro en el que se ocupaba ampliamente de la violencia en ambas retaguardias durante la Guerra Civil y la posguerra. La diferencia de objetivos entre artículos como el divulgado en la Hoja del Lunes pacense y la investigación del historiador que hemos citado radica en que este último se proponía «rescatar el tema [las pérdidas humanas en la Guerra Civil Española] de ese terreno beligerante, condicionado por solicitaciones más o menos interesadas en ofrecer una determinada y preconcebida imagen de los hechos, y devolverlo al limpio campo de la investigación histórica»[2].

A pesar de que el intento era tan burdo, y los argumentos tan falaces pues se limitaban a repetir un texto ayuno de cualquier lectura crítica redactado por el historiador comunista Manuel Tuñón de Lara[3], el episodio de la Hoja del Lunes quedó en tablas y una amnistía impidió determinar si la Ley daba la razón al periodista o a sus acusadores. En poco tiempo se impuso la ley del silencio y nadie parecía interesado en aclarar lo ocurrido en Badajoz el 14 de agosto de 1936. 

Una “transición” desmemoriada
A partir de entonces, la tendencia que se impuso mayoritariamente en la izquierda optó por esconder provisionalmente el fantasma del guerracivilismo y marginar a sus más conspicuos representantes (incluso un exultante y juvenil González ocuparía el lugar que parecía reservado para Santiago Carrillo, implicado en tantos episodios oscuros). En ese contexto era mejor no aclarar las cosas, dejando que los bulos de la propaganda y el desconocimiento del pasado siguieran haciendo su labor… Y favoreciendo la difusión de los mitos izquierdistas como venía ocurriendo en los últimos años a consecuencia de la equívoca política de “reconciliación” promovida desde el propio Estado. Basta señalar que los más famosos libros de Tuñón de Lara publicados en el extranjero en 1961 y 1966, pudieron publicarse poco después en España (La España del siglo XIX y La España del siglo XX, Barcelona: Laia, 1974).

Al mismo tiempo, los representantes políticos, militares y judiciales del Régimen todavía vigente se apresuraban a garantizar su acomodo en la operación de transición diseñada, sin el menor interés por defender a las figuras históricas del pasado y, menos aún, a su justificación moral e histórica. No tanto por el temor de enfrentarse a presuntas responsabilidades (es notorio que las leyes de amnistía favorecieron fundamentalmente a los terroristas de ultraizquierda) sino por la necesidad de que la izquierda les concediera acomodo, renunciando a viejas reivindicaciones republicanas y socializantes, y sumándose al proceso de transición política consensuado.
Al final, se imponían las concepciones del Régimen que lo motejaron de “franquismo” y lo entendieron como un expediente transitorio, nacido de unas circunstancias excepcionales, improrrogable a la muerte de Franco y dando por descartadas las fórmulas que habían buscado la superación teórico-práctica del socialismo y de la democracia liberal que ahora regresaban triunfantes e impolutos, aparentemente sin ninguna responsabilidad en lo hasta entonces ocurrido[4]. Durante mucho tiempo (¿todavía hoy?) “la culpa de todo” sería de Franco y casi cuarenta años después de su muerte, se han proclamado “antifranquistas” o se puede considerar como tales a Carod Rovira, De Juana Chaos, Rubalcaba, Rajoy, Alfonso Guerra, Josu Ternera, Mas, Carrillo, Chacón, Cebrián, Arenas, Camps, Roldán, Odón Elorza, Setién, Basagoiti, Arzallus o Esperanza Aguirre... La propia enumeración y la flaqueza de los personajes apuntados en el elenco, y de otros que pudieran aducirse hasta agotar la lista, basta para descalificar a la posición adoptada sin necesidad de entrar en más polémicas.

El mismo que, en 1969, aseguraba haber recibido del Jefe del Estado «la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino»[5] , era aún más firme en 1975 al advertir que:
El nombre de Francisco Franco será ya un jalón del acontecer español y un hito al que será imposible dejar de referirse para entender la clave de nuestra vida política contemporánea. Con respeto y gratitud quiero recordar la figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la gobernación del Estado. Su recuerdo constituirá para, mí una exigencia de comportamiento y de lealtad para con las funciones que asumo al servicio de la patria. Es de pueblos grandes y nobles el saber recordar a quienes dedicaron su vida al servicio de un ideal. España nunca podrá olvidar a quien como soldado y estadista ha consagrado toda la existencia a su servicio[6].
Pero ni el que pronunció estas palabras ni los que las aplaudieron, pusieron el más mínimo interés en concretarlas en medidas eficaces, ni desde el punto de vista jurídico, ni, menos aún, en lo que a la investigación histórica y al reconocimiento público se refiere. Para Franco y los hombres que, a sus órdenes, acaban de llevar a cabo la transformación histórica de España, no hubo Ley que amparase su memoria. Y eso que políticos como el Director General de Política Interior, Enrique Sánchez de León, había avalado el proceso de transición ante las cámaras de TVE con el irrefutable argumento de que «Franco hubiera votado sí»[7].
Al negar la legitimidad de origen y de ejercicio del anterior Régimen político, se acabó configurando una sedicente Constitución cuyas raíces inmediatas nadie quería reconocer en el sistema hasta entonces vigente y se abría paso a dos posiciones.
  • El inestable salto en el vacío que pretenden los representantes del actual centro-derecha renunciando a cualquier vinculación con el pasado. El PP es un partido “sin historia”, más allá de sus sucesivas refundaciones, dirigentes quemados y cambios de estética.
  • La continuidad proclamada entre los postulados que sostienen en la actualidad socialistas, comunistas y regionalistas de izquierda y los que impusieron sus ya lejanos e idealizados antepasados. Lógicamente, silenciando las raíces familiares cuando proceden de conspicuas familias que no se caracterizaron precisamente por el “antifranquismo”. Las carencias intelectuales y la frivolidad de los escenarios políticos diseñados por Fraga, Aznar y Rajoy han favorecido la absoluta hegemonía de este revisionismo neo-republicano.
De la historiografía roja a la memoria histórica
Una vez que el rotundo fracaso de los gestores centristas dejó el poder en manos de la izquierda, las víctimas de la guerra volvieron a ser agitadas unilateralmente desde los gobiernos, autonomías y ayuntamientos que comenzaron a desmantelar el legado monumental e histórico vinculado a la España de Franco. Al tiempo, promovían una imagen en la que la Segunda República, la zona roja y la oposición “antifranquista” adquirían caracteres de paraíso, sin mezcla de mal alguno, y sus protagonistas eran presentados como seres a los que caracterizaban todas las virtudes humanas y democráticas.

Además, en las décadas de los ochenta y los noventa fraguó una historiografía neo-republicana, obra de autores vinculados a tendencias políticas de esta naturaleza, que se limitaba a repetir los tópicos de la propaganda frentepopulista (en sus diferentes versiones, comunista, socialdemócrata y hasta anarquista) aderezándola con formulaciones más o menos retóricas.

Si en un primer momento se notaba un predominio de los marcos interpretativos vinculados a formas cada vez más depauperadas del materialismo histórico, una vez que el Partido Socialista y, más tarde, el Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero hizo suyos los planteamientos de la llamada recuperación de la memoria histórica, la mayoría de las aportaciones hechas desde el ámbito universitario se han subordinado a esta tendencia que se mueve en límites extra-históricos para alcanzar exclusivamente fines políticos e ideológicos. Una práctica de publicaciones oficiales sometida a criterios generalmente ajenos a lo científico, con aplicación de formas nada sibilinas de censura, dificulta notablemente la difusión de obras al margen de estos planteamientos.

Al igual que el artículo publicado en Badajoz en 1976, la llamada recuperación de la memoria histórica forma parte de un proyecto que desborda la simple naturaleza política y tiene necesidad de un holocausto, de un genocidio para la descalificación sin paliativos de un bando nacional enfangado en sangre[8], primer paso para la posterior reivindicación del Frente Popular. Por eso, alguno de los más caracterizados representantes de la corriente plantea tan peculiar ofensiva en términos de dialéctica militante al hablar de “lucha en torno a la interpretación del pasado” o de “lucha historiográfica en torno a la represión franquista”

No basta, podemos decir incluso que es contraproducente, la restricción de fondos públicos asignados a las iniciativas promovidas al amparo de la mal llamada Ley de memoria histórica que viene aplicando el actual Gobierno bajo la presión de las limitaciones presupuestarias. No basta con esperar de brazos cruzados a que la izquierda vuelva al poder o sean necesarios sus votos (como ya ocurre en ciertas autonomías y ayuntamientos) para que los neo-republicanos vuelvan a tomar la iniciativa y los populares se mantengan bovinamente a su retaguardia, apoyando tímidamente sus manipulaciones y sus mentiras, mendigando una legitimidad histórica y moral que parecen precisar que les otorgue la izquierda.

Una izquierda que ha demostrado cumplidamente, a lo largo de estos años, que tiene un proyecto de transformación social (del que forma parte la memoria histórica) y un instrumento político que utiliza para imponer ese proyecto: el PSOE y sus fuerzas parasitarias. Por el contrario, la organización que se ha adjudicado la arbitraria e inestable posición del centro derecha, enfeudada a su liberalismo que es primero ideológico y luego económico, carece de cualquier referencia moral e histórica que vaya más allá de la pura gestión del poder inmediato. Por eso, el importante trabajo a nivel individual de numerosos historiadores que han dinamitado los soportes intelectuales de los mitos frentepopulistas carece, hasta ahora, de la necesaria proyección social en lo que a los usos públicos y académicos de la historia se refiere. Un símbolo gráfico de lo que decimos fue la retirada de la estatua ecuestre del Generalísimo hasta entonces ubicada en los Nuevos Ministerios mientras, a escasos metros, sobreviven las dedicadas a los golpistas Prieto y Largo Caballero, responsables de numerosas prácticas violentas aplicadas por el PSOE antes y durante la Guerra Civil.



Primera y segunda transición ¿Hay alternativa?
La “primera transición” desembocó en la restauración de las formas políticas liberales en paralelo a un proceso de desmembración de la unidad de España y de imposición de una cultura dominante de naturaleza esencialmente anticristiana. Desde 2004, cuando el terrorismo logró invertir la política interna y externa, se inició una “segunda transición” que tiene como objetivo consumar la ruptura que no fue posible en 1976 convirtiendo al sistema parlamentario en fase temporal hacia una nueva sociedad fácilmente reconocible en aquellos lugares donde ya se han aplicado las consignas del neo-socialismo de inspiración gramsciana.

Al servicio de este proyecto, la versión hoy dominante acerca de la España contemporánea es una auténtica falsificación historiográfica sostenida con millones de euros que sostienen a toda una casta de verdaderos “lisenkos” (en expresión de Pío Moa) y respaldada por el aparato pseudo-jurídico de la llamada Ley de Memoria Histórica.
Ahora bien, una sociedad no se sostiene sobre la mera coexistencia ni puede ser indiscriminadamente abierta. La comunidad política descansa sobre un entramado de virtudes y valores comunitariamente aceptados y cordialmente vividos que es lo que Wilhelmsen y Kendall han llamado la ortodoxia pública y que supone la consideración de ciertas verdades como valores absolutos. Sobre estos principios deben fundamentarse los llamados “usos públicos de la Historia”, y nunca desde la ignorancia o la falsificación de este pasado, promovida por los voceros de una “recuperación de la memoria histórica” sostenida por todas las organizaciones políticas del arco parlamentario.

Porque la historia se puede concebir como ciencia al servicio de la paz, la concordia y el diálogo o utilizarla al servicio de sus intereses, como viene haciendo en España la oligarquía política, consciente de la importancia que la cultura tiene en su ofensiva para consolidarse en el poder cambiando la esencia de la sociedad española.
Ofensiva que solamente cambiará de dirección cuando esa misma sociedad comience a respaldar a las opciones políticas que están dispuestas a neutralizarla y abandone a quienes (como el Partido Popular) se limitan a figurar en su retaguardia, asumiendo las conquistas de la izquierda con veinte años de retraso y consolidando sus iniciativas legales y su totalitario proyecto social. Por eso es necesario exigir al Gobierno una respuesta positiva a las iniciativas para conseguir la derogación de la llamada “Ley de Memoria Histórica”.


[1] Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta; artículo 2: «La libertad de expresión y el derecho a la difusión de informaciones, reconocidas en el artículo primero, no tendrán más limitaciones que las impuestas por las leyes. Son limitaciones: el respeto a la verdad y a la moral; el acatamiento a la Ley de Principios del Movimiento Nacional y demás Leyes Fundamentales; las exigencias de la defensa Nacional, de la seguridad del Estado y del mantenimiento del orden público interior y la paz exterior; el debido respeto a la Instituciones y a las personas en la crítica de la acción política y administrativa; la independencia de los Tribunales, y la salvaguardia de la intimidad y del honor personal y familiar» (BOE, 19 de marzo de 1966).
[2] Ramón SALAS LARRAZÁBAL, Pérdidas de la guerra, Barcelona: Planeta, 1977, págs. 29-30.
[3] Tuñón, probable agente del KGB, según Jorge Semprún, había dirigido durante la guerra la Escuela de Cuadros de la estalinista Juventud Socialista Unificada. Sus cursos y seminarios en Francia funcionaron como una auténtica escuela destinada a infiltrar a sus adeptos en la universidad y en la prensa españolas y para propagar desde ellas el materialismo histórico y la visión comunista de la república y la guerra civil. En España encontró la absoluta falta de defensas ideológicas del Régimen y el apoyo de profesores conservadores ansiosos de de que les fuera otorgado aval de “progresismo”.
[4] Cfr. Pío MOA, Franco (Un balance histórico), Barcelona: Planeta, 2005, págs. 90 y 169-170. Franco sostenía esta última posición mientras que la primera y triunfante no explica la trayectoria del Nuevo Estado ni su verdadera continuidad institucional entre la muerte del Caudillo y la demolición de las Leyes Fundamentales. En la imposición de la tendencia finalmente hegemónica parece decisiva la evolución oficial de la Iglesia que tiene su expresión en los textos del Concilio Vaticano II, en la política eclesiástica que promovió su aplicación y en las personas y organizaciones que gestionaron las posiciones dominantes a partir de 1959.
[5] Cit.en: Palabras de su Alteza Real el Príncipe de España Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, Madrid: 1974, pág. 21.
[6] Cit.por Antonio FERNÁNDEZ GARCÍA (et all.), Documentos de Historia Contemporánea de España, Madrid: Actas, 1996, pág. 640.
[7] ABC, Madrid, 9-diciembre-1976, pág. 95.
[8] «Sobre Badajoz ha pervivido y aún pervive la memoria del miedo, la memoria de la sangre y su inextinguible leyenda, porque debajo de esa memoria y de esa leyenda hay una brutal e insoslayable realidad: sangre inocente, ríos de sangre ―en el sentido literal de la expresión― absurdos e inútiles, que empañan todo pretendido idealismo, que enlodan la más sagrada de las causas», Alberto REIG TAPIA, Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu, Madrid: Alianza Editorial, 1999, pág. 110. Nunca se precisan las dimensiones del caudal de sangre que necesitan Reig Tapia y los seguidores del revisionismo neo-republicano para sacar semejante conclusión de la derramada por el Frente Popular entre sus adversarios, incluyendo a los situados en la propia izquierda.



Cuando las palabras no significan nada (I)

Son numerosos los autores que, desde diversas perspectivas, se han ocupado de la relación entre lenguaje y pensamiento. Todos ellos subrayan que, si bien es cierto que los cambios en el terreno de las ideas se manifiestan necesariamente en un nuevo lenguaje, no lo es menos que el lenguaje sirve como instrumento privilegiado a la hora de promover la mutación en las mentalidades y en las actitudes ante la realidad. Además, por la carga emocional que conllevan, las palabras adquieren, en cada contexto, un sentido que no tienen aisladamente o en otro escenario cultural. Con razón se ha dicho que “cambiar de lenguaje es cambiar de alma” porque, además de la relación objetiva de las palabras con las ideas y las realidades concretas, aquéllas están matizadas de una carga emocional que provoca reacciones más allá de lo estrictamente racional.

Pero situando el problema en su fundamento, la consideración que merece la relación entre palabra y concepto se deriva de una posición filosófica previa. Para el nominalismo, que se encuentra en la base de todas las ideologías modernas, no existe otra realidad que lo singular y el entendimiento no conoce más que lo individual, por tanto las disciplinas que se ocupan de los universales carecen de consistencia y apenas son otra cosa que juegos de palabras.

Por el contrario, es una conquista de la filosofía clásica, sostenida después como proposición fundamental por la filosofía cristiana que el verbo vocal se adecua al concepto y éste guarda relación directa con la cosa pensada pues la abstracción encuentra su fundamento en la estructura misma del ser y no es simple especulación del sujeto cognoscente (más o menos respaldada en la realidad de acuerdo con la teoría que la explica). No hay ruptura, pues, entre el ser, el concepto y la palabra, aunque, evidentemente el hombre pueda interferir en el proceso con el error o la mentira (que en última instancia, no son sino falta de adecuación entre estas tres instancias).

La cuestión filosófia tiene repercusiones sustanciales para la teología. Entre los nominalistas no queda lugar para la metafísica ni para la teodicea. El Dios de los metafísicos, decía Ockham, no es sino el más universal de los universales y, por tanto, nada. Si, además, se sostiene que las fórmulas verbales recogen solamente la aprehensión subjetiva en vez del contenido del ser, la teología se disuelve en pura psicología religiosa y la dogmática en historia del dogma. El historicismo llega a formulaciones extremas en  la pretensión, como la del entonces teólogo Ratzinger, de confinar determinados pronunciamientos magisteriales al momento en que fueron emitidos careciendo de cualquier efectividad posterior:
[Instrucción  Donum Veritatis] afirma – tal vez por primera vez tan claramente – que hay decisiones del Magisterio que no pueden ser la última palabra sobre una materia como tal, sino un anclaje importante para el problema, y sobre todo una expresión de prudencia pastoral, una especie de disposición provisional. Su contenido sigue siendo válido, pero los detalles en los que las circunstancias de tiempo pueden haber influido necesitan correcciones más tarde. En referencia a esto, se puede pensar así tanto de las declaraciones de los papas del siglo pasado sobre la libertad religiosa como de las decisiones antimodernistas de principios de siglo (L’Osservatore Romano. Edición semanal, 27 de junio de 1990, p. 9) [1]
La condena del historicismo dogmático no prescinde de las dificultades que supone la relación entre las verdades objeto de la fe y su expresión en fórmulas dogmáticas. En ese sentido, Pablo VI estuvo sorprendentemente acertado cuando caracterizó a la Iglesia como "tenaz" y "conservadora" del "patrimonio identico, esencial, constitucional de la misma doctrina de Cristo y profesada por la tradición auténtica y autorizada de la única y verdadera Iglesia", recalcando que este patrimonio lo conserva la Iglesia en fórmulas conceptuales y verbales "que nos obliga a mantener textualmente" (Homilía en Kampala, Uganda, 31 de julio de 1969). En cambio, con ocasión del discurso inaugural del Concilio (Juan XXIII, Gaudet Ecclesiae, 11 de octubre de 1962) se había difundido una peligrosa distinción entre el “depósito de la fe” y “las formulaciones de su revestimiento y el modo de enunciarlo”, sin que apareciera en la mayoría de las traducciones que desde entonces circularon la expresión, presente en el texto oficial latino, “eodem tamen sensu eademque sententia” (“manteniendo sin embargo el mismo sentido y el mismo contenido”). Palabras que citan implícitamente un texto clásico de San Vicente de Lehrins, y a las cuales está ligado el concepto de la relación entre la verdad que hay que creer y la fórmula con la que se expresa [2].

Es difícil subrayar excesivamente la distancia entre el contenido del dogma y su “revestimiento” (la expresión ya remite a un añadido extrínseco) sin caer en presupuestos similares a los enunciados por Lutero. Para el heresiarca alemán la razón no es capaz de penetrar en el ámbito de la trascendencia y las verdades de fe son únicamente accesibles por medio de la Escritura, de modo que cada ser humano debe acceder directamente a ellas: ningún magisterio es capaz de enriquecerlas o explicarlas. Llevado el sistema a sus últimas consecuencias por obra de los sucesivos idealismos, están así puestas las bases para el relativismo y el historicismo dogmáticos que rebate Pío XII (Humani Generis, 12-agosto-1950).
De ahí que no tienen por absurdo, sino por absolutamente necesario, que la teología, al hilo de las varias filosofías de que en el decurso de los tiempos se vale como de instrumento, vaya sustituyendo las antiguas nociones por otras nuevas, de suerte que por modos diversos y hasta en algún modo opuestos, pero, según ellos, equivalentes, traduzca a estilo humano las mismas verdades divinas. Añaden en fin que la historia de los dogmas consiste en exponer las varias formas sucesivas que la verdad revelada ha ido tomando, conforme a las varias doctrinas e ideas que han aparecido en el decurso de los siglos (Dz 2.310 ).
En efecto, los términos empleados por las escuelas teológicas y por el magisterio de la Iglesia para expresar los conceptos doctrinales han sido a lo largo de la historia perfeccionados y aquilatados y se han producido innovaciones. Tampoco es posible hipotecarse con un determinado y efímero sistema filosófico como vehículo para la expresión de estas verdades. Pero, dicho esto, no puede ignorarse que los conceptos y términos acuñados a lo largo de los siglos “con unánime consentimiento por los doctores católicos” tienen su fundamento “en los principios y conceptos deducidos del verdadero conocimiento de las cosas creadas, deducción realizada a la luz de la verdad revelada que, por medio de la Iglesia iluminaba, como una estrella, la mente humana” (Ibid. cfr. Dz 2.311-12).
Abandonar dichas nociones y expresiones conduce al relativismo dogmático y es ya expresión del mismo. Un ejemplo clásico al respecto es el de la transubstanciación como formulación de la fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. La propuesta de palabras alternativas (transfinalización, transignificación...) destruye el dogma de fe, pasando de un sentido a otro, de una verdad a su negación.

Veremos en sucesivos artículos como la crisis sin precedentes en que vive inmersa la Iglesia Católica ha ido acompañada de sustanciales modificaciones en el terreno del lenguaje: supresión de la lengua latina acompañada de su reemplazo por traducciones de dudosa fidelidad; rechazo de la terminología escolástica, abandono de palabras (y, de los conceptos a ellos asociados) y transmutación semántica, hasta desembocar en un discurso ayuno de cualquier significado donde las palabras pronunciadas por los eclesiásticos contribuyen a la configuración de un universo sin finalidad ni sentido.

No en vano, como nos recuerda el episodio de la Torre de Babel, “la misteriosa eficacia del lenguaje para la confusión de las almas y para la dispersión de los pueblos aparece en los orígenes no menos claramente que, como reverso, su necesidad para explicar la formación del pensamiento y de la comunicación humana” (Rafael GAMBRA, El lenguaje y los mitos, Madrid: Speiro, 1983, pag. 10)


[1] Aunque sea una cuestión marginal a la principal que estamos tratando, conviene apreciar que la posición de Ratzinger salva los reproches que desde las ideologías progresistas se hacen a las posturas tomadas por los papas frente al liberalismo o al modernismo ya que, al menos, les concede que fueron expresiones de prudencia pastoral pero reduce a cuestión de tiempo la superación del magisterio de cada momento. La propuesta es sugerente para obviar, por ejemplo, las dificultades que plantea el magisterio conciliar y posconciliar -que tampoco está exento de dificultades ni podrá considerarse desde esta perspectiva un punto de llegada definitivo- pero nos parece una falsa solución que no va al fondo del problema.

[2] Con el tiempo se ha demostrado que las prevenciones de Romano Amerio eran acertadas (Cfr Romano AMERIO, Iota Unum, 34.8: El dogma y sus expresiones). En efecto, la reconstrucción de la redacción de aquel texto (presentada ya en 1984 por los historiadores Alberigo y Melloni), demuestra que en el texto original italiano, revisado personalmente por el Papa, no estaba el inciso. Fue añadido cuando se realizó la traducción al latín y en L'Osservatore Romano se publicó el texto original, sin los retoques aportados en el momento de la traducción, probablemente -como apostilla Amerio- por alguien con mentalidad tradicional que quiso limar el desliz de Juan XXIII. Todavía hoy el texto se usa en una u otra versión según se quiera subrayar la novedad o la continuidad de la enseñanza conciliar. Así, la pagina web del Vaticano opta por lo primero y omite el inciso: "Una cosa es la substancia de la antigua doctrina, del "depositum fidei", y otra la manera de formular su expresión; y de ello ha de tenerse gran cuenta —con paciencia, si necesario fuese— ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter predominantemente pastoral".


Diez preguntas, sin respuesta, a la Conferencia Episcopal Española


En marzo de 2010 hicimos públicas diez preguntas a la Conferencia Episcopal Española acerca de la legislación abortista inspiradas en el magisterio de Mons. Guerra Campos. Hasta ahora no han recibido respuesta

Al cumplirse el pasado 5 de julio un aniversario más de la inicua ley de 1985 las reiteramos, no sin recordar que, gracias a los votantes del Partido Popular, sigue en vigor la segunda ley aprobada por el Partido Socialista en 2010

1.      El comportamiento del Jefe del Estado al sancionar y firmar la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo ¿está de acuerdo con la moral católica en los términos en que vaticinó el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Mons.Martínez Camino: “seguro que sabrá, como católico, adecuarse en sus actuaciones a la moral católica, que es una para todos los católicos”?

2.      Cuando se pretende eludir las responsabilidades más altas como si la intervención de los Poderes públicos se limitara a dar fe de la voluntad popular ¿No es cierto que el Jefe del Estado, al promulgar la ley dice expresamente: “Mando a todos los españoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgánica”?

3.      Al estar en juego la vida de cientos de miles de seres humanos, ¿no se debería haber instado a segur el criterio de los juristas que sostienen la capacidad legal del Jefe del Estado en el ordenamiento vigente para negar la sanción a una Ley?

4.      El 6 de julio de 1985 el periodista Abel Hernández afirmó en Diario 16 que “la obligación constitucional del Rey es firmar las leyes aprobadas en el Parlamento. ‘No tenía otra disyuntiva que firmar o irse’, según una destacada personalidad. Evidentemente al Papa [NOTA: Se refiere a Juan Pablo II] le parece muy bien que el Rey Juan Carlos siga en su puesto. La misma actitud mantiene el Episcopado español según he podido comprobar directamente en la dirección de la Iglesia española” ¿Era esto cierto? ¿Si no lo es, por qué no se ha desmentido? ¿Se ha repetido la historia 25 años después con protagonistas diferentes como afirmó Alfonso Ussía en el programa de Intereconomía TV Lágrimas en la lluvia?

5.      Los que han implantado la ley del aborto son autores conscientes y contumaces de una gravísima violación del orden moral ¿Se les está aplicando el canon 915, que excluye de la Comunión eucarística a los que “obstinadamente persisten en un manifiesto pecado grave”.

6.      Los católicos que con leyes o actos de gobierno, promueven, facilitan y protegen jurídicamente la práctica del aborto merecen la calificación moral de pecadores públicos ¿Cómo se ha concretado el trato que se les dispensa en la administración de los Sacramentos mientras no reparen según su potestad el gravísimo daño y escándalo producidos?

7.      ¿En qué situación moral quedan los católicos que dan su voto a los partidos que han  promovido y aprobado esta ley o han apoyado a la vigente hasta ahora? ¿Y los católicos que forman parte del Gobierno que no ha promovido su inmediata derogación o lo apoyan?

8.      ¿No es cierto que resulta contradictorio dar por bueno un sistema que lleva jurídicamente a efectos moralmente inadmisibles y que no es posible en conciencia instalarse tranquilamente en él, sin hacer lo necesario por enderezarlo y por desligarse de responsabilidades que no se pueden compartir?

9.      ¿Acaso no es verdad que no se puede aceptar un orden constitucional por el que la suprema Magistratura se vea obligada a sancionar leyes absolutamente inmorales y que esto se aplica también al caso de la Monarquía parlamentaria o constitucional?

10. Si la Constitución, en su concreta aplicación jurídica, permite dar muerte a algunos, resulta evidente que la misma ley fundamental deja sin protección a los más débiles e inocentes, hecho que hay que añadir a la nefasta gestión de  los gobernantes ¿Qué consecuencias concretas se derivan a la hora de valorar moralmente el sistema político implantado en España en 1978?


jueves, 18 de julio de 2013

18 de Julio


1.- Consideramos la fecha del 18 de Julio como representativa del Alzamiento Nacional que en 1936 puso fin al estado de anarquía y de vulneración de la ley que llevaron a España a una situación pre-revolucionaria.

Durante la Segunda República no se hicieron las transformaciones que eran, a todas luces, necesarias y se desarticularon las las posibilidades de una convivencia en paz. Por eso apreciamos el Movimiento Nacional, ante todo, por su contenido positivo que buscaba una radical superación de la desastrosa situación a que nos había conducido un siglo de liberalismo y de la falsa alternativa propuesta por las organizaciones políticas y sindicales que configuraron la zona roja.

2.- El Alzamiento de 1936 y la Guerra Civil, no fueron una simple conmoción, una sacudida superficial para devolver después las cosas al estado en que se encontraban sino que neutralizaron unas ideas equivocadas y sus nefastas consecuencias al tiempo que se alumbraron otras y se abrieron nuevos cauces que inspiraron y condicionaron la vida española durante muchos años.

El actual Jefe del Estado, habló con toda propiedad en 1969 de “la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936, en medio de tantos sacrificios, de tantos sufrimientos, tristes, pero necesarios, para que nuestra patria encauzase de nuevo su destino“. La falta de fidelidad al legado no impide reconocer lo acertado de la expresión y nos permite hacer profesión de fe en unos principios atropellados, nunca legítimamente derogados ni, menos áun, superados. Hacemos nuestra la formulación de estos principios expresada en la respectiva Ley Fundamental de 1958 y el ideario ético subyacente al orden político proyectado en ella. En especial, cuando se formula que “La Nación española considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional, que inspirará su legislación“. La penosa situación a que los sucesivos gobiernos “democráticos” han conducido a España contrasta con la exaltación del ideal cristiano de la justicia social que se hace en esta Ley mediante la proclamación de los derechos y deberes que lleva implícitos. El Estado nacido del 18 de Julio y configurado posteriormente en las Leyes Fundamentales fue agente activo de un cambio sustancial, sin duda con deficiencias y desequilibrios, pero en el que una legislación laboral avanzada sirvió de fundamento para la pacificación social.

Aunque las incoherencias, tibiezas e infidelidades se gestaron en los años anteriores, la verdadera traición al 18 de Julio se produjo cuando elementos procedentes de la legalidad hasta entonces vigente pactaron con la izquierda y los nacionalistas la Constitución de 1978, un texto al que se pueden hacer serias objeciones de orden moral y político y que es, en buena medida, responsable de la situación actual en la que está en peligro la propia supervivencia de España como algo más que una entidad jurídica, es decir con una personalidad propia forjada a lo largo de su historia.

3.- Visto desde la perspectiva actual, el 18 de Julio pertenece a la Historia de España. La sociedad no se sostiene sobre la mera coexistencia ni puede ser indiscriminadamente abierta. La comunidad política descansa sobre un entramado de virtudes y valores comunitariamente aceptados y cordialmente vividos que es lo que Wilhelmsen y Kendall han llamado la ortodoxia pública y que supone la consideración de ciertas verdades como valores absolutos. Sobre estos principios deben fundamentarse los llamados “usos públicos de la Historia”, y nunca desde la ignorancia o la falsificación de este pasado, promovida por los voceros de una “recuperación de la memoria histórica” sostenida por todas las organizaciones políticas del arco parlamentario (desde la extrema izquierda al Partido Popular).

Hasta que esta fundamentación en la ortodoxia pública resulte posible, en Tradición Digital proponemos que no sea el Estado en sus diversas versiones (socialista, liberal o separatista) sino los historiadores quienes expliquen el verdadero significado de esta fecha, al tiempo que asumimos el legado que se desprende de aquellos episodios y del ejemplo de nuestros mayores.

7 Respuestas a 18 de Julio

  1. hillers de luque
    Mi más sincera felicitación por vuestro artículo sobre el 18 de Julio. Enhorabuena (una buena réplica a la acción cobarde y canallesca de Aznar y J.Ignacio del Burgo … hijo de héroe carlista, combatiente del Ejército Nacional en 1936, según tengo entendido… organizando la condena (sic) del Alzamiento Nacional… en las Cortes en 2004…)
    Indicarme a qué e-mail puedo enviaros algunos artículos míos en esta misma línea.
    S. Hillers (falangista, delFES fundacional)
  2. Estoy completamente de acuerdo con estos mensajes. Sólo hace falta recordar la forma en que se vivía en este país en los años 60 y 70 para cerciorarnos que la sociedad se asentaba sobre sólidos cimientos basados en la profunda religiosidad nacida gracias a la fe surgida en el 18 de julio. España se transformó durante los años de gobernación de nuestro Caudillo que hizo posible un paréntesis de progreso social y económico que no tiene parangan en la historia de los pueblos civilizados de Occidente.
  3. El Alzamiento del 18 de julio fue justo, legítimo, necesario y heroico. Deberíamos orar para que España fuera capaz de alzarse nuevamente contra la criminal tiranía política que nos invade, plasmada en esta pútrida “democracia” impuesta de forma traidora y fraudulenta a través de la Constitución de 1978,
  4. Fernando Nicolás
    ¡VIVA CRISTO REY!
  5. En el día de hoy, 77° aniversario del Glorioso Alzamiento Nacional, manifiesto mi más respetuoso y emocionado recuerdo a todos los españoles ejemplares que dieron un paso al frente en aquel glorioso día para salvar a España de la anti España. Para defender nuestros más preciados tesoros, que son nuestra Fe Católica y nuestro destino como nación, de los enemigos de Dios y de la Civilización, y que hoy, desgraciadamente y para vergüenza de nuestra generación, vuelven a amenazar a nuestra patria desde un nuevo Frente Popular, algo diferente del de entonces, pues en el actual también milita el PP, esa manada de renegados, cobardes y traidores que algunos incautos llaman “derecha”, y el sucesor del Caudillo a título de rey, que le juró lealtad a él y fidelidad a los Principios del Movimiento y demás Leyes Fundamentales del Reino, para traicionar todo en su primer acto como nuevo Jefe del Estado.
    También quiero expresar mi máxima consideración, admiración y lealtad hacia la inigualable figura de Francisco Franco Bahamonde, Generalísimo de los Ejércitos y Caudillo de España por la Gracia de Dios, por haber conducido la Cruzada de Liberación Nacional hasta la Victoria del 1° de abril de 1939, salvando del exterminio a una Iglesia Católica hoy desmemoriada y desagradecida y a la España Tradicional, Genuina y Eterna, nación fundamental en la configuración del mundo entero.
    Mi absoluta admiración y respeto a la figura de José Antonio Primo de Rivera, referente ideológico para todo español bien nacido, modelo de compromiso, valor y entereza, que superó con su discurso de unidad los antagonismos artificiales entre españoles, desbaratando la entelequia que supone la democracia parlamentaria y el juego inmoral de los partidos políticos, en el que siempre ganan ellos y perdemos los españoles. ¿Cómo es posible que aún haya tanto ciego que no lo advierta con absoluta claridad?
    Asimismo quiero felicitaros, con un profundo sentimiento de camaradería y lealtad, a todos los patriotas de España, en especial a todos los que aportáis en estas páginas, en las noticias y en los comentarios, unas gotas de esperanza diaria a quienes no estamos dispuestos a que “por cobardes se nos muera España”, manteniendo izada la bandera nacional, firme la esperanza y fuerte el ánimo para mantener nuestra fe ciega en la victoria final.
    No me olvido de todos los que también acudís a estas páginas y a otras para ofender la memoria de todos nuestros héroes, caídos y mártires de la Cruzada, para denigrar y ensuciar el buen nombre de tanto español ejemplar. Me dais profunda lástima, porque lejos de odiaros por vuestras invectivas y ofensas, os veo con la compasión de quien observa a ovejas sin pastor, o mejor, ovejas con mal pastor. Vuestro seguidismo inmoral e irracional a los dictados de los manipuladores de la historia y a los saqueadores del presente os convierte en abyectos instrumentos de lo peor del país, que son nuestros enemigos acérrimos, pero también los vuestros, aunque no sepáis o no queráis verlo ni entenderlo.
    En cualquier caso, llegado el momento, si llega, de volver a dar un paso al frente para acabar con toda esta ignominia, no dudaré en unirme a mis camaradas como uno más y asumir, con todos vosotros, el papel que nuestra patria nos exija.
    Ruego a Dios que sepamos estar a la altura de quienes nos precedieron en el sacrificio y nos conceda la protección de María Santísima.
    ¡ARRIBA ESPAÑA!
    (Enviado también a http://www.alertadigital.com)
  6. A Nuestra Querida Madre Patria, la España Católica y Eterna,
    Un Saludo desde Méjico con todo el Amor de nuesta ánima hispana:
    VIVA ESPAÑA!! SANTIAGO Y CIERRA!!
  7. marcos perez andalucia
    Desde Argentina, con el alma hecha yunque,ascua,fuego ,llama
    ARRIBA ESPAÑA ¡¡¡¡¡
    ARRIBA ESPAÑA ¡¡¡¡¡
    ARRIBA ESPAÑA ¡¡¡¡¡