Un 29 de Octubre, en el madrileño Teatro de la Comedia, pronunciaba José Antonio Primo de Rivera un discurso que ha tenido una trascendencia comparable a pocas piezas oratorias.
En aquella España de los problemas, del eco del noventa y ocho y de los complejos ante Europa, un joven creyente, fiel cumplidor de sus deberes religiosos y definido por la nobleza de su carácter, profesionalidad, elegancia en el trato, lealtad, optimismo y espíritu de servicio iba a levantar una bandera capaz de entusiasmar a muchos de sus compatriotas.
Por encima de soluciones técnicas más o menos acertadas y, probablemente superadas, el legado del fundador de la Falange radica en su opción por devolver a la política la dimensión moral que le pertenece y que, todavía hoy, vemos tantas veces negada. Para José Antonio la política es impulso capaz de poner en pie a un pueblo y de movilizar su capacidad de servicio, decisión y sacrificio. Por ese impulso moral, a la voz del Capitán, miles de jóvenes se iban a movilizar en los frentes de combate o iban a ser asesinados en la retaguardia frentepopulista cuando ya tenían el “cara al sol” para «hacer más alegre nuestra muerte».
Signo trágico, el de la muerte en acto de servicio, inseparable de la joven organización porque desde pocos días después del Acto fundacional, los dirigentes del Partido Socialista no habían dudado en movilizar a sus pistoleros para intentar exterminar a la naciente Falange. Así lo denunciaba el propio José Antonio en el Parlamento:
«Mientras yo, en cambio, le digo a la Cámara que a nosotros nos han asesinado un hombre en Daimiel, otro en Zalamea, otro en Villanueva de la Reina y otro en Madrid, y está muy reciente el del desdichado capataz de venta del periódico F.E.; y todos éstos tenían sus nombres y apellidos, y de todos éstos se sabe que han sido muertos por pistoleros que pertenecían a la Juventud Socialista o recibían muy de cerca sus inspiraciones. Estos datos son ciertos… Y nosotros, que tenemos en nuestras filas todas estas bajas y otros muchos heridos graves, nos hemos resistido a todos los impulsos vindicativos de los que nos pedían una represión enérgica y una represalia justa, porque consideramos mejor soportar, mientras sea posible, que abran bajas en nuestras filas que desencadenar sobre un pueblo una situación de pugna civil».¿Conocerán estas palabras quienes se empeñan en criminalizar a la Falange imputándole violencias y delitos?
Frecuentemente se ha tratado de contraponer a José Antonio con el Estado nacido el 18 de Julio. Esta fecha simboliza el Alzamiento Nacional que en 1936 puso fin al estado de anarquía y de vulneración de la ley en que había desembocado la Segunda República pero enseguida se fue configurando con un contenido positivo que buscaba una total transformación de la vida española. En el fondo, la República no había sido sino la frustración más radical de este anhelo: ni se hicieron las innovaciones que España necesitaba ni se logró siquiera una mínima base de convivencia; por eso la respuesta al desafío revolucionario no podía ser la reacción pura y simple entendida como una vuelta al pasado y la defensa de privilegios e intereses.
El Alzamiento de 1936 y la Guerra Civil no fueron una simple conmoción, una sacudida superficial para devolver después las cosas al estado en que se encontraban sino que destruyeron unas ideas y sus consecuencias pero se alumbraron otras y se abrieron nuevos cauces que inspiraron y condicionaron la vida española durante muchos años con consignas que eran el polo opuesto a las que habían querido implantar hasta entonces liberales y socialistas.
Aunque en el Nuevo Estado no faltaron incoherencias con sus postulados teóricos, también hay que reconocer la falta de madurez del pensamiento político y económico falangista que había sido demoledor en el terreno de la crítica al socialismo y al liberalismo pero no había terminado de articular un modelo de Estado: ¿Quién desempeña la suprema magistratura del Estado? ¿Qué formas adquiere la centralización o la autonomía regional? ¿Separación o unidad de poderes? ¿Consejos o Cortes? ¿Partido único? ¿Sufragio universal o censitario? ¿Cómo se articula la representación orgánica? ¿Cuál es la forma jurídica de los Sindicatos nacionales? Cuando todavía hoy se discute en medios falangistas acerca de cómo hay que entender algunas de estas cuestiones, parece que no es posible exigir mayor precisión a aquellos hombres que estaban articulando y definiendo un Estado en circunstancias humanas y materiales muchísimo más difíciles.
En todo caso, las ideas vertebradoras del nacionalsindicalismo se plasmaron en numerosas realidades prácticas que permiten atribuir a la obra de los falangistas integrados en la España de Franco realizaciones tan trascendentales como el cambio social, la promoción político-social de la mujer, la formación de la juventud y la Organización Sindical. Por supuesto que esta afirmación no supone negar las deficiencias y los desequilibrios, menos aún pretende que el nacionalsindicalismo tuviera en la arquitectura del Nuevo Estado una hegemonía que en ningún momento alcanzó ni oculta las diferencias entre las realizaciones y algunos de las propuestas teóricas de José Antonio o de Ramiro Ledesma. Esta afirmación se deduce del sano realismo que supone comparar la España en cuya edificación intervino activamente la Falange, con la España anterior e incluso con la de nuestros días.
Durante el primer tercio del siglo XX, en el caldo de cultivo de las premisas teóricas y realizaciones prácticas del liberalismo, anarquistas, comunistas y socialistas habían gestado unas alternativas revolucionarias que condujeron a un paroxismo del que se empezó a salir no sin grandes dificultades. Por el contrario, el estado de cosas que comenzó en una Guerra Civil acabó desembocando en un cambio decisivo. Autores como Dalmacio Negro afirman que sólo a partir de entonces puede hablarse verdaderamente de un Estado y de aquí arranca también una sociedad más justa o por lo menos más equitativa en la distribución de sus bienes, la superación de viejos problemas como el agrario y el alcance de una prosperidad nunca conocida antaño acompañada de conquistas sociales como la atención médica generalizada, difusión de la cultura, acceso de las masas a la educación, estabilidad familiar, escasa delincuencia...
Esta afirmación no impide constatar que, a partir de 1957, la Falange quedó definitivamente descartada como solución de futuro para el régimen, precisamente cuando adquiría madurez para la actividad política la primera generación falangista de posguerra compuesta por hombres formados en el SEU, el Frente de Juventudes y la Guardia de Franco. Soplaban nuevos vientos, y el Gobierno español hace suya la idea de que en la situación del momento la problemática política (es decir, las ideas) ceden ante la problemática técnica. Se abre así un período en el que se aprueba la Ley de Principios del Movimiento Nacional y la Ley Orgánica del Estado y se introducen, sin apenas discrepancias notables, las exigencias del Concilio Vaticano II, «tan opuesto a la significación originaria del Alzamiento y Régimen español como a la tradicional doctrina de la propia Iglesia católica», en expresión de Rafael Gambra.
Las dificultades exteriores y, sobre todo, el deterioro del espíritu religioso y patriótico en interior, coinciden con una evolución hacia la democracia liberal y el socialismo entonces vigentes y una progresiva europeización bajo el pretexto del desarrollo económico. El Movimiento quedó reducido a funciones burocráticas y de movilización de masas. Incluso, en sus últimos años, su dirección recayó en políticos hábiles, dispuestos a aprovechar para la demolición del Estado de las Leyes Fundamentales la capacidad instrumental de dicho organismo así como su potencial de encuadramiento y de influencia.
La verdadera traición al 18 de Julio se produjo cuando hombres al servicio de la situación definida por las Leyes Fundamentales pactaron con la oposición una Constitución como la de 1978, un texto al que se pueden hacer sustanciales objeciones desde el punto de vista moral y político y que es, en buena medida, responsable de la situación actual en la que está en peligro la propia supervivencia de España como entidad jurídica con una personalidad propia forjada a lo largo de su historia.
Lejos de cruzarse de brazos ante la ignorancia o la falsificación del pasado promovida por los voceros de la llamada recuperación de la memoria histórica y las organizaciones políticas izquierdistas y nacionalistas parece preferible que sean los historiadores quienes desentrañen el verdadero significado de aquellos episodios. Porque, como dijo José Antonio aquel 29 de octubre, ya está alzada la bandera:
«Ahora vamos a defenderla alegremente, poéticamente. Porque hay algunos que frente a la marcha de la revolución creen que para aunar voluntades conviene ofrecer las soluciones más tibias; creen que se debe ocultar en la propaganda todo lo que pueda despertar una emoción o señalar una actitud enérgica y extrema. ¡Qué equivocación! A los pueblos no los han movido nunca más que los poetas, y ¡ay del que no sepa levantar, frente a la poesía que destruye, la poesía que promete!».
